Jorge Vázquez Piña

Expediente 208/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
208/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Vázquez Piña

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja en contra del proveído por el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; hágase la anotación en el libro de gobierno; en consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que el presente asunto encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, se determina que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; consecuentemente, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, a treinta de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por medio del cual, en lo que interesa, devuelve diligenciado el exhorto 181/2021-III-A, de su índice, derivado del diverso 36/2021-I, del índice de este órgano de control constitucional, y agréguese para que obre como corresponda. Por otra parte, y en razón de lo anterior, se tiene por notificado al quejoso **************, del auto de trece de abril del año en curso; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, sin que haya necesidad de acusar de recibo del oficio y anexo de cuenta, en virtud de lo expresado por la oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte y otras autoridades, regístrese con el número de juicio 208/2021-V y genérese expediente electrónico e impreso. Fijación de la litis: De la lectura integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el siguiente: - La orden de traslado. Consideración previa. No pasa desapercibido que Jorge Vásquez Piña, promueve el presente juicio por propio derecho; sin embargo, del estudio integral del escrito inicial de cuenta se advierte que lo firma electrónicamente Lyli Karen Hernández Flores. Desechamiento Al ser de estudio preferente se advierte que en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Carta Magna, y con el diverso numeral 6o., de la ley de la materia. Como se ve, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente escritos en calidad de promovente, debidamente firmados, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital; o bien, como en el presente caso que la demanda de cuenta es presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deberá contener la firma electrónica de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, pues de no hacerlo así, no se insta a este órgano jurisdiccional para que conozca y estudie las manifestaciones vertidas, porque un escrito, cualquiera que sea la naturaleza del mismo, sin firma, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello, tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del Juez mediante una prevención. Así, como se advierte de la certificación de cuenta, el escrito de demanda carece de la firma electrónica del directo quejoso Jorge Vásquez Piña; por tanto, no contiene la voluntad de éste en comprometerse con su contenido, pues el acto de firmar electrónicamente dicho documento, sirve para que no quede duda acerca de la circunstancia de que las manifestaciones ahí vertidas son de la voluntad de la persona que aparece como suscriptor; toda vez que la firma no constituye un elemento de forma, sino un requisito esencial para dar validez a un documento. Asimismo, de conformidad con los artículos 59, 62, 64, 65, interpretado a contrario sensu, 72 y 76 todos del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es el sitio web a través del que las partes podrán promover demandas de amparo, promociones y recursos; para acceder a dicho sistema se deberá estar registrado en el mismo y contar con un firma electrónica emitida y reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas. El registro de los usuarios en el sistema, así como la firma electrónica en el archivo que contenga la demanda de amparo, no serán exigibles cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cabe precisar, que si bien en la especie se reclama la orden de traslado del directo quejoso, ni aun con un grado de razonabilidad se podría advertir que se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, tomando en cuenta que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro; asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En ese tenor, el traslado urgente o excepcional, no es un acto que carezca de fundamentación, porque está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente en el artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria, para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control del Juez de Ejecución, luego de ejecutada la medida. Por lo anterior, el traslado previsto en el referido artículo 52, no se materializa como una violación indirecta a la libertad personal fuera de procedimiento; ya que cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa su excepcionalidad y la obligación de la autoridad administrativa para notificar, dentro de un plazo determinado, la decisión de traslado a un Juez con el fin de que se efectúe un control sobre su legalidad. Precisado lo anterior, en el presente caso no se advierte que el archivo que contiene la demanda de amparo en que se provee, haya sido firmado electrónicamente por Jorge Vásquez Piña, pues no contiene en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica tal como lo señala el artículo 76 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, de la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se advierte que el documento haya sido firmado electrónicamente. Resultan aplicables al caso por los motivos que exponen, las tesis siguientes: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa.". "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz.". Consecuentemente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de cuenta por su notoria e indudable improcedencia. Domicilio Se tiene como domicilio de la parte quejosa el lugar en el que se encuentra recluido. Habilitación al personal del Juzgado Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Requerimiento a la parte quejosa Por otra parte, se advierte que el quejoso se encuentra privado de la libertad y no cuenta con asistencia jurídica; por lo que, a efecto de garantizar su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, se le requiere para que al momento de la diligencia o dentro los tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, nombre a un abogado que lo represente en el trámite del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de ser omiso o de no nombrar alguno, este juzgador de manera oficiosa designará a un defensor público, para que lo asista en esta instancia constitucional. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2019 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja.". Tramitación de juicio en línea Asimismo, se invita a las partes para que de conformidad con el artículo 28 del referido "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTIGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; de ser posible, transiten y continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, soliciten expresamente el acceso al expediente electrónico y notificaciones por esa vía. Teléfono y correo electrónico Finalmente, también se solicita a las partes a que proporcionen a este juzgado un teléfono y correo electrónico con el único efecto de establecer comunicación, en su caso. Notifíquese.

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