José Abel Ramos Gómez

Expediente 279/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
279/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
04/04/2016

Partes del expediente

  • José Abel Ramos Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de abril de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación del Secretario, tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de tres de marzo de dos mil dieciséis, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma licenciado Alfonso Ortiz López, el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Christian Bonilla Loranca, quien autoriza y da fe. Doy fe. suly

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de marzo de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que la audiencia constitucional fijada en el presente juicio de garantías se celebró a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, sin que a la fecha se haya dictado sentencia, en cumplimiento al oficio STCCNO/1481/2015 de treinta y uno de agosto de dos mil quince, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al auxilio en el dictado de sentencias de amparo, por parte del Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, se ordena remitir el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, en el plazo establecido por dicha Secretaría Técnica en el punto de acuerdo C. CAR 164/2015-V de diecinueve de agosto de dos mil quince; expediente que corresponde a la remesa del mes de marzo de dos mil dieciséis, para que por su conducto sea remitido al referido Juzgado de Distrito Auxiliar, relacionándose en el acta circunstanciada que para tal efecto se levante; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del punto quinto del Acuerdo General 54/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región. En razón de lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con copia simple de las siguientes constancias: 1) papeleta de turno; 2) demanda de garantías; 3) auto admisorio; y, 4) audiencia constitucional; así como con el presente acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO SOLICITADO POR LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio SSP/07/16114/2015, el Director General de Asuntos Jurídicos y Representante Legal de la Secretaría de Seguridad Pública y Representante del Secretario de Seguridad Pública y en su carácter de Presidente de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública, informó a esta autoridad federal la imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, única y exclusivamente por lo que hace a iniciar el procedimiento correspondiente en contra del aquí quejoso Martín Jiménez Encarnación. Lo anterior, bajo la consideración de que con fecha catorce de abril de dos mil quince, dentro del expediente administrativo 159/2014/ABANDONO/PREVENTIVO, iniciado en contra del citado impetrante, se dictó resolución definitiva, en la que se determinó cesar o remover de su cargo al solicitante del amparo; resolución que, refiere, hizo del conocimiento del quejoso el veintisiete de abril de dos mil quince, realizándose los trámites administrativos correspondientes y causando baja por cese el dos de julio siguiente. Al respecto, debe indicarse que contrario a lo que sostiene la responsable, de las manifestaciones que expone y del análisis de las constancias que para tal efecto remitió, no se advierte que exista la imposibilidad material y jurídica a que alude, para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Se afirma lo anterior, porque por sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: "Deje insubsistente el acto reclamado y en su lugar, inicie un procedimiento en el que se ponga a la vista del quejoso los resultados derivados del proceso de evaluación que le fue realizado, a fin de que se respete su derecho fundamental de defensa adecuada y de audiencia." (Foja 586 vuelta) De lo que se sigue que en términos de lo que dispone el artículo 77 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable está obligada a realizar los siguientes actos: a). Dejar insubsistente el oficio SSP/07/1383/2014, de treinta de septiembre de dos mil catorce (acto reclamado); e b). Iniciar un procedimiento en el que se ponga a la vista del aquí quejoso Martín Jiménez Encarnación, los resultados derivados del proceso de evaluación que le fue realizado. No obstante, la autoridad responsable sostiene que existe una imposibilidad material y jurídica para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en virtud de las siguientes razones: "I. Con fecha catorce de abril de dos mil quince, dentro de los autos del expediente administrativo 159/2014/ABANDONO/PREVENTIVO, incoado en contra del C. MARTÍN JIMÉNEZ ENCARNACIÓN se dictó resolución definitiva que puso fin al procedimiento por la cual se determinó en términos del artículo 89, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública del Estado, CESAR O REMOVER DE SU CARGO QUE VENÍA DESEMPEÑANDO A MARTÍN JIMÉNEZ ENCARNACIÓN, COMO POLICÍA PREVENTIVO, SANCIÓN QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE LA LEGAL NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. II. Por tanto, y a través del oficio SSP/07/4934/2015 de fecha veintidós de abril, notificado de manera personal al C. MARTÍN JIMÉNEZ ENCARNACIÓN el día veintisiete de abril de dos mil quince, se le hizo de su conocimiento la resolución de cese mencionada en el punto que antecede, por lo que se realizaron los trámites administrativos correspondientes, emitiendo el movimiento de personal con número de acuerdo 15229 de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, el cual se desprende que EL QUEJOSO CAUSÓ BAJA POR CESE EL DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE (se adjuntan copias certificadas de ambas documentales). (.) Por lo antes mencionado, se desprende que el C. MARTÍN JIMÉNEZ ENCARNACIÓN con su baja por cese de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, ha dejado de pertenecer y ser integrante de las instituciones de seguridad pública, en este caso de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, y por lo tanto no forma parte de la rama de Policía Preventivo del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal y no cumple entre otras con el requisito de permanencia del Servicio Profesional de Carrera Policial. (.) Es por esto, que la Comisión del Servicio de Carrera Policial se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para iniciar el respectivo procedimiento correspondiente en contra del quejoso a fin de respetar su derecho de audiencia previa a su separación de las funciones de policía, en virtud de que, con su baja por cese de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, ha dejado de pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, y por lo tanto no forma parte de la rama de Policía Preventivo del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal y al no formar parte de esta dependencia, no se encuentra sujeto a los derechos y obligaciones que como elemento de seguridad pública estatal tenía, y que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, y su respectivo reglamento señalan, por lo tanto, no es posible iniciar un procedimiento a una persona que no forma parte del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal y no es elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (.)" Sin embargo, como se indicó, contrario a lo que refiere la autoridad responsable, el hecho de que se haya iniciado en contra del aquí quejoso un diverso procedimiento administrativo -159/2014/ABANDONO/PREVENTIVO-, en el que hasta el catorce de abril de dos mil quince se dictó resolución definitiva que decretó el cese o remoción del cargo que venía desempeñando al hoy impetrante Martín Jiménez Encarnación, como Policía Preventivo, no es una causa justificada para sostener que existe una imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente expediente. Lo anterior, porque de las constancias que remitió la autoridad responsable se advierte que la resolución de catorce de abril de dos mil quince, por la que se determinó cesar o remover de su cargo que venía desempeñando al hoy impetrante como Policía Preventivo, deriva de un procedimiento administrativo que se inició en contra del aquí quejoso el veinticinco de noviembre de dos mil catorce, por faltar a sus labores sin permiso o causa justificada los días veintisiete, veintinueve, treinta y treinta y uno de octubre de dos mil catorce. Mientras que el procedimiento del que derivó el acto reclamado en la presente instancia constitucional deriva de la separación o remoción del cargo que desempeñaba el impetrante al resultar "no aprobado" de los exámenes de control de confianza que le fueron aplicados. Como se ve, se trata de dos procedimientos diversos y desvinculados entre sí, habida cuenta que al momento de promover el presente juicio de amparo -octubre de dos mil catorce-, aun no se radicaba ni se resolvía el procedimiento administrativo 159/2014/ABANDONO/PREVENTIVO, por lo que al presentarse la demanda de amparo regía en el quejoso una situación jurídica; lo que implica que al haberse analizado dicha situación, y haberse determinado conceder el amparo y protección de la justicia federal, es incuestionable, que la nueva situación del quejoso con motivo del referido procedimiento 159/2014/ABANDONO/PREVENTIVO, no afecta con la que acudió el impetrante. Al margen de lo anterior, debe puntualizarse que en la sentencia que se emitió en el presente juicio de amparo, se determinó que la responsable transgredió en perjuicio del quejoso el derecho fundamental de audiencia y la decisión que decretó la separación del cargo por no aprobar los exámenes correspondientes, genera un impacto no sólo en el sentido de establecer que determinado elemento no es apto para desarrollar su función, sino de índole patrimonial, lo cual acontece desde que se decreta el acto de autoridad; de ahí que la circunstancia de que con posterioridad y por una causa diversa, determinado elemento sea cesado en el ejercicio de la función policial, no puede servir de base para no cumplir un fallo amparador, pues a partir de que la autoridad informe con toda precisión los exámenes que no aprobó el servidor público, éste tendrá la oportunidad de desplegar una eficaz defensa de sus intereses y, en todo caso, de demostrar la ilegalidad del acto de autoridad, y de esa forma, en su caso, tendrá derecho cuando menos a la indemnización correspondiente. Ello, con independencia de que el ahora quejoso actualmente no sea un elemento en activo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pues precisamente los efectos de la presente sentencia de amparo, implican que se respete el derecho fundamental de audiencia del quejoso y se le permita tener una adecuada defensa de sus intereses. Considerar lo contrario, es decir, que al haber sido separado del cargo el aquí quejoso con motivo de un diverso procedimiento administrativo, y ya no ser un elemento activo, la concesión del amparo quede sin efectos, implicaría que se deje en completo estado de indefensión al quejoso al no concederle un derecho que ya le había sido reconocido. En tales condiciones, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial y de la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio de Carrera Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en el improrrogable plazo de tres días siguiente a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando octavo de la sentencia emitida por el Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, el treinta de octubre de dos mil quince, misma que le fue notificada el diez de noviembre del presente año a través del oficio 8082/2015-I. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa de CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, en términos de lo establecido en el tercer párrafo del propio artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído acredite que ordenó a su subalterno dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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