Jose Abel Sánchez García
Expediente 112/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 112/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jose Abel Sánchez García
Actuaciones
- Principal
Vista la razón de cuenta del Secretario, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en relación con los numerales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de la Materia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por la Secretaria de Tribunal del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, mediante el cual remite el juicio de amparo 112/2023, así como un testimonio de la resolución emitida el trece de octubre de dos mil veintitrés, en el recurso de queja civil Q.C. 73/2023, de su estadística. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad (órgano auxiliar), resolvió: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.".
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan y surta los efectos legales procedentes, el oficio signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en el Estado de México con sede en Nezahualcóyotl, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 112/2023, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios, relativo al recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************; e informa que se admitió a trámite la misma, la cual quedó registrada con el número Q.C. 73/2023; de lo que se toma en conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
En tales circunstancias, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que se encuentra programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con treinta minutos del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, para que tenga su verificativo.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida por ...contra actos del Municipio de Ixtapaluca, Estado de México. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno el juicio de amparo 112-2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este juzgado federal. se ordena formar el expediente electrónico correspondiente, que deberá conformarse con las mismas actuaciones que el expediente impreso. Así, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se advierte que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama en esencia: La omisión, desacato e incumplimiento del Ayuntamiento demandado, de realizar el pago de la cantidad de 330,078.00 trescientos treinta mil setenta y ocho pesos 00-100 moneda nacional, a que fue condenado en sentencia de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, dentro del juicio oral mercantil... del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl. Asentado lo anterior, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general... Al respecto es conveniente destacar que la fracción I, del artículo 1 de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado de mexicano sea parte. Por su parte, el artículo 5, en su fracción II, de la citada ley, señala que la autoridad responsable es la que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos aludidos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De esta manera, la Ley de Amparo, ajustándose a la interpretación de nuestro más Alto Tribunal, nos ofrece una concepción más amplia del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo y deja atrás las concepciones que la definía como aquélla que dispone de la fuerza pública, y que por lo mismo, está en posibilidad material de obrar como individuo que ejerza actos públicos. De lo anotado deriva que en la actualidad el juzgador debe observar cada caso en concreto para poder dilucidar si los funcionarios, organismos públicos o los particulares, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales puedan crear, modificar o extinguir por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Sentado lo anterior, de lo narrado en el escrito de demanda y documental que adjuntó, se obtiene que el quejoso... demandó en vía oral mercantil al Ayuntaminto de Ixtapaluca, Estado de México, el pago del monto contenido en facturas y demás prestaciones; y substanciado que fue ese trámite, se dictó sentencia definitiva el veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, condenándose a la enjuiciada, al pago de prestaciones, a excepción de gastos y costas. Ahora bien, el quejoso acude a esta instancia de control de constitucionalidad a combatir la omisión en que incurrió el Ayuntamiento demandado para dar cumplimiento al derecho reconocido en sentencia definitiva, pues la autoridad vencida no cumplió de manera voluntaria, tal como se acordó el uno de febrero de dos mil veintitrés. Luego, si el incumplimiento a la sentencia de condena por parte del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Estado de México, que derivó de un juicio oral mercantil y en que figuró como parte demandada, quien en ese trámite no tiene la potestad sino la obligación de cumplir con la resolución que emanó, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo porque se ubica en un plano de igualdad, y la igualdad procesal que subyace se extiende al ámbito de ejecución, quedando únicamente exceptuado en cuanto al embargo de ciertos bienes como serían los de dominio público ya sea por que estén destinados al uso común o para un servicio público, o bien los inmuebles del dominio privado. Ejecución que es factible desplegar respecto a bienes del dominio privado del Municipio muebles, y que son aquéllos que no son de uso común ni están destinados a un servicio público y que por su naturaleza están sujetos al derecho privado, siendo objeto de embargo; conclusión que se obtiene de una interpretación armónica de los artículos 13, 19, 20, 22, 29 y 30 de la Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. Bajo esa óptica, es de concluirse que no se reúne el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues en el caso, el ente vencido no actúo en un esquema de supra a subordinación, condición para la categorización de un acto de autoridad, sino dentro de un plano de bilateralidad con el actor aquí quejoso en el trámite de origen; particularidad que de manera inequívoca hace que cobre vigencia la causal de improcedencia que se delineó, aunado a que en el juicio de origen, se incorporó en el resolutivo tercero de la sentencia, apercibimiento de ejecución forzosa para el caso de incumplimiento voluntario. Así las cosas, este juzgador no se encuentra impedido para determinar en el auto inicial si un acto proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, como aconteció en la especie, habida cuenta que, el criterio mencionado versó específicamente sobre un caso en particular que no tiene correspondencia con el acto respecto del cual cobró vigencia la causal de improcedencia de acuerdo a los motivos en que se sustentó ese desenlace. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en correlación al numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA presentada por ... por notoriamente improcedente, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la citada legislación. Toda vez que el promovente solicita que las notificaciones ordenadas en el presente juicio, le sean practicadas vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario ...y al encontrarse debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza al quejoso a efecto de que pueda enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, ésta y las subsecuentes notificaciones, practíquensele vía electrónica. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento adicional respecto del domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, debido a que en el párrafo que antecede, se le tuvo la vía electrónica. Asimismo, se tiene por autorizado el correo electrónico como diverso domicilio no procesal, a fin de que este Juzgado de Distrito este en posibilidad de establecer contacto para evitar dilaciones procesales innecesarias. Se tiene por autorizado en términos del dispositivo 12 de la Ley de Amparo, con todas las facultades que el mismo confiere, a la persona que menciona siempre y cuando se encuentre registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.... En ese sentido, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta del expediente electrónico, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal...
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