Jorge Yamil Conde Medina

Expediente 1364/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1364/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Yamil Conde Medina

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Progreso, Yucatán, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se desprende que la misma se encuentra en vías de cumplimiento. Y, atento a lo solicitado por la autoridad de marras, se le proporciona un plazo improrrogable de quince días hábiles, contado a partir de la notificación de este acuerdo, a efecto de que dé cumplimiento a lo requerido en proveído de diez anterior; quedando subsistente el apercibimiento decretado en el cuerpo del mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por Grety Rubí Cerón Llanes, en su calidad de delegada del Gobernador del Estado de Yucatán, mediante el cual hace diversas manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno en relación con tales manifestaciones, derivado de que con respecto a la autoridad responsable oficiante se sobreseyó en la sentencia emitida en el presente juicio de amparo, no así con respecto de las responsables titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y agente de su adscripción. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada el cinco de octubre del año en curso, en el presente juicio de amparo. Por ende, con apoyo en los artículos 356 del Código Federal de Procedimientos Civil, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en relación al artículo 81, inciso e), del propio ordenamiento, se declara que la expresada resolución que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, y en el segundo AMPARÓ y PROTEGIÓ al aquí quejoso Jorge Yamil Conde Medina, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumplan con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados. Apercibidas que de no cumplir con lo anterior, en el lapso señalado, se les impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia constitucional. En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1364/2023-VII, promovido por Jorge Yamil Conde Medina; estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los cuales obran agregados en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para que sean tomados en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la documental, instrumental de actuaciones y de presunciones legales y humanas ofertadas por el quejoso en su escrito de demanda, así como con las documentales exhibidas por las responsables con sus informes justificados. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes citadas, las cuales se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Abierto el período de alegatos, el Secretario hace constar que las partes no los formularon; con lo que se cierra esta etapa. A continuación, la Jueza procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver, el presente juicio de amparo 1364/2023-VII, promovido por Jorge Yamil Conde Medina, contra los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y de otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado, Jorge Yamil Conde Medina, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como del titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y del agente de su adscripción, mismos que hizo consistir en la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente el numeral 79, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como la emisión de la boleta de infracción con folio 6654, de cinco de agosto de dos mil veintitrés, y su ejecución. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque los actos reclamados tiene ejecución en esta entidad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto que por esta vía se impugna como inconstitucional y que se desprende del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, se advierte que la impetrante de amparo, reclama de las responsables, dentro del ámbito de sus atribuciones: - La aprobación, promulgación y publicación la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente el numeral 79, fracción VI, así como del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; y, - La emisión de la boleta de infracción con folio 6654, de cinco de agosto de dos mil veintitrés, y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos que se reclaman del Congreso y del Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, así como del titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y del agente de su adscripción, pues así lo admitieron al rendir sus respectivos informes justificados. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además de que uno de los actos reclamados se hace consistir en la presunta inconstitucionalidad de un numeral integrante de una ley estatal y de su reglamento, por lo que, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de una causal de improcedencia actualizada. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se debe abordar el estudio de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de ese mismo ordenamiento y en la jurisprudencia 940, visible en la página 1538, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1998, que establece: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías" En ese sentido, esta Juzgadora Federal advierte que, respecto de los actos reclamados relativos a la aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, específicamente el numeral 79, fracción VI, así como del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que dicha normativa no le fue aplicada al quejoso, como se verá a continuación. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Conforme al precepto legal transcrito, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo, la primera que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico) y, la restante, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos humanos y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo), deberá acreditarse tal calidad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio que la misma regula. Al respecto, se tiene en cuenta que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, ambos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). De tal forma que, para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 55/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, julio de 1997, página 5, página 123, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, sobre los requisitos que se deben cumplir para reclamar un conjunto de normas como un sistema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia por reiteración identificada como 100/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Junio de 2008, página 400, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en vía de amparo pueden reclamarse disposiciones legales que guarden una íntima relación entre sí, aun cuando el quejoso sólo acredite el acto de aplicación de una de ellas o que se ubique en el supuesto jurídico de una sola, que lo legitima para controvertirlas de manera conjunta como un sistema normativo, al irrogarle un menoscabo en su esfera jurídica. Ahora bien, esta prerrogativa de impugnación de normas desde su sola vigencia o por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas, requiere que en su conjunto formen una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación; por tanto, no cualquier norma puede integrar junto con otras un sistema impugnable a través del juicio de amparo, ya que deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente; de ahí que no pueda integrarse o abarcar normas que sólo hacen una mera referencia, mención o correlación con otras, sino que deban guardar correspondencia entre ellas, porque precisamente a partir de esa relación estrecha el particular puede controvertir disposiciones generales aunque no hayan sido aplicadas en su perjuicio, siendo heteroaplicativas, o desde su sola vigencia, las autoaplicativas." Del análisis del criterio en cita, se advierte, que la Segunda Sala señaló como elementos a considerar en el amparo contra leyes, cuando se reclama un sistema normativo, lo siguiente: 1. Que las normas se pueden reclamar desde su sola vigencia, o bien, por virtud de un acto de aplicación de alguna de ellas. 2. Que las disposiciones reclamadas requieren formar una verdadera unidad normativa, de modo que si se declara la inconstitucionalidad de una, se afecte a las demás en su sentido, alcance o aplicación. 3. Que las normas reclamadas deben tener una relación directa entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio o fuente. Sobre esa base, debe insistirse en que la parte quejosa impugna el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, así como su Reglamento, afirmando que este último, con la restante disposición, conforman un sistema normativo. Sin embargo, de las constancias que obran en el sumario, no se advierte que dichas disposiciones le hubieren sido aplicadas al quejoso. Ello, precisamente porque las autoridades policiales del municipio de Progreso, Yucatán, no exhibieron mandamiento alguno por escrito en el que se demuestre la aplicación, en perjuicio del quejoso, de las normativas controvertidas por éste. Incluso, en el recibo de pago que exhibió el impetrante, no se desprende que hubiere tenido sustento en esa normatividad. Además de que, incluso, el numeral 79, fracción VI, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, únicamente contempla como sanción por contravenir las disposiciones de la ley de la que emana, la retención de vehículos; en tanto que el quejoso impugna una multa impuesta por presuntamente cometer una infracción de tránsito y no la retención de algún automotor. De ahí que, respecto de la legislación reclamada, al no haberle sido aplicada al quejoso por autoridad alguna, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; máxime que, en todo caso, la multa combatida no se encuentra contemplada en el numeral tildado de inconstitucional. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio respecto de las citadas disposiciones legales y reglamentarias. QUINTO. Análisis de causales de improcedencia no actualizadas. El Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán hace valer que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso no acreditó su interés jurídico para instar el presente juicio de amparo, debido a que no exhibió la boleta de infracción en la que se demuestre la aplicación del numeral tildado de inconstitucional. Es infundado lo que se sostiene, pues en el caso, la autoridad que impuso la infracción al quejoso, admitió la existencia de la misma, por lo que es evidente que con ello, contrario a lo esgrimido por el Gobernador responsable, sí se demuestra su interés jurídico, ya que se acredita la afectación que resintió con la imposición de la multa controvertida. No habiendo alguna diversa causal de improcedencia hecha valer, ni advertirse de manera oficiosa alguna que deba ser estudiada de acuerdo a lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, a través de los conceptos de violación expuestos, sin que sea necesaria su transcripción al no existir disposición que obligue a ello, acorde a la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación en relación con el acto de aplicación (boleta de infracción). Resultan fundados los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante del amparo, por lo que deberá concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita, como se verá a continuación. En el caso, toda vez que no se consideró inconstitucional el numeral que indicó, perteneciente a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Primeramente, cabe señalar que la parte quejosa, en su segundo concepto de violación, aduce que la multa que le fue impuesta, transgrede sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 16 Constitucional, toda vez que no consta por escrito ni tampoco le fue entregada la misma, en la que se hubiere cuantificado la sanción relativa ni los parámetros que se tomaron en consideración para tal efecto. Ahora bien, el artículo 16 de la Constitución, protege que nadie puede ser molestado en sus papeles o posesiones, sino mediante acto de autoridad fundado y motivado, como se advierte de su contenido: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento..." Ese derecho fundamental se ha entendido como el deber que tiene la autoridad de expresar sus actos por escrito, así como los preceptos legales que regulen el hecho, las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con ese acto autoritario, así como la obligación de expresar las razones por las cuales la autoridad considera legal su acto. Esto es, que no sólo es necesario que exprese sus actos por escrito, sino que debe fundar y motivar el mismo, estableciendo sobre bases objetivas la racionalidad y la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de la autoridad; lo que además permite la posibilidad de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que considere afectan o lesionan su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de defensa de aquéllos ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sostenida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 65, Mayo de 1993. En la página 61, que dice lo siguiente: "SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SI MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 16 constitucional contiene una garantía de seguridad jurídica, que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que originen una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios a dicho precepto constitucional." De lo anterior, se desprende que existen tres requisitos indispensables en todo acto de autoridad, los cuales son: 1. El hecho de que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones. 2. En caso de que tenga que ser así, debe existir un mandamiento escrito, expedido por la autoridad competente; y, 3. Que dicho mandamiento, funde y motive la causa legal de tal molestia en los bienes y posesiones de las personas. Por tanto, se establece que cualquier acto de autoridad, debe contener esos tres requisitos para que en principio, no sea violatorio de derechos humanos, traduciéndose lo anterior, en el hecho de que en caso de que el acto de autoridad, carezca de cualquiera de los requisitos mencionados, el mismo, resultará violatorio de los derechos fundamentales de los gobernados. Motivo por el que se afirma que lo anterior no se cumplió en el presente caso, cuenta habida que las autoridades responsables del municipio de Progreso, Yucatán, omitieron por completo exhibir en este juicio, documentación alguna relativa a la justificación legal del por qué se le impuso al quejoso, una multa por la suma de $13,300.00 (Trece mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), cuyo pago ampara el recibo 6434, de cinco de agosto de dos mil veintitrés, o en su caso, la documentación que acredite que la existencia de la infracción que motivó dicho pago, ni remitió acto de autoridad alguno que conste por escrito. Ello, pues si bien indicaron que la imposición de la multa la motivó una infracción de tránsito, al haber resultado positivo a la prueba de aire espirado para la detección de alcohol; de las constancias que remitieron las responsables no se advierte en concreto la cuantificación de esa presunta infracción, ni tampoco los fundamentos legales supuestamente inobservados. Por tanto, es inconcuso que no se acreditó la existencia por escrito de algún acto de autoridad que justifique u ordene el pago de la cantidad erogada por el quejoso, sin que se indique los motivos por los que dicha suma le fue fijada como pago de una presunta infracción de tránsito que cometió. Cuenta habida que en el caso, la parte quejosa acreditó el interés jurídico que le asiste, pues adjuntó a su escrito inicial de demanda, el recibo de cobro 6434, de cinco de agosto de dos mil veintitrés, expedido por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, el cual se encuentra expedido a su nombre. Aunado a que las autoridades policiales responsables admitieron la existencia de dicho cobro. Motivo por el que, al no haber demostrado las autoridades responsables, la emisión de acto alguno en el que se hubiere observado lo dispuesto por el artículo 16 de la Carta Magna, esto es, mediante algún escrito, en el que se expusieran los fundamentos que autorizan la imposición de la multa que le fue cobrada al quejoso, transgreden en perjuicio de éste sus derechos fundamentales. En ese sentido, se pone de manifiesto que la parte quejosa fue obligada a cubrir una cantidad de numerario, sin que exista mandamiento por parte de las responsables, puesto que no se advierte que el pago reclamado hubiese estado respaldado por procedimiento legal alguno, esto es, mediante la imposición de una multa debidamente fundada y motivada, sustentada en un mandamiento escrito. Lo antes razonado encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 14 tercera parte, visible a página 37, que dice textualmente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable en el caso, y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales o razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la eficiencia del acto." Así como la tesis jurisprudencial, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 30 tercera parte, visible a página 57, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTIA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita la parte quejosa. En ese sentido, el artículo 77 de la ley de la materia, establece que cuando el acto reclamado es de carácter positivo, como en el caso, la sentencia tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Por tanto, el titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y el agente de su adscripción, en el ámbito de su competencia, deberán dejar insubsistente el pago contenido en el recibo 6434 de cinco de agosto de dos mil veintitrés. Como consecuencia de lo anterior, deberán gestionar la devolución de la cantidad de $13,300.00 (Trece mil trescientos pesos 00/100 moneda nacional), que la parte quejosa erogó por concepto de pago de una presunta multa de tránsito. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Yamil Conde Medina, en relación con el acto reclamado al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán; lo anterior, en términos del considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jorge Yamil Conde Medina, en relación con el acto reclamado consistente en el pago de una supuesta infracción (multa) atribuida al titular de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Ayuntamiento de Progreso, Yucatán, y al agente de su adscripción; por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando sexto de este fallo. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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