José Abraham Aldrete Salcedo

Expediente 2453/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2453/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/01/2022

Partes del expediente

  • José Abraham Aldrete Salcedo

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que, mediante proveído de cinco de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el pretendido cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la responsable. Sin embargo, se omitió dar vista a la parte tercera interesada con dicho cumplimiento, por lo que, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento a efecto de subsanar dicha omisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a la parte tercera interesada, con el oficio y las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto del cumplimiento que comunica la autoridad responsable. En el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. Por otra parte, de considerarse que la ejecutoria no fue cumplida en su totalidad, de ser lo conducente, en términos del artículo 193 de la ley de la materia, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente. Notifíquese, y personalmente a la parte tercera interesada.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL CITATORIO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, en relación con el 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por remisión expresa del artículo 2° del primer ordenamiento citado, se acuerda: Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por E*contra los actos de las autoridades que denominó: 1 Órgano de Control Disciplinario en Materia Laboral en el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. 2 Director General en el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. 3 Jefatura de Recursos Humano en el Sistema de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. Creación del expediente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, regístrese la demanda en el Libro de Gobierno de este juzgado; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 2453/2021; y fórmense los expedientes impreso y electrónico. Decisión sobre la acción constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar la aludida demanda, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto reproducido, se aprecia que el juez de Distrito podrá desechar la demanda de amparo por improcedente, siempre y cuando exista un motivo manifiesto e indudable. Debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a quese contrae el citado artículo, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA1 .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama en sede constitucional lo siguiente: ".- Actos u omisiones que se reclaman: La INCONVENCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD LABORAL, por el cual se ha iniciado la DESAPARICIÓN DE LA PLAZA QUE OCUPA EL QUEJOSO, por haberse afiliado a un sindicato, con lo que se afectan derechos sustantivos y fundamentales en el nombramiento del quejoso. La retención de salarios como medida precautoria al procedimiento de DESAPARICIÓN de plaza del quejoso, por haberse afiliado a un sindicato. La omisión de otorgar el derecho de audiencia y defensa dentro del procedimiento de DESAPARICIÓN de plaza del quejoso, puesto que en ningún momento se ha notificado el inicio de dicho procedimiento. La privación de mis derechos laborales de estabilidad en el empleo, sin que se otorgue el derecho de audiencia y defensa." En efecto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". El primero de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos de autoridad, por lo que el segundo de los preceptos precisa quiénes tienen el carácter de autoridad responsable para el juicio de amparo. Ahora, conviene precisar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad que sea susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal tópico jurídico ha resuelto la actual integración de nuestro Alto Tribunal. Así se considera en virtud de que la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, retoma prácticamente en los mismos términos lo previsto en la ley que la precede (artículos 1o. y 5o., fracción II), en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad. En efecto, los artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, disponían: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparoII. La autoridad o autoridades responsables; (...)" Por su parte, los numerales 1o., fracción I y 5o., fracción II, de la actual ley reglamentaria, respectivamente, establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De la confrontación de los artículos que quedaron transcritos, se desprende que la Ley de Amparo aplicable a partir del tres de abril de dos mil trece, retoma prácticamente el mismo principio previsto en la ley que la precedió relativo a que el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de actos que modifican, supriman o crean, por sí y ante sí, algún derecho del gobernado, en un plano de supra a subordinación. A efecto de demostrar la referida afirmación, se considera conveniente destacar que el artículo 11 de la anterior legislación establecía que la "autoridad responsable" era aquella que "dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado", dando un concepto esencial y dejando su cabal definición a la jurisprudencia.Por otra parte, el artículo 5o., fracción II, de la nueva Ley de Amparo establece que tiene tal carácter quien "con independencia de su naturaleza formal (...) dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría situaciones jurídicas." Como se advierte, esta nueva redacción mantiene y otorga expresión legal a los caracteres esenciales del acto de autoridad que ha reconocido la jurisprudencia y que conforman la moderna definición de ese concepto. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 71/98, fallada el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en relación con el concepto de autoridad para efectos de procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: ?Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. ? Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Lo expuesto anteriormente revela que debe atenderse a la clasificación que la Teoría General del Derecho hace de lasrelaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los Tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el Derecho Público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado. Para definir el concepto de autoridad responsable cabe analizar si la relación jurídica que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, en cuyo caso debe partirse del supuesto de que el promovente debe tener elcarácter de gobernado, para lo cual resulta en la práctica más sencillo analizar, en primer lugar, si se trata de una relación de coordinación, la que por su propia naturaleza debe tener un procedimiento claramente establecido para ventilar cualquier controversia que se suscite, por ejemplo un juicio civil, mercantil o laboral. De no contemplarse este procedimiento, y siendo el promovente un gobernado, debe llegarse a la conclusión de que se trata de una relación de supra a subordinación, existiendo entonces una autoridad responsable. Con base en las anteriores consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció la tesis del tenor literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES2 . La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado."Asimismo, la referida Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal del País, al resolver la Contradicción de Tesis 76/99, fallada el veintiocho de septiembre de dos mil uno, precisó como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: ? La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. ? Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. ? Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. ? Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Las consideraciones anteriores, dieron lugar a la tesis cuyo rubro y texto, son los siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS3 . Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado."En la especie, como se advierte de la lectura integral de la demanda, la parte quejosa reclama al Director General en el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, como autoridad ordenadora del acto reclamado, y como ejecutora a la Jefatura de Recursos Humano en el Sistema de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, en donde, arguye, la parte quejosa desempeña el puesto de Auxiliar de Servicio dentro del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco. Ahora bien, del decreto 9608, publicado el veintinueve de noviembre de mil novecientos setenta y siete, emitido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en el que se publicó la Ley de Organismo Publicado Descentralizado "LEY DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO", de su artículo 1, se desprende lo siguiente: "Artículo 1.- Con la denominación de "Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta", se crea un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es la prestación, administración, conservación y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco.." Por su parte, el decreto publicado el uno de octubre de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", emitido por el gobernador constitucional de dicha entidad federativa, se advierte -en lo atinente- lo siguiente: "De conformidad con lo dispuesto en los artículos 605, 606 y 623 de la Ley Federal del Trabajo, durante el periodo comprendido del día 1° de enero del año 2019 al día 31 de diciembre 2024, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, funcionará en Pleno y en DIECISIETE Juntas Especiales que se integrarán cada una de ellas, con un Representante del Gobierno, un Representante de los Trabajadores y un Representante de los Patrones. La residencia y competencia de las DIECISIETE Juntas Especiales que integrarán la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco será la siguiente: [.] JUNTA ESPECIAL NÚMERO ONCE. Con residencia en Guadalajara, Jalisco, tendrá jurisdicción territorial en todo el Estado de Jalisco, y conocerá de los conflictos que afecten a los organismos públicos descentralizados, sus servicios subrogados y sus trabajadores, ya sean dichos organismos de carácter municipal o estatal". Por tanto, es menester, destacar que las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, se encuentran adscritas al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, y, como se dejó ver en líneas precedentes, el mismo es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal de Jalisco. Ahora bien, las resoluciones que emita el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, al resolver sobre sus procedimientos administrativos de investigación laboral, no tienen el carácter de acto de autoridad, toda vez que, como ya se vio, dicho sistema es un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal de Jalisco, por tanto, las controversias que se susciten entre este ente y su personal, serán resueltas por la Junta Especial Número Once de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, juicio en el que, evidentemente, el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, no puede acudir como autoridad. Dicho lo anterior, en el presente asunto, la quejosa reclama la desaparición de la plaza de Auxiliar de Servicio que desempeña dentro del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, así como la retención de salarios; si bien el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, cuenta con atribuciones para aprobar el proyecto de presupuesto anual de egresos junto con la plantilla de personal en la que se especifiquen las plazas y remuneraciones que correspondan a cada una de éstas en los términos de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, no se encuentra investido de facultades de imperio que caracteriza a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos, es en un plano de igualdad (coordinación). En tal virtud, los actos reclamados a las autoridades adscritas al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, consistente, en la desaparición de la plaza de Auxiliar de Servicio que desempeña la parte quejosa, así como la retención de salario, no tiene el carácter de acto de autoridad; porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre las plazas y puestos vacantes, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y en su caso, al ser un Organismo Público Descentralizado de la administración pública estatal de Jalisco, las controversias que se susciten entre este ente y su personal, serán resueltas por la Junta Especial Número Once de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, juicio en el que, evidentemente, el Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, no puede acudir como autoridad. En tal sentido, los actos reclamados a las autoridades adscritas al Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, señaladas como responsables, no pueden ser considerados como actos de autoridades para los efectos del presente juicio de amparo, pues se trata de una relación jurídica existente entre las partes que no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre dos particulares. Por tanto, se determina que los actos que por esta vía se impugnan no son actos de autoridad en términos de lo establecido por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues las actuaciones de quienes se señala como autoridades responsables, y la ahora quejosa, se da entre un ente patrón y empleado, lo que resulta ser una relación entre particulares, y en consecuencia una de coordinación. En ese contexto, tomando las ideas plasmadas en líneas precedentes, es evidente que, en la especie, existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia4 , por lo que se surten los supuestos previstos en el artículo 113 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se desecha de plano la demanda de que se trata. Finalmente, conviene puntualizar que no escapa a la vista de este órgano jurisdiccional la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."5 ; sin embargo, por resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente de solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, la propia Segunda Sala aclaró el rubro de esa jurisprudencia para quedar en los términos siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DETARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA."6 . Por tanto, es claro que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no estableció que en todos los casos, el juez de Distrito, en el auto inicial, no puede examinar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo; sino lo que estableció fue que, tratándose de los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el acuerdo de fijación de tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica, el juez de Distrito, en el auto inicial, no está en condiciones jurídicas y materiales, para estudiar ese acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, tan es así, que en la referida solicitud de modificación de jurisprudencia se estableció: (.) En primer término, del análisis en específico del contenido de la propia jurisprudencia, en relación con la consideraciones que sustentan la contradicción de tesis 297/2011 que le dio origen, esta Sala no advierte que alguna de ellas (jurisprudencia o ejecutoria) transmitan la idea de que lo ahí sostenido sea aplicable, de manera generalizada, a cualquier juicio de amparo y, que por ende, nunca sea posible resolver en el auto inicial del juicio constitucional si un acto reclamado tiene o no el carácter de autoritario. Ello, pues tal como quedó fijado el punto de contradicción en la ejecutoria respectiva, se podrá apreciar con meridiana claridad, que la intención de esta Segunda Sala al precisar la interrogante a despejar consistente en "dilucidar si el auto inicial detrámite de la demanda de amparo era la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo", no fue establecer, de manera generalizada, que en dicha actuación, los Jueces están impedidos para determinar que un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se someta a su consideración, como pretende sustentarlo el Pleno solicitante. Sino por el contrario, lo que se advierte es que en todo momento se delimitó dicho punto de divergencia, tanto en la ejecutoria como en el texto de la jurisprudencia respectiva, a los supuestos que en concreto dieron origen a la contradicción de tesis, esto es, a los casos en los que en la demanda de amparo se señale como acto reclamado el "Acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración, a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas", de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al secretario de Hacienda y Crédito Público, resolviéndose en relación con tal acto, que el Juez Federal en el auto inicial de trámite que se dicte con motivo de su presentación, no está en condiciones jurídicas y materiales, para llevar a efecto el estudio de ese acto, con el propósito de resolver si constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. (.). Además, tampoco es verdad que su redacción, impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, lo cual sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente; pues se insiste, la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de loselementos que pudieran allegar las partes, empero, en el caso, contrario a ello, el pronunciamiento correspondiente, exigió un análisis exhaustivo; entonces era claro que no se estaba frente a una causa notoria y manifiesta que autorizara al Juez a desechar la demanda de amparo. [.]" De ahí que la mencionada Jurisprudencia no sea aplicable al caso que se analiza, pues el acto reclamado en el presente asunto en modo alguno es similar al que en esa ocasión analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Autorizados y domicilio. En atención a la certificación de cuenta, de conformidad con los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, se tiene al quejoso designando como autorizado en amplios términos a Ra*, toda vez que sí cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se tiene como domicilio procesal de la accionante constitucional el señalado en el escrito inicial. En el entendido de que si la parte quejosa solicitó que las notificaciones personales se efectúen electrónicamente, aquellas se diligenciarán por ese medio, siempre y cuando el usuario proporcionado se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL".7 Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Cabe destacar que si la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico, esa petición se entiende autorizada siempre y cuando haya proporcionado un usuario que se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. No ha lugar a consulta electrónica. Por otra parte, solicita se autorice la consulta del expediente electrónico, vía internet, con el usuario "R*"; sin embargo, para que sea factible la autorización que peticiona, deberá solicitar que las notificaciones personales que a ella se instruyan se le efectúen vía electrónica, como lo exige el artículo 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o variaspartes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6° de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónico emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquierdocumento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN".

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