Jorge Villareal Martinez
Expediente 1054/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1054/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 02/01/2017
Partes del expediente
- Jorge Villareal Martinez
- 1. Juez séptimo de Primera Instancia Civil del circuito Judicial de la ciudad de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por el quejoso xxx, a través del cual solicita la devolución de documentos exhibidos como anexos a su escrito inicial de demanda y autoriza para recibirlos a xxx. Por tanto, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimiento Civiles, se ordena la devolución de los documentos que refiere en el ocurso de cuenta y se tiene por autorizado a la persona que indica para recogerlos. Indicándole a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos el escrito signado por el quejoso xxx, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y desahoga cada uno de los puntos requeridos; circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que de la lectura integral del escrito de demanda y del escrito de desahogo de prevención, se advierte que el acto reclamado lo constituye: Las actuaciones del juicio sumario de desahucio 2275/2013, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito del Estado de Querétaro, en específico la diligencia de requerimiento de entrega del vehículo de su propiedad marca xxx. En el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en procedimientos fuera de juicio, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Por su parte, la fracción V del mismo precepto, complementario de la fracción IV, permite se puedan reclamar actos intermedios siempre que estos sean de imposible reparación, catalogando como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado, por tanto, descarta como regla general aquellos actos procesales que pueden o no trascender en el resultado del fallo. En el supuesto a estudio, el acto reclamado no encuadra, ya que si bien se trata de un acto procesal en ejecución de sentencia, también lo es que no representa la última actuación de ese procedimiento. Lo anterior es así, ya que del escrito inicial de demanda y de desahogo de prevención, se advierte en lo que interesa: 1. xxx, presentó demanda de juicio sumario de desahucio en contra del aquí quejoso xxx. 2. Dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro, la cual la registró bajo el número 2275/2013. 3. El aquí quejoso fue emplazado a juicio y en dicha diligencia de emplazamiento el actuario del juzgado del juicio natural, trabó embargo sobre el vehículo de su propiedad marca xxx. 4. El impetrante de amparo compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en el escrito de desahogo de prevención. 5. Seguido el juicio en su trámite, el trece de enero de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva y se condena al hoy quejoso al pago de la cantidad de $312,000.00 por concepto de rentas vencidas. 6. El tres de marzo de dos mil quince, la Segunda Sala del Tribunal de Alzada del Estado de Querétaro, dentro del toca civil 399/2015, dictó resolución en la que confirma la sentencia dictada por el juez de origen. 7. Posteriormente, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, después del dictado de la sentencia definitiva, se requirió al quejoso la entrega del vehículo de su propiedad marca xxx. Resolución última que constituye el acto reclamado y se advierte que dicho requerimiento es con el fin de cumplir con la sentencia dictada en el juicio natural, esto es, el expediente se encuentra en etapa de ejecución, como así lo manifiesta el quejoso en el inciso a) del escrito de desahogo de prevención. Por lo anterior, se advierte que el acto que combate la parte quejosa no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, ya que el acto reclamado no es la resolución que declara que ha quedado cumplida o bien que existe imposibilidad para ello. Tampoco es un acto de imposible de reparación, tomando como referencia que se trata de uno procesal que puede o no trascender al resultado del fallo, no afecta materialmente un derecho sustantivo del quejoso y, puede ser reparado en el dictado de la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución o bien combatirlo cuando se reclame aquélla. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, con número de registro 163152, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así como la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de diciembre de dos mil dieciséis. Se agrega a los autos el escrito signado por el quejoso xxx, mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada el treinta de noviembre de dos mil dieciséis y desahoga cada uno de los puntos requeridos; circunstancia de la que este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que de la lectura integral del escrito de demanda y del escrito de desahogo de prevención, se advierte que el acto reclamado lo constituye: Las actuaciones del juicio sumario de desahucio 2275/2013, del índice del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito del Estado de Querétaro, en específico la diligencia de requerimiento de entrega del vehículo de su propiedad marca xxx. En el caso, el acto reclamado lo constituye una violación intraprocesal, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrario o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de la última resolución dictada en procedimientos fuera de juicio, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado del fallo. Por su parte, la fracción V del mismo precepto, complementario de la fracción IV, permite se puedan reclamar actos intermedios siempre que estos sean de imposible reparación, catalogando como tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado, por tanto, descarta como regla general aquellos actos procesales que pueden o no trascender en el resultado del fallo. En el supuesto a estudio, el acto reclamado no encuadra, ya que si bien se trata de un acto procesal en ejecución de sentencia, también lo es que no representa la última actuación de ese procedimiento. Lo anterior es así, ya que del escrito inicial de demanda y de desahogo de prevención, se advierte en lo que interesa: 1. xxx, presentó demanda de juicio sumario de desahucio en contra del aquí quejoso xxx. 2. Dicha demanda correspondió conocer al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Civil del Estado de Querétaro, la cual la registró bajo el número 2275/2013. 3. El aquí quejoso fue emplazado a juicio y en dicha diligencia de emplazamiento el actuario del juzgado del juicio natural, trabó embargo sobre el vehículo de su propiedad marca xxx. 4. El impetrante de amparo compareció a dar contestación a la demanda instaurada en su contra, como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en el escrito de desahogo de prevención. 5. Seguido el juicio en su trámite, el trece de enero de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva y se condena al hoy quejoso al pago de la cantidad de $312,000.00 por concepto de rentas vencidas. 6. El tres de marzo de dos mil quince, la Segunda Sala del Tribunal de Alzada del Estado de Querétaro, dentro del toca civil 399/2015, dictó resolución en la que confirma la sentencia dictada por el juez de origen. 7. Posteriormente, el quince de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, después del dictado de la sentencia definitiva, se requirió al quejoso la entrega del vehículo de su propiedad marca xxx. Resolución última que constituye el acto reclamado y se advierte que dicho requerimiento es con el fin de cumplir con la sentencia dictada en el juicio natural, esto es, el expediente se encuentra en etapa de ejecución, como así lo manifiesta el quejoso en el inciso a) del escrito de desahogo de prevención. Por lo anterior, se advierte que el acto que combate la parte quejosa no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución, ya que el acto reclamado no es la resolución que declara que ha quedado cumplida o bien que existe imposibilidad para ello. Tampoco es un acto de imposible de reparación, tomando como referencia que se trata de uno procesal que puede o no trascender al resultado del fallo, no afecta materialmente un derecho sustantivo del quejoso y, puede ser reparado en el dictado de la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución o bien combatirlo cuando se reclame aquélla. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6, tomo XXXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero de dos mil once, Novena Época, con número de registro 163152, que establece: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Así como la jurisprudencia P./J. 32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril de dos mil uno, Novena Época, con número de registro 190035, cuyo rubro y texto se citan AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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