Jorge Velasco Hernández

Expediente 536/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
536/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Jorge Velasco Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acusa recibo del oficio número 15821/2018-T-VI, del índice de este juzgado, e informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Jorge Velasco Hernández; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso, c) de la ley de Amaparo Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Velasco Hernández, contra actos del Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Al respecto, regístrese el ingreso de la demanda en el libro de gobierno respectivo bajo el número 536/2018. Se provee lo siguiente: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el promovente hace consistir el acto reclamado en: "Las consecuencias de la resolución o dictamen de fecha 9 de abril de 2018 dictado por los CC. LIC. ABEL IGNACIO CUEVAS MELO, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y la LIC. SANDRA MINERVA RAMÍREZ CHAGA, Directora Jurídica de la Secretaría de Educación de Veracruz, es decir, EL CESE DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DEL SUSCRITO, como docente adscrito a la Escuela Secundaria General "Isidro Torres Moreno", clave 30DES0063W, de San Andrés Tuxtla, Veracruz POR VIOLARSE MI DERECHO HUMANO DE SUBSISTENCIA, hasta que se decida en definitiva el juicio correspondiente que interpondré en contra del citado dictamen o resolución [.]" Del capítulo relativo al acto reclamado y al de antecedentes de la demanda de amparo que aquí se provee resulta patente para el suscrito que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Para aseverar lo anterior, resulta necesario profundizar en las reglas básicas que establece la Ley de Amparo para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo y, para tal efecto, se impone transcribir el contenido del artículo 37 del citado ordenamiento legal, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito contiene tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: I. Cuando el acto reclamado requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. II. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el acto reclamado como ya se dijo lo constituyen las consecuencias de la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictado por las autoridades señaladas como responsables en específico el cese de labores del aquí quejoso en su calidad de docente adscrito a la Escuela Secundaria General "Isidro Torres Moreno", clave 30DES0063W, de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Así las cosas, de las manifestaciones vertidas por el promovente bajo protesta de decir verdad en el capitulo respectivo, se advierte que si bien es cierto la resolución que por esta vía constitucional combate el promovente, fue emitida por autoridades con residencia dentro del territorio en el que ejerce su jurisdicción éste Juzgado de Distrito, como lo son el Oficial Mayor y Directora Jurídica, ambos de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, también lo es que el asentamiento de labores del directo quejoso se encuentra formalmente en San Andrés Tuxtla, Veracruz, esto es, fuera del territorio en el que ejercen su legal competencia los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, por lo que los efectos de la resolución de nueve de abril de dos mil dieciocho, en caso de verificarse tendrán lugar en aquél municipio. Atento a lo anterior, en el caso en concreto se actualiza la hipótesis de incompetencia contemplada en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que, de cesar los efectos del nombramiento del quejoso como docente adscrito a la Escuela Secundaria General "Isidro Torres Moreno", clave 30DES0063W, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, invariablemente dicho acto se ejecutará en el lugar en donde se encuentra su asentamiento de labores, esto es el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Consecuentemente, resulta incuestionable que este órgano jurisdiccional no es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, en virtud de que el acto reclamado se ejecutará en el lugar en el que tiene su asentamiento laboral el quejoso, es decir, el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, lugar en el que este órgano de control constitucional no ejerce jurisdicción, sino que resultan competentes para conocer los Juzgados de Distritos en el Estado de Veracruz, con residencia en Boca del Río; ello en atención a que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en su punto Cuarto, Fracción VII, párrafo Cuarto, establece que los citados Juzgados de Distrito tienen jurisdicción territorial en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Lo anterior se sustenta en la Tesis Aislada I.1o.A.44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Así como también, la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTÍCULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.(Lo resaltado es propio) En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con residencia en Boca del Río, por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 536/2018, así como las siete copias de la demanda, a fin que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente, solicitando el acuse de recibo respectivo. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. AUTORIZADOS Y DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda y autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Armando Sánchez Cartas y Julio Cesar Lozada Domínguez, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros 67346 y 171762 y por autorizados en los términos restringidos a las personas restantes por no encontrarse en igualdad de condiciones. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,534 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano