José Abraham Loaiza Concha

Expediente 1012/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1012/2017
Año
2017
Actuaciones
28
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • José Abraham Loaiza Concha
  • Irma Hernández Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Agréguese copia certificada de la resolución emitida por este tribunal colegiado el veintiuno de febrero del año en curso, en el recurso de inconformidad 18/2018, del índice de este órgano jurisdiccional; asimismo, remítase otro tanto al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en dicha sentencia se confirmó la resolución de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la que se declaró cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto y, dado que de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. En consecuencia, y dado que el presente asunto no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Téngase por recibido el oficio 1276, de trece del mes y año en curso, signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado de este circuito judicial; atento a su contenido, hágase del conocimiento de dicho tribunal, que por resolución de veinticuatro de octubre anterior se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, por lo que una vez que cause estado dicha determinación o se interponga el medio de impugnación respectivo se le hará de su conocimiento y se le remitirá la respectiva copia certificada. Remítase a la autoridad oficiante copia certificada de la citada resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 18/2011 (que modifica el diverso 10/2008) y 65/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo 1012/2017, en la que concedió a José Abraham Loaiza Concha, la protección constitucional bajo las consideraciones siguientes (fojas 160 vuelta y 161): ".1.- El Tribunal Unitario Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada.- 2.- Ordene la reposición del procedimiento, para el efecto de que cite a los testigos María Guadalupe Reyes Vieyra y Julio Enrique Sánchez Loaiza, para que den contestación a la pregunta número ocho del cuestionario visible a fojas 129 del juicio de origen, formulada por el actor reconvencional, y en su caso, de oportunidad a la contraparte a hacer las repreguntas que estimen conducentes.- 3.- En el momento procesal oportuno, el Tribunal Unitario Agrario emita sentencia en la que prescinda de considerar que, la acción de prescripción positiva intentada en la vía reconvencional es improcedente, cuando se sustente en la celebración de un contrato verbal de cesión de derechos a título gratuito y, proceda a analizar con plenitud de jurisdicción y los elementos de dicha acción, así como las pruebas ofrecidas por las partes, y resuelva conforme a derecho corresponda." Este órgano colegiado, por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 1169/2018, de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del mencionado centro auxiliar, el amparo directo 1012/2017, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 75/2016; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 342). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de diez días manifestaran lo que a su interés correspondiera (foja 384), habiéndolo hecho la segunda de los mencionados (fojas 389 a 393). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: I. Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada pronunciada el ocho de mayo de dos mil diecisiete; ordenó la reposición del procedimiento y comisionó al Actuario de su adscripción para que notificara a los testigos María Guadalupe Reyes Vieyra y Julio Enrique Sánchez Loaiza, a fin de que comparecieran a la audiencia programada para las once horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 347). La notificación de Julio Enrique Sánchez Loaiza y María Guadalupe Reyes Vieyra, se practicó el uno de junio de dos mil dieciocho, respectivamente (fojas 352 y 353). II. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de ley, a la cual comparecieron ambos testigos, desahogándose la prueba testimonial, y específicamente, dieron contestación a la pregunta número ocho del cuestionario visible a fojas 129 del juicio de origen, formulada por el actor reconvencional, y se le dio oportunidad a la contraparte de hacer las repreguntas que estimó conducentes (fojas 358 a 360). III. Posteriormente, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, la responsable dictó sentencia (fojas 370 a 382); en la cual, realizó lo siguiente: a) Declaró procedente la acción de prescripción positiva intentada en la vía reconvencional, pues sostuvo que el actor entró en posesión de la parcela 51 Z-1 P-1/1, mediante un acto jurídico suficiente, consistente en contrato verbal de compraventa con José Loaiza Fernández, en calidad de ejidatario del ejido "Hermenegildo Galeana, del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, con lo que José Abraham Loaiza Concha acreditó los elementos establecidos en el artículo 48 de la Ley Agraria, para la procedencia de la prescripción adquisitiva de los derechos ejidales de aprovechamiento, uso y usufructo que éste pretende respecto de la citada parcela, manteniendo su posesión desde el veinte de octubre de mil novecientos noventa y seis, fecha en que le fue cedida a título gratuito (foja 379 frente y vuelta). b) Desestimó las excepciones opuestas por la demandada, consistentes en la falta de acción, la de improcedente, obscuridad y defecto legal de la demanda (fojas 380 a 381 frente). c) En relación a la acción principal de restitución de la parcela que hizo valer Irma Hernández Rodríguez, relativa a que se declare que a ella corresponden los derechos de uso y usufructo sobre la parcela en mención, la responsable determinó que al ser procedente la acción reconvencional, resulta improcedente la principal, pues la acreditación de usucapión por parte del actor, excluye lógicamente el posible éxito de la reivindicación intentada por la contraparte (foja 381). d) Determinó que José Abraham Loaiza Concha justificó la posesión en concepto de propietario y no a título derivado, y tomó en cuenta que el fundamento de la prescripción es el abandono por parte del propietario de su derecho, y el ejercicio del mismo por parte del poseedor, quien finalmente consolidó por el solo transcurso del tiempo su condición, transformando una situación de hecho en una de derecho por el tiempo transcurrido y la actitud pasiva de la titular del dominio Irma Hernández Rodríguez; con lo que concluyó que es lo que releva al estudio de la acción reivindicatoria; absolviendo al actor de la totalidad de las pretensiones que se le demandaron, pues quedó sin materia la acción reivindicatoria ejercida (foja 381 frente y vuelta). IV. Enseguida, se analiza lo expuesto por la tercera interesada, al desahogar la vista. a) Aduce que hubo un exceso en el cumplimiento, pues si bien es cierto que al dejar insubsistente la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario de origen, también los actos de ejecución corren la misma suerte b) Expone que el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad responsable, se le entregó la posesión de la parcela número cincuenta y uno (51) del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala, con todos sus frutos y accesiones. c) En virtud de lo anterior, José Abraham Loaiza Concha, si bien es cierto, presentó demanda de amparo en contra de dicha sentencia, también lo es que no solicitó la suspensión del acto reclamado ante la autoridad responsable, por lo que en términos del artículo 191 de la Ley Agraria, procedió a la ejecución de la sentencia y se le entregó la posesión de la parcela ejidal en litigio a la aquí quejosa adhesiva. d) Una vez que entró a poseer dicha parcela, a finales del mes de abril de dos mil dieciocho, sembró trigo en la totalidad de la parcela cincuenta y uno (51) del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala. e) Al concederse el amparo al quejoso en el presente juicio, se ordenó dejar insubsistente la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo que al autoridad responsable dictó auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho ordenando se otorgara la posesión de la parcela a José Abraham Loaiza Concha, lo que sucedió el uno de junio de dos mil dieciocho. f) Al entregar al quejoso en diligencia formal la posesión de la citada parcela, éste la recibió con los frutos que la quejosa adhesiva había sembrado en pleno uso del derecho de posesión que le fue otorgado, siembra de trigo que hizo de buena fe, pues hasta ese momento, el quejoso omitió solicitar la suspensión del acto reclamado. g) Considera que el tribunal unitario agrario se excedió en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues entregó a José Abraham Loaiza Concha la posesión de la parcela número cincuenta y uno (51) del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala, con los frutos y accesiones que de buena fe la suscrita sembró en pleno uso del derecho de posesión. h) Afirma que la responsable incurrió en defecto al momento de dar cumplimiento, pues en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ordenó dejar insubsistente la sentencia reclamada, y ordenó la reposición del procedimiento hasta el momento en que se desahogara una prueba testimonial ofrecida por el actor reconvencional; posteriormente, en proveído de veintiocho de mayo siguiente, ordenó restablecer las cosas al estado en que se encontraban hasta el dictado de la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, y no como lo ordena la ejecutoria de amparo, hasta el momento en que procesalmente se desahogó la prueba testimonial citada. En torno a estos argumentos, cabe puntualizar que al realizarse el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siempre debe tenerse presente el límite señalado en ésta, donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. En el caso, como ya se explicó con anterioridad, el amparo fue concedido para que la responsable, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejara insubsistente la sentencia reclamada; ordenara la reposición del procedimiento, para el efecto de que citara a los testigos María Guadalupe Reyes Vieyra y Julio Enrique Sánchez Loaiza, para que dieran contestación a la pregunta número ocho del cuestionario formulado por el actor reconvencional, y en su caso, diera oportunidad a la contraparte a hacer las repreguntas que estimara conducentes; y, en el momento procesal oportuno, el Tribunal Unitario Agrario emitiera sentencia en la que prescindiera de considerar improcedente la acción de prescripción positiva intentada en la vía reconvencional, y resolviera conforme a derecho correspondiera. En ese orden, como la responsable estaba constreñida a reparar la violación procesal y la de carácter formal en que incurrió, esto de acuerdo con los relatados efectos de la sentencia de amparo, los anteriores planteamientos propuestos por el quejoso no pueden ser objeto de análisis en esta resolución, porque son cuestiones de legalidad relacionados con los actos de ejecución de la sentencia reclamada, por virtud de los cuales se puso a la quejosa en posesión de la parcela, lo cual es patente que no fue materia de examen en la ejecutoria de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Entonces, como el quejoso sustenta los anteriores argumentos en temas que no fueron materia de examen en el fallo protector, ello pone de manifiesto que son inatendibles. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 18/2011 (que modifica el diverso 10/2008) y 65/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como del oficio STCCNO/234/2015, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo 1012/2017, en la que concedió a José Abraham Loaiza Concha, la protección constitucional bajo las consideraciones siguientes (fojas 160 vuelta y 161): ".1.- El Tribunal Unitario Agrario responsable deje insubsistente la sentencia reclamada.- 2.- Ordene la reposición del procedimiento, para el efecto de que cite a los testigos María Guadalupe Reyes Vieyra y Julio Enrique Sánchez Loaiza, para que den contestación a la pregunta número ocho del cuestionario visible a fojas 129 del juicio de origen, formulada por el actor reconvencional, y en su caso, de oportunidad a la contraparte a hacer las repreguntas que estimen conducentes.- 3.- En el momento procesal oportuno, el Tribunal Unitario Agrario emita sentencia en la que prescinda de considerar que, la acción de prescripción positiva intentada en la vía reconvencional es improcedente, cuando se sustente en la celebración de un contrato verbal de cesión de derechos a título gratuito y, proceda a analizar con plenitud de jurisdicción y los elementos de dicha acción, así como las pruebas ofrecidas por las partes, y resuelva conforme a derecho corresponda." Este órgano colegiado, por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 1169/2018, de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del mencionado centro auxiliar, el amparo directo 1012/2017, con la sentencia dictada en el mismo, así como el expediente 75/2016; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 342). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de diez días manifestaran lo que a su interés correspondiera (foja 384), habiéndolo hecho la segunda de los mencionados (fojas 389 a 393). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: I. Mediante auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la sentencia reclamada pronunciada el ocho de mayo de dos mil diecisiete; ordenó la reposición del procedimiento y comisionó al Actuario de su adscripción para que notificara a los testigos María Guadalupe Reyes Vieyra y Julio Enrique Sánchez Loaiza, a fin de que comparecieran a la audiencia programada para las once horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 347). La notificación de Julio Enrique Sánchez Loaiza y María Guadalupe Reyes Vieyra, se practicó el uno de junio de dos mil dieciocho, respectivamente (fojas 352 y 353). II. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se desahogó la audiencia de ley, a la cual comparecieron ambos testigos, desahogándose la prueba testimonial, y específicamente, dieron contestación a la pregunta número ocho del cuestionario visible a fojas 129 del juicio de origen, formulada por el actor reconvencional, y se le dio oportunidad a la contraparte de hacer las repreguntas que estimó conducentes (fojas 358 a 360). III. Posteriormente, el ocho de agosto de dos mil dieciocho, la responsable dictó sentencia (fojas 370 a 382); en la cual, realizó lo siguiente: a) Declaró procedente la acción de prescripción positiva intentada en la vía reconvencional, pues sostuvo que el actor entró en posesión de la parcela 51 Z-1 P-1/1, mediante un acto jurídico suficiente, consistente en contrato verbal de compraventa con José Loaiza Fernández, en calidad de ejidatario del ejido "Hermenegildo Galeana, del Municipio de Huamantla, Tlaxcala, con lo que José Abraham Loaiza Concha acreditó los elementos establecidos en el artículo 48 de la Ley Agraria, para la procedencia de la prescripción adquisitiva de los derechos ejidales de aprovechamiento, uso y usufructo que éste pretende respecto de la citada parcela, manteniendo su posesión desde el veinte de octubre de mil novecientos noventa y seis, fecha en que le fue cedida a título gratuito (foja 379 frente y vuelta). b) Desestimó las excepciones opuestas por la demandada, consistentes en la falta de acción, la de improcedente, obscuridad y defecto legal de la demanda (fojas 380 a 381 frente). c) En relación a la acción principal de restitución de la parcela que hizo valer Irma Hernández Rodríguez, relativa a que se declare que a ella corresponden los derechos de uso y usufructo sobre la parcela en mención, la responsable determinó que al ser procedente la acción reconvencional, resulta improcedente la principal, pues la acreditación de usucapión por parte del actor, excluye lógicamente el posible éxito de la reivindicación intentada por la contraparte (foja 381). d) Determinó que José Abraham Loaiza Concha justificó la posesión en concepto de propietario y no a título derivado, y tomó en cuenta que el fundamento de la prescripción es el abandono por parte del propietario de su derecho, y el ejercicio del mismo por parte del poseedor, quien finalmente consolidó por el solo transcurso del tiempo su condición, transformando una situación de hecho en una de derecho por el tiempo transcurrido y la actitud pasiva de la titular del dominio Irma Hernández Rodríguez; con lo que concluyó que es lo que releva al estudio de la acción reivindicatoria; absolviendo al actor de la totalidad de las pretensiones que se le demandaron, pues quedó sin materia la acción reivindicatoria ejercida (foja 381 frente y vuelta). IV. Enseguida, se analiza lo expuesto por la tercera interesada, al desahogar la vista. a) Aduce que hubo un exceso en el cumplimiento, pues si bien es cierto que al dejar insubsistente la sentencia definitiva dictada en el juicio agrario de origen, también los actos de ejecución corren la misma suerte b) Expone que el nueve de febrero de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, dictada por la autoridad responsable, se le entregó la posesión de la parcela número cincuenta y uno (51) del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala, con todos sus frutos y accesiones. c) En virtud de lo anterior, José Abraham Loaiza Concha, si bien es cierto, presentó demanda de amparo en contra de dicha sentencia, también lo es que no solicitó la suspensión del acto reclamado ante la autoridad responsable, por lo que en términos del artículo 191 de la Ley Agraria, procedió a la ejecución de la sentencia y se le entregó la posesión de la parcela ejidal en litigio a la aquí quejosa adhesiva. d) Una vez que entró a poseer dicha parcela, a finales del mes de abril de dos mil dieciocho, sembró trigo en la totalidad de la parcela cincuenta y uno (51) del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala. e) Al concederse el amparo al quejoso en el presente juicio, se ordenó dejar insubsistente la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, por lo que al autoridad responsable dictó auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho ordenando se otorgara la posesión de la parcela a José Abraham Loaiza Concha, lo que sucedió el uno de junio de dos mil dieciocho. f) Al entregar al quejoso en diligencia formal la posesión de la citada parcela, éste la recibió con los frutos que la quejosa adhesiva había sembrado en pleno uso del derecho de posesión que le fue otorgado, siembra de trigo que hizo de buena fe, pues hasta ese momento, el quejoso omitió solicitar la suspensión del acto reclamado. g) Considera que el tribunal unitario agrario se excedió en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues entregó a José Abraham Loaiza Concha la posesión de la parcela número cincuenta y uno (51) del ejido Hermenegildo Galeana, Huamantla, Tlaxcala, con los frutos y accesiones que de buena fe la suscrita sembró en pleno uso del derecho de posesión. h) Afirma que la responsable incurrió en defecto al momento de dar cumplimiento, pues en auto de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, ordenó dejar insubsistente la sentencia reclamada, y ordenó la reposición del procedimiento hasta el momento en que se desahogara una prueba testimonial ofrecida por el actor reconvencional; posteriormente, en proveído de veintiocho de mayo siguiente, ordenó restablecer las cosas al estado en que se encontraban hasta el dictado de la sentencia de ocho de mayo de dos mil diecisiete, y no como lo ordena la ejecutoria de amparo, hasta el momento en que procesalmente se desahogó la prueba testimonial citada. En torno a estos argumentos, cabe puntualizar que al realizarse el análisis sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, siempre debe tenerse presente el límite señalado en ésta, donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. En el caso, como ya se explicó con anterioridad, el amparo fue concedido para que la responsable, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, dejara insubsistente la sentencia reclamada; ordenara la reposición del procedimiento, para el efecto de que citara a los testigos María Guadalupe Reyes Vieyra y Julio Enrique Sánchez Loaiza, para que dieran contestación a la pregunta número ocho del cuestionario formulado por el actor reconvencional, y en su caso, diera oportunidad a la contraparte a hacer las repreguntas que estimara conducentes; y, en el momento procesal oportuno, el Tribunal Unitario Agrario emitiera sentencia en la que prescindiera de considerar improcedente la acción de prescripción positiva intentada en la vía reconvencional, y resolviera conforme a derecho correspondiera. En ese orden, como la responsable estaba constreñida a reparar la violación procesal y la de carácter formal en que incurrió, esto de acuerdo con los relatados efectos de la sentencia de amparo, los anteriores planteamientos propuestos por el quejoso no pueden ser objeto de análisis en esta resolución, porque son cuestiones de legalidad relacionados con los actos de ejecución de la sentencia reclamada, por virtud de los cuales se puso a la quejosa en posesión de la parcela, lo cual es patente que no fue materia de examen en la ejecutoria de amparo. En apoyo a esta decisión se cita la tesis de jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 605, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Entonces, como el quejoso sustenta los anteriores argumentos en temas que no fueron materia de examen en el fallo protector, ello pone de manifiesto que son inatendibles. De lo anterior se concluye que, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

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