José Abel Figueroa Cuellar

Expediente 120/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 29 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
120/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
29/02/2016

Partes del expediente

  • José Abel Figueroa Cuellar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Por recibido el oficio con registro 2769, que firma la autoridad responsable Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, el que se ordena glosar al sumario para constancia y efectos legales procedentes, sin hacer mayor pronunciamiento, en consideración a lo que en subsecuente será establecido. Téngasele ofreciendo como prueba la documental que adjuntó a su informe, consistente en copia certificada de la causa penal 105/2015 de su estadística, contante de cinco tomos, que se instruye contra **********(aquí quejoso), por el delito de homicidio doloso. Así también, intégrese a los autos la diversa misiva con registro número 2803, que firma dicha autoridad jurisdiccional, adjunto al cual remite testimonio autorizado de la resolución de plazo constitucional pronunciada en veintiséis de febrero de la presente anualidad dentro de la causa penal 105/2015, en la que decretó auto de formal prisión contra ************(aquí quejoso), por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio, previsto y sancionado por el artículo 138, en relación con el 139 del Código Penal del Estado, cometido en agravio de las personas que en vida respondían a los nombres de ********** y, por tanto, señala el cambio de situación jurídica dentro el juicio de amparo en que se actúa. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2º de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153 del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, cabe precisarse que las diversas autoridades responsables Subprocurador de Justicia Región "C", el Director de Control de Procesos de la Región "C", ambas en esta ciudad, y el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, con sede en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, reconocieron la existencia del acto reclamado, mientras que los Jueces Penales de Partido Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto, así como el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, residentes en esta ciudad negaron la existencia de la orden reclamada. En este orden de ideas, se advierte que se acredita de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 a 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". En efecto, el referido quejoso señaló como acto reclamado la orden de aprehensión y su ejecución; cuya emisión aceptó el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, al rendir su informe justificado; asimismo, de las constancias que se adjuntaron a las misivas de cuenta, se observa que habiéndose cumplimentado la orden de aprehensión librada al quejoso en la causa 105/2015 de su índice, en veintiséis de febrero de la presente anualidad, el Juez de la causa dictó auto de formal prisión a ************, al considerarlo probable responsable del delito de homicidio doloso cometido en agravio de las personas que en vida respondían a los nombres de ************. Así las cosas, es claro que en el caso la orden de aprehensión reclamada ha sido sustituida procesalmente por el auto de formal prisión dictado al quejoso, por el Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad, en la causa 105/2015; por lo que su situación jurídica se encuentra regida por un acto diverso a aquél por el cual se presentó la demanda de amparo, y por lo cual no puede resolverse respecto del acto primigenio, sin afectar su nueva situación jurídica. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XVII, en relación con el 63, fracción V, de Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente juicio fuera de audiencia, respecto al acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión, dictada en la causa 105/2015, que se atribuye al Juez Primero Penal de Partido en esta ciudad. Tiene sustento a lo anterior, la Tesis: 2a. CXI/96 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional.". Así como, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, con el rubro y texto: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos.". Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las responsables ejecutoras Subprocurador de Justicia Región "C", Director de Control de Procesos en la Región "C", ambos residentes en esta ciudad, así como al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, residente en la ciudad de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página seiscientos noventa del Tomo II, Segunda Parte, que corresponde a los meses de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.". Asimismo, el sobreseimiento se hace extensivo a los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto Penales de Partido, así como al Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado, todos residentes en esta ciudad, toda vez que de autos se desprende que los mismos negaron el acto reclamado, y no existe elemento alguno que permitiera advertir la existencia de algún mandamiento de captura diverso contra el quejoso por parte de los primeros ni su ejecución por parte de la última autoridad. Cabe precisar que fue procedente sobreseer fuera de audiencia, ya que tal situación no priva de defensa al quejoso, en virtud que la determinación se sustenta en una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, que se actualiza cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta el auto de término constitucional por el que se resuelve la situación jurídica de éste, y que, en el caso, a través de dicho acto procesal, le fue determinada su formal prisión; la cual es la que rige ahora la situación jurídica de éste, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar su nueva situación; de modo que de existir las posibles violaciones contenidas en el primero, deben considerarse consumadas de modo irreparable, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si en nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. De ese modo, al ser clara la actualización de la causa de improcedencia analizada; en consecuencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. Cabe destacar que cuando existe una causa notoria de improcedencia, como ocurrió en la especie, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se previene de la jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 43 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a loa anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta y siete minutos del próximo ocho de marzo.

  2. Incidental

    Primero. Se NIEGA la suspensión definitiva a *************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando primero de esta resolución. Segundo. Se CONCEDE la suspensión definitiva a **************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el oficio número 404, firmado por el Juez Primero Penal de Partido de esta ciudad, a través del cual informa que el día veinte de febrero del año en curso fue cumplimentada la orden de aprehensión girada en fecha quince de mayo de dos mil doce, contra el hoy quejoso ************ dentro de la causa penal 105/2015 de su índice, y que señaló el siguiente veintidós de febrero para escucharlo en declaración preparatoria.

  4. Principal

    Agréguese el oficio telegráfico remitido por el Jefe de Grupo de la Policía Ministerial de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, mediante el cual rinde su informe justificado de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional.

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