José Abelardo Garrido Domínguez

Expediente 1379/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1379/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • José Abelardo Garrido Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con los artículos 14, fracción III, y 20, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se sobreseyó en el presente juicio. De igual manera, como lo dispone el artículo 34 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso o digital que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra o, en su caso, una firma digital, el cual es insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. En ese tenor, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique se encuentra completamente integrado el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta del Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y éste último en representación del Director en Jefe, de la Directora General del Registro y Control Documental y de la Directora General de Finanzas y Administración de dicha institución, por medio del cual rinde el informe justificado que les corresponde. En atención a su contenido, intégrese a estos autos el oficio de cuenta, sin hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que con fecha seis de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido dicho informe justificado y se acordó lo procedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el telegrama de cuenta del Director de lo Contencioso en suplencia por ausencia del Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y éste último en representación del Director en Jefe, de la Directora General del Registro y Control Documental y de la Directora General de Finanzas y Administración de dicha institución, por medio del cual rinde el informe justificado que les corresponde. En atención a su contenido, intégrese a estos autos el telegrama de cuenta únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que con fecha cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 9º de la Ley de Amparo, se le tiene designando como delegados a las personas que mencionan en el telegrama de cuenta y por señalado el domicilio que indica en el mismo para recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta con evidencia criptográfica del Secretario y de la Jueza, ambos del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual remite los diversos oficios de la Registradora Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla y de la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos en ausencia de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, en virtud de que no corresponden a la estadística de ese juzgado. En tales condiciones, intégrense a los presentes autos los aludidos oficios de la Registradora Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla y de la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos en ausencia de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, a través de los cuales rinden el informe justificado correspondiente, señalan domicilio para oír y recibir notificaciones, designan delegadas y señalan correo electrónico para establecer comunicaciones no procesales. Atento a lo anterior, se tiene a las mencionadas autoridades rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9º del ordenamiento legal antes invocado, se les tiene designando como delegadas a las personas que mencionan en el oficio que se provee y por señalado el domicilio que indican en el mismo para recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 257 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado por el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tiene a las mencionadas autoridades señalando como correo electrónico el que refieren en los oficios de cuenta, para que se establezcan comunicaciones no procesales y no para que se les notifique por dicho medio. Ahora, de las copias certificadas remitidas por las autoridades responsables -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que la Registradora integral adscrita a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, acordó la solicitud de trámite ********************, presentada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado en la omisión de las autoridades responsables de acordar la solicitud de trámite ********************, presentada por el quejoso el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés; y, de las constancias que se acompañaron como complemento del informe justificado rendido por las autoridades responsables Registradora Integral de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla y de la Jefa del Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos en ausencia de la Encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, se advierte que la autoridad mencionada en primer término el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, acordó la solicitud de trámite ********************, presentada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haber dado respuesta la Registradora integral adscrita a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Puebla, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, a la solicitud de trámite ********************, presentada el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión reclamada no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, de rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa se improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL". Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.

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