José Abraham Jaime Valencia Valencia
Expediente 645/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 33 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 29/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Abraham Jaime Valencia Valencia
- Juez Octavo de Jurisdicción Concurrente en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Leon
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León; en atención a su contenido, como lo solicita, acúsese el recibo correspondiente del exhorto ******************** de su índice, formado con motivo del diverso 149/2018 con número de orden 289/2018 del índice de este Juzgado, a través del cual se le solicitó emplazar a la parte tercero interesada John Deere Financial México, sociedad anónima de capital variable, sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada.
- Principal
Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido, para la parte quejosa, el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 161 a 178), en la que se determinó por una parte sobreseer y por otra no amparar en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Se ordena archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. De igual modo, anótese que el presente expediente es depurable una vez que transcurra el plazo de cinco años, por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral Vigésimo Primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno de original del incidente de suspensión, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Incidente de suspensión. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de cinco años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 645/2018-VII, promovido por José Abraham Jaime Valencia Valencia. R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, José Abraham Jaime Valencia Valencia, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: "Como Ordenadora el C. JUEZ OCTAVO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. y como Ejecutoras: El C. JUEZ DE LO CIVIL DE HUAMANTLA, TLAXCALA, el C. DIRECTOR DE LA POLICÍA MINISTERIAL EN EL ESTADO DE PUEBLA, EL C. DIRECTOR DE POLICÍA Y TRÁNSITO DE HUAMANTLA, TLAXCALA. Todos con domicilio en sus respectivos recintos oficiales. "ACTO RECLAMADO: De la ordenadora se reclama: TODO LO ACTUADO DENTRO DEL EXPEDIENTE JUDICIAL No. 1063/2015 que se ventila ante el C. JUEZ OCTAVO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L. De las ejecutoras LA ILEGAL DESPOSESIÓN DEL BIEN que tengo contratado con la empresa citada que pretender realizar las responsables respecto del siguiente bien: TRACTOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 5625, TRACCIÓN SENCILLA, CON MOTOR NÚMERO PE4045892298, dentro de los autos del Exhorto número 46/2018 que se tramita ante el C. JUEZ DE LO CIVIL DE HUAMANTLA, TLAXCALA, lo anterior sin que haya sido oído y vencido en juicio en el cual se hayan respetado las normas procesales que funden y motiven tal proceder; De las Ejecutoras, se reclama la desposesión que pretenden hacer del mueble de mi propiedad." SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. El promovente del amparo manifestó que se violan en su perjuicio las garantías individuales consignadas en el artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibido el escrito inicial, mediante auto de nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 5 a 7), se admitió a trámite la demanda registrada con el número 645/2018-VII, pidió informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete y, fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Previos diferimientos, la audiencia constitucional, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece, si se pondera que se reclama un acto que se atribuye a autoridad con residencia en la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a establecer la certeza o inexistencia de los actos reclamados, debe observarse que los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo imponen la obligación de precisarlos, para lo cual se estima necesario mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la demanda de garantías debe interpretarse como un todo, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta forma armonizar los datos y los elementos que lo conforman, pero sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda y las constancias de autos, se concluye que la parte quejosa reclama en esencia: Todo lo actuado dentro del expediente judicial 1063/2015 del índice del Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León La desposesión del tractor marca JOHN DEERE, modelo 5625, tracción sencilla, con motor PE4045892298. Señalado el acto reclamado, por cuestión de técnica, se analizará la certeza o inexistencia de la misma, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206225 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Respecto al acto que se reclama al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, debe tenerse por inexistente, dado que así lo señaló al rendir su informe justificado (foja 25); máxime que a dicha autoridad no le corresponde la ejecución de ninguno de los actos señalados por el quejoso. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." En este contexto, es evidente que dicho acto reclamado es inexistente, por lo que procede sobreseer en el juicio por lo que hace al Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 310, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya síntesis se publica en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo" . Además, cobra aplicación la tesis VI.2°.A.4 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que lleva por rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO" . CUARTO. Certeza del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Octavo de Jurisdicción Concurrente en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León y Juez de lo Civil de Huamantla, Tlaxcala, ya que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 48 y 14). Lo anterior se corrobora, además, con las documentales remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º , de las que destaca el acuerdo de quince de diciembre de dos mil quince. Igual declaración corresponde hacer respecto a los actos que se reclaman al Comisario de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil Municipal de Huamantla, Tlaxcala, -denominación correcta- dada su calidad de ejecutora. Por tanto, se tiene por plenamente demostrada la existencia del acto reclamado que aquí se analiza. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Para determinar si la demanda fue presentada oportunamente, se debe atender a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que dispone los plazos para la interposición del juicio de amparo atendiendo al acto que se reclama, según se advierte de su contenido: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". En ese orden de ideas, toda vez que el acto reclamado no encuadra en ninguna de las hipótesis previstas en las fracciones I a IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, se debe estar al plazo general que es de quince días. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, existen tres hipótesis para el cómputo de los quince días relativos, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del mismo. Cabe destacar que dichas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el veintiséis de junio de dos mil dieciocho (foja 3), por lo cual el plazo de quince días transcurrió del veintisiete de junio al diecisiete de julio de dos mil dieciocho, previo descuento de los días inhábiles . Lo cual se esquematiza a continuación: Junio 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 24 25 26 Tuvo conoci-miento 27 Día uno 28 Día dos 29 Día tres 30 inhábil Julio 2018 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 Inhábil 2 Día cuatro 3 Día cinco 4 Día seis 5 Día siete 6 Día ocho 7 inhábil 8 inhábil 9 Día nueve 10 Día diez 11 Día once 12 Día doce 13 Día trece 14 inhábil 15 inhábil 16 Día catorce 17 Día quince 18 19 20 21 En consecuencia, es evidente que la promoción del amparo estuvo en tiempo, pues se hizo el seis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, según se advierte de la papeleta respectiva. SEXTO. Antecedentes. a) Erick Rodríguez Benavides, Luis Ignacio Molina Rivas, Felix Rivas Loya, Félix Rivas Rivera, Gerardo Torres Orozco,Christian Levi Molina Montes, José Antonio Hernández Cruz y Elisama Elizabeth Rodríguez Balderas, en representación legal de John Deere Financial México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, le demandaron la rescisión del contrato de arrendamiento financiero número AF-30168 y su suplemento 001 celebrados el diez de diciembre de dos mil doce, como consecuencia del incumplimiento en que incurrió el demandado (fojas 1 a 12). b) El quince de diciembre de dos mil quince, el Juez Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León, tuvo por admitida la demanda presentada, por lo que la registró con el número 1063/2015; dictó auto de exequendo para llevarse a cabo en el domicilio Francisco Villa número diecisiete, Cuapiaxtla, Tlaxcala y para ello giró exhorto a Tlaxcala (fojas 14 a 17). c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Juez de lo Civil del Distrito de Juárez, recibió el exhorto citado y facultó a la diligenciaría practicar el emplazamiento ordenado (foja 42). d) El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, la diligenciaria hizo constar haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Francisco Villa número diecisiete del municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, no encontrando al demandado, pero cerciorada de que se trata del domicilio correcto, por lo que dejó citatorio con quien dijo llamarse María Valencia Huerta, quien se identificó con credencial para votar (fojas 43 y 44). e) El diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, nuevamente la diligenciaría se constituyó en el domicilio del demandado, y al no haber esperado conforme al citatorio, se entendió la diligencia con María Valencia Huerta, realizando embargo y requerimiento de pago, con los apercibimientos ordenados (fojas 47 vuelta a 50). f) El dos de marzo de dos mil diecisiete, se dictó sentencia en el juicio ejecutivo mercantil 1063/2015, declarando rescindido el contrato de arrendamiento financiero número AF-3018 y su suplemento 001, de diez de diciembre de dos mil doce, condenado al demandado al pago al pago de suerte principal e intereses; asimismo, se le condenó a entregar el bien mueble consistente en un tracto agrícola marca John Deere, modelo 5625, tracción (fojas 71 a 81). g) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, el juez natural remitió nuevamente exhorto al Juez de lo Civil en Tlaxcala, a fin de solicitarle se requiriera al demandado la entrega del bien mueble objeto de arrendamiento financiero (fojas 95 y 96). Siendo esta la última actuación que consta en el expediente remitido en copia por la responsable (Anexo I). SÉPTIMO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 62 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Así como la jurisprudencia número II. 1. J/5 visible en la página 95 del Tomo VII Mayo de 1991, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En ese contexto, al no advertir el suscrito la actualización de alguna causa de improcedencia, se procede al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. OCTAVO. Análisis del emplazamiento. En este apartado se procede al estudio del emplazamiento efectuado en el juicio ejecutivo mercantil 1063/2015, pues la parte quejosa se ostenta como tercero extraño por equiparación a la contienda. El Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña a juicio como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el proceso judicial o en el procedimiento como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: I. Personas que no son parte en el proceso las cuales sólo coadyuvan o participan en él; sin embargo, no tienen una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. II. Tercero extraño stricto sensu es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, a la persona que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. III. Tercero extraño por equiparación es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) Tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado, y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa. b) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas: 1. Aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; 2. Quien fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el amparo indirecto es el instrumento jurídico procesal idóneo para combatir la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, cuando el quejoso se ostenta persona extraña por equiparación, porque en esta vía pueden ofrecerse pruebas para demostrar tal extremo . En el caso, al reclamarse la falta o ilegalidad del emplazamiento a juicio, opera la suplencia de la queja de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 149/2000 , sin embargo como lo definió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2./J. 67/2017 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, página 263, de rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)", la suplencia de la deficiencia de la queja no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. El emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual, entre otras cosas, establece que nadie podrá ser privado de sus derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. El emplazamiento es un acto procesal emanado de un órgano jurisdiccional, destinado a hacer saber al demandado la existencia de una demanda promovida en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica constituye una de las formalidades más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o realización en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio . La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/99, definió criterio en el sentido de que la falta de cumplimiento de alguna de las formalidades que rigen el emplazamiento, provoca su nulidad total, pues las normas que regulan esa actuación, atienden a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, cuyo fin último es evitar que el demandado quede en estado de indefensión . De acuerdo con la máxima establecida en el artículo 75 de la Ley de Amparo, el estudio de la legalidad del acto reclamado se realizará con base en las constancias que remitió la responsable, consistente en copia autorizada del juicio ejecutivo mercantil 1063/2015, instruido en contra del quejoso. Precisado que fue lo anterior, como la parte quejosa ocurrió a la presente instancia constitucional con el carácter de persona extraña a juicio por equiparación, a pesar de ser el demandado en el juicio 1063/2015, es procedente el juicio de amparo indirecto, pues promovió el amparo de manera posterior al dictado de la sentencia que ya causó ejecutoria y alega tuvo conocimiento hasta el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, de tal manera que si el llamamiento a juicio fuera inconstitucional en consecuencia se dejarían insubsistentes todas las actuaciones posteriores a éste. Así, se advierte que el impetrante de amparo señala que al acudir ante la responsable se enteró que el juez ha ordenado la desposesión del bien mueble que posee en calidad de arrendatario financiero, sin que haya sido notificado anteriormente de la existencia del juicio, el cual desconoce totalmente, por lo que aduce que se violaron las garantías de legalidad y audiencia, así como certeza jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese sentido, se estima que sus conceptos de violación son infundados de conformidad con lo que enseguida se expone. En principio debe precisarse que el emplazamiento del demandado al juicio natural se considera una formalidad esencial del procedimiento, ya que es necesario para una adecuada defensa, de manera que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas. La notificación debe constar en un documento público y debe cumplir con ciertas formalidades porque las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que impone la necesidad de que la diligencia se ajuste a los lineamientos establecidos por la ley, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos. Además, es una clase especialísima de notificación de gran trascendencia procesal que persigue dar a conocer al demandado en un proceso, la existencia de una demanda en su contra para enterarlo de la petición del actor y de las cargas procesales respectivas; por lo que las formalidades que se establecen para esta primera notificación tienen la finalidad de salvaguardar la garantía de seguridad jurídica del particular, en tanto que tienden a asegurar que el mismo se entere debidamente de la incoación de un proceso en su contra. Precisado lo anterior, se procede al análisis de constitucionalidad de la diligencia de emplazamiento realizada al demandado aquí quejoso al juicio ejecutivo mercantil 1063/2015, para lo cual se toma en cuenta lo dispuesto en los artículos 1054, 1069 del Código de Comercio, 309, fracción I, 310, párrafo primero, 311, 317 y 327, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles , de los que se desprende que: 1. El actuario deberá constituirse en el domicilio que fue señalado para llevar a cabo tal emplazamiento, cerciorándose de que efectivamente se encuentra en ese sitio. 2. Una vez hecho lo anterior, deberá verificar que en dicho inmueble vive o puede ser localizada la persona buscada. 3. De no encontrarse presente la persona buscada, le debe dejar citatorio para que lo espere entre las seis y setenta y dos horas posteriores. 4. Si al regreso del Actuario el buscado no lo espera, se practicará la diligencia con sus parientes, empleados o domésticos, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. 5. Deben firmar las notificaciones la persona que las hace y aquéllas a quien se hacen. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará el notificador, haciendo constar esta circunstancia. 6. De todo lo anterior se levantará un acta en la que detallarán los elementos que tomó en consideración el Actuario para cerciorarse tanto de la ubicación del domicilio como del hecho de que ahí puede ser localizado el demandado. Ahora, en el escrito inicial la parte actora señaló que se podía localizar al demandado en el domicilio ubicado en la calle Francisco Villa número diecisiete, Cuapiaxtla, Tlaxcala, por ello, las constancias relativas al emplazamiento que obran en el expediente de origen son las siguientes: Razón de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis: De la lectura que se hace a la razón de dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, elaborada por la diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, Huamantla, Tlaxcala, se advierte que el citado fedatario refirió haberse constituido en el domicilio ubicado en calle Francisco Villa número diecisiete del Municipio de Cuapiaxtla, Tlaxcala, tal como se ordenó en el proveído de quince de diciembre de dos mil quince; dijo haberse cerciorado de que se encontraba en ese sitio por haber tenido a la vista una placa en la esquina con el nombre y el número visible pegado con fierro en la puerta, por señalamiento de la parte actora y por informes de vecinos que no se quisieron identificar para evitar problemas, lo que además corroboró con una persona que estaba en el inmueble de nombre María Valencia Huerta, quien se identificó con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número 0000149060199 y clave de elector VLHRMR84042829M400, quien dijo ser hija del demandado pero manifestó que José Abraham Jaime Valencia Valencia, no se encontraba en ese momento; por lo que la diligenciaria entendió con dicha persona la diligencia y le dejó citatorio para que el demandado la esperara a las once horas con cero minutos del día diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, para la práctica de una diligencia y le apercibió que de no esperar, la diligencia se practicaría con la persona quien se encontrare en el domicilio, de lo que quedó enterada la persona con la que entendió la diligencia y dijo que lo informaría al demandado, tal como se advierte del citatorio a fojas 44 del tomo de prueba. Una vez que regresó al día siguiente -diecinueve de agosto de dos mil dieciséis-, la diligenciaria adscrita al juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez, en auxilio del Juez Octavo de jurisdicción Concurrente en Nuevo León, hizo constar el resultado de la diligencia, plasmándolo en el acta que al efecto levantó, de la que se advierte: Es decir, el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, al regresar al domicilio y entender nuevamente la diligencia con María Valencia Huerta, le informó que su padre -demandado- no se encontraba, por lo que procedió a llevar a cabo la diligencia con ésta, con el resultado ya obtenido, es decir, lo emplazó a juicio con las copias simples de la demanda y corrió traslado, para que dentro del término de ocho días más cinco por razón de la distancia, diera contestación a la demanda, debiendo exhibir el pago de lo demandado; asimismo, le previno que debía señalar domicilio para oír y recibir notificaciones y que de no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter personal se harían por medio de publicación en el boletín judicial del Estado que edita el Tribunal Superior de Justicia o en los estrados del juzgado, igualmente se le hizo saber la posibilidad de convenir el procedimiento, la persona de nombre María Valencia Huerta, quien dijo ser hija del demandado, recibió el instructivo y copias de traslado sin ser su deseo firmar. En tal virtud, se advierte de la diligencia de emplazamiento, que el actuario, se cercioró de que el domicilio en que se encontraba correspondía al demandado en el juicio principal, aquí quejoso José Abraham Jaime Valencia Valencia, por advertirlo de la nomenclatura visible y así habérselo referido María Valencia Huerta, hija del propio demandado (quejoso), asimismo señaló que ese era el domicilio donde éste vive, además la identidad de la persona con la que se entendió la diligencia, quedó debidamente establecida al asentar los datos de la credencial de elector; con ello se dio cumplimiento a la primera y segunda de las formalidades ya destacadas. Por tanto, en virtud que la fedataria no encontró al demandado, aquí quejoso, se hizo necesario cumplir con los otros requisitos (dejar citatorio y acudir al día siguiente hábil), por lo cual, al no encontrarlo nuevamente no obstante dicho citatorio, procedió a llevar el emplazamiento, con la persona que la atendió, para lo cual, corrió traslado con la copia de la demanda y anexos, realizando diversos apercibimientos, además, la diligenciaria hizo constar todo lo anterior en un acta respectiva; con lo que se cumplió con las formalidades detalladas en los puntos cinco y seis. En consecuencia, contrario a lo expresado por el quejoso, sí se cumplieron con las formalidades del procedimiento, ya que mediante mandamiento escrito fue emplazado a juicio, por tanto, no se vulneraron sus derechos contemplados en los artículos 14 (formalidades al procedimiento) y 16 (legalidad) constitucionales y se encontró en oportunidad de ocurrir para hacer valer sus derechos. Además, el quejoso no debe perder de vista que el juicio que se entabló en su contra, deriva de un contrato que celebró con la parte actora, y al no ser pagado en la forma convenida, existía la aptitud legal de dar por vencido anticipadamente el plazo para su cumplimiento, lo cual se advierte, dado que Erick Rodríguez Benavides, Luis Ignacio Molina Rivas, Felix Rivas Loya, Félix Rivas Rivera, Gerardo Torres Orozco,Christian Levi Molina Montes, José Antonio Hernández Cruz y Elisama Elizabeth Rodríguez Balderas, en representación legal de John Deere Financial México, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, entidad no regulada, le demandaron la rescisión del contrato de arrendamiento financiero número AF-30168 y su suplemento 001 celebrados el diez de diciembre de dos mil doce, como consecuencia del incumplimiento en que incurrió el demandado (fojas 1 a 12). Ante lo expuesto es dable negar el amparo solicitado al quejoso José Abraham Jaime Valencia Valencia, al haber sido emplazado legalmente al juicio ejecutivo mercantil 1063/2015, por tanto, se encuentra desvirtuada su calidad de tercero extraño por equiparación con la que se ostentó; negativa que se hace extensiva a los actos que reclamó en vía de consecuencia por no controvertirlo por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73 al 76 y 217, de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 645/2018-VII, promovido por José Abraham Jaime Valencia Valencia, contra los actos, autoridades y por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por los motivos señalados en el considerando octavo de este fallo.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho (fojas 54 a 57), en el que se le dio vista para efectos de que ampliara su demanda respecto al acto reclamado, autoridad responsable y sus conceptos de violación; del cual quedó notificado el tres de octubre actual (foja 150). Se difiere audiencia constitucional. Por tanto, a fin de no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
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