Jorge Velazquez Cremeux
Expediente 837/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 837/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Velazquez Cremeux
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
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MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y anexo que acompaña, por el que remite testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja ********************interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, en que se desechó su demanda de amparo; asimismo, devuelve un legajo de constancias certificadas deducidas del juicio de amparo en que se actúa. Acúsese recibo; asimismo, hágase del conocimiento de las partes que dicho órgano colegiado declaró infundado dicho medio de impugnación. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, dado que se desechó la demanda de amparo; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control interno respectivos. NOTIFÍQUESE.
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MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de octubre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, por el que comunica que designa a la defensora pública ..., quien se encuentra adscrita al Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, para que asesore en esta instancia al quejoso .... Asimismo, informa que dicha profesionista tiene domicilio oficial para recibir notificaciones en las oficinas del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, ... Agencia Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca,-Ciudad Judicial- además proporciona número telefónico y correo electrónico de dicha asesora. Se dejan a la vista estos autos, para efectos de concurrir, en su caso, ante el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y del Trabajo, en que se encuentra radicado el recurso de queja con el número ...formado con motivo de la impugnación del auto de inicio en que se desechó la demanda del quejoso por no agotar el principio de definitividad, contra la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, emitida en autos del incidente ... relativo a la causa penal ********************; resolución en la que la responsable se declaró incompetente para conocer del beneficio de libertad anticipada y declina competencia a favor del Juez de Ejecución Penal del Circuito Judicial de la Sierra Sur, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca. NOTIFÍQUESE; Y POR CORREO ELECTRONICO A LA DEFENSORA PÚBLICA DESIGNADA.
- Principal
MESA III "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el titular de la Delegación Oaxaca, del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en Sn Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual informa que no es posible designar a un defensor de esa dependencia para que represente al solicitante del amparo, por los motivos que expone. En su atención, debe señalarse que el numeral 1 de la Ley de Defensoría Pública Federal, establece: "Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal, laboral, así como amparo en materia familiar u otras materias que determine el Consejo de la Judicatura Federal, y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en los términos que la misma establece. En ese tenor, se resalta que la Ley de Amparo es un ordenamiento aplicable en el fuero federal; que el motivo de la instancia del peticionario del amparo implica la defensa de un derecho emergente de un asunto de naturaleza penal del fuero común. Que en la tesis de jurisprudencia 12 del Pleno Regional en materia penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la ciudad de México, Registro digital: 2027169, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación se sostiene lo siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO ACUDE AL JUICIO DE AMPARO POR SU PROPIO DERECHO Y SIN DEFENSOR, LE SOLICITARÁ AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) LE NOMBRE UN DEFENSOR, ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN PROCESO DEL FUERO FEDERAL. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron criterios discrepantes al resolver diversos recursos, en relación con los supuestos en donde el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) debe representar al quejoso privado de la libertad que presenta una demanda de amparo, por su propio derecho y sin representación alguna. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando el Juez de Distrito advierta que el quejoso está privado de la libertad, y que acudió al juicio de amparo por su propio derecho y sin haber nombrado defensor, deberá requerirlo para que nombre a un defensor, y de no hacerlo en el plazo concedido, le corresponderá asignarle un defensor público, atendiendo al fuero por el cual se originó el proceso que lo mantiene privado de la libertad, es decir, si se encuentra en internamiento por motivo de un asunto del fuero federal, deberá solicitar al Instituto Federal de Defensoría Pública le nombre un defensor público que lo asista, y en el supuesto de que se encuentre recluido por un asunto del fuero común, deberá atender al lugar donde se encuentra recluido y solicitar al Instituto de la Defensoría de esa entidad federativa que le nombre un abogado que vea por sus intereses. Justificación: De la interpretación sistemática de los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, numeral 2, incisos d) y e), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte que durante el juicio de amparo en materia penal que promueve, por derecho propio, una persona recluida, sin la asistencia de un abogado, el Estado tiene el deber de tomar acciones para garantizar el derecho a la asistencia técnica. Así, conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley Federal de Defensoría Pública, cuando el quejoso hubiese sido privado de la libertad por un proceso del fuero federal, será el Instituto Federal de Defensoría Pública quien deba proporcionar la asesoría jurídica, por lo que el juzgador de amparo deberá solicitar a este instituto nombre a un defensor que defienda los intereses del quejoso; y en los supuestos en que dicha privación de la libertad sea consecuencia de un proceso del fuero común, debe atenderse a la protección de la adecuada defensa, en su vertiente material, para que el quejoso ejerza apropiadamente su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, lo cual únicamente se logra con la interacción personal entre el impetrante del amparo y su defensa, por lo que el Juez de Distrito debe considerar el lugar en donde se encuentra recluido el quejoso y solicitar al Instituto de la Defensoría de esa entidad federativa que le nombre un abogado que vea por sus intereses. En ese tenor, dado que el aquí quejoso ..., se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Miahuatlan, Oaxaca, quien reclama actos derivados del incidente... formado con motivo de la causa penal ... del índice del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz, como penalmente responsable del delito de homicidio y robo calificado; requiérase al Titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, a efecto de que dentro el plazo de tres días, designe a un defensor público que asuma la defensa del quejoso en este juicio; lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con ello o de no manifestar el impedimento que tuviera, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Lo anterior, en términos del artículo 6° de la Ley de la Defensoría Pública, así como la jurisprudencia 43/2019 (10a.), bajo el rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc., y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe del Departamento de Amparos y Recursos de la Defensoría Pública del Estado de Oaxaca, a través de cual informa que existe imposibilidad de designar asesor jurídico o defensor público a favor del quejoso ******************** Lo anterior, pues refiere que corresponde al Instituto Federal de Defensoría Pública designar a los asesores o defensores públicos federales, dado que es ese instituto el que cuenta con la infraestructura necesaria y en su caso con la comunicación procesal respectiva dentro del territorio nacional, aun cuando se trate de delitos del orden común por el cual se encuentran privados de su libertad en un Centro Federal de Readaptación Social, como en este caso. En consecuencia, requiérase a la Titular en Oaxaca del Instituto Federal de Defensoría Pública a efecto de que dentro el plazo de tres días, designe a un defensor público que asuma la defensa del quejoso ********************quien se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-Miahuatlan, Oaxaca; lo anterior, bajo apercibimiento que de no cumplir con ello o de no manifestar el impedimento que tuviera, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medio de apremio multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Lo anterior, en términos del artículo 6° de la Ley de la Defensoría Pública, así como la jurisprudencia 43/2019 (10a.), bajo el rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc., y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." NOTIFÍQUESE.
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