José Adalberto Plascencia Guzmán
Expediente 804/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 804/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rosalba Villalobos Cisneros
- José Adalberto Plascencia Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase al Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, acusando recibo del oficio 20451, mediante el cual se le notificó el proveído por el que se ordenó el archivo del presente asunto y se le devolvieron las constancias que allegó al sumario en que se actúa, en virtud de resultar innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia terminada de engrosar el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que tal resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juicio, el original es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, primer párrafo, del mencionado acuerdo, en razón de que se negó la medida cautelar solicitada. Por lo que se refiere al duplicado del incidente destrúyase el mismo en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase a las autoridades responsables, con residencia en esta ciudad las constancias que remitieron al presente juicio en apoyo a su informe justificado, consistentes en testimonio autorizado del toca civil de origen, así como las copias certificadas del juicio ordinario civil sobre reivindicación de inmueble ********************, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, mismas que obran en un tomo de prueba, por ser innecesaria su retención, sin que resulte factible acusar recibo de dichas constancias. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte Tercera Interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 804/2019, promovido por José Adalberto Plascencia Guzmán, apoderado de Edelmira Plascencia Guzmán; y, RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve (foja 14) ante la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, José Adalberto Plascencia Guzmán, apoderado de Edelmira Plascencia Guzmán, demandó en la vía directa, el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la titular de dicha sala y de otra autoridad, que estimó violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 constitucionales. Por lo anterior, la autoridad responsable citada en último término, realizó los trámites previstos por el artículo 178 de la Ley de Amparo y por oficio 1018 (foja 13), presentado el ocho de julio de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, rindió el informe justificado correspondiente, al que acompañó las constancias relacionadas con el toca de apelación I-203/2019. El conocimiento de la demanda de amparo intentada inicialmente en la vía directa, correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, quien la recibió el nueve de julio siguiente (foja 13) y el doce del mismo mes y año (foja 2), se declaró incompetente para conocer de la misma, al considerar que el acto reclamado consistente en el auto de veinte de junio de este año pronunciado en el toca I-203/2019, que tuvo por no admitido el recurso de apelación que se interpuso contra el proveído de veintinueve de abril de la presente anualidad pronunciado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, dentro del juicio ordinario civil 723/2015, sobre reivindicación de inmueble, el cual ordenó suspender cualquier acto de ejecución de la sentencia definitiva encaminada a poner en posesión real y material el inmueble materia de la litis en favor de la quejosa; no tiene la calidad de sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio y que por ello, su conocimiento correspondía a un juez de distrito. Segundo. Avocamiento de la demanda por este juzgado. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien mediante auto de dieciséis de julio del año en curso (foja 26) la tuvo por recibida, la registró con el número 804/2019 y la admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado del Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; asimismo, otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Igualmente, en el propio auto admisorio (foja 28) se convalidó el emplazamiento de la tercera interesada Rosalba Villalobos Cisneros, en su carácter de demandada en el juicio reivindicatorio de origen; razón por la cual en dicho proveído únicamente se ordenó notificar personalmente el auto de avocamiento de este juzgado a dicha tercera interesada, así como a la parte quejosa. Finalmente, seguido el juicio por sus cauces legales, en esta misma fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional correspondiente a este expediente al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en la: El auto de veinte de junio de este año pronunciado en el toca I-203/2019, que tuvo por no admitido el recurso de apelación que se interpuso contra el proveído de veintinueve de abril de la presente anualidad pronunciado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil dentro del juicio ordinario civil 723/2015, sobre reivindicación de inmueble, el cual ordenó suspender cualquier acto de ejecución de la sentencia definitiva encaminada a poner en posesión real y material el inmueble materia de la litis en favor de la quejosa. Acto que atribuyó a las autoridades siguientes: Magistrado de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán; y, Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil. Ambos con residencia en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se atribuye a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 13 y 42). Lo que se corrobora con las constancias que remitieron dichas responsables como soporte de su informe justificado, consistentes en el original del toca de apelación que dio origen al acto reclamado, así como testimonio autorizado del juicio reivindicatorio de origen (dos tomos de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Así, en el apartado relativo a los conceptos de violación la parte quejosa se limitó a realizar las siguientes manifestaciones: "Primero. - El magistrado de la quinta sala civil manifiesta que: Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, esta Sala procede a decidir sobre la admisión del recurso de apelación hecho valer y una vez analizados los requisitos establecidos por la Ley, se determina que la apelación interpuesta en contra del auto dictado el 29 de abril del año en curso, es inadmisible, toda vez que dicho acuerdo no es recurrible en apelación. Remítase testimonio autorizado de este acuerdo al juzgado de origen, y pídase acuse de recibo. Dese de baja por auto el toca, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE (...] El ocursante apela porque el juez séptimo civil de primera, instancia en el expediente 723/2015 acuerda: Se tiene al ocursante, apersonándose dentro del presente asunto en cuanto depositario del bien inmueble que se precisa, por los motivos que se indican, se suspende la entrega del inmueble que se indica; NOTIFIQUESE PERSONALMENTE. [...] Lo anterior me perjudica gravemente porque, aunque promueva Andrés Lozano Hernández, no tiene carácter reconocido en este juicio, 723/2015, pues, aunque dice promover en su carácter de depositario judicial, del bien inmueble motivo de esta controversia, por así haber sido reconocido dentro de los autos del juicio ordinario civil 1602/2007 el índice del juzgado séptimo civil de este distrito judicial, virtud al embargo trabado sobre el inmueble registrado bajo el número 47 cuarenta y siete del tomo 3335 tres mil trescientos treinta y cinco, por lo que estima entro en posesión judicial de dicho predio a partir del 24 veinticuatro de abril del año pasado, lo que a su consideración impide la ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en este juicio; sin embargo de las constancias cotejadas que anexa a su ocurso, solo se desprende que en el juicio que refiere mediante proveído de data 24 veinticuatro de abril del año pasado se tuvo a la ahí demandada, designando como depositario judicial del inmueble embargado mediante diligencia de fecha 9 nueve de ese mismo mes y año, y lo que es el que menciona el ocursante, Andrés Lozano Hernández quien firmó el ocurso de cuenta en señal de aceptación y protesta de dicho cargo, pero no consta que hubiere entrado en el desempeño de su encargo, pues el artículo 782, del código de procedimientos civiles establece que el secuestro o embargo consiste en la declaración que haga el actuario, de quedar la cosa secuestrada o embargada y en la entrega de ella se haga al depositario que se nombre y de ninguna de las constancias que exhibe, se desprende que el actuario que hizo la declaración de que el bien aludido quedaba embargado en este controvertido, le hubiere hecho entrega del mismo al ocursante, por el contrario, del acta de embargo que exhibe se desprende que el actor se reservó el derecho de nombrar depositario de los bienes inmuebles señalados dada su naturaleza, y tampoco obra constancia alguna de la que se desprenda que se hubiere dado por recibido el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 778 del código de procedimientos civiles local, ni que hubiere otorgado la fianza a que alude el diverso 782 del ordenamiento legal en cita, para entrar en el desempeño del cargo que ahora alude. Además, aunque de conformidad a lo que dispone el artículo 798 en relación con el 780, del ordenamiento legal en cita, la declaración de embargo priva al embargado, del uso, de la posesión y administración de la cosa embargada, pasando estos derechos al depositario, y para ello, cuando entre los bienes embargados estuviere comprendida alguna finca destinada a habitación, como lo es la materia de este juicio, y viviera en él, el ejecutado, el depositario podrá exigir la desocupación inmediata con el uso de la fuerza pública y medidas de apremio para obligar al ejecutado a que respete la depositaria sin prejuicio de las sanciones en que incurra conforme al código penal, ello debe ser solicitado y autorizado por el juez del conocimiento en el que se embargó el inmueble, pues en este juicio no tiene ningún carácter para gestionar máxime que en los autos de este juicio quedó acreditado que quien tiene la posesión del inmueble motivo de este controvertido es la aquí demandada Rosalba Villalobos Cisneros y no Edelmira Plascencia Guzmán, ejecutada en el diverso juicio 1602/2007 ante el juzgado séptimo civil de este distrito judicial. Por lo que no habiéndose acreditado que el ocursante en su calidad de depositario judicial designando en aquel controvertido, sea quien tiene la posesión real y material del inmueble motivo de este controvertido, no es posible que este órgano jurisdiccional decrete la suspensión de este juicio, pues no existe precepto legal alguno que así lo establezca además de que el 01 uno de junio del año 2017 dos mil diecisiete se dicta un cumplimiento de apelación: sentencia definitiva, de ninguna manera implica la disposición del inmueble en litigio a favor de un tercero, pues la misma esta decretada a favor de Edelmira Plascencia Guzmán, ejecutada en el diverso juicio 1602/2007 del índice del juzgado séptimo civil, por lo que en todo caso si considera el ocursante debe tener la posesión real y material del inmueble motivo de este juicio, para el desempeño de su encargo, debe realizar ante el juez que conoce del juicio en que fue designado depositario judicial, las cuestiones que estime pertinentes, pues como claramente lo establece el artículo 768, del código de procedimientos civiles local, el objeto del embargo es sujetar la cosa secuestrada a las resultas del juicio, así como asegurar los derechos que se hayan ejercitado y su preferencia en el pago, lo que de ninguna manera se afectado con la ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en este controvertido. Por tanto, usted viola en mi prejuicio mi derecho humano de la propiedad, toda vez que actúa con arbitrariedad en la litis." En ese sentido, son inoperantes los conceptos de violación esgrimidos por el promovente ya que no atacan las consideraciones asumidas por la responsable en la determinación que constituye el acto reclamado, las cuales consisten en: Que no procedía admitir la apelación interpuesta por la parte quejosa contra el proveído de veintinueve de abril de la presente anualidad pronunciado por el Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil dentro del juicio ordinario civil 723/2015, sobre reivindicación de inmueble, el cual ordenó suspender cualquier acto de ejecución de la sentencia definitiva encaminada a poner en posesión real y material el inmueble materia de la litis en favor de la quejosa, ya que dicho acuerdo no es recurrible en apelación, de acuerdo al artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual señala que los autos son apelables cuando lo dispone la ley, si, además lo fuere la sentencia definitiva en el juicio en que se dicten; Que en la ley procesal invocada no existe ningún precepto que establezca expresamente que procede la apelación contra el auto que se pretendió recurrir; y que si bien, el artículo 743 del código adjetivo mencionado, establece la procedencia del recurso de apelación tratándose de resoluciones dictadas para la ejecución de la sentencia, cuando impliquen exceso o defecto en lo ejecutado, esa hipótesis legal no es aplicable, ya que el auto apelado no fue dictado para la ejecución de una sentencia, sino más bien en la etapa de ejecución de la misma (fojas 121 y 122 del tomo de pruebas II); Que el auto que se pretendió apelar, no se trata de un proveído que esté encaminado directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo y que por su propia naturaleza ya no requiera de otra determinación legal, por lo que no encuadra en los autos dictados para la ejecución de la sentencia; y, Que en cambio, el auto apelado constituye un acto dictado en ejecución de sentencia, ya que el mismo está orientado en forma indirecta a preparar y lograr tal objetivo, en la medida que en él se tuvo al depositario judicial de un inmueble apersonándose en el juicio y se ordenó suspender cualquier acto de ejecución, lo que claramente no constituye la última determinación judicial que materialice la ejecución del fallo que puso fin al juicio principal, sino una de las diversas resoluciones que corresponde a la secuela procedimental de la ejecución de sentencia. Atendiendo a lo expuesto, deben calificarse inoperantes los argumentos que el promovente expuso como conceptos de violación, en la medida que en ellos, no ataca las consideraciones en las que el magistrado responsable apoyó su decisión para declarar inadmisible el recurso de apelación, que consisten básicamente en que el auto que se pretendió impugnar no es apelable porque se trata de un auto dictado en ejecución de sentencia y no para la materialización de la misma. De suerte que, a efecto de que este juzgador estuviera en condiciones de emprender el estudio de sus conceptos de violación, el accionante del amparo debió señalar por qué el auto que pretendió recurrir, contrario a lo que afirmó el magistrado responsable, sí era apelable, señalando el artículo que dispone la procedencia expresa de ese recurso o bien, rebatir las razones por las que el auto que ordenó suspender cualquier acto de ejecución de la sentencia definitiva encaminada a poner en posesión real y material el inmueble materia de la litis en favor de la quejosa, sí debió asumirse como un auto para la ejecución de la sentencia. Contrario a ello, el quejoso se limitó a señalar que el depositario judicial del inmueble que defiende la quejosa -el cual fue reconocido con ese carácter en el diverso juicio ordinario civil 1602/2017 (en el cual se decretó un embargo sobre el mismo bien)- no tiene la posesión material del mismo y que por ello no es posible que el juez responsable decretara la suspensión de la ejecución de la sentencia para poner a la quejosa en posesión de ese inmueble; y que si el juzgador de origen considera que el depositario judicial debe tener la posesión real y material del inmueble para el desempeño de su encargo dentro del diverso juicio, en todo caso debe realizar las gestiones ante el juzgador que conoce de aquel juicio en el que se trabó el embargo. Consecuentemente, si el promovente en lugar de controvertir o superar las consideraciones expuestas por el magistrado responsable realiza manifestaciones que se dirigen a atacar el auto que se pretendió apelar y no el diverso que constituye el acto reclamado, ósea, el que desechó el recurso de apelación, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el estudio de sus planteamientos, al no otorgarse las bases necesarias para calificar lo fundado o infundado de lo resuelto en la alzada; más, porque no atacó todas las consideraciones que el magistrado responsable sostuvo para decretar la inadmisión del recurso de apelación que pretendió impugnar el auto que ordenó suspender cualquier acto de ejecución de la sentencia definitiva encaminada a poner en posesión real y material el inmueble materia de la litis en favor de la quejosa. Sin que sea impedimento para realizar la anterior calificación de inoperancia, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para estudiar un planteamiento como concepto de violación basta expresar la causa de pedir; pues también aclaró que la aplicación de dicha figura no tiene el alcance de que se analicen aspectos genéricos si no hay argumentos que rebatan los fundamentos del acto reclamado. Fundamenta a lo precedente, las razones que informa la Jurisprudencia 1a. /J. 81/2002, publicada en la página 61, del Tomo XVI, Diciembre de 2002, relativa a la Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN "FUNDAMENTO.- El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse.". Asimismo, lo expuesto en la jurisprudencia (V Región) 2o. J/1 (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, Pag. 1683, Décima Época, registro 2010038, que dice: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." Es aplicable -conforme al contenido del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente- la jurisprudencia V.2º. J/62, visible en la página 53, del tomo 63, marzo de 1993, Tribunales Colegiados de Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CONTRA DECLARACIÓN DE INOPERANCIA DE AGRAVIOS, SON TAMBIÉN INOPERANTES SI NO SE RAZONA EN ÉSTOS, EL ATAQUE QUE EN AQUÉLLOS SE HICIERA CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA APELADA. El quejoso se concreta a mencionar lo afirmado por la responsable y a manifestar simplemente que, tal afirmación riñe con el contenido de los agravios que expresó su abogado, en los cuales dice, si se expusieron los argumentos correspondientes en contra de las consideraciones habidas en la resolución que se impugnó, pero no se ocupa de mostrar, cuáles fueron, en la expresión de tales agravios, sus contra argumentos para combatir las referidas consideraciones del Juez de primera instancia, y no ataca, de ninguna otra manera, los razonamientos que la responsable tuvo en cuenta para concluir la inoperancia de los referidos puntos de agravios, por todo lo cual el concepto de violación que se contesta resulta también inoperante." En las condiciones apuntadas, ante lo inoperante de los conceptos de violación propuestos y sin que se advierta deficiencia alguna que deba suplirse a favor de Edelmira Plascencia Guzmán, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, pues éstos no fueron reclamados por vicios propios. Sexta. Publicación. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edelmira Plascencia Guzmán, contra los actos reclamados al Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y al Juez Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, descritos en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.
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