José abraham Carreño Camacho

Expediente 1204/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1204/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • José abraham Carreño Camacho

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *********, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *********y tutor de las menores *********,**********,********** de apellidos **********, contra actos del Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número de expediente 1204/2019-III. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, textualmente dispone: "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En ese sentido, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que, si bien es cierto que el solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, también lo es que dentro del juicio de amparo 662/2018-III, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por Salvador Carreño Camacho, administrador único y representante de la moral Transportes Apaseo El Alto-Celaya, Sociedad Anónima de Capital Variable, el cual se tiene a la vista por resultar un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que resulte necesaria la certificación de las constancias que lo integran, pues basta que se tenga a la vista al momento de adoptar la determinación de que se trate, por ser una facultad que otorga la ley y que puede ejercerse para resolver una contienda judicial, se desprende que: Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por Salvador Carreño Camacho, administrador único y representante de la moral Transportes Apaseo El Alto-Celaya, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del acto reclamado consistente en el auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio testamentario C-57/2015, mediante el cual se ordenó poner en posesión material a la albacea de la sucesión Blanca Delia Carreño Camacho, respecto de la finca urbana ubicada en Jardín Cuauhtémoc número 107, colonia centro, de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, así como su ejecución. Seguido el trámite del juicio, en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, se le reconoció el carácter de tercero interesado a Ernesto Javier Becerra Rivera, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Abraham Carreño Camacho y tutor de las menores Abril, Blanca Natalia y Sofia, de apellidos Carreño Becerra, y se ordenó su emplazamiento, el cual se realizó el once de enero de dos mil diecinueve. El veintiuno de enero del año en curso, se tuvo a Ernesto Javier Becerra Rivera, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Abraham Carreño Camacho y tutor de las menores Abril, Blanca Natalia y Sofia, de apellidos Carreño Becerra, apersonándose a dicho juicio. El treinta de abril de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en la que se sobreseyó en el juicio al no haber sido observado el principio de definitividad por el ahí quejoso en contra del acto reclamado. Ahora bien, en la demanda que se estudia, Ernesto Javier Becerra Rivera, acude al presente juicio de amparo en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de José Abraham Carreño Camacho y tutor de las menores Abril, Blanca Natalia y Sofia, de apellidos Carreño Becerra, reclamando el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio testamentario C-57/2015,mediante el cual se ordenó poner en posesión material a la albacea de la sucesión Blanca Delia Carreño Camacho, respecto de la finca urbana ubicada en Jardín Cuauhtémoc número 107, colonia centro, de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, del cual adjunta copia y de la que se desprende que en dicho auto en efecto se ordena la posesión material citada pero en los términos establecidos en el diverso dictado el dos de agosto de dos mil dieciocho. Por ello, es necesario que bajo protesta de decir verdad manifieste la totalidad de los antecedentes del acto reclamado, pues omitió expresar: Si impugnó de alguna forma el proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio testamentario C-57/2015, mediante el cual se ordenó poner en posesión material a la albacea de la sucesión Blanca Delia Carreño Camacho, respecto de la finca urbana ubicada en Jardín Cuauhtémoc número 107, colonia centro, de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, en su caso, mediante qué juicio o medio de defensa lo hizo; el estado procesal que guarde; si se encuentra pendiente de resolver o si es que ya se resolvió; en su caso, cuál fue el sentido; y Si impugnó de alguna forma el proveído de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Tercero Civil de Partido, con sede en Celaya, Guanajuato, dentro del juicio sucesorio testamentario C-57/2015, mediante el cual, en los términos establecidos en el diverso de dos de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó poner en posesión material a la albacea de la sucesión Blanca Delia Carreño Camacho, respecto de la finca urbana ubicada en Jardín Cuauhtémoc número 107, colonia centro, de la ciudad de Apaseo el Alto, Guanajuato, en su caso, mediante qué juicio o medio de defensa lo hizo; el estado procesal que guarde; si se encuentra pendiente de resolver o si es que ya se resolvió; en su caso, cuál fue el sentido. Datos que resultan determinantes para la substanciación del presente juicio de amparo, por lo que dicha irregularidad torna obscuro e irregular el libelo constitucional, al no permitir al suscrito conocer los pormenores de los antecedentes del acto reclamado. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracción V, en relación con el 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad la totalidad de los hechos y abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá tomar en consideración lo narrado en el presente proveído. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si la promovente es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Aunado a que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 50/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 61/2014, entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 210, Libro IX, agosto de 2014, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que reza de la siguiente manera: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Vicente García Martínez, Flor Susana Pescador López y Shindy Salazar Mar, al contar respectivamente con cédula profesional 1691261, 4715891 y 4713849, inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a Fernando Ortiz García, por así haberlo solicitado. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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