José Abel Quzada Moreno

Expediente 761/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
761/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2022

Partes del expediente

  • José Abel Quzada Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Se ordena devolución de garantía. De conformidad con el artículo 156, última parte, de la Ley de Amparo, comuníquese a la parte quejosa, que cuenta con un plazo de dos años, contado a partir del siguiente al que quede notificada del presente proveído, para que realice el trámite correspondiente de dicha garantía. En el entendido que, de no acudir en el plazo concedido para tal efecto, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los depósitos y créditos al cuidado o a disposición del Gobierno Federal, constituidos en efectivo o en valores, prescribirán a favor del erario federal. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; por lo tanto, con fundamento en el numeral 2 de la ley invocada, en relación con los ordinales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que negó el amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anteriormente expuesto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. En términos de la fracción I, inciso b) y dos últimos párrafos del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración una vez que transcurran más de tres años de haberse ordenado el archivo de este asunto, dado que se negó a la parte quejosa la protección constitucional. El dispositivo legal en mención, textualmente refiere: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y (...) El órgano jurisdiccional conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido estos expedientes. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, el órgano jurisdiccional deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación." (Lo subrayado en negritas es propio). Por tanto, una vez transcurrido el plazo indicado en el penúltimo párrafo del referido numeral, procédase a su depuración y hecho lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tomando en consideración que el acto que se impugnó en esta vía deriva de un procedimiento penal, donde no existen documentos originales por devolver, no se ubica en alguno de los supuestos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el que no se considera de información reservada. En otro orden de ideas, agréguese a los autos el oficio signado por la Juez de Primera Instancia en Materia Penal adscrita al Distrito Judicial Morelos en Funciones de Control, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintiséis de noviembre de este año, dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, imponiéndose un plazo de cierre de investigación de dos meses; lo anterior, sin que haya necesidad de hacer mayor pronunciamiento al respecto, en atención a lo acordado en líneas precedentes. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que, mediante oficio CCJ/ST/2784/2020, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, el Secretario Técnico de la Comisión de la Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que con motivo de la readscripción de la Titular María Guadalupe Contreras Jurado, la referida Comisión de Carrera Judicial, autorizó al licenciado Adolfo Rendón Sotelo, para desempeñar las funciones de Juez de Distrito, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, a partir del veinticuatro de noviembre del presente año, y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Abel Quezada Moreno, en contra el acto reclamado por las razones precisadas en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La notificación de la presente resolución se realizará en los términos precisados en el considerando séptimo del presente fallo. Notifíquese y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que la diligencia de emplazamiento del tercero interesado Jesús Pilar Moya Alcazar, tuvo verificativo el quince del mes y año en curso, tal y como se desprende de las constancias que remitió la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos de Robo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, con residencia en esta ciudad. En atención a lo anterior, a efecto de no dejar en estado de indefensión a dicho tercero interesado, puesto que no han transcurrido los ocho días para que pueda imponerse del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable y de las constancias que obran en este juicio, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para su verificativo.

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