Jorge Virgen Salas

Expediente 232/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
232/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Jorge Virgen Salas

Actuaciones

  1. Principal

    se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada; en consecuencia, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y notificado que sea el presente acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, se considera susceptible de destrucción. En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación al quejoso ordenada en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte; en consecuencia, túrnense los autos al actuario judicial que corresponda a efecto que realice dicha notificación, de manera electrónica, tal y como se ordenó en proveído de veintisiete de febrero del año en curso. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 232/2020, promovido por --- contra actos del Congreso de la Unión, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Jorge Virgen Salas acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Congreso de la Unión, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de amparo de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, fue recibida el diez de febrero de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes dicho orgáno, y previas aclaraciones, por auto de tres de marzo de dos mil veinte, se acordó: admitir a trámite bajo el número de expediente 232/2020; requerir a las autoridades señaladas como responsables por su informe justificado; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, seguido el juicio por todos sus trámites legales, el veintisiete de agosto del presente año tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que obra en autos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se combaten actos emitidos por autoridades diversas a las jurisdiccionales, con ejecución en la circunscripción territorial en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018. JUICIO DE AMPARO 232/2020-II SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo, En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en: La omisión de expedir la ley reglamentaria que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los Registros Civiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo el artículo 73, fracción XXIX-R, en armonía con el segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Una vez señalado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la certeza o inexistencia de éste, TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado del Congreso de la Unión, consistente en la omisión legislativa de expedir la ley reglamentaria que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los Registros Civiles, conforme al artículo 73, fracción XXIX-R, en armonía con el segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil diecisiete. Ello es así, ya que la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le imputa, mientras que, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no obstante que en su informe justificado negó categóricamente la existencia del acto que se le reclama, dicha negativa se encuentra desvirtuada con base en las consideraciones siguientes: En primer lugar, es importante señalar que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber legal de realizar una conducta y que el sujeto pasivo de esa relación haya incumplido con dicho mandato. Bajo ese tenor, es ampliamente aceptado que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones. En este orden de ideas, pueden identificarse al menos tres tipo de omisiones en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas. Respecto de las omisiones legislativas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha identificado cuatro clases, en atención a si se está frente a una competencia potestativa u obligatoria, y si la omisión de que se trata es absoluta -cuando la autoridad no ejerce su competencia ni externa su voluntad de hacerlo- o relativa -cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes-: Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio. Relativas en competencias de ejercicio obligatorio. Absolutas en competencias de ejercicio potestativo. Relativas en competencias de ejercicio potestativo. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro, son del tenor siguiente: OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS. En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han ejercido su competencia de crear leyes ni han externado normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo, en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera incompleta o deficiente". 3 Por otra parte, no deben confundirse las omisiones legislativas con las lagunas. Existe una laguna normativa cuando el legislador no regula un supuesto de hecho específico, de tal forma que un caso concreto comprendido en ese supuesto no puede ser resuelto con base en una norma preexistente del sistema jurídico. En cambio, una omisión legislativa se presenta cuando el legislador no expide una norma o un conjunto de normas estando obligado a ello por la Constitución. Así, mientras las lagunas deben ser colmadas por los jueces creando una norma que sea aplicable al caso (o evitando la laguna interpretando las normas existentes de tal forma que comprendan el supuesto que se les presenta), una omisión legislativa no puede ser reparada unilateralmente por los tribunales, pues éstos no tienen competencia para emitir las leyes ordenadas por la Constitución, por lo que es el órgano legislativo quien debe cumplir con su deber de legislar. Bajo tales precisiones normativas, se concluye que para la configuración de una omisión legislativa, que sea susceptible de estudiarse a través del juicio de amparo, es necesario que concurran las siguientes condiciones: a) La existencia de un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido, a cargo de una autoridad legislativa. b) El incumplimiento total o parcial de realizar el acto legislativo a que se refiere el mandato constitucional. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido a cargo del Poder Legislativo -federal o de las entidades federativas- y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente por el legislador. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, pues el objeto de este medio de defensa se contrae directamente a tutelar derechos humanos y en vía de consecuencia, a garantizar la regularidad constitucional del ordenamiento jurídico. De modo que, a falta de un mandato constitucional concreto -que se estime incumplido en razón de una conducta omisiva-, deviene improcedente el juicio de amparo. Por tanto, cabe concluir que únicamente las omisiones absolutas o relativas en competencias de ejercicio obligatorio son susceptibles de reclamarse en esta instancia. Ahora bien, en el caso concreto, la quejosa sostuvo en la demanda de amparo que los artículos 73, fracción XXIX-R, y segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil diecisiete, establecen el deber a cargo del Congreso de la Unión de expedir una ley general que reglamentara en materia de registros civiles en un determinado tiempo, pues, afirma, que la obligación conferida a las responsables en dicho mandato constitucional se ha incumplido totalmente, en razón de que no han expedido dicha legislación y el plazo previsto en el artículo transitorio para ese efecto ha fenecido. En este sentido, en la medida en que la parte quejosa refiere cuál es el mandato constitucional en que se encuentra establecido de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido, a cargo de las autoridades responsables, este órgano jurisdiccional se encuentra en aptitud de emprender un análisis del mando constitucional en referencia a fin de evidenciar la existencia de la omisión legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo una norma constitucional que de manera clara y precisa establezca la obligación de hacerlo. En primer lugar, es necesario traer a colación lo que disponen el artículo 73, fracción XXIX-R constitucional y segundo transitorio del Decreto de la reforma constitucional de cinco de febrero de dos mil diecisiete, que son las disposiciones que invoca el quejoso para sustentar su argumento. Los artículos en cuestión disponen literalmente lo siguiente: "Artículo 73. . XXIX-R. Para expedir las leyes generales que armonicen y homologuen la organización y el funcionamiento de los registros civiles, los registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales; Transitorios Segundo.- En un plazo que no excederá de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión expedirá las leyes generales a que se refieren las fracciones XXIX-A, XXIX-R, XXIX-Y y XXIX-Z de esta Constitución.". Según se ve, dichos numerales establecen, en la parte que interesa, que el Congreso de la Unión, se encuentra facultado para expedir la normatividad correspondiente en materia de registros civiles, encaminada a unificar la organización y el funcionamiento de los mismos. Asimismo, contará con un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del Decreto en mención, para emitir la legislación adecuada. De esta manera, se constata la existencia de un mandamiento constitucional que impuso al Congreso de la Unión el deber de expedir una ley que reglamente el artículo 73, fracción XXIX-R, en lo que concierne a los registros civiles, en un plazo que ya ha transcurrido en exceso y esto no ha ocurrido, se concluye la existencia de la omisión legislativa reclamada. En consecuencia, como se mencionó con anterioridad: nos encontramos frente una omisión legislativa absoluta atribuible a las dos Cámaras del Congreso de la Unión. No es óbice para la anterior consideración, que el plazo dentro del cual se conmina a las responsables a legislar en la materia cuestión de estudio, se encuentre contenido en un artículo transitorio, pues al respecto, la Suprema Corte del Máximo Tribunal del País ha sostenido que los artículos transitorios contenidos en el decreto de reforma de un ordenamiento forman parte del cuerpo normativo expedido. De los preceptos transcritos se desprende que mediante una disposición transitoria constitucional se estableció expresamente que las elecciones a partir del año dos mil se realizarían en la misma jornada electoral el primer domingo de septiembre del año electoral respectivo; que para el año dos mil cuatro, las elecciones para gobernador, diputados y Ayuntamientos se llevarían a cabo el domingo cinco de septiembre; que en el año dos mil se llevó a cabo una reforma integral a la Constitución Local sin que en ninguno de los preceptos que la conforman se estableciera que la fecha fijada para los comicios en el citado transitorio se derogaba o modificaba; que en el Código Electoral estatal publicado el diecinueve de octubre de dos mil, se estableció como fecha para las elecciones de gobernador, diputados y ediles, el primer domingo de septiembre -coincidente con el señalado por la citada disposición transitoria constitucional- y que en el decreto impugnado se modificaron, quedando la celebración de las elecciones para gobernador y diputados el primer domingo de agosto y para miembros del Ayuntamiento, el último domingo de octubre. Ahora bien, es importante destacar que el artículo tercero transitorio de la Ley Número 59 de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, por la cual se reformó y adicionó la Constitución Política del Estado de Veracruz, en el que se dispuso, entre otras cosas, que a partir del año dos mil las elecciones de gobernador, diputados y Ayuntamientos se realizarían en la misma jornada electoral, el primer domingo de septiembre del año electoral respectivo, y concretamente que el domingo cinco de septiembre del año dos mil cuatro se elegirían en la misma jornada electoral gobernador, diputados y Ayuntamientos, no obstante constituir una disposición transitoria, goza del mismo atributo de obligatoriedad al igual que el articulado común que integra la Ley Suprema estatal, porque para su emisión se cumplieron con los requisitos del artículo 130 de la propia Constitución Local (vigente en esa época) para ser parte de la misma. (Lo subrayado es propio de este órgano jurisdiccional) En efecto, como se puede apreciar, el Pleno, sostuvo que en relación con la Constitución del Estado de Veracruz "una disposición transitoria, goza del mismo atributo de obligatoriedad al igual que el articulado común". De este modo, se afirma que los artículos transitorios de la Constitución comparten con ésta la misma jerarquía normativa, ya que también constituyen normas constitucionales con el mismo rango y fuerza normativa. Al haberse acreditado la existencia del acto reclamado, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia actualizadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede el análisis de las causales de improcedencia, dado que éstas deben analizarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, ya sea que las hagan valer las partes o de manera oficiosa las advierta el suscrito juzgador, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Primer causal de improcedencia invocada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Subdirector de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir el informe justificado alegó que debe sobreseerse en el juicio ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicho planteamiento, la autoridad responsable alega, en esencia, que el quejoso reclama una omisión de carácter legislativa, frente a la cual no es procedente su reclamo a través del juicio de amparo, pues, afirma que la ley de la materia no contempla un mecanismo de defensa para dicho tipo de omisiones, en virtud de que la voluntad del Poder Constituyente Reformador únicamente otorga a los gobernados la posibilidad de reclamar las omisiones que deriven de un juicio o de autoridad administrativa. El planteamiento de sobreseimiento es infundado, toda vez que en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el JUICIO DE AMPARO 232/2020-II otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". De la porción normativa de la ley de la materia invocada, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo puede derivarse no solo de las causales descritas en el mencionado artículo 61 de la Ley de Amparo, sino que puede surgir de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, las disposiciones constitucionales señaladas establecen con toda claridad que los tribunales de la Federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, y que el amparo indirecto procede contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo se colige que el acto reclamado se hace consistir en la omisión de expedir la ley reglamentaria que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los Registros Civiles, conforme al artículo 73, fracción XXIX-R; lo que se traduce en una omisión absoluta de carácter legislativo. Así, contrario a lo alegado por la responsable, la ley de la materia contempla la procedencia del juicio de amparo respecto dicho tipo de omisiones, pues, de acuerdo con la clasificación de las omisiones legislativas realizada en el considerando que antecede, el juicio de amparo es procedente contra una omisión legislativa absoluta, como en el caso acontece. Lo anterior obedece a que después de la reforma constitucional en materia de amparo de diez de junio de dos mil once, el artículo 103, fracción I, confiere a los tribunales de la Federación la facultad para conocer de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. De igual manera, en comunión con lo dispuesto por el diverso 107 fracción II, de la vigente Ley de Amparo el amparo indirecto es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, lo que en la especie es aplicable. Aunado a lo anterior, resulta conveniente mencionar que si bien la Constitución establece de manera genérica la procedencia del juicio de amparo en contra de "omisiones de la autoridad", también lo es, que no señala expresamente que se excluyan las omisiones atribuibles al legislador. Bajo ese contexto, se puede concluir que la fracción VII del artículo 107 constitucional establece la posibilidad de promover juicio de amparo contra "normas generales", entre las cuales indiscutiblemente se encuentran las leyes, máxime que, adverso a lo manifestado por la responsable, fue voluntad del Poder Constituyente Reformador otorgar a los gobernados dicha prerrogativa al realizar la reforma que menciona sobre el máximo cuerpo normativo del país. En apoyo a dicha aseveración, es menester señalar que como efectivamente refiere la responsable, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada durante la anualidad del dos mil once, concretamente, el seis y diez de junio de la citada anualidad, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación dos reformas a dicho ordenamiento que modificaron radicalmente el orden jurídico nacional al representar un avance en la protección y defensa de los derechos humanos. En relación a la reforma del seis de junio de dos mil once, en lo que aquí interesa, contempla la oportunidad de promover el juicio de amparo respecto de cualquier norma general, al preverse su procedencia por violaciones a los derechos humanos plasmados en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, con la introducción de figuras como el amparo adhesivo y los intereses legítimos individual y colectivo. Luego, por lo que ve a la segunda, esto es, la de diez de junio, se reformó el artículo 1º Constitucional, a efecto de reconocer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. De este modo, se estableció la obligación para todas la autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en armonía con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; ello, bajo la premisa de que es al Estado a quien le corresponde prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Por consiguiente, la reforma al juicio de amparo que establece su procedibilidad, a partir de un interés legítimo y el establecimiento de los principios relativos a los derechos humanos antes precisados, conforman los elementos jurídicos sustanciales para sostener que la omisión legislativa es impugnable en el juicio de amparo, bajo determinadas condiciones. Para evidenciar lo anterior, es indispensable tomar en consideración que en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Carta Magna, de JUICIO DE AMPARO 232/2020-II diecinueve de marzo de dos mil nueve, que dio origen a la reforma constitucional en mención sobre la materia de juicio de amparo, se realizó el planteamiento siguiente: "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Sobre la base de llevar a cabo estos dos grandes objetivos es que se propone reformar los artículos 94, 100, 103, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las líneas subsecuentes, se expondrán en forma detallada las propuestas y modificaciones materia de esta iniciativa. Por otro lado, se propone establecer en el artículo 103 constitucional la atribución a los tribunales de la federación para resolver en amparo toda controversia que se suscite no sólo por normas generales y actos de autoridad, sino también por omisiones en que ésta incurra, las que, dada la naturaleza de los derechos sociales, son su principal medio de violación. Asimismo, se precisa que la protección de los derechos fundamentales es independiente de su carácter individual o social. De lo transcrito, se aprecia claramente que la intención del legislador es añadir al texto constitucional la procedencia del juicio de amparo en contra de omisiones. Y esto es así porque el amparo antes de la reforma, evidentemente, procedía también en contra de omisiones de la autoridad; pero para ello se requería contar con un interés jurídico. Asimismo, el poder legislador señaló que pueden reclamarse en el amparo las omisiones, y destacó que éstas son el principal medio de violación de los derechos sociales, y para dejar en claro que esto no se refería sólo a estos últimos, mencionó que la protección de éstos es independiente de su carácter individual o social. En esa óptica, como se adelantó, no opera la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. II. Segunda causal de improcedencia invocada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La autoridad responsable manifiesta que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción II, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a que el quejoso reclama una omisión legislativa, frente a la cual debe prevalecer el principio de relatividad de la sentencias que impide obligar a la autoridad legislativa a reparar una omisión porque esto implicaría darle efectos generales a la ejecutoria. Lo anterior, es infundado, bajo las consideraciones siguientes: En primer término, conviene reproducir el contenido del precepto normativo de la Carta Magna invocado: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: II. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Ahora bien, del análisis de la fracción II del artículo 107 constitucional, se obtiene que las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Dicho principio debe ser observado por los jueces de amparo, por ello se encuentra contemplado en el artículo 73 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 73. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. El Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de resoluciones sobre la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general y amparos colectivos, deberán hacer públicos los proyectos de sentencias que serán discutidos en las sesiones correspondientes, cuando menos con tres días de anticipación a la publicación de las listas de los asuntos que se resolverán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, mediante acuerdos generales, reglamentarán la publicidad que deba párrafo anterior. Cuando proceda hacer la declaratoria general de inconstitucionalidad se aplicarán las disposiciones del Título Cuarto de esta Ley. En amparo directo, la calificación de los conceptos de violación en que se alegue la inconstitucionalidad de una norma general, se hará únicamente en la parte considerativa de la sentencia". De este modo, el principio de relatividad ordena a los tribunales de amparo estudiar en las sentencias únicamente los argumentos de las partes y, en su caso, conceder el amparo sólo para el efecto de que se restituyan los derechos violados de los quejosos, sin que sea relevante para efectos de la procedencia del juicio el hecho de que una sentencia estimatoria eventualmente pudiera traducirse también en alguna ventaja o beneficio para personas que no fueron parte del litigio constitucional. Ahora, en el caso en particular, como ya se ha reiterado en diversas ocasiones, el quejoso señala como acto reclamado una omisión legislativa absoluta, por considerarla violatoria de sus derechos consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ende, adverso a lo argumentado por la responsable, respecto de dicho acto no se actualiza ninguna causal de improcedencia que suponga una vulneración al principio de relatividad. Esto es así, ya que el principio en cita, implica que los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo, sin embargo, es perfectamente admisible que al proteger a los quejosos, indirectamente y de manera eventual, se beneficie a terceros ajenos a la controversia constitucional. III. Tercera causal de improcedencia invocada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La responsable manifiesta que opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 49, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho ordenamiento instituye la figura de división de poderes, lo que implica que el Poder Judicial se encuentre imposibilitado para revisar cuestiones de "omisión legislativa" en la sede constitucional de amparo. Dicha porción constitucional es del tenor siguiente: "Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar." En efecto, de la disposición constitucional señalada consagra el principio de división de poderes, al establecer que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que no podrán reunirse dos o más de esos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo. No obstante lo anterior, para demostrar que en el asunto que nos ocupa, no opera la causa de improcedencia hecha valer, conviene mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1359/2015, concluyó que puede tener lugar la improcedencia del juicio de amparo contra omisiones legislativas en virtud de que los tribunales de amparo no tienen facultades para "obligar al Poder Legislativo a legislar", ya que conforme al principio de división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Carta Magna, los órganos de gobierno solo pueden ejercer las competencias y funciones que les son otorgadas. En ese tenor, señaló que si la Constitución atribuyó la función de legislar al Poder Legislativo, podría argumentarse que los tribunales, al conceder un amparo por omisión legislativa, estarían interviniendo en el proceso legislativo sin que haya sustento constitucional para ello y, de esa manera, estarían violando el principio de división de poderes; empero, estimó que los tribunales de amparo tienen facultades constitucionales para ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos sean violados por una omisión legislativa absoluta, dado que en un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución. De este modo, incluso cuando el Poder Legislativo tenga una función de la máxima importancia dentro nuestro orden constitucional, se encuentra sometido a la Constitución, y por ende, no es libre para decidir no legislar. Partiendo de dicha premisa, la única manera de mantener un estado de regularidad constitucional es que los tribunales de amparo estén en aptitud de determinar si en un caso concreto una omisión de legislar se traduce además en una vulneración a los derechos de las personas. Por ello, ante la existencia de un mandato constitucional dirigido al Poder Legislativo en el que se le imponga claramente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución. Particularmente, tienen el deber de proteger a las personas frente a las omisiones del legislador, garantizando que estas no se traduzcan en vulneraciones de sus derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que con la eventual concesión del amparo se constreñiría al órgano estatal a legislar en determinado sentido, también lo es que debe entenderse que el mandato para crear una disposición o disposiciones no es más que la culminación o consecución de lo ya ordenado por el Constituyente Permanente, por lo que, en realidad, es la decisión del Poder Revisor de la Constitución y no los jueces o tribunales de amparo, la que constriñe a los órganos estatales respectivos a que legislen, ya que el débito de legislar no deriva de una resolución judicial, pues tal obligación es preexistente al juicio de amparo, sino que emana de un mandato claro y expreso contenido en la propia Constitución Federal, el cual, al no haber sido debidamente acatado por las autoridades respectivas, exige que tal omisión deba repararse mediante el juicio de amparo, a efecto de salvaguardar el principio de supremacía constitucional. En esa medida, no opera la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. IV. Cuarta causal de improcedencia invocada por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. La citadas autoridades responsables proponen la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, aduciendo que las omisiones reclamadas no producen un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la quejosa. En el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos JUICIO DE AMPARO 232/2020-II establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." De las normas transcritas se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del arábigo 5º de la Ley de Amparo y, contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Conforme a lo dispuesto en el citado precepto 5°, fracción I, de la ley de la materia, tiene la calidad de quejoso aquella persona que aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la propia ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con el interés jurídico para promover el juicio de amparo, conviene puntualizar en qué consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, un daño o menoscabo en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional. En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Por su parte, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra. Así, el juicio de amparo puede promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado - que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados -interés legítimo-, el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de las sentencias. En congruencia con lo anterior, ambos tipos de interés participan de cuatro elementos o rasgos característicos que los diferencian, los cuales resultan orientadores para determinar en qué casos debe satisfacerse uno u otro, a fin de acreditar el exigido por la norma constitucional para efectos de la procedencia del juicio de amparo, los cuales son: a) Titularidad del interés: tratándose del jurídico, corresponde a una persona determinada, de forma individual y exclusiva; mientras que en el legítimo, la titularidad corresponde a una colectividad determinada. b) Poder de exigencia del titular: del interés jurídico, deriva la capacidad para exigir a una autoridad, la realización de cierta conducta de dar, hacer o no hacer en su beneficio; mientras que en el segundo no puede exigirse una prestación para sí, sino que sólo da lugar a exigir que la autoridad actúe conforme a la ley, porque la violación a ésta le produce una afectación a su situación, su cumplimiento, un beneficio o una ventaja jurídica. c) Clase de bien jurídico que tutela: tratándose del jurídico, el bien que se tutela es un derecho subjetivo del que es titular la parte quejosa; mientras que en el legítimo, la materia de protección recae sobre intereses difusos. d) Tipo de afectación que sufre el titular del interés: tratándose del jurídico la afectación deriva de una lesión directa a la esfera jurídica del gobernado; en tanto que en el legítimo, se produce de manera indirecta, es decir, no es una lesión a la persona, sino a la colectividad, sin embargo, afecta o impacta calificadamente a un grupo de personas que pertenecen a esa comunidad por la posición que guardan frente al acto. Por todo lo anterior, resulta pertinente destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y la autoridad que lo emite, para acreditar su interés jurídico o legítimo, debe demostrarse distintos elementos constitutivos. Así, tratándose del interés jurídico, es preciso que converjan los siguientes requisitos: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado. b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, con el objeto de demostrar la existencia del interés legítimo, es necesario que concurran los siguientes elementos: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Sobre tales premisas normativas, como se mencionó en el considerando que antecede de esta resolución, al reclamar en vía de amparo una omisión legislativa se deben acreditar centralmente dos cuestiones: I). La existencia de una omisión legislativa propiamente dicha, es decir, que el legislador no haya legislado sobre una determinada cuestión existiendo una norma constitucional que de manera clara y precisa establezca la obligación de hacerlo; y II) adicionalmente, también debe mostrarse que la omisión en cuestión supone una vulneración a derechos fundamentales del quejoso. De esta manera, al analizar el cumplimiento de esos extremos, esto es, si efectivamente las autoridades responsables incurrieron en una omisión legislativa que vulnere los derechos fundamentales del quejosa, se constata que el segundo de los requisitos en mención, no se encuentra subsanado. Lo anterior obedece a que este órgano jurisdiccional considera que la parte quejosa soslayó demostrar en los autos de la presente instancia constitucional que la omisión de las responsables de expedir una ley general que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los registros civiles, le irroga un perjuicio real y directo. Ello es así, en virtud de que no exhibió documento probatorio alguno con el que acreditara los efectos que se produjeron en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta por su situación especial frente al ordenamiento; lo que se considera así, pues únicamente allegó las siguientes pruebas documentales: 1. Copia simple del auto de veintiocho de enero de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio de amparo 47/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Colima. 2. Copia simple del auto de veinticuatro de enero de dos mil veinte, emitido en los autos del juicio de amparo 54/2020, del índice del Juzgado Primero de Distrito del Estado de Colima. Detallado lo anterior, se asevera que las pruebas documentales aportadas por la quejosa, sólo acreditan, en el mejor de los casos, que el impetrante de amparo acudió ante los Juzgados de Distrito del Estado de Colima, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto consistente en la omisión legislativa relativa a la normatividad correspondiente en materia de justicia cívica itinerante, empero, el mismo que no guarda intima relación con la instancia constitucional que aquí se resuelve, y es insuficiente para acreditar en forma real y actual la afectación aducida sobre su esfera jurídica. Aunado a lo anterior, del análisis íntegro de los antecedentes narrados en la demanda de amparo y manifestaciones vertidas en el escrito aclaratorio bajo protesta de decir verdad, se inadvierten manifestaciones generales indiciarias sobre la vinculación que el quejoso aduce tener respecto la omisión legislativa. Para mayor ilustración, se transcriben los capítulos respectivos de cada uno de los líbelos mencionados: "ANTECEDENTES: PRIMERO.- Que el 5 de Febrero del 2017, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre ellas Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles. SEGUNDO.- Dicho DECRETO en el PRIMERO Transitorio señala la entrada e vigor de las reformas y adiciones a diversos articulos de la Carta Magna, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y por parte en el Transitorio SEGUNDO señala un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo, donde el Congreso de la Unión se le ordena expedir diversas leyes generales, entre ellas la contemplada en el artículo 73 FRACCIÓN XXIX-R para expedir Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles. TERCERO.- Que la OMISIÓN LEGISLATIVA a cargo de las autoridades responsables señaladas en supralineas, genera en sí misma una violación al DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA, puesto que, al ser OMISOS en legislar en el sentido de expedir la Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles, en concordancia con el espiritu de nuestra Carta Magna y con los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano forma parte, genera en mi esfera jurídica un estado de indefensión, por la actividad irregular de las autoridades responsables.". "MANIFESTACIONES PRIMERO.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los diversos 54/2020 y 47/2020, promovidos por el suscrito en el Juzgado Primero y Tercero de Distrito del Estado de Colima respectivamente, NO GUARDAN RELACIÓN ALGÚNA LOS ACTOS RECLAMADOS CON EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 232/2020, atento a la ampliación de antecedentes, hago de su conocimiento el estado procesal que guardan los antes señalados: 1) Que el 21 de Enero del 2020 el suscrito promoví demanda de amparo indirecto por medio del sistema electrónico en línea, donde el acto reclamado consiste en la OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE. 2) De los datos de la papeleta emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, se advierte que la demanda de cuenta fue turnada como un asunto de inconstitucionalidad de leyes, lo que se estima incorrecto, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado se trata de un asunto administrativo. 3) Por tanto, se ordenó devolver la demanda original al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con número de registro 118/2020, para que realice la reclasificación del asunto y lo turne aleatoriamente al juzgado de Distrito conducente. 4) De la demanda de amparo original que se turnó a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para que realizara la reclasificación del asunto y la turnara aleatoriamente al Juzgado de Distrito conducente, dicha demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el estado de Colima, misma que, se le asignó el número 54/2020, POR LO QUE SE ADVIERTE QUE EL 47/2020 Y EL 54/2020, son la misma demanda de Amparo indirecto, returnada a diferente Juzgado para su análisis. De lo anterior adjuntamos al presente las constancias respectivas de los hechos referidos, sin detrimento que esta H. Autoridad solicite al órgano jurisdiccional competente todas las constancias que considere pertinentes para mejor proveer sobre lo antes expuesto. 5) Que en el auto del día 24 de Enero del 2020, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Colima con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115 y, 117, de la Ley de Amparo, ADMITIÓ la demanda de garantías promovida por el suscrito; contra actos del Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Y OTRAS AUTORIDADES, y se ordena la formación de expediente físico y electrónico y el respectivo expediente; asimismo, su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 54/2020-III-MC. 6) Que en referido auto con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 del ordenamiento en consulta, fue señalado para que tenga verificativo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, misma audiencia que fue diferida para el día 24 de MARZO DEL 2020, siendo este el estado procesal que guarda el 54/2020-III-MC. De lo antes descrito se desprende que, lo que el suscrito promoví en el Juzgado de Distrito del Estado de Colima, es una OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA A LA NORMATIVIDAD CORRESPONDIENTE EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE, lo cual no guarda relación alguna con el acto reclamado en el presente Amparo indirecto 232/2020,consistente la OMISIÓN LEGISLATIVA DE EXPEDIR LA LEY GENERAL QUE ARMONICE Y HOMOLOGUE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS CIVILES. SEGUNDO.- Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD manifiesto que tuve conocimiento del acto reclamado desde el 21 de ENERO del 2020, CUANDO EL SUSCRITO LLEVÓ A CABO UNA BÚSQUEDA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA LEY GENERAL QUE ARMONICE Y HOMOLOGUE LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS REGISTROS CIVILES Y NO FUE LOCALIZADA POR EL SUSCRITO, tal y como lo señala el DECRETO publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Febrero del 2017 por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles. TERCERO.- Dicho DECRETO en su Transitorio PRIMERO señala la entrada en vigor de las reformas y adiciones a diversas artículos de la Carta Magna al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y en el Transitorio SEGUNDO señala un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo, donde el Congreso de la Unión tiene el MANDAMIENTO CONSTITUCIONAL de expedir diversas las leyes generales, entre ellas la contemplada en el artículo 73 FRACCIÓN XXIX-R referente a la Ley General que armonice y homologue la organización y el funcionamiento de los Registros Civiles.". Como se puede apreciar, la omisión legislativa que combate el quejoso en este juicio de amparo, no es susceptible de afectar el interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, en la medida en la que no acreditó que el "silencio a legislar" por parte de las responsables afectan incide de forma su esfera jurídica, ya sea porque no le impone obligación alguna, o bien, no se tiene un derecho especifico que vea afectado con ese acto. Es así, porque en el presente asunto no existen elementos de convicción idóneos para acreditar tal extremo ni se plantearon argumentos que, relacionados entre sí, permitan constatar una afectación individual, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, a la esfera jurídica de la solicitante del amparo, con la finalidad de analizar su petición bajo la óptica del interés legítimo. Sobre la base de las premisas anteriormente establecidas, se advierte que el interés que el quejoso estima vulnerado no resulta cualificado, pues si bien afirma que el Congreso de la Unión ha sido omiso en legislar al no emitir la norma o marco jurídico correspondiente en materia de Registros Civiles, esa no es razón suficiente para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alega acredita su interés legítimo para comprobar la afectación a los derechos humanos que señala en su escrito inicial. Por tanto, la pretensión que se plantea en el presente juicio no se refiere a una defensa específica que se encuentre estrechamente relacionada con la esfera jurídica del quejoso, sino a la protección abstracta del derecho fundamental de contar con un ordenamiento que armonice y homologue la organización y funcionamiento de los Registros Civiles, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no se advierte una situación diferenciada que lo faculte para acudir al amparo. En mérito de lo expuesto, se concluye que el derecho en el que se sustenta la quejosa está relacionado con el interés general que cualquier ciudadano pudiera tener, lo que se traduce en un interés simple, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional 107, fracción I, segundo párrafo. De ahí que el presente juicio resulte improcedente. En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. La causa de sobreseimiento decretada, impide el examen de los conceptos de violación planteados por lo que hace a los actos reclamados, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 73 a 75, todos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Virgen Salas, contra los actos y autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia.

  3. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,557 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano