José Abel Marquez de Anda

Expediente 22/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
22/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/02/2022

Partes del expediente

  • José Abel Marquez de Anda

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el oficio 2941/2022 signado por el secretario del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Axel Daniel Mendoza Zamora, en su carácter de apoderado legal de JOSÉ ABEL MARQUEZ DEL ANDA, motivo del presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto, la demanda de amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. RADICACIÓNVista; la demanda de amparo promovida por Axel Daniel Mendoza Zamora, en su carácter de apoderado legal de JOSÉ ABEL MARQUEZ DEL ANDA, personalidad que acredita con el instrumento público treinta y siete mil novecientos treinta y seis de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, pasada por la fe del Notario Público Dieciocho de Tlaquepaque y Zona Metropolitana de Guadalajara de dos mil veintiuno, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de San Juan de los Lagos, Jalisco, por violación a los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 22/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA En el caso particular, este Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica de Hidalgo, considera carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo. Para demostrar lo anterior, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." [Lo resaltado es propio]. De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de amparo no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora bien, para determinar si en el caso se está en alguna de las hipótesis de incompetencia de este juzgado para conocer del presente asunto, debe tenerse presente que el acto reclamado se hizo consistir en: "a) Le reclamo a la autoridad señalada como ordenadora; el ilegal actuar en el procedimiento 194/2020 de su índice, en donde se ha seguido de manera ilegal, sin proteger y tutelar el derecho de audiencia y defensa, ni el debido proceso, del cual fui conocedor de una supuesta sentencia en contra de mi representado, la cual se está pretendiendo ejecutar y despojar así de los bienes que este pose, privándole de su derecho humano de audiencia y de defensa, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicito y dejar sin efectos todo el procedimiento llevado posterior a la citada sentencia, a cabo en el expediente 194/2020 ante el citado juzgador, por violar en mi perjuicio las normas esenciales del procedimiento dejándome en estado de indefensión, violando su derecho humano de audiencia y de defensa; b) De las autoridades señaladas como ejecutoras, reclamo la ilegal notificación de la sentencia al suscrito, así como todos los acuerdos dictados en el juicio posterior a esta y todas las notificaciones que me fueron supuestamente realizadas, violando las normas esenciales del procedimiento, puesto que el notificador del juzgado hizo constar hechos falsos en los citatorios y acta de notificación que llevó a cabo a las 12:00 horas de los días 14 y 15 de octubre de 2021, para ilegalmente ejecutarme, como lo acreditaré oportunamente." Asimismo, del capítulo de hechos del acto reclamado se desprende lo siguiente: "1 .- Es el caso que mi representada es una persona que ha estado constantemente con problemas de salud, como lo es Diabetes Mellitus tipo II, con epilepsia tipo Focal y Generalizadas por lo que constantemente tiene lapsos de desconocimiento y afectación cognoscitiva. 2.- Aprovechando de esta situación, el Sr. Abel Muñoz Muñoz utilizando artimañas y actos antijurídicos, falsificó la firma de mi representado en 3 documentos pagarés valiosos, supuestamente fechados el 2 de julio del 2019, por la cantidad total de $1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.) , los cuales mi representado en ningún momento suscribió. 3.- Utilizando las instituciones judiciales para ello, el Sr. Abel Muñoz Muñoz presentó demanda mercantil oral en contra de mi representado, el cual en razón del territorio le tocó conocer al Juzgado Mixto de Primera Instancia de San Juan de los Lagos, el cual se le asignó el número de expediente 194/2020, admitiéndose el día 1 de octubre del 2020. 4.- Una vez emplazándose la demanda, al momento procesal oportuno de contestar la demanda, mi representado hizo clara mención que en ningún momento suscribió documento alguno, ni le adeuda cantidad alguna al Sr. Sr. Abel Muñoz Muñoz, para acreditarlo se ofreció la pericial en grafoscopía. 5.- De manera inexplicable, sin que se le haga citación a mi representada para la celebración de las audiencias que marca la ley, ni la celebración de estas, es que mi representada se dio cuenta por medio de una personas que acudieron ante el en su domicilio (el cual me reservo la información en este momento por ser datos personales) y dijeron ser personal del juzgado, mismos que se presentaron ante él, el día 1 1 de enero del 2022, señalando que iban a ejecutar una sentencia, por lo que se le iba a privar de la propiedad y la posesión que tiene del inmueble marcado con el número 37 de la calle Independencia, en la ciudad de San Juan de los Lagos, ordenándoles que lo desocuparan a la brevedad sino volverían con auxilio de la fuerza pública, supuestamente esto había sido ordenado en el expediente 194/2020, del cual el quejoso no ha sido legalmente notificado de dichas actuaciones, y al acceder a información oficial en la página oficial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco http://cjj.judicaturaialisco.net/Boleti n.php se encontró con la siguiente información: 6.- Al presentarse al citado juzgado una autorizada de mi poderdante al imponerse del contenido de dichas constancias y al allegarlas al quejoso, nos percatamos de que existía en las fojas 56 y 57 del referido expediente 194/2020 una ACTA DE CITATORIO, (Cumplimiento de citatorio) y CEDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA, que contienen hechos y datos falsos, así como las diversas violaciones procesales cometidas en mi perjuicio, a las que me referiré en el capítulo de los conceptos de violación de esta demanda." Así las cosas, la suscrita considera que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, toda vez que el acto reclamado tendrá ejecución en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado. "Registro digital: 186052 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 47/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Septiembre de 2002, página 49 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía." Lo anterior se determina así, en virtud de que el promovente reclama todo lo actuado en el expediente 194/2020, así como la ejecución de la sentencia dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia en San Juan de los Lagos, Jalisco; por lo que dicho acto se materializará en dicho municipio. De modo que, no se está en presencia de un acto declarativo y por ende, no se puede aplicar la regla de lugar de presentación de la demanda de amparo, sino que la competencia se fija con base en las reglas de ejecución, pues el acto reclamado requiere de ejecución material. Por tanto, los actos reclamados en el presente juicio de amparo tendrán ejecución en un lugar diverso al en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, esto es, se materializará en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco, pues es en ese lugar donde se encuentra el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en San Juan de los Lagos, Jalisco, donde se encuentra radicado el juicio natural; por lo que, es inconcuso que corresponde conocer del presente asunto al Juez de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: Época: Séptima Época Registro: 395560 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1985 Parte VIII Materia(s): Común Tesis: 91 Página: 142 COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACIÓN ANALÓGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Por lo tanto, este Juzgado Federal es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda que nos ocupa, en atención a las consideraciones expuestas. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el punto Segundo, fracción VII, párrafo quinto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto y estima que resulta competente el Juez de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan. Resulta aplicable, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Octava Época Registro: 206167 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Mayo de 1992 Materia(s): Común Tesis: 1a. II/92 Página: 94 COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto." De igual forma, tiene aplicación por su sentido y consideraciones, la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 200781 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Junio de 1995 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 13/95 Página: 107 COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, o se haya ejecutado el acto reclamado; la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados, analizados y, en su caso, destruidos a través del juicio de garantías; por tanto, la conducta atribuida a particulares que pueden derivar o apoyarse en los actos reclamados, no puede servir de base para fijar la competencia de los jueces de Distrito, toda vez que los fallos de amparo solamente vinculan a las autoridades." En consecuencia, debe remitirse los autos originales que conforman este sumario y sus anexos, al Juez de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno, con residencia en Zapopan. Por tanto, recábense las copias de las constancias que resulten necesarias de este expediente, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales procedentes. Por lo que, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que realice las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Héctor Manuel Legorreta Pérez, Héctor Isaac Legorreta Ortega, Elisa Legorreta Ortega y Axel Daniel Mendoza Zamora, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a Karla Miroslava Huerta Díaz, Diego Armando Rubio Delgado, Evelyn Guillen Romero y Jenifer Alexandra Prado Jiménez, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, toda vez que el impetrante del amparo no señaló domicilio en esta ciudad, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. ACCESO Y CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se le autoriza el acceso electrónico al presente asunto, y para tal efecto, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, para que realice el trámite correspondiente para que el promovente pueda tener acceso y consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo con el usuario: hlego84 y AxelDaniel; significándosele que a partir del día de hoy se encuentra habilitado para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia a los Acuerdos Generales conjuntos 1/2009 y 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, así como el diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el cual en el transitorio tercero precisa que queda derogado el Título Cuarto, De los servicios electrónicos del CJF, del Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las constancias indispensables para su debida integración. COMUNICACIÓN ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1º, 2º, fracción V, 3º, fracción X; 4º, 7º, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción l, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite a las partes y a sus autorizados la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se invita a las partes a que: a) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo que significa que no podrá practicarse ninguna notificación a través de estos medios, únicamente son para establecer contacto. El contenido de estos contactos deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DENTRO DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL Se precisa a las partes, que en caso de que deseen consultar el expediente electrónico en los equipos de cómputo que están a su disposición en este órgano jurisdiccional, deberán generar una cita a través de un proceso automatizado disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el que se les otorgará un Código QR que permitirá a éstas y, en su caso, a otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresar al órgano jurisdiccional, plenamente identificadas y registradas, dicho código podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, en el entendido de que la cita durará un máximo de veinticinco minutos, de conformidad con los artículos 3, 6 , fracción II, y 8, del referido Acuerdo General 21/2020. INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS Con apoyo en el artículo 2°, fracción VI, del referido Acuerdo General 21/2020, se instruye a los secretarios de este juzgado para que se realice la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos, asimismo, en caso de detectar alguna omisión, lo hagan saber a la titular para ordenar que se subsane de inmediato. DILIGENCIAS PERSONALES De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021, las diligencias personales que se realicen en este asunto, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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