Jorge Zozoaga Díaz

Expediente 847/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
847/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
18/09/2018

Partes del expediente

  • Jorge Zozoaga Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, dictada dentro del presente juicio de amparo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: ".dé contestación por escrito a la solicitud presentada el cinco de julio de dos mil diecisiete, y dicha respuesta la notifique en breve término al aquí quejoso." Asimismo, mediante oficio recibido el tres de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el diez del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por la Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió remitió copias certificadas del oficio DPSH/1763/2018 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho y del expediente pensionario a nombre del quejoso Jorge Zozoaga Díaz, de los que se desprende que se dio respuesta a la solicitud presentada el cinco de julio de dos mil diecisiete por el quejoso, así como la constancia de notificación. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla, por medio del cual remite copias certificadas del oficio DPSH/1763/2018 de fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho y del expediente pensionario a nombre del quejoso Jorge Zozoaga Díaz, de los que se desprende que se dio respuesta a la solicitud presentada el cinco de julio de dos mil diecisiete por el quejoso, así como la constancia de notificación; en esas condiciones, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio constitucional y concedió la protección federal, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DE LA DELEGACIÓN EN PUEBLA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia dictada el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 [ochenta pesos con sesenta centavos, moneda nacional], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, se le hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir". Asimismo, se le comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la nueva Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE ZOZOAGA DÍAZ, respecto del acto reclamado al Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, precisado en el considerando segundo de esta sentencia; por las razones expuestas en el diverso considerativo cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JORGE ZOZOAGA DÍAZ, respecto del acto que reclamó del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Puebla del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado el cinco de julio de dos mil diecisiete; por las razones expuestas en el considerando quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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