Jorge Ysrael López López

Expediente 1287/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1287/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ysrael López López
  • Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y siete minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe de sus actos, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con los informes justificados rendidos por las responsables. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existe tercero interesado. Por otra parte, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la relatoría anterior y por visto el contenido de la certificación que antecede, para los efectos legales conducentes; y, en relación con la inexistencia de tercero interesado, se justifica lo determinado, dado que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos que establece el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con las pruebas documentales, presuncional (legal y humana) e instrumental de actuaciones ofertadas por la parte quejosa; además, documentales ofrecidas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien además ofertó la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto -legal, lógico y humano- y la instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza los citados medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar la parte quejosa formuló alegatos mediante escrito recibido el veintinueve de septiembre del año en curso. El juez acuerda: se tienen por reproducidas las manifestaciones realizadas por la citada parte, mismas que serán atendidas en el momento procesal oportuno. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, téngase por perdido el derecho de las demás partes para expresarlos. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1287/2023 A-II; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Jorge Ysrael López López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de veinticinco de agosto siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: La omisión de emitir dictamen de pensión por vejez, en relación con la solicitud presentada el ocho de junio de dos mil veintitrés, presentada ante las responsables. Así como de realizar el pago de su pensión mensual. Inexistencia de acto reclamado No es cierto el acto reclamado a las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, consistente la omisión de realizar el pago de la pensión mensual a la parte quejosa. Ello, debido a que así lo manifestaron las autoridades al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa hubiera demostrado lo contrario. Circunstancias que se corroboran con las constancias que obran agregadas en el sumario, pues se hace evidente que hasta la fecha en que se dicta sentencia, no se ha emitido un dictamen en torno a la solicitud de pensión formulada por el quejoso, ni existe la autorización para que se realice el pago de la misma, de ahí que no exista la dilación de realizar su pago. Es aplicable al particular, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." Así como la tesis de número 284 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Por tal motivo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, por cuanto hace a las referidas autoridades responsables y acto reclamado; lo anterior de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Existencia de los actos reclamados Es cierto el acto reclamado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistentes en la omisión de dar respuesta a la solicitud de pensión presentada por el quejoso el ocho de junio de dos mil veintitrés, pues aun y cuando al rendir el informe justificado, lo niega, de su contenido íntegro se advierte su certeza. Además, dicha certeza se advierte de las constancias exhibidas por la parte quejosa, de las que se desprende que el Instituto responsable recibió la solicitud de pensión por parte del quejoso desde el ocho de junio de dos mil veintitrés. Pues de las propias manifestaciones de las responsables se encuentran desvirtuadas, ya que al rendir su respectivo informe se advierten manifestaciones que evidencian su certeza, pues según se indicó, el procedimiento de autorización de una pensión o jubilación se realiza en varias etapas y con la intervención de diversas autoridades; asimismo, que el trámite de la solicitud en mención no ha concluido, pues ésta no se ha presentado para su análisis ante la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que al tratarse el acto reclamado de una omisión, la carga de la prueba no corresponde al quejoso, sino por el contrario a las autoridades responsables es a quienes incumbe demostrar que no incurrieron en la omisión cuestionada. Lo antes considerado tiene sustento en la tesis publicada en la página 301, Tomo XIII, correspondiente al mes de Marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Es así, no obstante que el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto responsable, hacen valer la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues refieren que no se encuentra dentro de sus atribuciones la aplicación del acto reclamado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la causa de sobreseimiento que refieren. En efecto, el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien existe un departamento encargado de realizar el trámite correspondiente a las peticiones al respecto, dicho Instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión se otorgue, pues la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide. Causas de improcedencia -infundadas- En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, la autoridad responsable, subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto responsable, refiere el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que comunicó que el trámite de pensión de la parte quejosa está en turno para la elaboración del proyecto de dictamen y será sometido a consideración de la Junta Directiva. Es infundada dicha causa, pues para su actualización es necesario que la autoridad destruya la totalidad de los efectos del acto combatido, de forma que no quede rastro de la violación de derechos alegada. En ese contexto, contrariamente a lo pretendido por la autoridad, el motivo de improcedencia no se actualiza, en razón de que las manifestaciones vertidas en su informe, no son suficientes para que se destruyan los efectos del acto reclamado, pues la pretensión de la parte quejosa es que culmine el trámite de determinación de pensión, lo que no acontece con la actuación referida y, en ese sentido, no han cesado los efectos del acto reclamado. En conclusión, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable. Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes ni advertirse de oficio, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. Consideraciones jurídicas Son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la parte promovente, en los cuales aduce, en esencia, que ha trascurrido un tiempo excesivo para la resolución de su pensión, no obstante haber presentado la solicitud en el área correspondiente del ISSSTESON. Para resolver este asunto es preciso hacer notar que se reclama el trámite relativo al otorgamiento de una pensión y conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como lo precisa el criterio de la tesis 2a. XCV/2014 de la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, materia común, página 1106, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." Ahora, la parte quejosa reclama la omisión de emitir el dictamen relativo al trámite de pensión por jubilación. El artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, dispone: "Artículo 59. El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta Ley se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley." De la lectura del artículo anterior, se desprende que el citado Instituto deberá resolver las solicitudes de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Si en el caso se tiene acreditado que el quejoso solicitó el trámite de pensión desde el ocho de junio de dos mil veintitrés, ante las oficinas de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, para que le fuera otorgada la referida pensión, sin que el trámite respectivo hubiera concluido (hace más de cinco meses a la fecha en que se resuelve el presente asunto); es evidente que le genera perjuicio al quejoso al no respetarse el derecho que tiene a la pensión. No se desconoce el cúmulo de solicitudes con las que cuenta el ISSSTESON; sin embargo, ello no lo exime de la obligación que le impone la ley en cuanto a los plazos fijados para la gestión de las pensiones. Cabe precisar que respecto de las manifestaciones aludidas, este juzgador considera que las responsables ineludiblemente deben llevar a cabo las etapas correspondientes para lograr la conclusión del trámite para la autorización de dicha pensión a que tiene derecho la quejosa. Sin embargo, ello no las faculta para dejar de cumplir con las obligaciones que como autoridades de ese Instituto se encuentran forzadas a concluir, lo que impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Decisión y efectos de la concesión de amparo Al haberse actualizado la causa de sobreseimiento establecida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, respecto del acto consistente en la omisión de realizar el pago de la pensión mensual marcado como inciso b) del considerando II, procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, por los motivos expuestos en el considerando IV que antecede Ahora, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en restitución de la garantía individual violada, se concede al impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, en relación con la omisión de culminar el trámite de la pensión, marcado como inciso a) del considerando II, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que el presente fallo cause ejecutoria, realicen la inmediata conclusión del trámite de pensión solicitada por la parte quejosa con las firmas de los integrantes que le den validez legal. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Ysrael López López, respecto del acto reclamado identificado en el inciso b) del considerando II, por las razones expuestas en el diverso IV, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Ysrael López López, respecto del acto reclamado precisado en el inciso a) del apartado II, por las consideraciones y para los efectos señalados en los diversos VI y VII de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Ampliación de demanda. Agréguese a los autos el escrito presentado por ****-quejosa en el presente juicio de amparo- y, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda que plantea respecto de la autoridad responsable Jefe del Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad. 2. Informe justificado. Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable rinda su informe justificado, lo que deberá hacer dentro del plazo de quince días, enviando adjunto a dicho informe copia certificada, completa y legible de las constancias que sirvan de apoyo. Se proporciona el correo institucional 1jdo5cto@correo.cjf.gob.mx a efecto de que haga llegar su informe o cualquier comunicación dirigida al órgano. 3. Apercibimiento a la autoridad responsable. Apercíbasele que de incumplir con lo anterior en el lapso fijado, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto que se le reclama. Además, en términos del numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y los artículos transitorios primero, segundo y tercero, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, que reformó y adicionó diversos dispositivos del texto constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá en la sentencia que se dicte, multa de cien unidades de medida de actualización. 4. Requerimiento a la autoridad. Requiérase a la autoridad señalada como responsable para que, al momento de rendir su informe con justificación, comuniquen si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del mismo acto reclamado; asimismo, para que tan pronto como ocurra una causa notoria de sobreseimiento o hayan cesado los efectos del acto combatido, así lo hagan saber a este juzgado. En el entendido que no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, ello de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la legislación reglamentaria. 5. Prevención a la autoridad. En caso de que se niegue a recibir un oficio de notificación, se tendrá por hecha la misma, debiendo el actuario adscrito levantar una razón sobre el particular. 6. Comunicación a la responsable de las resoluciones que se le notificarán por oficio. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.176/2012 (10a.), de título: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le será notificada por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales, y las restante se le notificará por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. 7. Agente del Ministerio Público de la Federación. Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete. 8. Emplazamiento. Debido a la naturaleza del acto reclamado, se advierte la inexistencia de la parte tercero interesada. 9. Incidente de suspensión. Sin que sea el caso tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado. 10. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la instrumental de actuaciones y la presuncional, legal y humana; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente asunto. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintiséis de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábil el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las once horas con nueve minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese; por oficio a la citada autoridad responsable, personalmente a la representación social de la adscripción y a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta, téngase por rendido el informe justificado remitido por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; dese vista a las partes con su contenido, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Domicilio y delegados. En términos del artículo 9, de la ley de la materia, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende, y por designados como delegados en este asunto, a los profesionistas a que alude el oficiante. Invoca causales. Ahora bien, toda vez que invoca causales de improcedencia y sobreseimiento, por tanto, habrán de analizarse en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Pruebas. Por otro lado, con fundamento en el numeral 119 de la mencionada ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas al oficio que se atiende, así como la presuncional -en su triple aspecto legal, lógico y humano-, la instrumental de actuaciones, y la que denomina como "confesional expresa"; sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente asunto. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de octubre de dos mil veintitrés. Alegatos. Glósese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por la autorizada de la parte quejosa, en atención a las manifestaciones que realiza, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que vierte en los términos que indica y tómense en consideración al resolverse el presente juicio. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otro lado, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte la imposibilidad para llevar a cabo la celebración de la audiencia constitucional programada para esta fecha, toda vez que se encuentra pendiente que transcurra el término previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la partes se impongan del contenido del informe agregado el ********************. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para esta data y se fijan las once horas con cincuenta y siete minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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