Jorge Vázquez Piña

Expediente 203/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
203/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • Jorge Vázquez Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la constancia de notificación de la actuaria judicial adscrita, de la que se desprende que notificó al quejoso *** el auto de dieciséis de los presentes y este manifestó lo siguiente: ". deseo desistirme de este Juicio por así considerarlo mis intereses." En ese tenor, cabe destacar que de la certificación de cuenta se desprende que el veintidós de marzo del año en curso, se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista ... Luego, que el veintiuno de abril del año en curso se tuvo a la defensora pública *** aceptando y protestando el cargo que le fue conferido para asistir jurídicamente al quejoso *** En ese orden, con las manifestaciones del quejoso... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, atento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista ... de dicho ordenamiento y ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; en consecuencia, una vez transcurridos seis meses procédase a su destrucción. Notifíquese...

  2. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por la defensora pública -----------------------------------------, por medio del cual acepta y protesta el cargo que le fue conferido para asistir jurídicamente al quejoso -------------------. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como de los artículos 1º, 17 de la Constitución, 8.2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se le tiene manifestando su aceptación y discernimiento del cargo, para asistir jurídicamente al agraviado. Domicilio Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en ---------------------------------------------------------------------------en esta Ciudad. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...."

  3. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Defensor Público Agréguese a los autos el oficio signado por la -------------------------------------------------- de la Ciudad de México, por medio del cual informa que designó a la licenciada ----------------------------, como Defensora Pública del quejoso -------------------- en el presente juicio de amparo y señala como domicilio el ubicado en calle ----------------------------------------------------------------------, en ésta Ciudad de México. De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Luego, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, según lo dispuesto por el numeral 2° de la Ley de Amparo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que la potestad oficiante precisa. Por otro lado, a efecto de evitar mayores dilaciones al procedimiento, con fundamento en el artículo 17 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con copia de la demanda de amparo génesis del presente asunto, así como del auto de radicación, requiérase a la defensora pública ------------------------------------------------------- para que dentro del término de cuarenta y ocho horas contado a partir de que quede notificada del presente auto, presente escrito en el cual acepte y proteste el cargo que le fue conferido para asistir jurídicamente al quejoso -------------------. Se le apercibe que de ser omisa al presente requerimiento se le impondrá una multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo; y, se autoriza al Director de Defensoría Pública de la Ciudad de México y a la defensora pública de referencia para que remitan las constancias respectivas con Firma Electrónica (de contar con ella), a través del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico ----------------------------- dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, indíquese a la mencionada funcionaria que para efectos de confirmar la entrega y envío de misivas vía electrónica, podrá comunicarse a los números telefónicos ------------------ o 01 (55) ---------------ext. 4302. Notifíquese personalmente a la defensora pública ...." Paula Abigail Durán Camargo.

  4. Principal

    MESA "3" Ciudad de México, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica de ------------------------- contra los actos y las autoridades que en la misma se precisan, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2021-3 y fórmese expediente electrónico e impreso. Improcedencia de la suspensión de oficio y de plano respecto de la orden de traslado Cabe destacar que el quejoso solicita la suspensión de plano de plano del acto reclamado consistente en la orden de traslado del quejoso a otro centro de reclusión, así como su ejecución; sin embargo, dicho acto no se encuentra en los supuestos de casos urgentes, por tanto, no es posible conceder la medida cautelar solicitada. Pues, al respecto la Ley de Amparo, en el artículo 126 dispone los casos en los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, al tenor siguiente: Artículo 126.... En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: Artículo 22... Por tanto, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio y de plano procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no se advierte que acontezca en el presente asunto, además de que el propio quejoso manifestó: ".Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tengo conocimiento personalmente del acto reclamado, desde el día 1° de Julio de 2018, ya que en esta fecha se presentaron en mi dormitorio dos custodios, (de los cuales desconozco su nombre) y uno de ellos traía en su mano una hoja con diversos nombres y me dijo que estuviera preparado ya que en cualquier momento sería yo trasladado u otro centro de Reclusión. Asimismo no pasa inadvertido que como antecedente del presente acto reclamado, el suscrito expone a su Señoría que de manera injusta fui trasladado (en fecha 28 de Agosto de 2016) del Reclusorio -----------------------------------------------, por lo que inconforme con dicho traslado el quejoso promovió demanda de amparo, y en cumplimiento al fallo de dicha demanda, en fecha 18 de Noviembre de 2017 fui regresado al ------------------------------------------------por lo que existe un RIESGO INMINENTE de que el suscrito de nueva cuenta sea trasladado a otro centro de reclusión." Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano solicitada en el presente asunto. Improcedencia del juicio de amparo Ahora bien, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de modo tal, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, del análisis de la demanda, se advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para el desechamiento de una demanda de amparo; es decir, es manifiesto e indudable, por las siguientes razones: De acuerdo con la certificación de cuenta, la demanda de amparo fue recibida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional de forma electrónica, por lo que es evidente que no es susceptible de estampar una firma autógrafa. Conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 76, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 10 y 17, 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular del escrito de demanda no se advierte la firma electrónica de la parte quejosa ------------------. Sin embargo, se precisa que los actos que se alegan en la demanda, no se encuentran inmersos en el artículo 15 de la ley de Amparo, cuyo texto es del tenor literal que sigue: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)". Ese precepto legal revela que en los casos en que se trate de actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para promover directamente el juicio de amparo relativo, cualquier persona puede hacerlo en su favor. Con lo anterior queda patente la intención perseguida por el legislador federal al contemplar el supuesto jurídico inmerso en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que no es otra más que la de facilitar el acceso a la vía constitucional cuando la propia parte quejosa enfrenta una imposibilidad real para instar directamente la acción de amparo ante los tribunales federales. Así las cosas, la interpretación literal y gramatical del artículo 15 de la Ley de Amparo, conduce a considerar que dichos supuestos operan cuando se reclame algún acto que implique un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otros, y el agraviado esté imposibilitado para acudir directamente o por un representante a instar la vía constitucional; lo que en la especie no acontece. Lo anterior, dado que el acto reclamado en esta vía constitucional consiste en:".La orden de ------------- del quejoso a otro centro de reclusión, así como la ejecución de dicha orden." En ese sentido, del contenido integral de la demanda de amparo se aprecia que el quejoso no se advierte que el impetrante se encuentre imposibilitado para suscribir por propio derecho incluso de manera escrita, el ocurso de amparo. En consecuencia, no se actualiza ningún supuesto a que hace referencia el artículo 15 de la Ley de Amparo; esto es, no encuadra en lo previsto por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional. En ese sentido, dado que la demanda de amparo que nos ocupa fue promovida a través del Portal de servicios en línea, debe atender a los lineamientos establecidos en los artículos 43, en relación con el 10 y 16, todos del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, a fin de que exista cierto grado de confiabilidad de quién es el quejoso o en su caso quién promovió la demanda; por tanto, debe contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica que muestre el nombre del titular de la misma, y en el particular, del escrito de demanda, como se indicó, no se advierte la firma electrónica de -----------------. Ahora, se debe puntualizar que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° y 6° de la Ley de Amparo, en su orden disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada;" [.] "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". (Lo destacado no es de origen) De acuerdo con los preceptos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Ahora bien, el artículo 3° de la Ley de Amparo, establece como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, y para el supuesto de presentarlas de manera electrónica, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL o e.firma) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, el Consejo de la Judicatura Federal, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el Acuerdo General 1/2013 y el primero de ellos mediante Acuerdo General 12/2020, sentaron las bases normativas para implementar y utilizar la firma electrónica, destacando la conveniencia de que la regulación que rija a la referida firma sea uniforme en ambos órganos, permitiendo con ello un uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos asignados para ese efecto, a fin de generar certeza a las partes dentro de los juicios regidos por la Ley de Amparo. En esa tesitura, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con el Acuerdo General 12/20203, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover, entre otras materias, la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica" (FIREL o e.firma), entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los 3 De del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Esto es, la firma electrónica (FIREL o e.firma) es el equivalente electrónico al de la firma manuscrita y se trata de un conjunto de datos que se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor del mensaje como autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa, produciendo los mismos efectos que ésta de conformidad con los artículos 3, 10, 12, inciso f) y 13, inciso d), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, en relación con el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En ese sentido, tomando en consideración que si el ejercicio de la acción de amparo promovida por escrito exige que la demanda sea firmada de manera autógrafa por la persona que directamente aduce haber sufrido un agravio personal y directo; esto es, por el titular de la acción o quien legalmente lo represente, a excepción de los supuestos normativos establecidos en la propia Ley de Amparo. La misma regla debe aplicarse por cuanto hace a las demandas de amparo presentadas vía electrónica, esto es, que también tienen que estar firmadas electrónicamente, a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o por órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados, ya sea por el propio quejoso, por quien legalmente lo represente, o bien, su defensor (cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal), lo que en el presente caso no acontece. Bajo ese contexto, si la postulante de derechos fundamentales pretendía instar la protección constitucional de manera electrónica, debió cumplir con el requisito antes citado; esto es, que la demanda respectiva debía contener la correspondiente firma electrónica (FIREL), en concordancia con las normatividades antes precisadas. Por tanto, atendiendo a que la demanda de amparo no cuenta tal requisito, debe considerarse que ----------------, no exteriorizó su voluntad para acudir a la instancia constitucional. Por los razonamientos expuestos, se estima que la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, es improcedente, ya que tal deficiencia (falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o e.firma), no puede corregirse mediante prevención, porque no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, ni tampoco se trata de una omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la legislación en comento. Además, de la lectura integral de la demanda que se atiende se aprecia que los actos reclamados consistentes en: ".La orden de ------------- del quejoso a otro centro de reclusión, así como la ejecución de dicha orden." Por tanto, se advierte que en el caso no se da el supuesto de excepción respecto de la falta de firma, que prevé el artículo 3°, último párrafo, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo, así como de los numerales 10 segundo párrafo, 17 y 42, 45 a 47 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, con relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la ley de la materia, a contrario sensu; por lo que con apoyo en el ordinal 113 de la propia normatividad legal procede desechar de plano la demanda de garantías sin la evidencia criptográfica de la firma electrónica de -----------------. Providencia respecto de los actos que pudiera sufrir el quejoso en caso de ser trasladado del lugar en el que actualmente se encuentra interno a uno diverso. Por otra parte, no pasa desapercibido para esta juzgadora que la parte quejosa señala que con la orden de traslado futura se pondría en riesgo su integridad física; además, que pudiera ser golpeado e incomunicado; en ese sentido, hágase de su conocimiento que es responsabilidad de las autoridades penitenciarias, tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para salvaguardar su integridad. En consecuencia, infórmese al ------------------------------------------------------------------- -lugar en el que se encuentra interno el quejoso-, lo siguiente: - Queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad responsable, la integridad física del quejoso, a fin de que no sufra ningún atentado contra su salud, tortura psicológica o de cualquier tipo, así como actos que pongan en peligro su vida. - De igual forma, las medidas que adopte a fin de salvaguardar en todo momento la vida del solicitante de amparo (en el sitio de internamiento). - En la inteligencia de que la seguridad y custodia del agraviado, también queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Lo anterior, de conformidad con el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Domicilio de la parte quejosa Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el interior del lugar donde se encuentra interno. Forma de practicar la diligencia Ahora, tomando en consideración que el quejoso se encuentra privado de su libertad en las instalaciones que ocupa el ----------------------------------------------------------, y que es de conocimiento de la suscrita que en éste existe la posibilidad de un alto riesgo de contagios de la enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19). Se instruye al actuario de la Federación adscrito para que al momento que se constituya en el lugar en el que se encuentra el quejoso, requiera al personal con el que entienda la diligencia, para que en ese momento le informe sobre la existencia de contagios de COVID-19 en dicha estancia. De igual manera, se requiere al Director de dicho centro penitenciario, a efecto de que gire las instrucciones necesarias con el fin de que se tomen las medidas adecuadas para salvaguardar la salud e integridad física del quejoso, así como del fedatario público de la adscripción, para lo cual deberá habilitar un espacio sanitizado en el que pueda llevarse a cabo la diligencia que se ordena, sin que el servidor público adscrito tenga que ingresar a lugares en donde se encuentren separados los portadores o posibles contagiados de dicha enfermedad; claro está, sin que ello implique poner en riesgo la seguridad del lugar donde se encuentran privados de la libertad. Lo anterior, con el apercibimiento para la autoridad que no atienda lo anterior y obstaculice la función jurisdiccional de este órgano de control de la constitucionalidad, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización; ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la ley de la materia. Designa defensor Por otra parte, el impetrante de garantías solicitó se le designara un defensor público; por tanto, se provee: Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, y 12, 19, fracción XVI, 21, fracción I, 22, 25 y 35 de la Ley de la Defensoría Pública del Distrito Federal, así como el 43, fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, requiérase al Director de Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que quede notificado del oficio que derive de este acuerdo, realice lo siguiente: 1. Designe un defensor público para que asista jurídicamente al quejoso ----------------------, quien se encuentra privado de la libertad en el ---------------------------------------------------. 2. Proporcione a este juzgado datos suficientes para entablar comunicación con dicho servidor público, a saber, número telefónico y correo electrónico. 3. Instruya al defensor que asigne, para que presente escrito ante este órgano de control constitucional en el cual acepte y proteste el cargo que le fue conferido para asistir jurídicamente al quejoso dentro del mismo término. 4. Asimismo, le haga entrega de copia simple de la demanda y del auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, para que se ponga en contacto con el aquí quejoso y le brinde asesoría jurídica. En el entendido que la constancia con la que se acredite ésta, deberá de contener que le explicó al quejoso cómo, cuándo, porqué y en qué términos, se debe desahogar dicho requerimiento, y las consecuencias en caso de no realizarlo. Asimismo, deberá acreditar que auxilio en la elaboración o presentación en tiempo del escrito de desahogo, dado que el quejoso se encuentra privado de libertad. 5. Lo aperciba que, de no aceptar y protestar el cargo por escrito en el término concedido, se le impondrá una multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo; y, 6. Deberá remitir copia autentificada de las constanciascon las que acredite que cumplió con cada uno de los puntossolicitados. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento al requerimiento, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. En el entendido, que para el caso de que designe diversos profesionistas para que asistan a la quejosa cada uno de ellos, al brindar asesoría a la impetrante deberá asentar el número de registro de cédula profesional; y, de no cumplir con lo anterior, las entrevistas que sostengan con la quejosa privada de su libertad no acreditaran que recibió asesoría jurídica. Se autoriza al Director de Defensoría Pública de la Ciudad de México para que remita la información solicitada con Firma Electrónica (de contar con ella), a través del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico --------------------------.mx dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Asimismo, indíquesele al mencionado funcionario que para efectos de confirmar la entrega y envío de misivas vía electrónica, podrá comunicarse al número telefónico (55) ---------- 00 ext. 4302. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16.... Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 5° del citado Acuerdo General 21/2020, a efecto de brindar atención a las partes -respecto de comunicaciones no procesales-, se habilita el correo electrónico -----------------------------, así como el teléfono (55)------------, extensión 4302. Autorización de la Ministerio Público Se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con el usuario "alinebecerril"; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Habilitación al personal del Juzgado Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que en caso de ser necesario practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales... Notifíquese; y, personalmente al quejoso en el lugar en el que se encuentra privado de su libertad..."

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,907 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano