Jose Aaron Chi Sanchez
Expediente 709/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 709/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Jose Aaron Chi Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
V- Agréguese los escritos de cuenta, signados electrónicamente por ******************** Villalobos García, asesora jurídica federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública, designada para que funja como representante de la niña involucrada en este asunto. En el primer escrito, y con motivo de tal designación se le tiene aceptando y protestando el cargo de representante especial del niño involucrado en este asunto. Con el segundo, proporciona usuario, solicita acceso al expediente electrónico, así como notificaciones por la misma vía, señala autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a otras personas únicamente para oír y recibir notificaciones, así como autorización para imponerse a través del uso de dispositivos y lectores ópticos. En tal virtud, téngase como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************; toda vez, que tienen registradas sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; en tanto que en términos restringidos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las demás personas citadas en su oficio de cuenta por así solicitarlo expresamente. Asimismo, con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al asesor y sus autorizados el empleo de aparatos propios para la obtención documental por medio de imágenes de las actuaciones que integren el expediente para la disponibilidad de su reproducción. Lo antes expuesto tiene sustento en el siguiente criterio: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL)." Época: Décima Época Registro: 2007298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: I.13o.T.15 K (10a.) Página: 1560. Por otra parte, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que el usuario "********************", se encuentra debidamente registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y fracción IV del artículo 26 de la Ley de Amparo, se autoriza a la asesora en cita, por medio del citado usuario consultar el presente expediente en línea y ser notificada por el mismo conducto. Lo anterior, hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico adscrito a este Juzgado, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
- Principal
V- Agréguese el oficio DQR/1375/2023 remitido al correo electrónico de este juzgado, por el titular de la delegación en Quintana Roo del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual informa que designó a la asesora jurídica federal, Brisa del Mar Villalobos García, como representante de la niña tercero interesada en el presente asunto de quien proporciona los datos de contacto. Sobre lo cual, este órgano toma debido conocimiento para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
V- Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa, no se encuentra debidamente integrado el presente juicio constitucional, en virtud de que en el presente asunto existen intereses en conflicto entre los progenitores en relación con la niña involucrada. Po tanto, gírese atento oficio por la vía correo electrónico al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo, con copia de la demanda, para el efecto de que se sirva nombrar asesor Jurídico, con la finalidad de establecer que la referida niña cuente con un representante especializado en derecho que lo represente en el juicio constitucional, a efecto de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado para ella, quien con dicho carácter quedará autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente juicio constitucional en representación de la niña quejosa involucrada, por lo que deberá remitirse copia de la demanda promovida en este asunto. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. EN ARAS DE HACER EFECTIVA SU TUTELA EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE FUNJA COMO PARTE O LA MATERIA DE DEBATE LO CONSTITUYAN SUS DERECHOS, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE TIENE UNA REPRESENTACIÓN ADECUADA Y, EN CASO DE NO ESTAR GARANTIZADA, ASIGNARLE UN ASESOR JURÍDICO DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA. El artículo 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instituye el concepto de interés superior del niño. Por su parte, los artículos 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, estatuyen el derecho fundamental del menor de ser escuchado y de manifestarse libremente en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o a través de un representante u órgano apropiado y la obligación de los tribunales de atender el interés superior del niño, en todas las resoluciones que emitan. En consonancia con lo anterior, los artículos 38, 39, 48 y 49, inciso B, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen el derecho de los niños a la libertad de expresión, el cual incluye el de ser informados y su libertad de opinión, es decir, que se les tome su parecer en todos los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les conciernen. Ahora bien, de una interpretación conforme de esos numerales que favorezca a los menores la protección más amplia, se concluye que en los juicios de amparo, en que un niño, niña o adolescente funja como parte o la materia de debate lo constituyan sus derechos, el Juez de Distrito está obligado a verificar que tiene una representación adecuada y, en caso de no estar garantizada, asignarle un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública, en aras de hacer efectiva su tutela. Esto es así, porque es obligación de los Jueces para concretar la igualdad en el acceso a la justicia, constatar en los juicios de amparo que ante ellos se tramitan, que exista un patrocinio apropiado del menor y, en caso de no estar asegurado, suplirlo con la designación de un abogado especializado que auxiliará al niño a lo largo del proceso; máxime que esta interpretación se ha recogido en el "Protocolo de Actuación para quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Niños, Niñas y Adolescentes", editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es orientador para el juzgador, en el que se retoman tanto los derechos contenidos en tratados vinculantes para los Estados que los han ratificado, como su interpretación en documentos de diferente naturaleza jurídica." De igual manera, es aplicable la tesis que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." En tal virtud, proceda el actuario adscrito a remitir el oficio con transcripción de este acuerdo y los anexos indicados al correo institucional ifdpqr@correo.cjf.gob.mx glose la constancia de envío y solicite el acuse de recibo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se dispone diferir la audiencia constitucional, señalada para tener verificativo el día de hoy; y, se fijan como nueva hora y fecha para su desahogo las diez horas con cincuenta minutos del 2 de enero de 2024. Notifíquese.
- Principal
V- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que los días 19, 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de octubre de 2023, se suspendieron labores y se consideraron como inhábiles, mediante los oficios número 39/2023, 40/2023, 41/2023 y 42/2023; ello, conforme a los artículos 9, fracciones XIII y XIV, así como 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el que establece las disposiciones sobre el funcionamiento de las Coordinaciones de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito ante el propio Consejo. Lo anterior, por causa de fuerza mayor derivado de la protesta y paro de labores por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales con sede en Chetumal, Quintana Roo, lo cual generó que litigantes, personas justiciables y servidores públicos no pudieran ingresar a los inmuebles; a fin de salvaguardar los derechos procesales de las partes, por decisión de los titulares de los Juzgados de Distrito que se ubican en la ciudad de Chetumal; por tal motivo, no fue posible acordar lo conducente en este expediente; asimismo, que la audiencia constitucional se encontraba fijada para tener verificativo a las 10:45 horas del 19 de octubre de 2023. En consecuencia, se fija como nueva hora y fecha para su desahogo las 11:05 horas del 22 de noviembre de 2023. Notifíquese por lista.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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