Jorley Andres Saavedra Rodríguez y Otros.

Expediente 544/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
544/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
22/06/2022

Partes del expediente

  • Jorley Andres Saavedra Rodríguez y Otros.
  • Jorley Andres Saavedra Rodríguez
  • Wilmer Garrido Méndez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que dicho auto ha causado estado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente juicio constitucional. Destrucción del juicio principal. Con fundamento en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General antes citado, toda vez que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y que dicha determinación causó estado, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo. Sin documentos para devolver. De autos se advierte que las partes no exhibieron documentos ni garantías que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE 25 Y 27 DE MAYO DE 2022 QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: Glósese el oficio enviado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en el acuerdo de dieciséis de mayo de este año. Contenido del oficio La autoridad señala que el nueve de mayo de dos mil veintidós, a los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, se les dictó resolución dentro del expediente administrativo migratorio respectivo, por medio de la cual se resolvió su situación migratoria, otorgándoles oficio de salida definitiva del país de conformidad con el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, para que en un plazo mayor de veinte días naturales, abandonen el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana, lo anterior a petición expresa de los extranjeros, por lo que se les dio salida de la estación migratoria; para justificar lo anterior, adjunta copia certificada de las constancias respectivas. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores reclaman como acto destacado la detención de la que fueron objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, como consecuencia de ello, la deportación, expulsión o salida y el procedimiento migratorio seguido en su contra. Causal de improcedencia. Visto el oficio de cuenta y sus anexos, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. I. Causales de improcedencia El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. II. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio que con posterioridad se consuma de un modo irreparable por haber operado un cambio de situación jurídica, debido a que un eventual pronunciamiento podría afectar la nueva situación imperante. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los elementos que dan origen a la causal de improcedencia de que se trata, a saber: a). Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el amparo y la nueva resolución. Al respecto es aplicable la Tesis 2a. CXI/96, cuyo contenido es el siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." III. Antecedentes del acto reclamado De las constancias de los expedientes 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 y 1814 relativas a los Procedimientos Administrativos Migratorios instaurados a los quejosos, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en razón de que la autoridad responsable formuló la manifestación a que se refiere el numeral 3°, fracciones I, V y VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; esto es, que las documentales digitalizadas, presentadas de manera electrónica, son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos- se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante oficios de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Coordinador de Unidad en Áreas de Servicios Migratorios, puso a disposición a los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, ante el Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por no contar con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país. 2. En esa misma fecha, la autoridad migratoria decretó los acuerdos de presentación a los quejosos, quedando alojados en la estación migratoria de San Luis Potosí. 3. El nueve de mayo de dos mil veintidós, se dictaron las determinaciones de conclusión de los procedimientos migratorios 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 y 1814, toda vez que los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, solicitaron expresamente que se les permitiera abandonar el territorio nacional por sus propios medios, por lo que se les otorgó oficio de salida definitiva del país de conformidad con el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, para que en un plazo mayor de veinte días naturales, abandonen el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana, además de que se les dio salida de la estación migratoria. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. IV. Caso concreto De los antecedentes narrados se advierte que la detención reclamada deriva de los procedimientos administrativos migratorios instaurados a Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores. Tomando en consideración que el nueve de mayo de este año, se dictaron las determinaciones de conclusión de los procedimientos migratorios 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 y 1814, toda vez que los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, solicitaron expresamente que se les permitiera abandonar el territorio nacional por sus propios medios, por lo que se les otorgó oficio de salida definitiva del país de conformidad con el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, para que en un plazo mayor de veinte días naturales, abandonen el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana, además de que se les dio salida de la estación migratoria. Circunstancias que acreditó la autoridad responsable con las constancias que remitió en copia certificada, anexas al oficio de cuenta; las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo aplicable. En esa tesitura, este órgano de control constitucional no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar los acuerdos de conclusión de los procedimientos administrativos seguidos contra de los quejosos, que son los que rigen la situación jurídica de Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. V. Decisión. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados considerablemente por la conclusión de los procedimientos migratorios instaurados a los quejosos; por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues, se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De modo que, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora (09:40 horas del 9-junio-2022) señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente. Agréguese la razón de veintiséis de mayo del año en curso, asentada por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el acuerdo de veinticinco del mismo mes y año a la parte quejosa, por los motivos que expone en la misma; al respecto se provee: Estado de constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de mayo del año en curso, se agregó un escrito signado por los quejosos ********************,********************, ********************,********************,********************,********************y********************, por el que señalaron que el domicilio en el cual residirán es el ubicado en calle ********************,********************, ********************, código postal ********************, en ********************, San Luis Potosí. Turna. En consecuencia, túrnense los presentes autos al actuario judicial adscrito, a fin de que proceda a notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós así como el presente proveído, en el domicilio antes citado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese la razón de veintiséis de mayo del año en curso, asentada por la actuaria judicial adscrita, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar el acuerdo de veinticinco del mismo mes y año a la parte quejosa, por los motivos que expone en la misma; al respecto se provee: Estado de constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de diez de mayo del año en curso, se agregó un escrito signado por los quejosos ********************,********************, ********************,********************,********************,********************y********************, por el que señalaron que el domicilio en el cual residirán es el ubicado en calle ********************,********************, ********************, código postal ********************, en ********************, San Luis Potosí. Turna. En consecuencia, túrnense los presentes autos al actuario judicial adscrito, a fin de que proceda a notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintidós así como el presente proveído, en el domicilio antes citado, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Glósese el oficio enviado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló en el acuerdo de dieciséis de mayo de este año. Contenido del oficio La autoridad señala que el nueve de mayo de dos mil veintidós, a los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, se les dictó resolución dentro del expediente administrativo migratorio respectivo, por medio de la cual se resolvió su situación migratoria, otorgándoles oficio de salida definitiva del país de conformidad con el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, para que en un plazo mayor de veinte días naturales, abandonen el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana, lo anterior a petición expresa de los extranjeros, por lo que se les dio salida de la estación migratoria; para justificar lo anterior, adjunta copia certificada de las constancias respectivas. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. Conforme con lo anterior, del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores reclaman como acto destacado la detención de la que fueron objeto en la estación migratoria con sede en esta ciudad, como consecuencia de ello, la deportación, expulsión o salida y el procedimiento migratorio seguido en su contra. Causal de improcedencia. Visto el oficio de cuenta y sus anexos, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. I. Causales de improcedencia El suscrito advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. II. Marco normativo. Dicho numeral señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (...)" El precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo en forma de juicio que con posterioridad se consuma de un modo irreparable por haber operado un cambio de situación jurídica, debido a que un eventual pronunciamiento podría afectar la nueva situación imperante. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido los elementos que dan origen a la causal de improcedencia de que se trata, a saber: a). Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el amparo y la nueva resolución. Al respecto es aplicable la Tesis 2a. CXI/96, cuyo contenido es el siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." III. Antecedentes del acto reclamado De las constancias de los expedientes 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 y 1814 relativas a los Procedimientos Administrativos Migratorios instaurados a los quejosos, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en razón de que la autoridad responsable formuló la manifestación a que se refiere el numeral 3°, fracciones I, V y VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; esto es, que las documentales digitalizadas, presentadas de manera electrónica, son copia íntegra e inalterada de los documentos impresos- se advierten los siguientes antecedentes: 1. Mediante oficios de diecinueve de abril de dos mil veintidós, el Coordinador de Unidad en Áreas de Servicios Migratorios, puso a disposición a los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, ante el Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por no contar con documentos que acrediten su situación migratoria regular en el país. 2. En esa misma fecha, la autoridad migratoria decretó los acuerdos de presentación a los quejosos, quedando alojados en la estación migratoria de San Luis Potosí. 3. El nueve de mayo de dos mil veintidós, se dictaron las determinaciones de conclusión de los procedimientos migratorios 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 y 1814, toda vez que los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, solicitaron expresamente que se les permitiera abandonar el territorio nacional por sus propios medios, por lo que se les otorgó oficio de salida definitiva del país de conformidad con el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, para que en un plazo mayor de veinte días naturales, abandonen el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana, además de que se les dio salida de la estación migratoria. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. IV. Caso concreto De los antecedentes narrados se advierte que la detención reclamada deriva de los procedimientos administrativos migratorios instaurados a Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores. Tomando en consideración que el nueve de mayo de este año, se dictaron las determinaciones de conclusión de los procedimientos migratorios 1806, 1807, 1808, 1811, 1812, 1813 y 1814, toda vez que los quejosos Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores, solicitaron expresamente que se les permitiera abandonar el territorio nacional por sus propios medios, por lo que se les otorgó oficio de salida definitiva del país de conformidad con el artículo 137, fracción III, de la Ley de Migración, para que en un plazo mayor de veinte días naturales, abandonen el territorio mexicano por sus propios medios, por la frontera sur más cercana, además de que se les dio salida de la estación migratoria. Circunstancias que acreditó la autoridad responsable con las constancias que remitió en copia certificada, anexas al oficio de cuenta; las que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo aplicable. En esa tesitura, este órgano de control constitucional no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar los acuerdos de conclusión de los procedimientos administrativos seguidos contra de los quejosos, que son los que rigen la situación jurídica de Jorley Andrés Saavedra Rodríguez, Wilmer Garrido Méndez, Nayla Silva Rizo, Jany García Nápoles, Gexsie Comas Hernández, Anabel Saldívar Moreno y Víctor Luis Batista Lores; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. V. Decisión. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados considerablemente por la conclusión de los procedimientos migratorios instaurados a los quejosos; por lo que las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues, se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica, lo que impone decretar el sobreseimiento en el juicio en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. De modo que, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora (09:40 horas del 9-junio-2022) señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente.

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