Jose Adalberto Ramos Chavarria

Expediente 701/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
701/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
20/08/2018

Partes del expediente

  • Jose Adalberto Ramos Chavarria
  • Jose Adalberto Ramos Chavarria y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    DECLARACIÓN DE ESTADO. V i s t o s los presentes autos y advirtiéndose que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo, HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Archívese este asunto como concluido. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se desechó la demanda en el presente juicio de garantías y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I, del Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la misma, exceso o defecto con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    CÚMPLASE.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, visto su contenido se provee: RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Se acusa recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de: la copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja número ******. Comuníquese a las partes que la Superioridad resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere."(foja 104 reverso) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la ejecutoria que en esta fecha se tiene por recibida el Tribunal Colegiado oficiante determinó: ". procede declarar fundado el recurso de queja y dejar insubsistente el acuerdo de admisión de la demanda de amparo dictado el diez de abril de dos mil dieciocho en el expediente 701/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dicte otro en el sentido de desechar la demanda por un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo." (foja 104) Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja sin efectos el auto de diez de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo, en el cual se admitió a trámite la demanda propuesta por ******** en contra de actos que reclamó a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla; y, en su lugar se dicta otro en los siguientes términos: Del estudio integral de la demanda y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que ******, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla y otras autoridades, consistente en la determinación de dejar al quejoso en resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán dependiente de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, por tiempo indeterminado, o hasta que le fuera designada otra plaza para desempeñarse como profesor; al respecto, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: Al respecto, debe decirse que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal y los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I.- Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." De los citados preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, que debe considerarse autoridad responsable a aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Lo que pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito fundamental para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el invocado precepto constitucional y reglamenta el artículo 1º, fracción I, de la Ley de la Materia. Bajo esa premisa, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar solamente actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. De lo anterior se tiene que en el caso y en la forma en que fue planteada la demanda de amparo, el señalamiento de la autoridad que designó como responsable, y el acto violatorio de sus derechos fundamentales que le imputa, así como de los antecedentes reseñados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, queda claro que la decisión de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, en el sentido de dejar al quejoso en resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán dependiente de esta última, por tiempo indeterminado, o hasta que le fuera designada otra plaza para desempeñarse como profesor, no es susceptible de combatirse en la vía constitucional, porque deriva de una decisión tomada en una relación de naturaleza laboral. Lo anterior es así, ya que en el apartado de hechos y abstenciones de la demanda de amparo que constituyen los antecedentes del acto reclamado, reseñó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: - Que desde el año dos mil catorce, se desempeñó como profesor de base federal laboral, como maestro frente a grupo, impartiendo la asignatura de artes (música, danza y teatro) en la Escuela ******, clave número *****, cuyo director es el profesor ******. - Que el miércoles catorce de marzo de dos mil dieciocho, fue citado en la Dirección del Plantel, informándole el director que no podía continuar con la impartición de clases y que tenía que presentarse el viernes dieciséis de marzo en las oficinas del Director de Secundarias Técnicas en la Ciudad de Puebla. - Fecha y lugar en que fue recibido por cinco abogados, la Supervisora de la Zona Escolar Número doce y por el propio director de la Escuela Secundaria a la que está adscrito, para hacer de su conocimiento ".EL IMPEDIMENTO SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL PARA CONTINUAR CON EL DESEMPEÑO LABORAL DEL HOY QUEJOSO ******* , en mi fuente de trabajo.". "Del resultado de dicha reunión, únicamente recibí la indicación por parte del personal del jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, que el hoy amparista quedaría en resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán, por tiempo indeterminado, o hasta que me fuera designada otra plaza para desempeñarme como profesor, sin justificar con documento alguno dicha determinación." "Cabe referir que al día de hoy lunes nueve de abril del año dos mil dieciocho, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se me ha notificado de manera oficial, es decir, por escrito, mi baja como docente de dicha Secundaria Técnica, razón por el cual el ACTO RECLAMADO NO SE ENCUENTRA EJECUTADO, resultando por lo anterior procedente solicitar, se me conceda LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, a fin de no ser separado de mi cargo, sin que exista procedimiento administrativo previo que haya resuelto en términos de Ley la separación de mi fuente de trabajo con causa justificada." "La presente demanda de amparo se presenta el día de hoy lunes nueve de abril del año dos mil dieciocho, en virtud de que fui notificado únicamente de manera verbal de la existencia del acto reclamado, el último día de labores de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, por el periodo vacacional de Semana Santa, es decir el viernes dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho." (fojas 4 y 5) De lo anterior constituye una confesión en cuanto a que fue separado sin justificación legal para continuar con el desempeño laboral de su fuente de trabajo, habiendo quedado bajo el resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán, dependiente de la Secretaría de Educación Pública por tiempo indeterminado, o hasta, que le fuese designada otra plaza para desempeñarse como profesor, es decir, la autoridad señalada como responsable tomó la decisión de separarlo de su trabajo en su carácter de patrón, por lo que no se trata de un acto de autoridad, sino de un acto entre particulares al desarrollarse en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, que es uno de los requisitos para que los actos que se reclamen en el juicio constitucional puedan considerarse provenientes de autoridad. Orienta lo considerado, por compartirla, la tesis aislada, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, visible en la foja 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 214035, que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Entonces, si el acto reclamado no deriva de una relación de supra a subordinación porque proviene de una relación entre patrón y trabajador, la determinación adoptada por el primero recae dentro del ámbito del derecho del trabajo que regula las relaciones con su personal al encontrarse vinculada con la obligación que tiene todo trabajador de prestar un servicio personal y subordinado con su correlativo derecho a recibir las prestaciones laborales correspondientes, lo que permite concluir que cualquier cuestión que se suscite en esa relación debe ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través del procedimiento laboral establecido para tal efecto. Dicho lo anterior, es conveniente recordar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si las autoridades señaladas como responsables tienen la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. De lo que se sigue que, la autoridad es todo aquel ente público o particular que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero 1997, Novena Época, visible en la página 118, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales ambos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de estas relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos se destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que, en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. Cobra aplicación a lo expuesto la Jurisprudencia 2ª.XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo 1999, Novena Época, visible en la página 307, cuyo rubro y texto es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Con relación al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo también orienta el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la tesis 2a. CCIV/2001, visible en el Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese orden de ideas, la relación jurídica que se suscita en la especie no corresponde a la de autoridad y gobernado -relación de supra a subordinación- sino una relación de coordinación entre la autoridad señalada como responsable y el quejoso, en su calidad de profesor de danza, música y teatro adscrito a la Escuela Secundaria *********, toda vez que la decisión de separarlo de sus funciones sin justificación legal y ponerlo a disposición de la Jefatura de Sector Tehuacán de la propia Secretaría deriva de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre las partes, pues se trata de una determinación adoptada unilateralmente por el patrón dentro del ámbito laboral que regula las relaciones con su personal al encontrarse vinculada con la obligación que tiene todo trabajador de prestar un servicio personal subordinado y, por tanto, cualquier cuestión que se suscite con motivo de dicha relación debe ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través del procedimiento laboral respectivo. En razón a lo anterior, es evidente que la determinación de la autoridad responsable en cuanto a separar de sus funciones de maestro al quejoso emana de la relación surgida entre la parte patronal y el quejoso particular como trabajador, donde contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, por lo que la diferencia suscitada debe ventilarse ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al ser la autoridad competente para dirimir la controversia mencionada por constituir un ente estatal. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JOSÉ ADALBERTO RAMOS CHAVARRÍA, EL ACUERDO DE VEINTITRÉS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE ESTABLECE: "Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, visto su contenido se provee: RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Se acusa recibo al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, de: la copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el cinco de julio de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de queja número ******. Comuníquese a las partes que la Superioridad resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja a que este toca se refiere."(foja 104 reverso) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en la ejecutoria que en esta fecha se tiene por recibida el Tribunal Colegiado oficiante determinó: ". procede declarar fundado el recurso de queja y dejar insubsistente el acuerdo de admisión de la demanda de amparo dictado el diez de abril de dos mil dieciocho en el expediente 701/2018 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dicte otro en el sentido de desechar la demanda por un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo." (foja 104) Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria de mérito, se deja sin efectos el auto de diez de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo del que deriva el presente expedientillo, en el cual se admitió a trámite la demanda propuesta por ******** en contra de actos que reclamó a la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla; y, en su lugar se dicta otro en los siguientes términos: Del estudio integral de la demanda y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que ******, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra el acto de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla y otras autoridades, consistente en la determinación de dejar al quejoso en resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán dependiente de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, por tiempo indeterminado, o hasta que le fuera designada otra plaza para desempeñarse como profesor; al respecto, se acuerda: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA: Al respecto, debe decirse que opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal y los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de la Materia, que respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley;.". Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I.- Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas..." De los citados preceptos establecen que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, que debe considerarse autoridad responsable a aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Lo que pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito fundamental para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el invocado precepto constitucional y reglamenta el artículo 1º, fracción I, de la Ley de la Materia. Bajo esa premisa, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar solamente actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. De lo anterior se tiene que en el caso y en la forma en que fue planteada la demanda de amparo, el señalamiento de la autoridad que designó como responsable, y el acto violatorio de sus derechos fundamentales que le imputa, así como de los antecedentes reseñados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, queda claro que la decisión de la Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, en el sentido de dejar al quejoso en resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán dependiente de esta última, por tiempo indeterminado, o hasta que le fuera designada otra plaza para desempeñarse como profesor, no es susceptible de combatirse en la vía constitucional, porque deriva de una decisión tomada en una relación de naturaleza laboral. Lo anterior es así, ya que en el apartado de hechos y abstenciones de la demanda de amparo que constituyen los antecedentes del acto reclamado, reseñó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: - Que desde el año dos mil catorce, se desempeñó como profesor de base federal laboral, como maestro frente a grupo, impartiendo la asignatura de artes (música, danza y teatro) en la Escuela ******, clave número *****, cuyo director es el profesor ******. - Que el miércoles catorce de marzo de dos mil dieciocho, fue citado en la Dirección del Plantel, informándole el director que no podía continuar con la impartición de clases y que tenía que presentarse el viernes dieciséis de marzo en las oficinas del Director de Secundarias Técnicas en la Ciudad de Puebla. - Fecha y lugar en que fue recibido por cinco abogados, la Supervisora de la Zona Escolar Número doce y por el propio director de la Escuela Secundaria a la que está adscrito, para hacer de su conocimiento ".EL IMPEDIMENTO SIN JUSTIFICACIÓN LEGAL PARA CONTINUAR CON EL DESEMPEÑO LABORAL DEL HOY QUEJOSO ******* , en mi fuente de trabajo.". "Del resultado de dicha reunión, únicamente recibí la indicación por parte del personal del jurídico de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, que el hoy amparista quedaría en resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán, por tiempo indeterminado, o hasta que me fuera designada otra plaza para desempeñarme como profesor, sin justificar con documento alguno dicha determinación." "Cabe referir que al día de hoy lunes nueve de abril del año dos mil dieciocho, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que no se me ha notificado de manera oficial, es decir, por escrito, mi baja como docente de dicha Secundaria Técnica, razón por el cual el ACTO RECLAMADO NO SE ENCUENTRA EJECUTADO, resultando por lo anterior procedente solicitar, se me conceda LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL del acto reclamado, a fin de no ser separado de mi cargo, sin que exista procedimiento administrativo previo que haya resuelto en términos de Ley la separación de mi fuente de trabajo con causa justificada." "La presente demanda de amparo se presenta el día de hoy lunes nueve de abril del año dos mil dieciocho, en virtud de que fui notificado únicamente de manera verbal de la existencia del acto reclamado, el último día de labores de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, por el periodo vacacional de Semana Santa, es decir el viernes dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho." (fojas 4 y 5) De lo anterior constituye una confesión en cuanto a que fue separado sin justificación legal para continuar con el desempeño laboral de su fuente de trabajo, habiendo quedado bajo el resguardo de la Jefatura de Sector Tehuacán, dependiente de la Secretaría de Educación Pública por tiempo indeterminado, o hasta, que le fuese designada otra plaza para desempeñarse como profesor, es decir, la autoridad señalada como responsable tomó la decisión de separarlo de su trabajo en su carácter de patrón, por lo que no se trata de un acto de autoridad, sino de un acto entre particulares al desarrollarse en una relación de coordinación y no de supra a subordinación, que es uno de los requisitos para que los actos que se reclamen en el juicio constitucional puedan considerarse provenientes de autoridad. Orienta lo considerado, por compartirla, la tesis aislada, del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que se comparte, visible en la foja 857, del Tomo XII, Diciembre de 1993, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 214035, que dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." Entonces, si el acto reclamado no deriva de una relación de supra a subordinación porque proviene de una relación entre patrón y trabajador, la determinación adoptada por el primero recae dentro del ámbito del derecho del trabajo que regula las relaciones con su personal al encontrarse vinculada con la obligación que tiene todo trabajador de prestar un servicio personal y subordinado con su correlativo derecho a recibir las prestaciones laborales correspondientes, lo que permite concluir que cualquier cuestión que se suscite en esa relación debe ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través del procedimiento laboral establecido para tal efecto. Dicho lo anterior, es conveniente recordar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si las autoridades señaladas como responsables tienen la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. De lo que se sigue que, la autoridad es todo aquel ente público o particular que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Sobre el particular, es oportuno citar la Jurisprudencia P. XXVII/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero 1997, Novena Época, visible en la página 118, cuyo contenido es: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, para concebir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Así, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales ambos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de ese tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de estas relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos se destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que, en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público, que establece mecanismos de solución jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II de la Constitución General de la República. Cobra aplicación a lo expuesto la Jurisprudencia 2ª.XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo 1999, Novena Época, visible en la página 307, cuyo rubro y texto es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Con relación al concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo también orienta el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la tesis 2a. CCIV/2001, visible en el Tomo XIV, noviembre de 2001, página 39, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese orden de ideas, la relación jurídica que se suscita en la especie no corresponde a la de autoridad y gobernado -relación de supra a subordinación- sino una relación de coordinación entre la autoridad señalada como responsable y el quejoso, en su calidad de profesor de danza, música y teatro adscrito a la Escuela Secundaria *********, toda vez que la decisión de separarlo de sus funciones sin justificación legal y ponerlo a disposición de la Jefatura de Sector Tehuacán de la propia Secretaría deriva de la existencia de un vínculo laboral que se proyecta en un plano de igualdad entre las partes, pues se trata de una determinación adoptada unilateralmente por el patrón dentro del ámbito laboral que regula las relaciones con su personal al encontrarse vinculada con la obligación que tiene todo trabajador de prestar un servicio personal subordinado y, por tanto, cualquier cuestión que se suscite con motivo de dicha relación debe ventilarse ante el órgano jurisdiccional competente, a través del procedimiento laboral respectivo. En razón a lo anterior, es evidente que la determinación de la autoridad responsable en cuanto a separar de sus funciones de maestro al quejoso emana de la relación surgida entre la parte patronal y el quejoso particular como trabajador, donde contraen derechos y obligaciones recíprocas en un plano de igualdad, por lo que la diferencia suscitada debe ventilarse ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al ser la autoridad competente para dirimir la controversia mencionada por constituir un ente estatal. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar la demanda de amparo por su manifiesta e indudable improcedencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido."

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