José Abraham Puga Castañeda

Expediente 2238/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2238/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
27/12/2021

Partes del expediente

  • José Abraham Puga Castañeda
  • Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, Con Sede En Tepic, Nayarit

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se desprende que dentro del plazo de diez días que prevé el numeral 86 de la Ley de Amparo, no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de seis de diciembre del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario realizar el cómputo de la notificación realizada al resto de las partes para que puedan inconformarse con la sentencia de mérito, pues dado el sentido de la misma es claro que en nada agravia a éstas, y la única que pudo inconformarse con ella es precisamente la parte quejosa, quien no lo hizo dentro del término que contaba para ello. Encuentra puntual aplicación por identidad de razones, la tesis aislada XI.3o.4 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, página 706, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Archivo. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; por lo que, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a del arábigo 21 del citado Acuerdo General, pues con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Cuaderno incidental. Con sustento en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal apartado 7.5, específicamente en el punto 2, los cuadernos incidentales derivados de este juicio son destruibles, por lo que el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Devolución de constancias. Al ser innecesarias la retención de las constancias de prueba remitidas por la responsable, devuélvanse al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, las copias certificadas relativas al juicio 1134/2017 de su índice, consistente en dos legajos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tepic, Nayarit, a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 2238/2019 promovido por José Abraham Puga Castañeda; la Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, Montserrat Cesarina Camberos Funes, quien actúa asistida de la secretaria Alva Miranda Ramírez que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Además, la secretaria hace constar la inasistencia de las partes, precisando que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron presenciar la presente audiencia por videoconferencia en el equipo de cómputo que este juzgado destinó para ello, acorde con el Acuerdo General 21/2020. Asimismo, se certifica que las constancias del presente del expediente electrónico concuerdan fielmente con las que obran en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Abierta la audiencia. La secretaria da lectura de la demanda de amparo, así como del informe justificado rendido por la Jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Asimismo, se hace constar que la tercera interesada Jeshu Marisol Morales Carrilo fue debidamente emplazada a juicio, como se advierte de la constancia de notificación respectiva. A lo que la jueza determina. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. En el periodo de pruebas. La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa adjuntó con su escrito de demanda, con las constancias -en copia certificada- del juicio familiar 1134/2017 y su acumulado 1135/2017, las cuales adjuntó la responsable con su informe justificado, así como la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones que ofreció el representante legal del menor de edad involucrado. A lo que la jueza provee. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza la prueba referidas, las cuales serán tomada en consideración al resolver en el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. La secretaria da cuenta con los que formuló el representante legal del menor de edad y la tercera interesada. A lo que la jueza determina. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por realizadas las manifestaciones a manera de alegatos, las cuales se tomarán en consideración al resolver el presente asunto y no habiendo diligencia pendiente por desahogar, se cierra dicha etapa; luego, lo conducente es dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo indirecto 2238/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, , por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados a las siguientes autoridades: Autoridades responsables: a) Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar. b) Procuraduría de la Defensa del Menor. Ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit conocer de la demanda, por lo que se registró con el número de expediente 2238/2019. En dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 34 a 36), se previno a la parte quejosa, entre otros aspectos, para que aclarara el acto reclamado; ante el incumplimiento de lo requerido, en proveído de treinta siguiente se tuvo por no presentada la demanda de amparo (foja 53). Inconforme con tal determinación, el quejoso interpuso recurso de queja que fue declarado fundado mediante ejecutoria de quince de enero de dos mil veintiuno, estableciéndose que debía prescindirse de requerir al quejoso respecto del acto reclamado al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad y admitirse por lo que respecta al proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 1134/2017; así como proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo solo en relación con la autoridad responsable Procuraduría de la Defensa del Menor, con residencia en esta ciudad. En cumplimiento a lo anterior, por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, se previno al quejoso para que precisara qué acto le atribuía a la referida procuraduría, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se admitiría únicamente respecto de la diversa autoridad. Ante el incumplimiento de lo requerido, por auto de quince de junio del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo respecto de la Procuraduría de la Defensa del Menor, con residencia en esta ciudad, y se admitió a trámite por lo que respecta al Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, por lo que se le solicitó su informe justificado, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se nombró representante especial del menor de edad involucrado. Posteriormente, por auto de veintiocho de septiembre del año en curso se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada y; finalmente, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual inició al tenor de la presente acta; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación aplicable al procedimiento; así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que se promueve contra un acto de autoridad jurisdiccional en materia civil, que tendrá ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: El acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio 1134/2017 y su acumulado 1135/2017, en el que se modificó la convivencia provisional entre el quejoso y su hijo menor de edad. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado atribuido a la Jueza Cuarto del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las documentales que adjuntó al referido informe consistentes en copia certificada de del juicio familiar 1134/2017 y su acumulado 1135/2017, a las cuales se les otorga eficacia demostrativa, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los arábigos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. De los preceptos invocados se desprende que la presentación de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas hipótesis que contempla dicho precepto legal como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, que será de treinta días; (2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; (3) Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo; excepciones que no se actualizan en el presente caso. Asimismo, en el artículo 18 citado se establecen diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Tiene aplicación al caso, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 286, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En el caso, la parte quejosa reclama el proveído de catorce de agosto de dos mil diecinueve, emitido en el juicio 1134/2017 y su acumulado 1135/2017, en el cual, la jueza responsable modificó el régimen de convivencia provisional del hoy quejoso con su hijo menor de edad (fojas 285/288 del cuaderno de pruebas). Tal determinación fue notificada al demandado, hoy quejoso, el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, por conducto de su autorizado (fojas 290 a 294 del cuaderno de pruebas). En consecuencia, si el quejoso fue notificado del acuerdo reclamado desde esa fecha, el plazo de quince días a que hace referencia el dispositivo 17 de la Ley de Amparo, para promover el presente sumario constitucional, transcurrió con exceso. Es así, pues del sello que ostenta el escrito de demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se advierte que fue presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve (foja del expediente). Luego, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover demanda de amparo comenzó a contar a partir del veintiuno de agosto de dos mil diecinueve; lo anterior, de conformidad con el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, asimismo, concluyó el diez de septiembre del referido año, descontándose los días veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de agosto, uno, siete y ocho de septiembre de la referida anualidad, por corresponder a sábados y domingos. Por tanto, si la demanda se presentó hasta el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, esto es, siete días después del plazo legal de quince días que tenía la parte quejosa es claro que resulta extemporánea. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del numeral 61 de la Ley de Amparo; por tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V del precepto 63 de la legislación citada. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Abraham Puga Castañeda, por las razones precisadas en el considerando cuarto del presente fallo. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante la secretario Alva Miranda Ramírez que autoriza y da fe.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que encuentran fijadas las nueve horas con cincuenta y ocho minutos del día de hoy, para que tenga verificativo la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo; sin embargo, se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales conducentes, que mediante oficio SEADS/1148/2021 de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre del año en cita la licenciada Montserrat Cesarina Camberos Funes funge como Jueza Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit; por tanto, se hace del conocimiento de las partes dicha circunstancia, con el objeto de que se encuentren en aptitud legal de formular, en su caso, justa causa de recusación en tratándose de alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de Amparo. Para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, se tiene por recibido el líbelo suscrito por Jhesu Marisol Morales Carrillo, a través del cual, comparece a juicio, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados para ese efecto; asimismo, realiza manifestaciones. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte tercera interesada Jhesu Marisol Morales Carrillo por apersonada al presente sumario constitucional; además, con sustento en el ordinal 27, fracción I, de dicha Ley, téngasele señalando como domicilio procesal el que indica en su ocurso de cuenta y como autorizados en términos amplios del arábigo 12 de la ley de la materia a Carlos Adrián Álvarez Jiménez; mientras que únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos conforme lo prevé la parte final del párrafo segundo del citado ordinal, a las restantes personas que refiere, en virtud de que no se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para ejercer la profesión de licenciados en derecho. En cuanto a la cuenta de correo electrónico que refiere la promovente como enriquelara_96@hotmail.com, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les tiene señalando el correo electrónico que proporcionan únicamente con el propósito de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente; pues el objetivo de ello es, que el personal de actuaría de este Juzgado Federal establezca contacto con la propia parte quejosa para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicársele resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes, esto, hasta en tanto tramite u obtenga cualquiera de las firmas electrónicas, es decir, el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, las cuales le permitirán previa solicitud que dirija al juicio en que se actúa, consultar el expediente de manera electrónica y recibir notificaciones electrónicas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, consistentes en la presuncional, en su doble aspecto de legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de éstas al momento de la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, sin que sea óbice la que refiere como instrumental de actuaciones, pues ésta se refiere a los autos, documentos y demás constancias que obren en el expediente, lo que constituye en sí prueba documental de conformidad con los numerales 129 y 130 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Finalmente, acorde a los arábigos 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que realiza en vías de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en el momento procesal oportuno.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos del presente juicio de amparo, se aprecia que aún se encuentra pendiente el emplazamiento del tercero interesado ****, el cual fue ordenado en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso. Así pues, comisiónese al actuario judicial de la adscripción a efecto de que se constituya en el domicilio encomendado de dicha parte procesal, el cual quedó asentado en el contenido del auto mencionado antelativamente y realice la diligencia de emplazamiento respectiva. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, reitérese a las partes, que en caso de ser su deseo de presenciar la celebración de la audiencia incidental a través del sistema de videoconferencia en el equipo de cómputo de este juzgado destinado para ese propósito, los interesados deberán informarlo en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de estar en condiciones de realizar las gestiones que resulten necesarias.

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