José Abraham Cruz Molina
Expediente 937/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 47 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 18/02/2021
Partes del expediente
- José Abraham Cruz Molina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.Promoción. Se tiene por recibido el oficio signado por la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico por si y en representación de Pleno de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas, por medio del cual acusa recibo del oficio 972-3-BB, de diez de febrero del año en curso, del índice de este Juzgado con el que se le devolvió la copia certificada del procedimiento disciplinario adversarial, que acompañó en apoyo a su informe. Acuerdo. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda. Cúmplase.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio como asunto concluido. 1.1. Devolución de constancias. Por ello, resulta innecesaria la conservación de las constancias remitidas por la autoridad responsable, consistente en copia certificada del procedimiento disciplinario adversarial número SSPC/CHJPDA/169/2018, devuélvase a la responsable Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas en representación de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en su carácter de Vocal Técnico de la precitada comisión, con sede en esta ciudad, que remitió como apoyo a su informe de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, ya que las mismas fueron analizadas oportunamente; por tanto, hágase devolución a la citada autoridad para los efectos legales consiguientes, debiendo acusar el recibo de estilo respectivo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno. De conformidad con Circular SECNO/1/2021, de la Comisión Especial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, en el presente asunto, y toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedó pausado y no su reinicio. Asimismo, vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la sentencia de amparo, sin que ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, procede al análisis oficioso de dicho cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en el juicio. El acto reclamado en esta instancia constitucional consistió en: La orden de baja y/o cese y/o separación provisional, la orden preventiva del pago de sueldos, falta de atención médica y suministros médicos, así como la apertura y/o notificar el archivo de investigación y/o el inicio del procedimiento administrativo adversarial. Por fallo constitucional emitido en este expediente el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, se otorgó el amparo solicitado a la parte quejosa (fojas 276 a 289 del tomo I), para los efectos siguientes: i) Las autoridades responsables queden obligadas a resarcir íntegramente el derecho del que se vio privado el promovente el amparo, debiendo pagarle la indemnización constitucional relativa, la cual engloba el pago de tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que pudiera tener derecho conforme a la legislación aplicable y, desde luego, también deberá anotarse en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, que fue separado de manera injustificada. Inconforme con dicha determinación, la responsable Pleno y Vocal Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de la Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico, interpuso recurso de revisión. Medio de impugnación del que conoció el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, bajo el número de toca 359/2019, quien mediante ejecutoria de veintiocho de mayo de dos mil veinte, modificó la sentencia recurrida (fojas 344 a 360 del tomo I), para los siguientes efectos: (.) a) El pago de una indemnización que comprenda tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, y demás prestaciones a que el quejoso tuviese derecho, en términos del artículo 123,apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el entendido que, no se excluye la posibilidad de que, dentro de algún ordenamiento legal o administrativo a nivel federal, estatal o municipal, existan normas que prevean expresamente un monto por indemnización en estos casos, que como mínimo sea el anteriormente señalado, pues en tales casos será innecesario acudir a la Constitución, sino que las autoridades deberán aplicar directamente lo dispuesto en esos ordenamientos. b) Además, deberán realizar la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada. (.).". Atento a lo anterior, mediante oficio SSPC/IJA/AMP/TGZ/02053/2020 de doce de octubre de dos mil veinte, la Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Protección Ciudadana, remitió copia certificada del diverso SSPC/CA/RH/267/2020 del Coordinador de Administración, mediante el cual realizó la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue separado o destituido de manera injustificada (fojas 410 a 417 del tomo I). Enseguida, la misma Jefe de la Unidad de Apoyo Jurídico y el Notificador Habilitado de la Secretaría de Protección Ciudadana, con residencia en esta ciudad, mediante oficios SSPC/UAJ/AMPTTGZ/02704/2020 y SSPC/UAJ/AMPITGZ/02705/2020 de veintitrés de diciembre de dos mil veinte; la primera de ella anexó copia certificada del acta de cumplimiento de pago de la misma fecha, en la cual se le hizo entrega del título crédito número 029 de veintidós del citado mes y año, de la Institución Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, por la cantidad de $360,503.08 (trescientos sesenta mil quinientos tres pesos 08/100 Moneda Nacional), al quejoso José Abraham Cruz Molina, por concepto de pago de indemnización constitucional y demás prestaciones a que tiene derecho (fojas 638 a 645 del tomo II de autos). Documentales a las que se concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, párrafo segundo Por lo tanto, del examen entre lo considerado en la sentencia de amparo y las documentales mencionadas en los párrafos que anteceden, se concluye que las responsables atendieron los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo de amparo; por consiguiente, se tiene por cumplido el fallo protector en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis prevista por el artículo 18, inciso b), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional; además, no tiene relevancia documental para su conservación. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Una vez cumplido el plazo a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar este expediente y solicitar la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el último párrafo del citado artículo 18. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Asimismo, conforme al artículo 18, inciso a), del referido acuerdo, se hace constar, que como se concedió la suspensión provisional y definitiva respecto de los actos reclamados y no existen documentos originales, el cuaderno de la suspensión es susceptible de depuración. Se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo al original del incidente de suspensión. Igualmente, conforme al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo mencionado, se hace constar que el duplicado el incidente de suspensión es susceptible de destrucción por este juzgado, una vez que pasen más de seis meses contados desde esta fecha. Asimismo, dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Jorge Fernando García Barragán, quien certifica que la promoción de cuenta y este acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en el presente cuaderno incidental, fue concedida la suspensión provisional y definitiva solicitada. Atento a lo anterior y en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, pues se concedió las medidas cautelares solicitadas y háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Por otra parte, en términos del artículo 18, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Igualmente, una vez cumplido el término de tres años, que dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación, el presente proveído que ordena su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que se considere. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se estima que no tiene relevancia documental para su conservación; ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Alex Conrad Hayton Herrera, Juez Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del Secretario Jorge Fernando García Barragán, quien certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Certifico y doy fe.
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