José Adalberto Plascencia Guzmán

Expediente 830/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
830/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • José Adalberto Plascencia Guzmán
  • Amalia Herrera Arroyo, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acosatorio y Oral, Región Morelia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. ( Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación que antecede, se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la determinación de diez de diciembre de dos mil veinte, dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. ( Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. ( Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. ( Destino del expediente (destrucción principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. ( Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. ( Devolución de un disco compacto DVD. En atención a que resulta innecesario conservar el un disco compacto DVD de audio que remitió la autoridad responsable, se ordena su devolución solicitando acusar recibo de su recepción. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor pronunciamiento. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta signados por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, lo anterior, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que el diez de diciembre de la presente anualidad, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Sin mayor pronunciamiento. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta signados por la Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral región Morelia, lo anterior, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que el diez de diciembre de la presente anualidad, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese a las partes en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta se provee. Cumple con requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta y anexos signado por Amalia Herrera Arroyo, Jueza de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, región Morelia, por medio el cual, da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, remitiendo copia certificada de las constancias con acreditan la situación jurídica del quejoso. Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante, sin perjuicio de relacionarla y recibirla en la audiencia constitucional. Sobreseimiento. Ahora bien, es menester precisar que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado es el siguiente: La orden de aprehensión dictada el veinticinco de julio de dos mil veinte, dentro de la causa penal 1010/2020, por la autoridad responsable de que se trata. De ahí, que con las constancias remitidas por la responsable, se determina que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: El artículo 61 fracciones XVII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Precisado lo anterior, es conveniente tener presente que, por regla general, la causa de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica, se produce cuando concurren lo siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que después de haberse presentado la demanda de garantías se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica que prevalecía en el quejoso; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, por lo cual deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; d) Que exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional; e) Que por el cambio de situación jurídica resulten consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. Lo anterior, se obtiene de la tesis aislada 2a. CXI/96 observable en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, diciembre de 1996, Novena Época, de rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. De dicho precepto, se advierte que en el sistema de justicia penal acusatorio existen tres etapas (investigación, intermedia y de juicio). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la formulación imputación, el juez de control tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculándolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Constitución Federal. Expuesto lo anterior, tal como se adelantó, este órgano de control constitucional estima que en el presente juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracciones XVII de la Ley de Amparo, en relación con orden de aprehensión reclamada, ya que de las pruebas remitidas se advierte que a las diecisiete horas con cuarenta y seis minutos del uno de diciembre de dos mil veinte en la causa penal de origen se vinculó a proceso a José Adalberto Plascencia Guzmán, por su probable intervención en el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 117, 122 y 135 fracción I, inciso b), vinculadas con los numerales 19 fracción I , 20 fracción I y 24 fracción III, del Código Penal del Estado, en agravio de F.P.D. y C.D.C.; por ello, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para analizar y emitir un pronunciamiento sobre la orden de aprehensión del quejoso en el presente juicio de amparo. Dicho de otra manera, las posibles violaciones acaecidas en la orden de aprehensión se consumaron irreparablemente; en ese sentido, no puede ser jurídicamente susceptible de estudiarse lo relativo a la orden de captura, pues de hacerlo se afectaría la nueva situación jurídica que impera en la causa penal 1010/2020 y que en ese sentido lo es el auto de vinculación a proceso que le fue decretado el uno de diciembre del año actual; es decir, no es factible emitir un pronunciamiento respecto del acto reclamado sin afectar las ulteriores situaciones jurídicas creadas con posterioridad. Como apoyo a lo anterior, se cita por identidad jurídica la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada)". Se reitera, la orden de aprehensión de la que se duele el quejoso, no puede ser analizada en esta instancia, pues respecto de ese acto del que se pretendía el análisis constitucional, operó un cambio de situación jurídica, con motivo del auto de vinculación a proceso; esto es, fue sustituido procesalmente por la determinación dada por el juez de control señalado como autoridad responsable. En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente a las partes con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

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