Jose Abel Torres Conde
Expediente 1116/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Abel Torres Conde
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General-; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. Además, en términos del ordinal 20, fracción IV, del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo. Ello, porque se trata de un asunto donde se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Incidente de suspensión original. No ha lugar a emitir pronunciamiento alguno, pues como la demanda de amparo se desechó, no se abrió dicho incidente. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio 1Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el auto que desechó la demanda de amparo. Aunado a que, si desea conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 250/2023-V Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del presente expediente, se observa que las partes no recurrieron la sentencia emitida en audiencia constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, donde se resolvió el sobreseimiento del presente juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara 1 Plazo del cual deben descontarse lo días siete, ocho, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintisiete, veintiocho y veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, por ser inhábiles. que la misma ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales2 -en adelante referido sólo como Acuerdo General- el presente expediente constituye un asunto totalmente concluido. Por lo que, en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer una vez cumplido el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 20, fracción I, del referido Acuerdo General, ya que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos combatidos, y no se otorgó la suspensión de plano. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. 2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a su destrucción. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Devolución de anexos. Se ordena devolver las siguientes constancias: Al Magistrado de la Novena Sala Unitaria de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla: Las copias auténticas del toca penal 22/2022 y un disco versátil digital DVD, con las cuales se formaron tres cuadernos auxiliares. Al Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente con sede en Tehuacán, Puebla: Las copias auténticas de la causa penal ++++++ y tres discos digitales DVD, con los cuales se formó un cuaderno auxiliar. Sin que sea necesario requerir acuse de recibo, pues se trata únicamente de copias. Sin incidente de suspensión. Se deja establecido que no se tramitó el incidente de suspensión porque la parte quejosa omitió solicitar la medida cautelar. Carátula del expediente de amparo. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente que, a través de los oficiales judiciales a su cargo, realice las anotaciones correspondientes en las carátulas del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la declaración de firmeza de la sentencia dictada y al archivo del presente asunto como concluido. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en las carátulas de este expediente y del original del incidente de suspensión -conforme se encomendó en el apartado precedente- coincidan con las anotaciones en el libro electrónico. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo al quejoso, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme la sentencia de sobreseimiento. Lo mismo ocurre respecto de las autoridades que son parte en este juicio (excepto a las autoridades que se le devuelven constancias), de ahí que no se genere oficio para notificarles este proveído. Aunado a que si las responsables, el fiscal adscrito o el quejoso, desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Se recibe la demanda de amparo promovida por *, por propio derecho, contra un acto del Juez Quinto de lo Penal del Estado de Puebla (en su denominación correcta) y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de manera física, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. * En el caso, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: El auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso penal 15/2016-7, por el que el juez responsable desechó el recurso de revocación que planteó el quejoso en contra del acuerdo por el cual le fue desechado un incidente de nulidad de notificación. * -Improcedencia respecto al secretario de acuerdos adscrito al juzgado penal de origen En el presente caso, respecto de la autoridad responsable señalada como Secretario de Acuerdos de los expedientes Nones del Juzgado Quinto de lo Penal del Estado de Puebla, opera la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada de la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la diversa II del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: * Lo anterior es así, ya que dicho servidor público está desprovisto de imperio y decisión, toda vez que sólo tiene la función de auxiliar al juez de su adscripción para el trámite de las causas penales; es decir, su función en esencia es dar fe para la validación de la actuación del juez -titular del órgano jurisdiccional- a través de su firma que se asiente en las determinaciones judiciales. De ahí que en el presente asunto no se actualiza hipótesis alguna para que el secretario de acuerdos pueda tener el carácter de autoridad responsable, pues no se advierte que el acto reclamado tenga relación con una cuestión inherente a su cargo (como lo puede ser la omisión de dar cuenta con los escrito o promociones que se le presenten dentro del término previsto para ello o asentar en autos las certificaciones que deba realizar). * Además, para robustecer lo anterior, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, se desprende la actuación de los secretarios de acuerdos no implica un acto de autoridad para efectos del amparo, porque en términos de su artículo 30 Bis, inciso D), fracciones I y II, les corresponde dar cuenta, dentro de los términos legales, con los escritos, promociones y diligencias sobre los que deba recaer trámite o resolución; así como autorizar las resoluciones y actuaciones en que intervengan. De ahí que, como se dijo, dicho servidor público está desprovisto de imperio y decisión, toda vez que sólo tiene la función de auxiliar al juez de su adscripción para el trámite de las causas penales, por ello, es inconcuso que en el caso se actualice la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada de la fracción XXIII del artículo 61, * relacionada con la diversa II del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo. -Improcedencia respecto al acto atribuido al juez penal y diligenciario adscrito a ese órgano judicial Respecto al mencionado acto reclamado consistente en el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del proceso penal 15/2016-7, por el que el Juez Quinto de lo Penal del Estado de Puebla desechó el recurso de revocación que planteó el quejoso en contra del acuerdo por el cual le fue desechado un incidente de nulidad de notificación, la suscrita estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, del mismo ordenamiento. Dichos preceptos disponen lo siguiente * En ese sentido, debe destacarse que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que es posible sostener la improcedencia del juicio de amparo cuando resulte de alguna disposición de la constitución federal o de la mencionada ley; caso en el que deberán expresarse los fundamentos y motivos conforme a los cuales se sostiene dicha improcedencia. Por su parte, la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia indica que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; entendiéndose como tales, aquellos que sus consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Esto es, sin haber originado afectación alguna a esos derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al resolverse en definitiva el procedimiento de donde emana, o bien mediante el juicio de amparo directo. * Bajo ese contexto, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que, anteriormente, por virtud de criterios jurisprudenciales, se establecía la procedencia excepcional del amparo indirecto contra algunas violaciones procesales que afectaran a la parte quejosa en grado predominante o superior, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva que no lesionara derechos sustantivos. Sin embargo, la actual Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, precisa cuáles son los actos de imposible reparación, al establecer que por los mismos son aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En tales condiciones, puede afirmarse que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así pues, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable los criterios de interpretación, en los cuales eran admitidos actos vía amparo indirecto, aun cuando afectaran a las partes "en grado predominante o superior". Entonces, en el caso, el acto reclamado no genera efectos de imposible reparación, porque no afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate, supuesto de excepción que no se actualiza en la especie. Ello se estima así, pues el acto reclamado sí puede ser subsanado al emitirse la sentencia que corresponda, dado que el hecho de que el promovente no haya nombrado perito en materia de contabilidad (objetivo que persigue mediante el recurso de revocación que reclama, para que la autoridad de origen admita el recurso de nulidad que le desechó, instaurado en contra de la falta de notificación del acuerdo por el cual se admitió la prueba pericial que se comenta, a fin de corra su plazo para nombrar perito de su parte), no significa que no pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses. Sobre todo, porque sí tiene reconocido el carácter de agraviado en la causa penal de origen, como él mismo lo refiere, por lo que eventualmente pudiera dictarse una sentencia en la que se condene al procesado al pago de la reparación del daño, por el quantum que legalmente corresponda. Así, si la sentencia que se emita en el juicio natural le resulta favorable, la afectación que pudo resentir el promovente del amparo desaparecería por completo, pues quedaría enteramente satisfecha su pretensión fundamental; lo que demuestra que dicha afectación no trasciende de manera directa e inmediata a derechos sustantivos, en tanto que de darse ese supuesto no quedaría huella alguna en la esfera jurídica del quejoso. Y, por el contario, si la sentencia firme llegara a ser desfavorable a sus intereses, se estima que en su caso y de ser procedente, podría impugnar esa determinación y alegar la violación de la que en este momento se duele mediante amparo directo. De donde se sigue, como se dijo, que opera en la especie el motivo de improcedencia en estudio. * Lo anterior, es decir, la improcedencia en estudio, se hace extensiva al diligenciario señalado como responsable, ya que éste actúa en su carácter de autoridad ejecutora, en tanto se encuentra constreñido a actuar de acuerdo a lo que en su caso determine el juez penal responsable; es decir, se encuentra sujeto a comunicar las determinaciones que en su caso emita la autoridad judicial, sin embargo, al haberse actualizado una causal de improcedencia por lo que respecta a la actuación del juez, por ende tal improcedencia trasciende a la actuación del diligenciario. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable las causales de improcedencia invocadas en los apartados anteriores. Anotaciones internas Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio procesal y autorizado (restringido) de la parte quejosa. Se tiene como domicilio físico de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda -ubicado en esta ciudad de Puebla-. Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para imponerse de actuaciones y para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere en su ocurso de cuenta, pues omitió conferir de forma expresa tal autorización en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes
- Jorge Trujillo Martinez de Pinillos748/2023
- Jorge Vásquez Andoney935/2021
- Jorge Vázquez Sánchez275/2018
- Jorge Vidal Santillán Gallardo769/2018
- Josaphat Ramírez Guzmán781/2018
- Jose Abdon Ignacio Hernandez Landa632/2021
- Jose Abel Zenteno Bortolotti374/2021
- José Abelardo Gil Gómez590/2018
- Jose Adrian Gonzalez Vazquez50/2022
- Jose Adrian Gonzalez Vazquez768/2021
- Jose Adrian Gonzalez Vazquez1280/2021
- José Adrián Pastrana González937/2018