Jose Abraham Moreno Ramos
Expediente 49/2018 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose Abraham Moreno Ramos
Actuaciones
- Principal
Mesa 0 Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha fenecido el término legal de cinco días concedido al quejoso para el efecto de que diera cumplimiento a la prevención decretada en proveído de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, sin que lo anterior haya sucedido. En consecuencia, al no haber dado cabal cumplimiento a lo solicitado en el proveído indicado en el párrafo que antecede, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por el quejoso háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Juicios de Amparo de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
MESA:0 Vista la demanda de amparo presentadacontra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México y otras autoridades, fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número 49/2018. Previo acordar lo que en derecho corresponda sobre la admisión o no de la demanda de amparo que se analiza, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones IV y V, 110 y 114, facciones I, II, III todos de la Ley de Amparo; requiérase al quejoso para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, regularice su demanda bajo protesta de decir verdad, y para los efectos del artículo 261, del ordenamiento invocado. a) Deberá señalar, en el término concedido la fecha exacta en que tuvo conocimiento, o se ostentó sabedor de la orden de búsqueda, localización y aprehensión) reclamada o de su ejecución, toda vez que del capítulo de los antecedentes del acto reclamado, no se advierte dicho dato, no obstante de ser parte de los antecedentes del acto reclamado, los cuales está obligado a señalar en términos del artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo, pues únicamente refiere que el catorce de enero de dos mil diecisiete, el agente del ministerio público responsable le informo que iba a cambiar su situación jurídica. Sin que pase desapercibido para el que hoy provee, que el acto reclamado afecte la libertad personal, sin embargo, la Ley de Amparo en vigor, modificó los plazos para la promoción del juicio de amparo aun en los casos en los que se afecte la libertad personal como en el caso se advierte que es dentro de un procedimiento judicial al señalar como ordenadora de dicho acto a una autoridad jurisdiccional especializada en materia penal y de acuerdo a lo dispuesto por el precepto legal invocado en el párrafo que antecede están obligados a proporcionar dicho dato, por ser parte de los antecedentes en términos de lo dispuesto por el artículo 108 fracción V, de la ley de la materia, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. b) Así mismo, deberá precisar la denominación correcta y actual de las autoridades que señala como: Procurador General de Justicia del Estado de México. Comisario General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Comandante del Grupo de Policías Ministeriales de Juicio Orales del Centro de Justicia de Chalco, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Comandante del Grupo de Policías Ministeriales de Juicios Orales del Centro de Justicia de Amecameca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Comandante del grupo de Policías Ministeriales de Juicios Orales del Centro de Justicia de Amecameca, de la Procuraduría general de Justicia del Estado de México. Comandante del Grupo de Policías Ministeriales de la Fiscalía de Homicidios, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Toda vez que este juzgado de Distrito tiene conocimiento que no existe autoridad alguna con esa denominación, por lo que deberá señalar la denominación correcta de las autoridades a la que desea señalar como responsables, lo anterior con el propósito de fijar correctamente la litis constitucional, y la autoridad que señale como responsable esté en condiciones de rendir su informe de ley y en su caso suspender el acto que se les atribuye. Sirve de apoyo al anterior por identidad de razón requerimiento la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/1, visible en la página 567, del Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO. Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable. c) En el plazo otorgado, deberá precisar bajo protesta de decir verdad y ante la presencia del actuario judicial de la adscripción,son la misma persona, ya que por una parte en el proemio del escrito inicial de demanda que se analiza, dice sin que de la propia firma que plasma el quejoso en la parte relativa se advierta que se trata de la misma persona; lo que constituye una irregularidad de la demanda que obliga a prevenir al promovente, para que en el plazo otorgado la aclare el nombre o nombres correctos de quien promueve el presente juicio, por constituir la personalidad, un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, se satisface lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley de Amparo, y de no estarlo, como ya se dijo es una irregularidad de la demanda que debe corregir o aclarar el promovente, en términos del artículo 114 fracción III, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón la tesis de jurisprudencia P./J. 43/96, visible en la Página 48, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el rubro y contenido literal siguiente: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER , para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. También, sirve de apoyo por identidad de razón la tesis número I.4o.C. 26 K, publicada en la Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IX, Febrero de 1992, visible a páginas 63, que señala: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna. Lo anterior con el propósito de fijar correctamente la litis Constitucional en el presente asunto y las responsables estén en condiciones de rendir sus informes de ley sobre acto concreto y específico y en su caso suspender el acto que se les atribuye. Apercibido que de no dar cumplimiento a las prevenciones antes decretadas, se tendrá por no presentada la demanda que dio origen al presente juicio de conformidad en lo dispuesto por el artículo 114 de la ley de la materia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 3 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y los artículos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley mencionada, dígase a las partes, que la sentencia dictada en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información gubernamental; sin embargo queda expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley citada en primer término; no obstante a lo anterior, conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Tomando en consideración que la parte quejosa de manera expresa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente procedimiento, los "estrados de este juzgado de Distrito", y ante tal manifestación de voluntad, del lugar en que la parte quejosa desea se le notifiquen los acuerdos que se emitan en este procedimiento constitucional incluyendo las de carácter personal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, háganse ésta y las subsecuentes notificaciones incluyendo las de carácter personal por medio de lista que se fija en lugar visible de este Juzgado. Por otra parte, respecto de la petición de la parte quejosa, en el sentido de que se le permita el acceso al expediente vía internet del expediente electrónico con el nombre de usuario en consecuencia, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, téngase por autorizada la consulta vía internet del expediente electrónico del juicio en que se actúa. Por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a , en razón de que dicho profesionista, sí tiene registrada su cédula profesional de abogado en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal antes invocado a las diversas personas que menciona el promovente en la demanda que se acuerda, esto es, solamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que para la consulta del presente asunto, sin excepción alguna deberá este, así como sus autorizados que nombra en su escrito que se acuerda, presentar identificación oficial y vigente, tales como credencial de elector, cédula profesional o pasaporte, por lo que en el caso de no presentar alguno de los documentos antes mencionados no se les permitirá el mismo. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente.
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