JORLEY ANDRES SAAVEDRA RODRÍGUEZ y Otros.
Expediente 497/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 497/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- JORLEY ANDRES SAAVEDRA RODRÍGUEZ y Otros.
- WILMER ARRIDO MENDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese a los autos, el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada por éste órgano jurisdiccional y se avocó el conocimiento del asunto. ARCHIVO. En consecuencia, y en atención a la certificación secretarial que antecede, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y de conformidad con el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no existe actuación pendiente por realizar. SE LEVANTA RESERVA Ahora bien, en acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, se reservó remitir los escritos signados por los quejosos con registros 6695 y 6696 hasta que se tuviera conocimiento del órgano que aceptara la competencia, lo cual ya aconteció. Por tanto, remítanse los ocursos antes citados, por la vía estafeta acelerada, previa copia certificada que se deje en autos, al Juzgado primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, a fin de que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintisiete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, de conformidad con el numeral 3 de la Ley de Amparo, los escritos signados por Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Arrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany Nápoles García y/o Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Víctor Luis Batista Lores y Anabel Saldivar Moreno, con los cuales desahogan la prevención realizada en proveído de veinte de abril del año en curso. Ahora bien, visto el estado de autos de los cuales se advierte que en proveído de veintiséis de los cursantes, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por los quejosos, por lo que ordenó remitir el expediente original, al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales a fin de que se provean si admiten o no dicha competencia. En tal virtud, este juzgador se reserva de proveer lo conducente respecto de los escritos signados por los quejosos, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, que le corresponda el turno, informe si acepta o no la competencia.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, de conformidad con el numeral 3 de la Ley de Amparo, con los escritos signados por Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Arrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany Nápoles García y/o Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Víctor Luis Batista Lores y Anabel Saldivar Moreno, remitidos en copia simple por el cual pretenden dar cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veinte de abril del año en curso. INCOMPETENCIA Sin que se estime necesario proveer sobre la admisión de la demanda, debido a que el suscrito considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de trato, por las siguientes razones: En efecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto transcrito establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el juez de Distrito en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Las notas diferenciales de las reglas de competencia establecidas por el artículo en cita fueron precisadas por la Tercera Sala del alto tribunal jurisdiccional del país, en la tesis 3ª. XLIX/93, publicada en la página trece, Tomo XII, septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que textualmente dice: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución, y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes. Por tanto del juicio de amparo en que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto." De lo anterior, se advierte que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos o resolución reclamada, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al Juez de Distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces de Distrito con jurisdicción en los distritos cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa en contra del acto de autoridad, a efecto de detener la ejecución, si el acto es de aquellos que por su naturaleza son susceptibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia. Esa finalidad ha quedado plasmada en diversas tesis de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, como la sustentada por la entonces Segunda Sala, publicada en la página ciento treinta y cuatro, Tomo V, Primera Parte, enero a junio de mil novecientos noventa, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que literalmente dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE CONSISTA EN UN DECRETO, SI SE ADVIERTE QUE SE RECLAMAN SUS EFECTOS E INMINENTES CONSECUENCIAS. De conformidad con el artículo 36 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de un juicio de garantías, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Por lo tanto, si de la demanda de amparo se desprende que se reclama un decreto y sus efectos e inminentes consecuencias, resulta que debe conocer del juicio el Juez dentro de cuya jurisdicción tendrá que ejecutarse dicho decreto, pues de lo contrario, ningún sentido tendría que en el artículo 36 se atienda a la jurisdicción del Juez de Distrito en que el acto reclamado deba tener ejecución." Así como también, la tesis de la entonces Segunda Sala, publicada en la página setenta y tres, volúmenes 217-228, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que refiere: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCIÓN DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Consecuentemente, se colige que es competente para conocer de un juicio de amparo el juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto; si son varios actos y sólo uno de ellos tiene ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que va a ejecutarlo o si la responsable ejerce sus funciones en el lugar de la ejecución. En esa tesitura, debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, debido a que de esa manera el gobernado tiene un pronto acceso a la protección de sus derechos y porque la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio, aun ya concluido, al cumplimentar la sentencia; aunado a que para la aplicación de la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, basta que se trate de ejecutar el acto o que haya comenzado a ejecutarse con la intervención de la autoridad aunque no se haya logrado su total materialización, para que de esa manera se surta la competencia del juez de Distrito del lugar donde se presenta ese hecho. Como en la especie, los actos reclamados se hacen consistir sustancialmente en: La orden de detención, privación de la libertad, hacinamiento, incomunicación, deportación, expulsión y repatriación asistida de este país. En tales condiciones, es de concluir, indudablemente, que el suscrito carece de competencia para conocer de este asunto, puesto que son los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, los que tienen jurisdicción en el territorio en que se pretenden ejecutar los actos reclamados por parte de la autoridad responsable Delegado Regional en San Luis Potosí del Instituto Nacional de Migración; máxime que de la lectura íntegra de la demanda no se advierten actos ejecutables en este Distrito Judicial. Por tanto, con apoyo en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, remítase el presente juicio de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de tales órganos jurisdiccionales, a través del servicio de mensajería denominado Estafeta, a fin de que asuma el conocimiento de este juicio constitucional; por lo cual, solicítese al juez que corresponda conocer del asunto, tenga a bien comunicar respecto de la aceptación de la competencia y acusar el recibo correspondiente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En otro tenor, debe decirse los criterios que se citan en este proveído, que interpretan la Ley de Amparo abrogada se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en tales criterios de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente, con respecto al tema que trata, por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en la demanda de amparo y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma electrónicamente Raúl López Pedraza, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de la Secretaria que autoriza, María Margarita Domínguez Vásquez, quien además certifica que las promociones que generaron este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, el informe de suspensión de plano rendido por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí y anexo, mediante el cual comunica que está enterada de la medida decretada en el juicio en que se actúa. Por otra parte, con apoyo en el diverso 119 de la ley en la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas las documentales que anexan a su informe de suspensión la autoridad oficiante, mismas que se desahoga sin más trámite en atención a su propia y especial naturaleza.
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