Jorge Vázquez Rodríguez
Expediente 706/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Vázquez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Causa estado, archivo
- Principal
Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve ********************z, en su carácter de albacea de la Sucesión Intestamentaria a bienes de *****************contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Tramite del Centro de Justicia Neza la Perla, Estado de México y otra autoridad; atento a su contenido, fórmense los expedientes electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 641/2023-I. Causal de Improcedencia. Los jueces de amparo tienen la obligación de analizar la demanda de amparo y, si encontraran motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preponderante de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Asimismo, el imperativo del artículo 113 de referencia, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, estableció que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa1 . Lo anterior es así, porque en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En la especie, la suscrita estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XIX, de la ley en la materia, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado motivos de ilegalidad." En efecto, parte quejosa, señala como acto reclamado: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA, reclamo la infundada e ilegal orden de entrega del Inmueble ubicado en ************************ en favor de una tercera persona respecto de la cual ignoro su nombre y su domicilio. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE EJECUTORA, reclamo la ejecución física y material de la orden de entrega del inmueble ubicado en ******************** en favor de una tercera persona respecto de la cual ignoro su nombre y su domicilio, misma que pretende llevar a cabo, sacando al suscrito sin autorización alguna para ello, del domicilio antes indicado, el cual, poseo desde ya hace muchos años en mi calidad de coheredero y hoy albacea de la sucesión Intestamentaría a nombre de ************************* Asimismo, de los antecedentes de la demanda, el quejoso aduce bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "(.) 3.- Ahora bien, el día viernes veintiuno de Abril del año en curso, siendo aproximadamente las 8:30 horas p.m. me encontraba en el interior de mi domicilio en compañía de mi familia, cuando de repente escuche un fuerte golpe en el zaguán de la casa y de inmediato salí para ver qué había sucedido, dándome cuenta que acababan de ingresar policías Como se adujo en líneas que anteceden, se advierte que ene l caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, dado que en la fracción citada se materializa una de las vertientes del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que impone a los gobernados la obligación de que, previamente a la interposición de la demanda de garantías, agoten aquellos medios de defensa previstos por la ley aplicable al caso concreto, cuando puedan tener por efecto la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Así las cosas, el principio de definitividad tiende a evitar que el juicio de garantías se convierta en un recurso más, y que el juez constitucional sustituya en sus funciones al del orden común, impidiendo que el amparo como juicio extraordinario pierda su naturaleza como institución encargada del control constitucional. Luego entonces, el juicio de amparo procede únicamente contra actos definitivos, es decir, contra aquellos que no sean susceptibles de ser modificados, revocados o anulados por algún recurso o medio de defensa ordinario. De esta forma es como se erige y justifica el principio de definitividad, regulado entre otros dispositivos en las fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo esta tesitura, mientras las fracciones XVIII y XX, requieren como presupuesto que el juicio de garantías se hubiere promovido con anterioridad al medio de defensa ordinario, la diversa fracción XIX, se actualiza cuando simultáneamente con la promoción del amparo se encuentre en trámite algún medio de defensa que pueda tener como efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado. Ahora bien, para que opere la hipótesis contenida ante dicha fracción XIX, es preciso que se reúnan los siguientes elementos, sin los cuales indudablemente no podría operar: 1. Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio de defensa legal en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; 2. Que se encuentre en trámite; y 3. Que sea idóneo para obtener la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 15, cuyos rubro y texto señalan: En tales circunstancias, resulta que la tramitación de la carpeta auxiliar número ****************, donde solicitó audiencia ente el Juez de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, para que determinar la legalidad o no, del cateo de ********************; y, se procediera a resolver sobre la negativa del ministerio público de levantar el aseguramiento del inmueble situado en: c************************************* que aduce es propiedad del quejoso y su consecuente entrega, para lo cual se señalaron las nueve horas con treinta minutos del catorce de junio de la presente anualidad, provoca la actualización de la causa de improcedencia en estudio, pues al momento de la presentación de la demanda de amparo, se encontrar en trámite la aludida diligencia, siendo que resultase idóneo para revocar o nulificar los actos que por esta vía combate y que son derivados de la instauración de la carpeta de Investigación identificada con número NEZ/NEZ/N23/062/110568/23/04, que se formó con motivo de la orden de cateo referida. Por consiguiente y en virtud de que los alcances de la resolución que llegase a emitirse en la carpeta auxiliar número 149/2023, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Nezahualcóyotl, Estado de México, pudieren ser los de revocar o nulificar los actos que combate. Por tanto, es evidente que el presente juicio de garantías resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, ya que la finalidad de dicho precepto, consiste en evitar que se tramiten al mismo tiempo diversos medios de impugnación que tengan un mismo objeto, evitando con esta causal la posible existencia de resoluciones contradictorias en distintas instancias. Tiene aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 207, cuyo rubro y texto señalan: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL, EN EL CASO DE LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 73, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES. De acuerdo con lo previsto en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Al hacer referencia la disposición anotada acerca de que 'se esté tramitando' algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, sugiere la idea de que al momento de resolver, se encuentre en trámite algún recurso o medio de defensa vinculado con el mismo acto reclamado; es decir, que el hecho real generador de la aludida causal de improcedencia, no estriba en que se vicie el procedimiento por haberse promovido simultáneamente con el juicio de garantías, el recurso respectivo, sino en estar pendiente el medio de impugnación ordinario en el momento de verificarse si opera alguna causal de improcedencia, esto es, en el acto de resolver, por lo que es evidente que si en el momento de fallar, el quejoso desistió del recurso y el desistimiento surtió efectos, la potencial causa de improcedencia que pudo generarse había desaparecido, y no es factible establecer la operancia de la causal." Y, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, enero de 1992, página 182, que sobre el tema dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO ESTÁ EN TRÁMITE UN RECURSO ANTE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS. La fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente: "Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado", transcripción de la que cabe concluir que en la hipótesis, no solamente se encuentra comprendido el trámite ante el tribunal que deba resolver el recurso, sino también el que se hubiese hecho valer ante la autoridad de primera instancia en la que ésta deba acordar sobre su admisión o desechamiento; de manera que en ambos casos, se estima que el recurso interpuesto se está tramitando "ante los tribunales ordinarios" y por tanto pendiente de resolución, lo que constituye un obstáculo procesal que impide entrar al estudio de los conceptos de violación hechos valer en la demanda, actualizándose por ello la causa de improcedencia preindicada." Por ello, debe desecharse la demanda de amparo que se analiza, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, en relación con el 113 de la Ley de Amparo vigente. Designación de lugar para realizar las notificaciones. Toda vez que el domicilio señalado para para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, comisiónese a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado para que, notifique de manera personal la presente determinación a la quejosa, debiendo requerirla para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación encomendada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este juzgado de Distrito (Nezahualcóyotl, Estado de México), con el apercibimiento que de no hacerlo en el término concedido, las notificaciones que tengan el carácter de personal, se le realizarán por medio de lista correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***************** ya que se encontró registro de su cédula profesional en el Módulo de Consulta Jurídica Federal. Asimismo, a las diversas personas que señala en el ocurso de cuenta, se les tendrán por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, una vez que cuenten con el registro de sus cédulas en el módulo indicado; mientras tanto, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones, así como para que se impongan de los autos. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Asimismo, se exhorta a las partes para que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles en dicho Portal. Finalmente, con fundamento en los artículos 22 y 363 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante diverso Acuerdo que abroga los Finalmente, con fundamento en los artículos 22 y 363 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante diverso Acuerdo que abroga los acuerdos por contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, dígase a las partes que las copias que en su caso soliciten, y que incluyen evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente; asimismo, para el caso de contar con usuario autorizado para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en su equipos de cómputo las constancias que obren en el mismo, las cuales como se dijo, respaldadas por la respectiva firma electrónica tienen el valor de copias certificadas.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · 9,026 expedientes
- Jorge Torres Reyes417/2019
- Jorge Torres Reyes299/2005
- Jorge Torres Rubio603/2019
- Jorge Ulises Sotelo Lara1003/2020
- Jorge Vázquez Rodríguez818/2023
- Jorge Vázquez Rodríguez641/2023
- Jorge Vicente Mariano Morales1027/2019
- José Aaron Clavería Flores1204/2018
- José Aaron Claveria Flores2608/2017
- Jose Abraham Marquez Moreno385/2018
- José Adan Corona Calderon558/2019
- José Adrian Carrillo Sánchez914/2018