Josafat Laurencio Justo Roque
Expediente 496/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 20 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 496/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 29/06/2022
Partes del expediente
- Josafat Laurencio Justo Roque
- Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 7.1.1, numeral 1 y 7.6 respectivamente, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional. Por otra parte, devuélvanse a la autoridad responsable Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, los discos versátiles digitales relacionados con la carpeta administrativa 141/2021 de su índice, que adjuntó al rendir su informe justificado, y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que sea necesario que acuse recibo al ser copias certificadas.
- Principal
Toluca, Estado de México, uno de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa en proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, a fin de que manifestará lo que a su derecho conviniese respecto a la forma en dio cumplimiento la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo, por ser cuestión de orden público, que amerita revisión oficiosa. Por sentencia engrosada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito otorgó el amparo y protección federal solicitado, para el efecto de que la Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta administrativa 141/2021. b) Reponga el procedimiento únicamente respecto de la audiencia inicial, hasta el momento en el cual se desahogaron los datos de prueba, y en dicho acto, cuestione al inculpado si es su deseo o no revocar el nombramiento en favor de Carlos Alberto Ramos López, para lo cual deberá atender los lineamientos de esta ejecutoria, es decir, si el inculpado decide cambiar el abogado, el Juzgador deberá ordenar que se le designe uno nuevo en tratándose del defensor de oficio, o bien, preguntarle cuál designará él, si se trata de un defensor particular. Al efectuarse el cambio, deberá otorgarse al inculpado y su nuevo abogado el tiempo suficiente para preparar nuevamente su defensa y así subsanar las fallas o deficiencias que se hubieran presentado, atendiendo a las circunstancias del caso concreto; por el contrario, si el inculpado insiste en seguir con el mismo defensor particular, esto es, que si a pesar de la prevención correspondiente al imputado decide no designar otro abogado que lo defienda, el Juez le nombrará un defensor público para que colabore en su defensa y así evitar que los derechos del inculpado se vean vulnerados. De todo lo anterior, deberá dejarse constancia oral conforme al sistema de justicia penal bajo está siendo juzgado. c) Hecho lo anterior, ordene el desahogo de los datos de prueba consistentes en la testimonial a cargo de Rosa María Guadarrama Juárez, y la ampliación de declaración de Francisco López Cortés; posteriormente, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda, atendiendo tales datos de prueba, así como los desahogados en audiencias de quince y dieciséis de mayo del año en curso. Asimismo, vigile en todo momento que la defensa del quejoso sea acorde con lo establecido en la Constitución, tal como se precisó en esta ejecutoria. Cabe aclarar que la sentencia de amparo, se declarara cumplida una vez que la autoridad atienda los puntos anteriores, no siendo motivo de valoración el sentido positivo o negativo que se le dé a la resolución que recaiga. Inconforme con esa determinación, el defensor del quejoso Josafat Laurencio Justo Roque, interpuso recurso de revisión, mismo que por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien por ejecutoria de treinta y uno de marzo del año en curso, resolvió el amparo en revisión 243/2021, en los términos siguientes: "PRIMERO. Con precisiones, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en está ejecutoria, la Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Josafat Laurencio Justo Roque, respecto del acto y autoridad citados en el resultando primero de esta resolución." Lo efectos precisados en dicha ejecutoria son: ".I. A fin de respetar de manera irrestricta los principios que rigen el sistema penal acusatorio y oral, entre ellos el de inmediación, la juez de control que debe dar cumplimiento al fallo protector debe ser la misma que conoció de la imputación y solicitud de vinculación a proceso, en atención a que el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla el principio de inmediación, el que comprende que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. En atención a que, ese principio pretende que el juez esté en contacto permanente con las partes durante el desarrollo de su intervención en cualquier audiencia, puesto que dicha máxima no tiene aplicación únicamente durante la etapa de enjuiciamiento, sino que debe regir en las audiencias preliminares al juicio. Lo anterior porque si a través de sus sentidos el juzgador conoció la formulación de la imputación y los datos de prueba, no sería dable que sea un diverso juez quien resuelva la situación jurídica del imputado, ya que éste no percibió de viva voz las acciones u omisiones que se atribuyen, la declaración del imputado -en su caso- así como la referencia o recepción de los datos de prueba a cargo de la representación social, porque no estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron. Además, la circunstancia de que sea un mismo juzgador el que conozca de la imputación, los datos de prueba y resuelva la vinculación, al tratarse de actos procesales íntimamente relacionados, implica transparentar la toma de decisiones, en la medida en que ese juez será quien conozca totalmente la información sobre la que tomará la determinación de vincular o no a proceso, lo que reducirá el riesgo del error judicial. Actuar en contrario, podría trastocar los principios de continuidad y concentración, pues el objetivo es que la audiencia inicial tenga una secuencia lógica y se verifique en el menor tiempo posible, a fin de que el resolutor, por el poco tiempo transcurrido, tenga presente la totalidad de los argumentos de las partes y los datos de prueba, porque serán precisamente éstos los que le sirvan para fundar y motivar adecuadamente su determinación. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 29/2018 (10a.) que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 56, julio de 2018, tomo I, página 252, décima época, materias(s): Penal, registro digital: 2017367, del título y subtítulo siguientes: "PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN. EL JUEZ DE CONTROL QUE DICTE EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DEBE SER EL MISMO QUE CONOCIÓ DE LA IMPUTACIÓN Y LA SOLICITUD DE VINCULACIÓN POR EL MINISTERIO PÚBLICO". II. En atención a que, de autos se advierte que el quejoso sufre una discapacidad auditiva, deberá adoptar todas las medidas compensatorias establecidas en el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad, de forma enunciativa proporcionar la asistencia que requiera para comunicarse e informarse acerca del procedimiento que enfrenta, ya sea mediante una persona guía, o intérprete certificada de Lengua de Señas Mexicana, lectura labial, o por formatos digitales, con la finalidad de que conozca cual es el sentido de la actuación judicial y el rol que tiene dentro de ella, garantizando de ese modo, otros derechos implícitos en el de acceso a la justicia como lo es el de debido proceso, u otros relacionados con aquel, como el derecho de acceso a la información y a la accesibilidad. Pues, no debe perderse de vista que la ausencia de este derecho, la vulneración o la restricción de éste, invariablemente influirá en una escasa interacción de las personas con discapacidad con la sociedad que les rodea, y, por lo tanto, en un escaso ejercicio de todos los derechos de las que son titulares, entre ellos, el derecho de acceso a la justicia. III. También, con el fin de proteger el derecho a la tutela judicial efectiva, se deberá ponderar y en su caso emitir las acciones compensatorias a propósito de que el quejoso es un adulto mayor, lo que constriñe a la autoridad responsable a observar el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", en el cual en su numeral 17 se estableció los derechos de los ancianos, consistente en la protección especial a que toda persona tiene derecho durante la ancianidad y la obligación del Estado Mexicano a proporcionar instalaciones adecuadas, alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de aquéllas y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas por sí mismas; aunado a que al figurar como imputado o sentenciado en un proceso penal, deberá tenerse en cuenta como consideración especial su edad. Así, al estar garantizado su derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados celebrados ante organismos internacionales, implica también la obligación tanto de las autoridades de investigación como las judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia en el ámbito de sus respectivas competencias ajustar su actuación para brindar equidad entre las partes. Al efecto, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en sus artículos 1, 2, fracción I, 3 fracción I, 4 fracción V y 5, fracción II, entre otras cosas, establece que su aplicación corresponde, al tratarse de una "ley general", a la federación, entidades federativas y municipios, por lo que para atender uno de sus principios rectores, que es la atención preferencial a ese tipo de personas, tales directrices deben aplicarse en los procesos penales en donde figuren como parte agraviada u ofendida, inculpada o sentenciada. Consideraciones especiales que implican, correlativamente, un derecho de adulto mayor y una obligación de la autoridades de investigación y judiciales que tienen que ver con la procuración y administración de justicia, y que pueden ser de forma enunciativa las siguientes: a) A gozar de la presunción de ser adulto mayor, salvo prueba en contrario; b) Dar mayor celeridad en la realización de las diligencias que se ordenen en los procesos penales; c) Monitoreo constante de sus niveles de salud física y mental con auxilio de las autoridades correspondientes; d) Trato preferencial en los horarios para comparecer ante el Juez de la causa; e) Analizar con detenimiento si su edad fue determinante para la comisión de los hechos que le imputan; f) En caso de dictarse sentencia absolutoria, velar por su inmediata libertad, corroborando previamente sus condiciones alimentarias y de salud, así como que al salir no se le exponga a las inclemencias del tiempo o a la soledad de su retiro del centro de reclusión en horarios impropios para la facilidad del traslado; g) Establecer el modo y lugar de internamiento tanto para la prisión preventiva como cuando cumple la pena corporal impuesta, tomando en consideración la edad de sesenta años o más; y, h) En determinados supuestos, tener derecho a sufrir prisión, en sus domicilios particulares. Hipótesis que deben entenderse de manera orientadora, para preservar los derechos humanos de estas personas que fueron así reconocidas en el marco jurídico nacional e internacional. A lo anterior, se invoca porque se comparte, la jurisprudencia VII.4º.P.T.J/4 (10ª.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 9, agosto de 2014, tomo III, Materia (s): Constitucional, página 1397, registro digital: 2007244, del rubro siguiente: "ADULTOS MAYORES. CONSIDERACIONES ESPECIALES QUE, CONFORME AL MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL, DEBEN RECIBIR DE LAS AUTORIDADES QUE PROCURAN Y ADMINISTRAN JUSTICIA CUANDO EN LOS PROCESOS PENALES FIGURAN COMO AGRAVIADOS U OFENDIDOS, INCULPADOS O SENTENCIADOS". IV. Finalmente, en caso de emitirse auto de vinculación a proceso, de forma irrestricta deberá atender la línea jurisprudencial trazada por el Pleno en Materia Penal de este Segundo Circuito, en cuanto a que, aquella determinación debe constar por escrito, ya que el párrafo segundo, fracción IV, del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de forma expresa e inequívoca, establece que la vinculación a proceso es una determinación que debe constar por escrito al margen de su emisión oral; por ende, desde un punto de vista de mera observancia a la legalidad, basta la existencia de tal disposición para que la autoridad jurisdiccional no la pueda pasar por alto. Tiene aplicación a lo antes expuesto la jurisprudencia PC.II.P. J/11 P (10a.) emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 2, junio de 2021, tomo IV, página 3910, undécima época, materias(s): Penal, registro digital: 2023207, de rubro: "LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 34/2017 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO JUSTIFICA LA FALTA DE ELABORACIÓN DE LA VERSIÓN ESCRITA DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE SE EMITE CONFORME AL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES"." Mediante proveído de once de abril del año en curso, se requirió a la responsable a fin de que diera cumplimento a la misma. Posteriormente, por oficio presentado el veintiséis de abril del presente año, el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, informó gestiones para el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al efecto señaló que se fijaron las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de prórroga constitucional o continuación de inicial-código nacional. Mediante diverso oficio presentado el dos de mayo del año en curso en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el Juez responsable, remitió disco en video digital certificado, que contiene el auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de abril del año en curso, contra el aquí quejoso, así como la determinación emitida en cuanto a la libertad provisional solicitada por el imputado y valorando su estado físico; con lo que se dio vista al quejoso para que manifestara conforme a derecho. Por auto de trece de mayo de dos mil veintidós, se determinó que el fallo protector no se encontraba cumplido, ya que respecto de los vicios de forma, la autoridad responsable fue omisa en cumplir con el punto cuatro de los efectos precisados por el Tribunal de Alzada, a saber, el auto de vinculación a proceso no se advierte que se haya hecho constar por escrito; por lo que se requirió de nueva cuenta su cumplimiento. Así, que por oficio 3012080P07/1666/2022, la Juez responsable remitió un disco que contiene la versión escrita del auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de abril del año en curso. Atento a lo anterior, mediante proveído de diecinueve de abril del año actual se ordenó dar vista al quejoso, sin que haya hecho manifestación al respecto. Lugo, del examen de las documentales que anexó la responsable, que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que se atendieron efectos del fallo protector, dado que la autoridad responsable en audiencia de veintitrés de abril del año en curso, dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de dieciséis de mayo de dos mil veintiuno y señaló las doce horas del veinticinco de abril de dos mil veintidós, para la audiencia de prórroga de plazo constitucional o continuación de inicial; de lo que se advierte que se cumplió con el inciso a) de los efectos precisados en la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional. Respecto del punto b) de la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional, de la audiencia de veintisiete de abril del año en curso, se advierte que comparecieron a dicho audiencia en defensa del quejoso los abogados Rogelio López Díaz (defensa privada), Carolina González Guadarrama (defensa privada) y Fernando Gómez Cárdenas (defensa pública), lo que evidencia que en el caso el quejoso revocó el nombramiento de su defensa Carlos Alberto Ramos López, lo que en la audiencia sus nuevos abogados se encontraban preparados para su defensa. Seguida la audiencia en la que se emitió auto de vinculación, la Juez responsable incorporó como medios de datos la testimonial de Rosa María Guadarrama Juárez, Martín Juárez Mariscal y la declaración de Francisco López Cortes, medios que atendió de la siguiente manera: En este contexto, una vez que la suscrita realiza un análisis, de los datos de prueba expresados por el Agente del Ministerio Público, así como los incorporados por la Defensa privada del imputado, en la duplicidad de plazo constitucional, con asistencia de la defensa pública, se establece que no se adecuan a la hipótesis legal que invoca, como delito al tenor de los presupuestos legales antes precisados, toda vez que atribuye al imputado JOSAFAT LAURENCIO JUSTO ROQUE, haber desplegado una conducta al exteriorizar todos los actos tendentes a privar de la vida a ANALI LÓPEZ ACUITLAPA, el día 08 de mayo de 2021, aproximadamente a las 21 horas con 28 minutos, cuando el imputado, con una guadaña de hoja metálica y con filo en su punta que llevaba en su mano derecha, acertó varios golpes en la espalda de la víctima ANALI LÓPEZ ACUITLAPA, ocasionándole varias heridas punzo cortantes antes descritas, y que al percatarse a las 21:30 horas, FRANCISCO LÓPEZ, padre de la víctima; que su vecina ROSA MARÍA GUADARRAMA JUÁREZ y JOSAFAT, estaban sometiendo al tener arrodillada a su hija, jalándola de los cabellos con su mano derecha, mientras JOSAFAT tenía una guadaña de curva, tipo machete, le grita, "déjala hijo de la chingada", y que en concepto de la fiscalía, esta circunstancia, constituye la causa ajena a la voluntad del activo, que evita la consumación del delito, ante las lesiones que le fueron certificadas, las cuales refiere, ponen en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, que lo constituye la vida humana, toda vez que FRANCISCO al ver a su hija que estaba acostada, sobre el piso y sangraba de la espalda, le pide ayuda a su compadre ANGEL JUÁREZ VILLANUEVA, trasladándola al Hospital General de Tenancingo, para su atención médica, aproximadamente a las 21:45 horas. Sin embargo, como se expresa ante la valoración conjunta de los datos de prueba, sobre todo la versión de la víctima, del imputado quien aduce no tener la intención de privar de la vida a ANALI LÓPEZ ACUITLAPA, asumiendo que la testigo presencial, ROSA MARÍA GUADARRAMA JUÁREZ, estaba siendo golpeada por la víctima y con el afán de defenderla, fue que ocasionó las lesiones a la víctima de mérito, asumiendo que ello se originó a través de una "riña entre vecinos", circunstancia que se advierte en sustento hasta este estadio procesal, con lo vertido por ROSA MARÍA, aunado a que el imputado de igual manera alude, que ésta fue lesionada por la victima ANALI, como lo expresara ROSA MARÍA, en la duplicidad de plazo constitucional, lo anterior al considerar esta unitaria, que en efecto, obran antecedentes de ello, como lo son los certificados médicos expedidos a cada uno de estos, de los que se advierte alteraciones a su salud, y de las diversas versiones emitidas, en específico de FRANCISCO LOPEZ CORTES, al IRMA ISABEL VARGAS QUEZADA ubicar al imputado y a la testigo en el lugar de los hechos. Sobre todo, que debe entenderse que existirá dolo, cuando el sujeto actúa con conocimiento del riesgo típicamente relevante, es decir que, el autor actúa a pesar de conocer el riesgo que, para el bien jurídico, ocasiona su acción, y ello constituye una decisión que revela el delito doloso, lo que no acontece en la especie, ya que se advierte que su actuar lo es para evitar que continúen golpeando a su amiga la testigo ROSA MARIA GUADARRAMA JUAREZ. Por lo anterior, a consideración de esta unitaria, de la valoración conjunta de los datos referidos, hasta este momento, únicamente se corroboran la circunstancia del hecho en cuanto a las alteraciones que presenta la víctima en el certificado médico expedido a su favor, ya que si bien son coincidentes entre sí, las mismas no son suficientes, para acreditar que en efecto el imputado haya tenido la intención de privar de la vida a la víctima, esto es así, ya que es relevante resaltar que, no basta el señalamiento en tal sentido, y que un perito médico legista, al certificar las lesiones inferidas al pasivo y que se indiquen en peligro de perder la vida, sino que esta unitaria advierte, que los actos desplegados por el activo no son en efecto con la intención de querer privar de la vida a ANALI LÓPEZ ACUITLAPA, ya que no se advierte la acción dolosa del activo, de acuerdo a los antecedentes, no se evidencia tal finalidad. Por tanto, se advierte con la certificación que fue recaba a la víctima, en relación al material probatorio, aportado que en efecto se altera la salud del pasivo y el ministerio público podrá en diverso estadio procesal verificar la factibilidad de justificar lo contrario a ello. Circunstancias, por las que en términos de la facultad que otorga a este órgano jurisdiccional el artículo 316 fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta unitaria REALIZA UN CAMBIO DE APRECIACIÓN JURÍDICA, sin varias los hechos, al delito de LESIONES CON LA MODIFICATIVA AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO CON ALGÚN ARMA QUE LA LEY CONSIDERADA COMO PROHIBIDA, por lo que se atiende al artículo 236, 237 fracción II y III y 238 fracción I, del Código Penal Estatal, de los que se desprende: (.) En ese contexto, se advierte que la responsable cumplió con el efecto de la sentencia concesoria emitida por este órgano jurisdiccional, señalado en el inciso c). Siguiendo con el análisis del cumplimiento, se tiene que además de los puntos ya verificados, se tiene que Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por ejecutoria de treinta y uno de marzo del año en curso, resolvió el amparo en revisión 243/2021, confirmando la emitida por este órgano jurisdiccional y precisando di versos puntos a cumplimentar como efectos de la concesión del amparo. Por lo que respecta al punto cuatro, ya transcrito en el cuerpo de la presente determinación se advierte que la autoridad responsable cumple con él, ya que en el caso emitió el auto de vinculación a proceso de forma oral y consta por escrito, lo cual se advierte de los discos certificados que en cumplimiento al fallo protector emitió al presente juicio. Por otra parte, atendiendo la discapacidad auditiva del quejoso, la Juez responsable, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que se involucren derechos de personas con discapacidad, en la audiencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, compareció la hija del imputado Emperatriz Emma Justo Cerqueda, con el fin de que orientara a su padre con el trámite que se lleva a cabo (minuto 2:20 del video uno). Con ello se cumple el punto II de la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada. En la determinación que se emite en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable resuelve en los siguientes términos: "PRIMERO. A las QUINCE HORAS CON QUINCE MINUTOS del día VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, se decreta AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO en contra de JOSAFAT LAURENCIO JUSTO ROQUE, por su probable intervención en el hecho delictuoso de LESIONES AGRAVADAS POR HABERSE COMETIDO CON UN ARMA CONSIDERADA POR LA LEY COMO PROHIBIDA, previsto y sancionado por los artículos 236, 237 fracciones II y III, 238 fracción I, en relación a los diversos 6, 7, 8 fracción l y lll y 11 fracción l inciso c), del Código Penal Estatal, en agravio de ANALI LÓPEZ ACUITLAPA, ante el cambio de apreciación legal que se refirió de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado por los artículos 241, 242 fracción II, 245 fracción II, en relación con los diversos, 6, 7 y 8 fracciones I y III, 10, 11 fracción I inciso d), en agravio de la persona aludida. SEGUNDO. Comuníquese esta resolución al Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social de esta ciudad, así como a la Autoridad Federal, en cumplimiento a su fallo protector. Dejando insubsistente el anterior Auto de vinculación, con motivo de que es una investigación nueva, bajo el parámetro que se ha señalado. Notifíquese a la Victima ANALI LÓPEZ ACUITLAPA, en el domicilio que ha proporcionado la fiscalía. TERCERO: Se concede a las partes el plazo de UN MES para el cierre de investigación complementaria que fenecen el 23 de mayo de la anualidad. QUINTO: De acuerdo a lo establecido en el artículo 467, hágase saber a las partes el termino de 3 días para recurrir esta determinación. SEXTO: Se modifica e impone al imputado la medida cautelar consistente en: garantía económica por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), así como la presentación periódica de manera mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, siendo la primer firma ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y las subsecuentes ante este Juzgado; tomando en consideración que, mientras no exhiba la garantía económica deberá de permanecer interno en el Centro Penitenciario de esta Localidad. SÉPTIMO: Se autoriza a las partes la expedición de las copias de audio y video que solicitan, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales.". De lo que se advierte que en atención a la tutela judicial efectiva del quejoso, atendiendo su situación especial del imputado, al tratarse de un adulto mayor, la Juez responsable, al margen de que modificar la calificación de delito imputado, también modificó la prisión preventiva oficiosa a la que había sido sujeto, por lo que impone al imputado la medida cautelar consistente en garantía económica por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.), así como la presentación periódica de manera mensual, dentro de los primeros cinco días de cada mes, siendo la primer firma ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y las subsecuentes ante este Juzgado; tomando en consideración que, mientras no exhiba la garantía económica deberá de permanecer interno en el Centro Penitenciario de esta Localidad. Con ello se evidencia que se cumple con el punto II de la ejecutoria emitida por el Tribunal de Alzada, lo que se corrobora con la parte de la audiencia contenida en el video tres. Por lo anterior, debe hacerse mención que se restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. Sin que en el caso, se obstáculo el hecho de que se encuentre imposibilitado cumplimentar el punto uno de los efectos fijados por el Tribunal Colegiado, ya que la autoridad responsable mediante oficio 3012080P07/1240/2022, hizo del conocimiento que Paulina Piña Pérez, quien fungió como Juez de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, al emitir el auto de vinculación materia de estudio del presente juicio, fue revocada con dicha categoría por lo que por instrucciones de la Visitaduría en Materia Penal del Poder, se encomendó el conocimiento del asunto a quien ahora resuelve Juez Isabel Vargas Quezada. Lo anterior, ya que del análisis de la audiencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, se advierte la ética, conocimiento y preparación de la Juzgadora; máxime que la determinación restituye al quejoso en sus garantías violadas y le es más benéfica que la reclamada. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Intégrese el oficio firmado vía electrónica por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, a través del cual e cumplimiento al auto de trece de los cursantes, remite disco en copia certificada que contiene auto de vinculación a proceso, emitido dentro de la causa de control *** de su índice. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTE DE LOS ACTUALES, EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA *** EL AUTO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, MISMO QUE EN LA ESENCIA DICE: Toluca, Estado de México, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Intégrese el oficio firmado vía electrónica por la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, a través del cual e cumplimiento al auto de trece de los cursantes, remite disco en copia certificada que contiene auto de vinculación a proceso, emitido dentro de la causa de control *** de su índice. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad oficiante.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Jorge Zarza Castro389/2019
- Jorge Zarza Castro1481/2018
- Jorge Zarza Castro829/2017
- Jorge Zarza Castro463/2019
- Jorge Zarza Castro1089/2015
- Josabet Flores García597/2017
- Josafat Mercado Pérez653/2020
- Jose Abraham Camacho Mendoza149/2013
- José Abundio Velázquez Rodríguez1520/2023
- José Adán Arellano Muñoz1032/2015
- José Adrián Flores Rodríguez1587/2016
- José Adrián López Cruz976/2019