José Abel Tamayo Fernandez
Expediente 480/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 480/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Abel Tamayo Fernandez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veintinueve de mayo del año actual, en el que se desechó la demanda de amparo; por lo que se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes, que este expediente en que se actúa... es susceptible de destrucción. Notifíquese.
- Principal
RADICACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por ........ por propio derecho, por así desprenderse de la lectura del escrito de mérito, contra actos de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Iztacalco Agencia Investigadora del Ministerio Público IZC-2, ,........ regístrese tanto en el libro de gobierno de juicio de amparo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 480/2017. DESECHAMIENTO Una vez asentado lo anterior, este juzgado de Distrito estima que la demanda que se analiza, resulta notoriamente improcedente, por las siguientes razones y fundamentos legales: El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: Artículo 113: El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En efecto, de conformidad con el artículo antes mencionado, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. En el entendido que lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda de amparo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que en su caso se hayan anexado a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado el consistente en: El hecho de querer entregar el vehículo que en los antecedentes se describe a quien acredite su propiedad, dejándome en total estado de indefensión ya que como se detalla en los citados antecedentes yo adquirí ese vehículo en pagos, quedando la factura en garantía y que hasta antes de los hechos yo tenía la posesión legal del vehículo el cual me fue sustraído sin ningún mandamiento escrito por autoridad jurisdiccional, por lo cual al no ser oído y vencido en juicio solicito se entregue el vehículo a mi persona ya que de lo contrario se ven vulneradas mis garantías consagradas en la carta magna que rige nuestro país, específicamente violándose en mi perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, este Juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 16. (.) Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Lo anterior, así porque el precepto 61 de la ley en cita, en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio protector de derechos humanos, tenga apoyo en alguna disposición constitucional. ........ Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental, regula constitucionalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral en nuestro país para dejar a un lado el inquisitorio, derivado de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La envergadura de la reforma constitucional en materia penal, representa no sólo un parteaguas en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que conforman un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. Dicha reforma modifica, entre otros, el actuar de las autoridades que intervienen en el procedimiento jurisdiccional del país, debiendo contar con un juez para una etapa preliminar (como controlador de la investigación, quien concluirá el procedimiento derivado de convenciones entre las partes); otro, resolverá el asunto (en el juicio oral). Esto asegura el debido proceso legal y evita lo extenso de los procedimientos; al final, un juez vigilará y controlará la ejecución de la pena. Ahora, es pertinente señalar que, la implementación del nuevo sistema de Justicia Penal, de corte acusatorio y oral, tiene por objeto abandonar las tendencias inquisitivas para adoptar un proceso con características acusatorias, resaltando la separación de las tareas de investigación, acusación y juzgamiento en distintos órganos, con base en los principios constitucionales rectores que rigen a dicho sistema a saber: publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Cabe resaltar que dichos principios son la base y unificación que dota de coherencia y funcionalidad al nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro País; de ahí que las actuaciones (obligaciones y facultades) de los Jueces de tal sistema, como operadores de éste, debe ceñirse en todo momento a tales máximas contempladas en la Constitución Federal y a los diversos instituidos en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 128, 129 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se detalla la estructura general del proceso penal de acuerdo al sistema acusatorio, destacándose las siguientes etapas: Etapa preliminar o de investigación, que asume el Ministerio Público con los cuerpos de policía, con vigilancia judicial garantizada por el Juez de Control; aquí es cuando el Ministerio Público puede optar por la aplicación de un criterio de oportunidad; siempre que no se haya formulado imputación; Etapa intermedia o de preparación de juicio oral, en la que el juez de control resuelve sobre la aplicación de justicia restaurativa, esto es, de las formas alternativas de terminación del proceso, como son la mediación, conciliación, arbitraje, entre otras, las cuales procederán hasta antes de decretarse el auto de apertura del juicio oral; además, deberá calificar, en su caso, la detención; celebrar si es solicitada la audiencia de formulación de imputación, así como la de vinculación a proceso y de solicitud de medidas cautelares; depurar y admitir pruebas ofrecidas por los intervinientes, resolver sobre excepciones procesales y sobre la apertura del juicio oral; Etapa de juicio, donde se desahogan pruebas, se escuchan alegatos y se dicta sentencia definitiva; Así, en el tema de que se trata conviene precisar que la primera etapa llamada preliminar o de investigación comienza a partir de la "noticia criminis" y se agota una vez concluido el plazo que conceda el juez de control para su complementación. No obstante, siendo una sola etapa, tiene dos fases o momentos destacados: Antes de que el imputado quede a disposición del juez de control para la formulación de la imputación, a la que el Código Nacional de Procedimientos Penales denomina "investigación inicial"; y, A partir de la formulación de la imputación y hasta que se haya cerrado la investigación, a la que se le llama "investigación complementaria". La investigación "inicial" tiene el objetivo principal de que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos, así como datos y medios de prueba para sustentar el inicio del ejercicio de la acción penal de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Ahora, para procurar que las denuncias sean atendidas y que el Ministerio Público ejerza las funciones constitucionales de investigación, tiene las facultades y deberes que se encuentran contenidos en los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que textualmente disponen: "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión. Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados. Artículo 216. Proposición de actos de investigación ......... Artículo 128. Deber de lealtad .......... Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia ......... Así, de la interpretación de los preceptos transcritos, se colige que el Ministerio Público es quien constitucionalmente tiene la encomienda de la investigación de los ilícitos, y para ello tiene a su alcance no solamente los mecanismos que las leyes secundarias le otorguen, sino aquellos elevados a rango constitucional y los del ámbito internacional. Asimismo, que tan pronto el Ministerio Público, reciba la "noticia criminis", deberá dirigir la investigación penal, de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, cuya actuación en todo momento debe ser acorde con los principios de lealtad, objetividad y debida diligencia. Entendiéndose el primero de estos - lealtad- como aquel deber de informar de manera veraz sobre la investigación cumplida y los conocimientos alcanzados, y el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando ha resuelto no incorporar alguno de esos elementos al proceso. ........ Por tanto, conforme al nuevo paradigma del orden jurídico nacional, esa garantía o mecanismo, no es otra cosa que el derecho de la víctima a impugnar ante el Juez de Control las omisiones o determinaciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, esto es, que en la etapa preliminar la víctima acuda ante el órgano jurisdiccional competente ante el desacato de los artículos 212, 214, 216 en relación con los numerales 128 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte de la representación social del conocimiento y por ende del artículo 17 de la Constitución Federal respecto de una impartición de justicia pronta y expedita. .......... En esa tesitura, como ya se dijo, el propio precepto 61, en su fracción XXIII, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues se reitera, acorde a los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, Apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las omisiones y/o determinaciones del Agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial de control; siendo que un Juez de Distrito, cuya función consiste en el control de regularidad constitucional de los actos de autoridad, no se encuentra facultado para realizar prima facie, las funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Lo anterior es así, dado que los Jueces de Control están constitucionalmente facultados por el Poder Reformador para ejercer un control preventivo y complementario en la etapa de investigación lo que hace que el juicio de amparo biinstancial sea improcedente contra las omisiones y determinaciones del Agente del Ministerio Público en la investigación de los delitos en una carpeta de investigación, por ser un control de legalidad inmediato al Ministerio Público, por ende es previsible que los reclamados por infracción a derechos fundamentales sean reparados por el juez de control y sin que se soslaye que de manera subsidiaria resulte procedente el juicio de amparo, cuando la violación al derecho fundamental no haya quedado reparada, ante la potestad de los jueces de control. ......... .......... Aunado, a que establecer que el juicio de amparo indirecto sea procedente respecto de actos u omisiones de la representación social en la fase de investigación, sin pasar por el escrutinio del Juez de control, impondría a la víctima u ofendido e imputado un mayor gravamen y dilación; pues en la forma propuesta, luego de una audiencia, el juez de control resolvería de inmediato lo conducente; en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, en el que no rigen los principios de inmediación, publicidad, continuidad, contradicción y oralidad que caracterizan al nuevo sistema de justicia penal. Máxime que no estimarlo así, desnaturalizaría el juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley.
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