Jorge Víctor Rubio Ibarra
Expediente 1030/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1030/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Víctor Rubio Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
HA QUEDADO FIRME, el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno para todos los efectos legales a que haya lugar, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido.
- Principal
En virtud de no haberse presentado el tercero interesado por conducto de su apoderado, a notificarse personalmente del auto de veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el acuerdo que en lo conducente dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de febrero del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que acompañó constancias del juicio laboral 2-246/2020, de las que, en lo que aquí interesa, se observa: Que **********, aquí quejoso, el cuatro de febrero de dos mil veinte, presentó demanda laboral ante la citada autoridad responsable. Que la Junta responsable, en acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, señaló las once horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; Al no haberse celebrado en la citada fecha la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, con motivo de la suspensión de labores derivada del fenómeno de salud pública denominado Covid-19, la Junta responsable, en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, señaló como nueva hora y fecha para la celebración de la referida audiencia las once horas del uno de marzo de dos mil veintiuno. En relación con lo anterior se tiene, que si la demanda de amparo se depositó en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte y, del análisis integral del escrito de demanda, se evidencia que se reclama: La omisión de la Junta responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 2-246/2020; Entonces, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y De la porción normativa transcrita se observa que procede el sobreseimiento en el juicio, cuando de las constancias de autos apreciare claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando el quejoso no probare su existencia. Ahora, si como se dijo, la parte quejosa reclama la omisión de la Junta responsable de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 2-246/2020, y de la documental que en copia certificada allegó la Junta responsable al presente sumario constitucional, relativa a actuaciones del citado juicio laboral, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del artículo 2o. de la Ley de Amparo, se evidencia que, previo a la promoción de este juicio constitucional la responsable ya había fijado fecha para la audiencia de mérito, se concluye que no existe el acto omisivo que se le atribuye. En efecto, deviene inexistente el acto reclamado atento que, antes de la presentación de la demanda de amparo (veinticuatro de noviembre de dos mil veinte), la Junta responsable emitió el acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, en el que señaló las once horas con treinta minutos del veinte de abril de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 2-246/2020. Además, no obstante que la audiencia de mérito no hubiere sido celebrada en la citada fecha, con motivo de la suspensión de labores derivada del fenómeno de salud pública denominado Covid-19, la Junta responsable, en proveído de once de noviembre de dos mil veinte, señaló como nueva hora y fecha para la celebración de la referida audiencia las once horas del uno de marzo de dos mil veintiuno; es decir, también el referido acuerdo se emitió con antelación a la presentación de la demanda de amparo. Apoya lo expuesto la tesis I.16o.T.7 K (10a.) del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, libro 62, enero de 2019, tomo IV, página 2646, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con registro digital: 2019142, que dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de sobreseimiento en estudio, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. No se inadvierte la tesis aislada VI.2o.A.6 K (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, libro 53, abril de 2018, tomo III, página 2386, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2016758, que dice: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO POR LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, DERIVADA DE SU NEGATIVA VERTIDA EN LOS INFORMES JUSTIFICADOS. Los artículos 117, 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo establecen una serie de reglas jurídicas que dan certeza al gobernado para el ejercicio de su defensa adecuada y fundamentan el correcto control legal del procedimiento constitucional, a fin de privilegiar los principios de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia. Entre dichas reglas se encuentran: I. La obligación de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días; II. La vista a las partes con ese informe, por lo menos con ocho días de anticipación a la data para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que puedan imponerse de éste y estar en aptitud jurídica y material de controvertirlo, ofrecer pruebas y exponer alegatos tendentes a desvirtuar el informe o corroborar la inconstitucionalidad del acto reclamado; y, III. La obligación del juzgador de establecer, en su orden, los periodos que integran la audiencia constitucional en forma sucesiva; actuación procesal que si bien se entiende como una unidad jurídica, en ella se permite el ofrecimiento y desahogo de pruebas, de los alegatos y el dictado de la sentencia. Bajo ese contexto, en caso de controversia en cuanto a la existencia del acto reclamado, el quejoso tiene derecho a desvirtuar la negativa de su existencia vertida en los informes justificados por las autoridades responsables, lo cual puede ocurrir, incluso, hasta la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo cual, es improcedente decretar el sobreseimiento por inexistencia de los actos reclamados fuera de la audiencia constitucional." Sin embargo, al margen de que no constituye un criterio vinculante para este órgano jurisdiccional por no estar en alguno de los supuestos previstos en el artículo 217 de la Ley de Amparo, prevé el supuesto en el que la negativa de las autoridades basta para determinar el sobreseimiento, mientras que en el caso, la inexistencia decretada tiene su base en las pruebas que fueron aportadas por la responsable. Las cuales evidencian -se itera- que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no existía el acto omisivo que se atribuyó a la autoridad responsable. Asimismo, no se soslaya la jurisprudencia 2a./J. 153/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 440, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021029, que dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. PREVIAMENTE A DECLARAR SU INEXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO Y APERCIBIRLO PARA QUE ACLARE LA DENOMINACIÓN DE AQUELLA QUE NO FUE POSIBLE EMPLAZAR. En términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso tiene la carga de señalar correctamente la denominación de las autoridades responsables, porque ello constituye un requisito de su demanda; el Juez, por su parte, tiene la facultad de declarar la inexistencia de la autoridad y suspender toda comunicación cuando ésta no fue localizada o se informe que no existe. Ahora bien, la declaratoria de inexistencia de una autoridad responsable debe estar precedida de la notificación personal y del apercibimiento al quejoso de que, si una vez enterado de esa eventualidad omite corregir o aclarar el nombre de la autoridad que designó como responsable o no prueba que sí existe bajo la denominación que indicó en la demanda, se le sancionará declarándola inexistente; notificación que encuentra fundamento en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se encuentre en condiciones de subsanar o corregir el error en que incurrió". Sin embargo, ese criterio jurisprudencial prevé un supuesto distinto al que actualiza la causa de sobreseimiento en este juicio de amparo, pues este deriva al haberse actualizado la hipótesis de inexistencia del acto reclamado a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Mientras que, la hipótesis que regula la citada jurisprudencia tiene su base en el error que el justiciable puede cometer en la denominación de las autoridades responsables, por lo que, en el caso, no procede dar la vista que establece la jurisprudencia de referencia. SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo expuesto, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, no pasa desapercibido que en proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa que proporcionara un domicilio donde pudiera ser emplazado el tercero interesado "Tiendas Coppel, Sociedad Anónima de Capital Variable", del cual quedó notificado el catorce de los mencionados mes y año, sin que a la fecha hubiere realizado manifestación alguna al respecto, no obstante que ya le transcurrió el plazo de tres días que se le concedió para ello y, por ende, no se ha logrado emplazar a dicho tercero interesado; cuenta habida que, dado el sentido de la presente resolución, no resulta de trascendencia en su perjuicio. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 59/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 24, noviembre de 2015, tomo I, página 841, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2010477, que dice: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN ESENCIAL QUE LA HACE PROCEDENTE, LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL MINISTERIO PÚBLICO QUE HAYA INTERVENIDO EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVE EL ACTO RECLAMADO, SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, SIEMPRE QUE SU INTERVENCIÓN PUEDA TENER TRASCENDENCIA PARA EL SENTIDO DEL FALLO, PERO NO CUANDO TENGA QUE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la jurisprudencia 1a./J. 87/2012 (10a.), (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación esencial a las reglas del procedimiento del juicio de amparo, en virtud de que su intervención podría influir en el sentido de la sentencia de amparo que deba dictarse. Dicho criterio continúa siendo aplicable, en términos del artículo Sexto Transitorio de la nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, toda vez que no se opone a este último ordenamiento, sino que ha ampliado la participación del Ministerio Público que intervino en el proceso penal del que deriva el acto reclamado, al reconocerle el carácter de parte tercero interesada, como se advierte del contenido de los artículos 5o., 12, 115, 116 y 124 de la nueva ley. Asimismo se cita la tesis P. V/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo VII, febrero de 1998, página 45, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Finalmente, ha de decirse que los criterios jurisprudenciales formados bajo la Ley de Amparo abrogada se invocan en términos del artículo sexto transitorio de la vigente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y atento a lo solicitado en el mismo, dígasele que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite el presente juicio, asimismo, que en auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado determinó que no era el caso insistir en el returno inicialmente planteado al referido Juzgado de Distrito.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha y hora en que se actúa, se encuentra en proceso de notificación de la parte quejosa, el proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se le requirió que proporcionará el domicilio actual y correcto donde pueda ser emplazado el tercero interesado **********. Consecuentemente, no se está en condiciones de celebrar la audiencia constitucional que, según certificación que antecede estaba señalada para el día de hoy; por tanto, se difiere la misma para que tenga verificativo a las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19 y, por tal motivo a partir del presente proveído no habrá necesidad de emitir oficio para notificar a las autoridades responsables el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia; máxime que tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini .asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 176/2012, con número de registro digital 2002576, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.".
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