Jorge Velázquez Cruz
Expediente 622/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 622/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 03/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jorge Velázquez Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA 7 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las once horas con veinte minutos del tres de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Teo Eleacer Martínez Herrera, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 622/2020-7, promovido por Javier Ramírez Menéses y Jorge Velázquez Cruz. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, el secretario da cuenta con las ofrecidas por la parte quejosa, a saber: Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Instrumental de actuaciones relativa al expediente laboral 67/2014 y sus acumulados. Por su parte la autoridad responsable, ofreció la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 67/2004 y sus acumulados, las cuales obran por cuerda separada debido a su voluminosidad. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el Segundo Regidor y Primer Síndico de Hacienda en representación del tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco, en su escrito acordado el treinta de noviembre de dos mil veinte es este sumario constitucional. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos que expresa el tercero interesado, los cuales serán tomados en consideración en el momento procesal correspondiente; asimismo se tiene por perdido el derecho de las demás partes para hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 622/2020-7, promovido por Javier Ramírez Menéses y Jorge Velázquez Cruz, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el día siguiente, Javier Ramírez Menéses y Jorge Velázquez Cruz, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS El ilegal actuar del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado en el punto segundo del acuerdo de fecha 31 de enero de 2020 del expediente laboral 67/2004 acum. 99/2004 y/o radicado ante esta. AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El cinco de agosto de dos mil veinte, se radicó la demanda con el expediente 622/2020-7; se previno a la parte quejosa para el efecto de que aclarase el acto reclamado y manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del mismo. Así, el veinticinco de agosto de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su respectivo informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal del Ministerio Público de la adscripción; se tuvo al Ayuntamiento Constitucional del municipio de Comalcalco, Tabasco con calidad de tercero interesado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS ESPECIALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÓN DEL JUICIO. Mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintiuno, se ordenó la reanudación del presente juicio y se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El punto SEGUNDO del acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte, emitido dentro del expediente laboral 67/2004 y acumulados del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Magistrado Presidente el Tribunal responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que por esta vía constitucional se le reclama. Afirmación que guarda sustento con la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 67/2004 y sus acumulados de su índice; documentales a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2. Resulta aplicable el criterio de jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, Apéndice de 1995, página 153, materia común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Apéndice 2000, materia común, Quinta Época, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. ANTECEDENTES. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio de acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias del expediente laboral 67/2004 y sus acumulados que se acompañaron al informe justificado en copia certificada. Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: El cuatro de abril de dos mil catorce, el Tribunal responsable, dictó laudo en el procedimiento laboral de origen, a través del cual, en lo que interesa, condenó al Ayuntamiento tercero interesado a reinstalar a los aquí quejosos. El apoderado legal de los actores, por medio de escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil quince, solicitó que se declarará firme el laudo citado en el párrafo anterior y se aperturase el incidente de liquidación respectivo. Mediante proveído de veintiocho de abril de dos mil quince, el Tribunal responsable acordó el escrito referido en el punto anterior y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental de liquidación. El siete de julio de dos quince se dictó Resolución Incidental de Liquidación, en la que determinó la diligencia de Reinstalación y Requerimiento de Pago. Por acuerdo de doce de enero de dos dieciséis se fijó nueve fecha y hora para la celebración de la diligencia de Reinstalación y Requerimiento de Pago. A través de diligencia de once de febrero de dos mil dieciséis se llevó a cabo la reinstalación de los quejosos. Mediante escrito presentado el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, el apoderado legal de los quejosos, realizó diversas manifestaciones, en las que expuso que la reinstalación se realizó de mala fé, motivo por el cual solicitó se fijase nueva fecha y hora para la práctica de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago. En auto de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, la responsable determinó en lo que interesa: "(.) PRIMERO: En cuanto al escrito señalado en el proemio del presente resolutivo, signado por el Lic. Martín Estrada Hernández en su carácter de apoderado legal de los actores donde se señale nueva fecha y hora para la diligencia del requerimiento de pago y reinstalación toda vez que por cuanto hace a la reinstalación la misma fue de mala fe; al respecto dígasele no ha lugar a acodar favorable su petición, ya que de acuerdo a las (sic) constancia que integran el sumario laboral, mediante diligencia de fecha 11 de febrero del año 2016, se llevó a cabo el desahogo de la misma. (.)" Medio de escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, el abogado de los actores solicitó de nueva cuenta la realización de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago; ocurso atendido por medio de acuerdo de veinticinco de enero dos mil diecisiete en el que se les hizo saber que en atención amparo promovido por la demandada, el asunto se encontraba suspendido. Nuevamente por escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, el apoderado solicitó la práctica de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago; a la cual recayó auto de veintiocho de abril de dos mil diecisiete en el que el Tribunal responsable le reiteró a los solicitantes que ya se encontraban reinstalados. Por escrito presentado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, el apoderado legal de los actores solicitó se decretara que la reinstalación de once de febrero de dos mil dieciséis se realizó de mala fe, se requiriera al Órgano Superior de Fiscalización y al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, un informe para corroborar lo anterior y se señalara hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación. A la anterior solicitud le recayó acuerdo de doce de julio de dos mil diecisiete, en el que el órgano laboral responsable consideró que había precluido el derecho para alegar sobre la diligencia de reinstalación, dado que para ese momento ya había transcurrido más de un año de la misma, lo cual se encuentra fuera del término de tres días establecido en el artículo 735 de le Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a ese procedimiento. Por escrito de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, el apoderado legal de los actores, aquí quejosos, interpuso recurso de revisión y/o reconsideración en contra del acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se declaró procedente la reinstalación en el juicio laboral de origen. En acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal responsable determinó improcedente el recurso de revisión referido en el punto que antecede. El dieciséis de de mayo de dos mil diecinueve, el Tribunal responsable solicitó a la municpalidad demandada para que exhibiera documentales idóneas con las que acredite haber reinstalado a los aquí quejosos. En acuerdo de uno de octubre de dos mil diecinueve, el Tribunal requirió de nueva cuenta al Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco para el efecto de que presentará las documentales de reinstalación de los aquí quejosos. Luego, mediante comparecencia de siete de noviembre de dos mil diecinueve, se tuvo exhibiendo diversas constancias en cumplimiento del auto previsto en el punto precedente. Finalmente el treinta y uno de enero de dos veinte, el Tribunal responsable dicto proveído del que se desprende que en su punto SEGUNDO, estimó improcedentes las cuantificaciones solicitadas dado que los actores -aquí quejosos- se encuentran reinstalados, con lo que dejó sin efectos los requerimientos efectuados con el objeto de acreditar tal situación; siendo este el acto reclamado y que en lo que interesa se reproduce: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a Página: 553, Tomo VI, Parte TCC, Fuente: Apéndice de 1995, Materia Común, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, de oficio se advierte que se materializa la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de amparo en contra de aquellos actos derivados de otros consentidos, mismo que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." De la transcripción anterior se desprende que el trámite del juicio de amparo resulta improcedente contra actos derivados de otros consentidos, entendiéndose por éstos, como las determinaciones que no fueron combatidos mediante recurso ordinario, previsto en la legislación que rige el procedimiento del cual derivan y en consecuencia, los supuestos para que opere la causal de que se trata, son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa de primero. Robustecen lo anterior, los criterios jurisprudenciales sostenidos por el Pleno y la Segunda Sala respectivamente, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia número 17 consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, página 12, quinta época, registro 393973, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Jurisprudencia número 18 consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, Tomo VI, página 13, quinta época, registro 393974, de rubro y texto: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS QUE SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. El juicio de amparo contra actos derivados de otros consentidos, sólo es improcedente cuando aquéllos no se impugnan por razón de vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace depender de la del acto de que derivan." De igual forma resulta aplicable al caso concreto la Jurisprudencia VI.3o.C. J/60 sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2365, novena época, materia común, registro 176608, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz." En ese orden de ideas, para establecer que en la especie se actualiza la causal de improcedencia que se alude, deviene necesario fijar los alcances del acto que se estima consentido, a efecto de determinar si el acto reclamado es o no consecuencia del primero, puesto que tal condición, supone la existencia de una relación necesaria de causalidad entre dos o más actos de autoridad. Da tal suerte que siempre que se plantee en un juicio de amparo, deben analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los otros diversos que ya fueron consentidos. Apoya lo anterior, la tesis con registro 265101, visible en la página 11, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXXI, Tercera Parte, Sexta Época, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. Las causas que determinan la improcedencia del juicio de amparo deben estudiarse previamente, por ser de orden público, y no importa que en el caso haya necesidad de fijar los alcances del acto que se estima consentido a fin de determinar si los actos reclamados son o no consecuencia del mismo, pues la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad, y lógico es que siempre que se plantee en un juicio de garantías, deban analizarse dichos actos en cuanto a su contenido y alcance jurídico, para estar en posibilidad de determinar si los reclamados son o no consecuencia de los que se estiman consentidos. De lo contrario, nunca operaría la referida causal de improcedencia". En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que, para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que el interesado se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En la inteligencia de que el consentimiento puede ser expreso o tácito, según las siguientes proposiciones: a. Hay consentimiento expreso del acto, cuando directamente se exterioriza que se está de acuerdo o conforme con dicho acto; b. Hay consentimiento expreso, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese consentimiento; y c. Hay consentimiento tácito del acto cuando no se impugna a través de la acción constitucional y dentro de los términos que se conceden para ello. Ahora, en el caso concreto tenemos que de las constancias que el Tribunal laboral responsable acompaño a su informe justificado, se desprende que el auto reclamado de treinta y uno de enero de dos mil veinte es consecuencia de la determinación de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el cual se tuvo por válida la diligencia de reinstalación de once de febrero de dos mil dieciséis. Lo antes expuesto hace evidente que el proveído materia de la presente controversia constitucional, deriva directamente e inequivocamente, como ya se afirmó, de lo determinado en proveído de veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, resolución impugnada a través del recurso de revisión interpuesta el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho; medio de impugnación que se calificó como improcedente el veinte de marzo de dos mil diecinueve, por no encontrarse previsto en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco; antecedentes que en conjunto clarifican la causa de improcedencia del juicio en que se actúa, toda vez que evidencian que el acto reclamado no es más que una consecuencia de una determinación anterior. En tales condiciones, es claro que los peticionarios de amparo al no impugnar las consideraciones de la decisión de origen -veintiocho de marzo de dos mil dieciséis- en la vía adecuada y en el momento procesal oportuno, es dable afirmar que tal resolución, en que se determinó su reinstalación, fue consentida y, por ende, tales cuestiones no pueden ser analizadas en este nuevo juicio constitucional, toda vez que precluyó su derecho para hacerlo. Es aplicable en lo conducente el criterio de jurisprudencia VI.3o.C. J/60, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 2365, novena época, materia común, registro 176608, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz." También resulta aplicable la tesis con registro 202345, visible en la página 582, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, cuyo contenido es el siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De ahí que se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en la especie los impetrantes indicaron, como ya se dijo, como acto reclamado un razonamiento que deriva como consecuencia directa de un acto no combatido. En consecuencia de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia aludida; con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte tercera interesada, ya que si bien, este juzgador tiene la obligación de examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía la jurisprudencia P./J. 26/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, décima época, materia común, con número de registro 2018276, de rubro: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinticinco de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Javier Ramírez Menéses y Jorge Velázquez Cruz, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco precisado en el resultando primero y por las razones apuntadas en el considerando quinto. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. MESA Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en proveído de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el informe rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por lo que el plazo de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan de su contenido transcurre del cuatro al dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TRES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
- Principal
MESA 7 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable la copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 67/2004, que anexó como apoyo a su informe con justificación, de la que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. En otro orden de ideas, por proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se reservó acordar sobre la prueba que ofreció la parte quejosa, consistente en la instrumental de actuaciones, y en virtud de lo decretado en el párrafo que antecede, se acuerda: con fundamento en el precepto citado con antelación, se tiene por admitida la aludida prueba. Luego, en virtud de lo voluminoso de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmense los tomos I, II, III y IV de pruebas por cuerda separada de este asunto y déjense a disposición de las partes para su consulta en la secretaría correspondiente de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de 1 Ya que mediaron como días inhábiles el cinco, seis, doce y trece de diciembre de dos mil veinte; además del diecisiete al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte de conformidad con el aviso del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el cual dio a conocer la suspensión de labores con motivo del segundo periodo de labores; así como del primero al once de enero de dos veintiuno debido a la suspensión de labores de este Juzgado de Distrito determinado por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medias adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. En esa tesitura, en atención a la materia y particularidad en que se actúa, quedó suspendido durante el periodo al que se refiere el punto de acuerdo en cita. Por lo antes expuesto, se reanuda el procedimiento del presente asunto. Ahora, como se desprende de la certificación de cuenta, ya transcurrió el término de quince días otorgado en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veinte, a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad para que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rindiera su informe justificado; ya que, el oficio 301/2020, que contiene tal solicitud, le fue notificado el tres de diciembre de dos mil veinte, por lo cual el término le transcurrió del cuatro de diciembre de dos mil veinte al diecinueve de enero de dos mil veintiuno2. Además, de la cuenta que antecede, se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito encargado del despacho por licencia médica del Titular, no está facultado para resolver en definitiva en el mismo; en consecuencia, para no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se ordena su diferimiento y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.
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