Jorge Zachary Urías Zamorano
Expediente 1472/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1472/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Zachary Urías Zamorano
Actuaciones
- Principal
Culiacán, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Jorge Zachary Urías Zamorano. II Formación de expediente. Visto el escrito de demanda; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Incompetencia. De le lectura integral a la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la orden del archivo definitivo de catorce de agosto del año en curso en el expediente laboral 150/2023, del índice del Juzgado Especializado en Materia Laboral de la Zona Centro del Estado de Sinaloa. De lo anterior se colige, tal como lo manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado es un acuerdo en el que se ordena el archivo definitivo, la cual corresponde a una determinación que pone fin al juicio y, por ende, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del juicio de garantías promovido en contra del mencionado acto, de lo cual es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Para sustentar lo precisado, se trae a contexto el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En esa intelección, surge causa de incompetencia para este órgano de control constitucional para conocer del acto reclamado por el quejoso, acorde a lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso a) Constitucional, en relación con el 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 47 en relación con el 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues lo que se reclama es un acuerdo de archivo que pone fin al juicio de origen, por lo que al estar ante el supuesto del amparo directo, es competente el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito. Por lo expuesto, con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo, y declina a favor del citado Tribunal Colegiado; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al Secretario encargado del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida diligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. IV. Domicilio, autorizados y correos electrónicos. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. Respecto a los correos electrónicos proporcionados, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejosa. Culiacán, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Jorge Zachary Urías Zamorano. II Formación de expediente. Visto el escrito de demanda; fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Incompetencia. De le lectura integral a la demanda se advierte que el acto reclamado consiste en la orden del archivo definitivo de catorce de agosto del año en curso en el expediente laboral 150/2023, del índice del Juzgado Especializado en Materia Laboral de la Zona Centro del Estado de Sinaloa. De lo anterior se colige, tal como lo manifiesta el quejoso bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado es un acuerdo en el que se ordena el archivo definitivo, la cual corresponde a una determinación que pone fin al juicio y, por ende, este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del juicio de garantías promovido en contra del mencionado acto, de lo cual es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Para sustentar lo precisado, se trae a contexto el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala: 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional. Precepto del que se obtiene que el juicio de amparo en la vía directa procede contra las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. En esa intelección, surge causa de incompetencia para este órgano de control constitucional para conocer del acto reclamado por el quejoso, acorde a lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso a) Constitucional, en relación con el 37 fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 47 en relación con el 170, fracción I, de la Ley de Amparo, pues lo que se reclama es un acuerdo de archivo que pone fin al juicio de origen, por lo que al estar ante el supuesto del amparo directo, es competente el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito. Por lo expuesto, con fundamento en el numeral 47 de la ley de la materia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado declara que carece de competencia legal por razón de la vía para conocer de la demanda de amparo, y declina a favor del citado Tribunal Colegiado; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Se instruye al Secretario encargado del trámite para que vigile que el envío de los autos sea hecho con la debida diligencia. Solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo correspondiente. IV. Domicilio, autorizados y correos electrónicos. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. Respecto a los correos electrónicos proporcionados, sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. V. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese.
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