Jorge Vazquez Aleman

Expediente 1031/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1031/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
12/12/2018

Partes del expediente

  • Jorge Vazquez Aleman

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, no interpuso recurso de queja en contra del proveído por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese.

  2. Principal

    ***... se... RESUELVE... PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por JORGE VAZQUEZ ALEMAN y ADAN MÁRQUEZ ESCOBEDO, contra actos de la JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE OCAMPOY DILIGENCIARIO DE LOS EXPEDIENTES NONES ADSCRITO AL ANTERIOR, fórmese expediente y anótese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda, como lo es el 1031/2018-II-A. Ahora bien, del examen de la demanda de garantías se advierte que el juicio de amparo es improcedente, y por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación gramatical de esta disposición legal se desprende que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Ahora bien, el suscrito advierte que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Efectivamente, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". Ahora bien, el principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Así se desprende de la tesis de jurisprudencia, visible en la página 252 del Tomo XI-Junio, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no esté controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo.". En ese orden de ideas, los artículos 504 y 909 del Código de Procedimientos Civiles de Tlaxcala, establece lo siguiente: "Artículo 504.- La revocación procede contra los autos". "Artículo 909.- Las providencias a que se refiere el artículo anterior podrán ser confirmadas o revocadas, en la sentencia definitiva, o modificadas en cualquier estado del juicio." De la interpretación literal de los preceptos transcritos se advierte que procede el recurso de revocación en contra de los autos y que las providencias urgentes pueden ser modificadas en cualquier estado del juicio. Ahora bien, se dice que se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia en cuestión, en virtud de que el acto reclamado por el quejoso, consiste sustancialmente en el auto dictado el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente 207/2018, por el que se facultó al Diligenciario Non adscrito al Juzgado responsable para que asociado de la parte demandada se constituyera en el inmueble materia del juicio y requiera a la parte actora para que de cumplimiento a lo siguiente: a). El respeto mutuo entre los propietarios de los predios sirviente y dominante; b) Deje libre acceso de la servidumbre en favor de los propietarios de los predios sirvientes y dominantes; familiares o poseedores precarios que detenten el uso de los bienes; c) No construir bardas, colocar zaguanes, colocar obstáculos o cualquier otro medio que impida el libre acceso de los propietarios de los predios sirviente y dominante, d) Prohibir la estancia de animales sobre la servidumbre por parte de los propietarios de los predios sirvientes y dominantes; y siendo el caso, que contra ese acto por tratarse de un auto procede el recurso de revocación en términos del artículo 504, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala y de conformidad con el numeral 909 del ordenamiento legal invocado, puede ser modificado en cualquier estado del juicio. En tales condiciones, la parte quejosa debió agotar ese recurso antes de acudir al juicio de amparo indirecto, sin embargo, no lo hizo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Primera Sala, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.- El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo". Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria la causal de improcedencia sujeta a estudio, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha de plano la demanda en estudio. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo se tiene como represente común de la parte quejosa a JORGE VÁZQUEZ ALEMÁN. Con apoyo en el artículo 108, fracción I de la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda. Por otra parte, ténganse por autorizadas a PABLO ROBERTO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo y, únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Rodolfo Lima Nava, José Luis Rodríguez López, Ángel López Bandala, Federico Badillo Carmona y Saúl López Bandala, en virtud de que no fueron localizados en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 2, fracción XIV, de su Reglamento, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que, en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. Notifíquese personalmente ***

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