José Abraham Becerra Peña

Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
380/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • José Abraham Becerra Peña

Actuaciones

  1. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 7/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Estado de autos. Visto el estado procesal, así como la certificación secretarial de mérito, de donde se advierte que feneció el término de cinco días con el que contaba el promovente para impugnar el acuerdo de seis de mayo de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho; por tanto, se determina que el mismo HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 3. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.

  2. Principal

    Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, en la que, aparentemente José Abraham Becerra Peña, por propio derecho, solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye al Delegado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, residente en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número VII-380/2021. Consideraciones previas. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se tiene que en el ocurso de amparo se indica que el peticionario de amparo directo es José Abraham Becerra Peña, quien por su propio derecho, formula demanda de amparo. Petición de amparo que se formula por considerar que violentan sus derechos humanos, al tenor de los motivos de hecho y fundamentos de derecho que se indican en tal ocurso. Asimismo, en dicho ocurso el anotado quejoso solicita a este juzgado federal que conceda la autorización amplia que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a Christian Arturo Pahua Guzmán, para que pudiese gestionar en su nombre en el juicio de amparo en que se actúa. No obstante, la presentación de esa demanda se realizó vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, enviando el archivo electrónico que contiene el escaneo de tal documento, empleando para ello la firma electrónica de Christian Arturo Pahua Guzmán. Así, los datos expuestos ponen evidencia la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que origina el desechamiento de la demanda de cuenta; sin embargo, previo a indicar cuál es la citada causa y los motivos por los que se considera actualizada, es pertinente recordar que el artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Ahora, es necesario precisar que manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo Precisado lo anterior, como se indicó, este órgano de control constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, estima que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que dice ser promovida por José Abraham Becerra Peña, pero presentada mediante la utilización de la firma electrónica perteneciente a Christian Arturo Pahua Guzmán, pues se considera actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, segunda parte del primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. De la lectura del precepto 6 de la ley de la materia, se obtiene uno de los principios rectores del juicio de amparo, como lo es el de instancia de parte agraviada, el cual nos indica que el juicio de amparo podrá ser promovido precisamente por la persona que considere violentados sus derechos con motivo de la actuación de determinada autoridad, lo que además podrá realizar por sí mismo, es decir, por su propio derecho, también por conducto de su representante por ejemplo tratándose de las personas morales o, bien, a través de su representante legal [acreditada esa personería con el documento idóneo; y, sólo en casos excepcionales, por conducto de cualquier persona [supuesto reservado para los casos expresamente señalados en el numeral 15 de la ley de la materia y 22 constitucional, en los que incluso la petición de amparo puede ser verbal. Luego, tal principio obliga al juzgador de amparo a verificar si la petición de amparo corresponde con certeza a la voluntad de quien se dice agraviado por el acto de autoridad de que se trate, precisamente porque al tratarse de un juicio protector de los derechos humanos de una persona o colectividad de personas concretas, es indispensable que las mismas expresen su voluntad de acceder a un procedimiento de esa naturaleza. Por su parte, la fracción XXIII del numeral 61 en comento, establece que la improcedencia del juicio de amparo puede actualizarse no sólo al colmarse cualquiera de los supuestos previstos en las fracciones previas, sino además cuando tal improcedencia se derive de cualquier otra disposición legal vigente. Así, la interpretación conjunta de tales porciones normativas nos permite establecer que será improcedente el juicio de amparo, cuando no se tenga la expresión de la voluntad del quejoso para acudir al juicio de amparo, precisamente porque tal circunstancia resultaría atentatoria del principio de instancia de parte agraviada rige el procedimiento constitucional. Es decir, que necesariamente para estar en condiciones de analizar cualquier petición de amparo, debe contarse con la manifestación de quien se dice afectado en sus derechos, en el sentido de que es su voluntad acudir a dicha instancia constitucional, pues sólo de esa forma puede impulsarse la maquinaria jurisdiccional de amparo a fin de verificar si los actos que se reclaman son atentatorios de los derechos humanos de la parte quejosa. Lo anterior implica que de no contarse con la aludida expresión de voluntad, es inconcuso que -ante una petición de amparo carente de tal requisito fundamental- la demanda de amparo resultará improcedente, dado que no existe petición de amparo de parte agraviada que deba ser atendida por el tribunal constitucional. Hasta aquí con el análisis de los preceptos legales que prevén la causa de improcedencia que se considera actualizada en el caso concreto. Hemos mencionado que este juzgado federal no puede emprender el análisis de la oportunidad o cualquier otro requisito de procedibilidad de una determinada demanda de amparo, si la petición de que se trata no cuenta con la manifestación de la voluntad de la parte quejosa, en el sentido de que desea acudir al juicio de amparo. Luego, para clarificar tales señalamientos es pertinente hacer un breve paréntesis para explicar las formas en las que se puede expresar esa voluntad de instar el juicio de amparo. Así, tenemos que tradicionalmente se ha considerado que la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad del signante a toda promoción o acto que se presentan ante los órganos jurisdiccionales de la Federación, y constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente; por lo que, en sentido contrario, la falta de firma en un documento implica que carece de la voluntad de la persona, cuyo nombre aparece impreso en el mismo. Sin embargo, los adelantos tecnológicos han permitido que se generen nuevas formas de comunicación que sustituyen las tradicionales impresas en papel. Con relación a ello, en el juicio de amparo se ha reconocido como forma de comunicación aquella que se genera de manera electrónica cuando se emplean mecanismos reconocidos como confiables, en específico, en el artículo 3 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley. Como se observa, dicho numeral establece que los escritos y promociones pueden presentarse, entre otras, de manera electrónica mediante el empleo la firma electrónica, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, cuyo uso se regula en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Para concluir el paréntesis explicativo, debe acotarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia y, con la salvedad que señala el propio numeral, el juicio de amparo se puede promover e impulsar de forma escrita o, bien, de manera electrónica mediante el empleo de la firma digital correspondiente. Ya dejamos establecido que para existir pronunciamiento sobre la procedencia o pertinencia de una demanda de amparo debe existir instancia de parte agraviada; asimismo, que esa manifestación de voluntad puede hacerse de forma tradicional por escrito estampando el signo gráfico que corresponda a la firma del promovente; o, bien, a través de mecanismos tecnológicos empleando una firma electrónica. Con relación al primer supuesto de manifestación de voluntad, es claro que si la demanda de amparo se presenta de manera física por escrito con la firma autógrafa del quejoso, su representante o apoderado y en original -es decir, no en copia- el tribunal de amparo estará facultado y obligado para pronunciarse sobre su pertinencia y procedibilidad; por lo contrario, de no contar con tal signo gráfico en original, es inconcuso que no se tiene una expresión de voluntad de quien aparezca como promovente, por lo que ello hace improcedente la petición de amparo de que se trate2 . Por otro lado, con relación a la presentación de demandas de amparo por medios tecnológicos empleando firma electrónica, este juzgado federal advierte pueden presentarse tres supuestos. El primero de ellos sería el caso de que se presente una demanda de amparo empleando la firma electrónica del quejoso directo o, bien, del representante o apoderado legal que promuevan ejerciendo tales encargos a nombre de la parte quejosa directa, es decir, que la firma electrónica empleada para la presentación de la demanda de amparo corresponda a la persona que aparezca como promovente de la misma, ya que sea que actúe para defender derechos propios o bajo algún encargo o representación legal, sin que sea el objetivo de este estudio analizar lo relativo al acreditamiento de cualquiera de esas representaciones. En este caso, y en aplicación de lo establecido en el referido numeral 3 de la ley de la materia, tal firma electrónica tiene la misma validez que una autógrafa para considerar que el contenido de la demanda corresponde a la voluntad del promovente, se insiste, siempre y cuando dicha evidencia electrónica se encuentre a nombre de quien aparezca como promovente del juicio constitucional, ya sea por derecho propio, en representación o mandato de alguien más. Al respecto se invoca la jurisprudencia III.4o.T. J/5 (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA. Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica FIREL; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital FIREL, por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora, con relación a la presentación vía electrónica de la demanda de amparo, puede presentarse el supuesto de que tal ocurso se envíe sin la correspondiente firma electrónica, supuesto en el cual, al carecer de evidencia que vincule a quien aparezca como promovente con el contenido del escrito correspondiente, hace improcedente el aludido juicio, al no contar con la expresión de voluntad del quejoso en cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que dicha situación no puede considerarse como una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, precisamente porque no estamos en presencia de una irregularidad, sino de una ausencia de voluntad del quejoso. En ese sentido de se pronunció el más Alto Tribunal de Justicia del país, en la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), que establece: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de instancia de parte agraviada previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Se han indicado dos supuestos que pueden acontecer respecto a la presentación de una demanda de amparo vía electrónica empleando una firma electrónica. Sin embargo, puede actualizarse un supuesto más, que es el que se presenta en el caso particular, consistente en que la demanda de amparo sea una reproducción de un escrito firmado por el quejoso, pero presentado a través de la firma electrónica de la persona a quien dicho peticionario de amparo solicita se le reconozca autorización amplia para gestionar en su nombre, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Y, con relación a este caso concreto, existe pronunciamiento expreso por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 47/2018, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. En tal ejecutoria el tribunal Pleno determinó lo siguiente: Ahora bien, como se puede observar de lo hasta aquí expuesto, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo a partir de la reforma de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos según se externó en la exposición de motivos correspondiente, tuvo como objetivo fundamental favorecer el respeto y pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, así como en los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es Parte, simplificando con ello la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Todo ello, se dijo, en busca de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, modernizando la tramitación de los juicios de amparo a través de la firma electrónica, a fin de otorgar mayor certidumbre jurídica a los usuarios del sistema de impartición de justicia respecto del procedimiento en el que intervienen ante los órganos jurisdiccionales, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. De igual manera, en la exposición de motivos correspondiente se destacó que el quejoso y el tercero interesado pueden autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tenga capacidad legal, quienes además podrán interponer por escrito o vía electrónica, a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedan, empero, se aclaró, que en estos casos el quejoso o tercero interesado deben comunicar al órgano jurisdiccional las limitaciones o revocación de facultades del uso de su clave, toda vez que la utilización de la misma equivale a la firma autógrafa de quien siendo parte en el juicio lleva a cabo cualesquiera de las referidas promociones. En suma, entonces, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo y los acuerdos generales respectivos, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial, persiguió, fundamentalmente, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, ello como muestra inequívoca de la urgente necesidad de orientar la impartición de justicia en todas sus vertientes hacia procesos ágiles, transparentes y accesibles a la población, a efecto de garantizar la justicia expedita a la que hace referencia el artículo 17 constitucional. Sin embargo, de ello no puede colegirse que dicha reforma hubiera tenido como intención que los principios constitucionales rectores del juicio de amparo, como lo es particularmente, el principio de instancia de parte agraviada consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, se modificara; pues si bien de conformidad con el primer párrafo dicho numeral,(15) el Constituyente Permanente delega en el legislador la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el juicio de amparo, ello está condicionado a mantener intactos sus principios y fines y a no pugnar con el espíritu constitucional que los creó. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro: "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS.(16) Por lo que en esa lógica, si uno de los principios rectores del juicio de amparo es que éste deba seguirse siempre a instancia de parte agraviada, entonces, dicho principio constitucional debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información que es el tema que particularmente nos ocupa, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo. Ello, sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, el quejoso pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. En efecto, considerando como se dijo, que la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica a que hace referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, únicamente buscó simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales, modernizando el sistema de impartición de justicia a fin de otorgar validez a las promociones judiciales que se realicen a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas, garantizando con ello una justicia más expedita acorde con el artículo 17 constitucional. Además, de conformidad con lo establecido en el artículo 107, fracción I, constitucional, se instituyó como una de las bases a desarrollar en la ley reglamentaria, la de garantizar el acceso a toda persona a que se le administre justicia por tribunales que estén expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo para ello las disposiciones generales que sienten las bases para el uso más eficaz y eficiente de las tecnologías de la información disponibles para el logro de los fines referidos, conforme lo establece el artículo 3o. de la Ley de Amparo vigente, en el que se contempla el uso de dichas tecnologías en la tramitación del juicio de amparo, específicamente, el uso de una firma electrónica. Empero, ese ulterior desarrollo o ampliación no debe pugnar con el espíritu constitucional que los creó, pues el legislador, al hacer uso de su facultad de elaborar normas, no posee una facultad discrecional para regular lo que quiera y como quiera, drenando los contenidos de las normas consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, resulta incuestionable que el ejercicio de la acción de amparo por vía electrónica, también debe regirse por el mismo principio que impera para la presentación de la demanda de amparo por escrito, es decir, que el juicio de amparo se siga siempre a instancia de parte agraviada y, por esa razón, no puede quedar en manos del autorizado por el quejoso la presentación de la demanda de amparo firmada electrónicamente con su propia FIREL, pues se insiste, la implementación del sistema electrónico y la utilización de la firma electrónica, de ninguna manera implicó soslayar uno de los principios rectores del juicio, como lo es el de "instancia de parte agraviada. Ahora, precisado lo anterior y derivado de considerar que si la demanda de amparo que fue presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso sino con la de la persona que se ostenta con el carácter de autorizado de aquél, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente; a juicio de este Tribunal Pleno, dicha situación no puede considerarse una irregularidad en la demanda que dé lugar a su prevención en términos del numeral 114 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse. Ello es así, pues la promoción del amparo vía electrónica firmada con la FIREL del autorizado del quejoso y no con la firma electrónica del impetrante o, bien, de quien legalmente lo represente, no se trata de una irregularidad que sea susceptible de subsanarse, ya que al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no existe ni siquiera voluntad del que aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, en ese sentido no cabe prevención alguna. Lo anterior así ha sido sostenido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios que más adelante se citarán- en los que ha determinado que tratándose de una demanda de amparo presentada por escrito en la que no figure la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal, no cabe prevención y/o requerimiento al interesado para reconocer una firma que ni siquiera ha otorgado, en tanto no existe precepto en la ley que establezca la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento. Los criterios a que se hace mención, son los siguientes: FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA FALTA DE, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS. DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. y FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Por tal razón, si bien el numeral 114 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional tiene el deber de requerir al promovente de una demanda de amparo para que la aclare cuando advierta que el escrito inicial contiene alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deban corregirse; lo cierto es también que la promoción del amparo vía electrónica firmada con la FIREL del autorizado por el quejoso y no por él mismo, ni por quien legalmente lo representa, no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el citado precepto legal, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, pues se insiste, al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y como se dijo, no hay instancia de parte. Por lo que en ese sentido, se insiste, no cabe dicha prevención en el supuesto materia de esta contradicción, al no existir una razón legal para otorgar un tratamiento distinto a la demanda de amparo presentada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación firmada con la FIREL del autorizado de la parte quejosa, en comparación con una demanda de amparo presentada por escrito y firmada por un autorizado del quejoso, pues en ambos casos, al concurrir las mismas circunstancias demandas de amparo sin firma autógrafa y/o electrónica del quejoso o de su representante legal, el Juez de Distrito estará facultado para desecharlas, al no existir la voluntad de las personas que ahí aparecen como promoventes, lo que claramente no actualizan alguna de las irregularidades previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a subsanarla. Estimar lo contrario, esto es, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por quien se ostenta con el carácter de autorizado por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de instancia de parte agraviada consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, pues si la presentación de la demanda se hace por vía electrónica y la misma está firmada con la FIREL del autorizado del quejoso, cabría la prevención a que se refiere el numeral 114 de la Ley de Amparo a fin de subsanar dicha irregularidad; empero, cuando la demanda de amparo se presente por escrito con la firma autógrafa del autorizado por el quejoso, en ese supuesto, como ya se vio, no procede prevenir al quejoso, sino que el Juez está facultado para desecharla de plano, dada la ausencia de voluntad del promovente. Es importante destacar que con dicha afirmación no se soslaya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, tuvieron como finalidad permitir a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial, en aras de eficientar el derecho de acceso efectivo a la justicia previsto en los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva; y que conforme a la reforma del segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, de diez de junio de dos mil once, se establecieron cambios sustanciales que otorgan a las personas una protección más amplia de los derechos humanos, reconocidos no sólo en la Constitución, sino también en tratados internacionales, con la finalidad de favorecer de mejor manera a las personas, pues bajo el nuevo esquema constitucional opera el principio pro personae. No obstante, su observancia no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos sustantivos, técnicos y/o de procedibilidad que puedan actualizarse en el juicio de amparo, ni mucho menos soslayar los principios fundamentales que lo rigen, ya que dichas formalidades son la vía para arribar a una adecuada solución del asunto, las cuales no se vieron modificadas por la implementación de la tecnología en la tramitación electrónica del juicio de amparo. De ahí que lo anterior no implique obstaculizar los actos necesarios para la defensa del quejoso ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que, se insiste, los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirles a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho o por conducto de que quien legalmente lo represente salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo, pero no por el autorizado en términos del artículo 12 de la ley, pues como se dijo, si no está legitimado ni siquiera para ampliar una demanda de amparo o desahogar alguna prevención en la cual deba manifestar hechos o antecedentes del acto que únicamente consten de forma directa al titular de la acción de amparo tal como esta Suprema Corte de Justicia de la Nación lo sostuvo en los criterios invocados con antelación, mucho menos podría tener legitimación para signar con su propia FIREL una demanda de amparo presentada vía electrónica. Finalmente, debe decirse que no escapa a la consideración de este Alto Tribunal lo argumentado por uno de los Tribunales Colegiados contendientes, en relación a que la firma electrónica constituye una modalidad de acceso a la acción de amparo y que cuando dicha firma no corresponde al titular de la acción sino a la de una persona designada por éste como su autorizado, no debe aplicarse un criterio rigorista de desecharla citando por analogía los criterios respecto de la firma autógrafa, en razón de que quien tiene acceso a los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, son los profesionistas del derecho (representantes o autorizados del quejoso) y no propiamente el titular de la acción de amparo y, por tal razón, la firma electrónica es una vía para el acceso al amparo y no sólo la manifestación de voluntad del quejoso. Sin embargo, no debe perderse de vista que acorde con lo establecido en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, resulta ser una opción para el promovente el presentar su escrito de demanda en forma impresa o electrónicamente (como facilidad procesal), pero si decide hacerlo electrónicamente, es requisito sine qua non que lo haga mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su firma electrónica o bien la de quien legalmente lo represente. Por lo que en caso de que el quejoso y/o quien legalmente lo represente, no cuenten con dicha firma electrónica debidamente registrada en el sistema de registro correspondiente, pero sí su autorizado, ello no obstaculiza irreparablemente su acceso a la justicia, pues aún existe la posibilidad de presentar la demanda por escrito y en el mismo ocurso solicitar el acceso a los servicios tecnológicos autorizando para ello, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionales del derecho que cuenten con firma electrónica registrada en el sistema para que puedan continuar por esa vía con la tramitación del juicio de amparo y sus recursos, cuya solicitud puede válidamente revocarla en el momento que así lo decida. Consecuentemente y bajo las consideraciones hasta aquí expuestas, este Tribunal Pleno arriba a la convicción de que si el ejercicio de la acción de amparo por escrito exige que la demanda sea suscrita con firma autógrafa directamente por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo; resulta válido concluir que la demanda de amparo presentada por vía electrónica, también requiere estar firmada electrónicamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, sin que pueda ser sustituida (la firma electrónica) por la de aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues mientras no haya voluntad del quejoso para promover la demanda, las facultades procesales del autorizado no pueden surgir al momento de la presentación de la demanda. Sin que tal situación pueda considerarse una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que al tratarse del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo, no amerita prevención alguna, ya que al no contener el escrito de demanda la firma electrónica del titular de la acción de amparo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente y, como se dijo, no hay instancia de parte, por lo que, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. La ejecutoria en comento dio origen a la jurisprudencia P./J. 32/2018 que dice: DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. De la ejecutoria y jurisprudencia preinsertas, mismas que resultan de observancia obligatoria para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que si una demanda es presentada por medios digitales empleando la firma electrónica de la persona a quien en la demanda se le designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, tal petición de amparo debe ser desechada. Lo que resulta de ese modo, porque tal demanda no cuenta con evidencia de la voluntad de la parte que aparece como quejosa, toda vez que la autorización en términos del citado numeral 12 de la ley de la materia, al tratarse de una representación procesal limitada, que además para surtir efectos es menester que sea reconocida de forma expresa por la autoridad jurisdiccional una vez iniciada la controversia constitucional no en forma previa a tal reconocimiento judicial; incluso, en los supuestos, como en el caso, en los que el documento digitalizado correspondiente a la demanda cuente con reproducción de un signo gráfico que se atribuya como firma al quejoso, precisamente porque al tratarse de una reproducción simple no puede hacer las veces de un original. En este punto resulta oportuno señalar que no es inadvertido para este órgano jurisdiccional el hecho notorio7 relativo a la emergencia sanitaria que actualmente se vive; motivo por el cual el Consejo de la Judicatura Federal ha emitido diversos acuerdos que regulan la actividad de los órganos jurisdiccionales y proporcionan las reglas bajo las cuales se realizará la tramitación de los procedimientos del conocimiento de los tribunales de la Federación, entre ellos, el juicio en línea a través de la presentación de demandas de amparo mediante el uso de la firma electrónica respectiva. Así, en la actualidad esa tramitación se rige por lo dispuesto en los Acuerdos Generales 12/2020, 13/2020, 21/2020, entre otros; empero, de la lectura integral de tales disposiciones administrativas nos permite concluir que en ellas no se incluyó disposición alguna que pugne, contravenga o prevea una situación adicional a la que estableció el más Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), con relación a la presentación de la demanda de amparo a través de la vía digital empleando la firma electrónica de quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. De ahí que no existe disposición administrativa extraordinaria que impida su acatamiento de la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.) por parte de este juzgado federal, en términos de lo dispuesto por el aludido ordinal 217 de la Ley de Amparo. Hasta aquí con el marco normativo y jurisprudencial que justifica la calificativa de improcedencia que se emitió al inicio de este proveído. En efecto, como se indicó, en el caso particular se tiene que en la demanda de amparo se indica que el carácter de quejoso directo lo tiene José Abraham Becerra Peña, quien actúa por su propio derecho; no obstante se optó por la presentación electrónica de tal petición de amparo, mediante el uso de la firma electrónica perteneciente a Christian Arturo Pahua Guzmán, persona a quien se propone como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no existe manifestación de la voluntad de la persona a quien se señala como afectada en sus derechos humanos, precisamente porque al haberse elegido la vía electrónica para su presentación, era menester que ello se realizara mediante la utilización de la firma del quejoso directo, de su representante o de su apoderado, ya que no estamos en presencia de alguno de los casos de excepción que eximen el cumplimento de ese requisito, como se observa de la naturaleza de los actos reclamados, al tenor de lo dispuesto por los preceptos legales y su interpretación citados en párrafos previos. Lo que resulta de ese modo, porque aun cuando la demanda se presentó mediante la utilización de la firma electrónica correspondiente a quien se designa como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ello es insuficiente para considerar expresada la voluntad del peticionario de amparo para instar el inicio del juicio de amparo, precisamente porque la presentación de la demanda es un acto personalísimo que la ley asigna al titular de un derecho subjetivo o legítimo a quien afecta el acto o norma general, por lo que no puede hacerse por conducto de otra persona. En efecto, no debe olvidarse que la actuación de los autorizados en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, inicia a partir de que el juzgador le reconozca ese carácter y no antes de la presentación de la demanda, precisamente porque se trata de una autorización procesal limitada que sólo puede ser entendida una vez que el órgano jurisdiccional se pronuncie a ese respecto, por lo que no puede reconocérsele potestad para promover en representación de los justiciables, como se pretende en el caso particular. Luego, si la presentación de la demanda que ahora nos ocupa correspondía al propio quejoso o, bien, a persona que contara con representación legal suficiente para actuar a su nombre; no obstante, ésta se presentó vía electrónica mediante la utilización de la firma digital perteneciente a quien propone como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, sin que previo a la presentación de tal ocurso tuviese reconocido tal carácter; es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, sin que la aludida circunstancia pueda ser objeto de prevención, toda vez que ya se dejó establecido que la omisión en comento, no constituye una mera irregularidad subsanable, sino que está ante la ausencia de un requisito fundamental para tener por expresada la voluntad del quejoso de acudir a la presente instancia constitucional. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso numeral 6, primer párrafo, segunda parte, del mismo ordenamiento, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza por los motivos y fundamentos expuestos en este acuerdo. Es menester indicar que la presente determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente de amparo que por ello sea contrario al artículo 1° constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que las causas de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualizó de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Consulta en línea del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Se exhorta a la parte quejosa, autoridades responsables y Ministerio Público intervinientes en este asunto, a que las consultas y promociones en este juicio se realicen vía electrónica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual podrán actuar a través de la firma electrónica avanzada certificada por el Consejo de la Judicatura Federal (FIREL), o por el Servicio de Administración Tributaria (e.Sat o e.Firma), que es la que se utiliza para rendir la declaración anual de impuestos y otros servicios en materia de obligaciones tributarias. En caso de no contar con ninguna de ellas, podrán tramitarla en la página www.firel.pjf.gob.mx, siguiendo los pasos que ahí se describen. Una vez obtenida cualquiera de las firmas electrónicas avanzadas, las personas (quejoso, autoridades responsables y Ministerio Público) tendrán acceso al portal de servicios en línea en donde podrán realizar un registro como usuario, asignándole la nomenclatura que sea de su agrado, y una contraseña personalísima vinculada a la firma electrónica, con dicho usuario podrán ser habilitados por el órgano jurisdiccional para que tengan acceso al expediente electrónico correspondiente en el cual podrán: a. Consultar constancias. b. Presentar demandas, escritos, recursos, ampliación de demanda, cumplir con prevenciones y requerimientos, formular alegatos, acceder a los que formule su contraparte. c. Notificarse. d. Descargar las constancias que constituyen el expediente digital, la que tendrán el valor de copias certificadas por estar firmadas electrónicamente por los servidores públicos integrantes del órgano jurisdiccional. Al respecto, el artículo 16 del Acuerdo General 12/2020 señala lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una Contraseña; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Consulta física del expediente y presentación de promociones en la misma vía. Para el caso que las partes no les sea posible acceder a las tecnologías precisadas en el punto inmediato anterior, y requieran consultar físicamente el expediente o presentar promociones físicamente, se les informa lo siguiente. Consulta física del expediente. Toda vez que para garantizar la continuidad de las medidas para evitar la concentración de personas y la propagación de virus Covid 19, subsiste la situación de emergencia sanitaria, si cualquiera de las partes considera necesario consultar físicamente el expediente, a efecto de estar en posibilidad de formular los alegatos correspondientes u ofrecer prueba, con base en el artículo 6 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el portal de internet de servicios informáticos en línea del Poder Judicial de la Federación, dentro del micrositio Agenda OJ, en el entendido de que el acceso al órgano jurisdiccional y, consecuentemente al expediente respectivo, conforme a los artículos 3, 4, 6 y 7 del citado acuerdo general, se encuentra sujeto a las limitaciones siguientes: a. El acceso al órgano jurisdiccional y, por consecuencia al expediente, sólo verificará en la fecha y hora de la cita. b. Estará limitado a dos personas por cita, una de las cuales deberá ser quien agendó la cita. c. Si requiere de atención especial por padecer de alguna discapacidad, deberá informarlo al momento de agendar la cita, indicando con toda precisión qué tipo de discapacidad posee, a efecto de se realicen los ajustes necesarios para su comparecencia. d. Deberá someterse a los controles sanitarios establecidos en el inmueble del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que de no cumplir con lineamientos establecidos para tal efecto, no se permitirá el acceso. e. Deberá respetar las medidas de "sana distancia" conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Para presentar físicamente promociones. Dado que la reanudación de los plazos y términos procesales implica la de las actividades administrativas de los órganos jurisdiccionales, los escritos, promociones u oficios dirigidos a este expediente podrán presentarse en la oficialía de partes común (OPC), las cuales quedarán instaladas en los edificios sedes de los órganos jurisdiccionales a partir del día tres de agosto de dos mil veinte, y funcionará en dos turnos; a saber: (i) turno matutino prestará servicios de las nueve a las catorce horas, exclusivamente para órganos que laboren por las mañanas, y la del turno vespertino lo hará de las quince a las diecinueve, sólo para los órganos que laboren por las tardes8 . Para tal efecto, indíquese a las partes que este órgano fue designado para desempeñar labores en el turno vespertino. Procedimiento ante las oficialías de partes comunes (OPC). Con base en la circular SECNO/14/2020 de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en la medida de lo posible, se seguirá de acuerdo a la mecánica esencial que se detalla: (i) Toda persona justiciable debe portar cubrebocas de forma obligatoria. (ii) La persona justiciable debe ser dirigida al espacio de presentación de documentación correspondiente, dependiendo de si se pretende depositar en el buzón o presentar ante la OPC. (iii) Una vez en el espacio correspondiente a la OPC, deberá hacer fila, siempre respetando los espacios personales de sana distancia señalizados previamente. (iv) En caso de advertirse que están agotados los espacios personales, alguna o alguno de los funcionarios designados para proporcionar información o canalizar el flujo de personas les entregará comprobantes o contraseñas a las personas que acudan hasta el término del turno, con el objeto de puedan retirarse y regresar posteriormente para ser atendidas y que se reciban sus promociones, justificando su recepción fuera del horario establecido para el turno. (v) Una vez atendida, la persona justiciable debe retirarse de inmediato; en el entendido de que las citas para consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales tienen un trámite autónomo y automatizado. Comuníquese a las partes que fuera del horario establecido para la atención de las OPC, en caso de asuntos en los que se venza un término podrán presentar los escritos y oficios de los expedientes en trámite ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán con residencia en Morelia, o el buzón judicial9 . Disposiciones finales en relación a la observancia de las medidas imperantes en la asistencia a las instalaciones de los tribunales federales. Para el caso de que las partes decidan continuar tramitando físicamente este expediente y en consecuencia tengan la necesidad de acudir al edificio sede de este órgano, se les hace del conocimiento que, conforme a los lineamientos trazados en el acuerdos general 21 del Consejo de la Judicatura Federal y circular SECNO/14/2020 citadas con antelación, deben acatar los lineamientos trazados en dicho cuerpo normativo, pues de lo contrario les será negado el acceso a los recintos destinados para brindarles la atención debida con la consecuente preclusión del derecho procesal correspondiente, ya que los plazos y términos no serán suspendidos de manera particular. También se les comunica que: 1. El incumplimiento de las medidas sanitarias generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. 2. El ingreso al edificio y al órgano jurisdiccional sólo se permitirá en la hora y fecha establecida en la cita, no se permitirá en hora y fecha diversa, en caso de incomparecencia deberá agendar otra cita. Señalamiento de domicilio y autorizados. En otro aspecto, se tiene que en el caso particular es improcedente proveer respecto del domicilio para oír y recibir notificaciones, la autorización que para tal efecto se concede y el usuario que al respecto se proporciona, pues como ya se precisó, el documento que se acuerda carece de firma electrónica; por tanto, no puede tenerse por hecha la manifestación de la voluntad, ni siquiera para el aspecto relativo al señalamiento de domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. No obstante lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló que, cuando se trata del auto que ordena aclarar la demanda, es necesario notificar dicho proveído de manera personal, aun cuando el domicilio señalado quede fuera de la residencia del tribunal de amparo; ello a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa. Por tanto, si en el presente acuerdo se determinó desechar la demanda, inconcuso es que se deba notificar esta resolución de manera personal. Orienta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 24/2004, visible en la página 321, tomo XIX, marzo de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE ORDENA ACLARARLA DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, AUN CUANDO EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES SE ENCUENTRE FUERA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL CONOCIMIENTO. De lo dispuesto en los artículos 146 y 178, en relación con los numerales 28, fracción II, último párrafo y 29, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se advierte que el proveído por el que se manda aclarar la demanda de garantías debe notificarse en forma personal, a fin de que pueda subsanar las irregularidades de su escrito, aun cuando haya señalado un domicilio para recibir notificaciones fuera del lugar de residencia del órgano jurisdiccional del conocimiento. Lo anterior es así, toda vez que la obligación de señalar domicilio convencional en el lugar del juicio constituye un requisito de la demanda, cuya omisión no puede originar su sanción inmediata, sino el requerimiento previo en el sentido de que, en caso de no cumplir con dicha obligación procesal, las subsecuentes notificaciones, aun las personales, se harán por medio de lista. Además, el auto por el que se manda aclarar una demanda de amparo es de tal trascendencia, que su falta de conocimiento oportuno puede llevar a tenerla por no interpuesta, por lo que debe garantizarse plenamente al quejoso la posibilidad material, no sólo formal, de subsanar las irregularidades de su escrito inicial, pues de lo contrario carecerían de toda eficacia jurídica los requerimientos y apercibimientos contenidos en la prevención, y se atentaría contra el derecho de acción de quien acude al amparo. Por tanto, dada la trascendencia del presente proveído y a fin de no dejar en estado de indefensión al aludido quejoso, hágase la notificación de este acuerdo de manera personal en el domicilio que señaló para tal efecto, al caso, con fundamento en el numeral 3, párrafo sexto, de la ley en la materia, hágase la habilitación del usuario ChristianPahua, para que, como lo solicitó, se le practique la notificación personal de éste proveído por esa vía, ello por única ocasión. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente. Digitalización de proveído. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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