Jorge Vargas Haro

Expediente 657/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
657/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Jorge Vargas Haro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la juez responsable acusa recibo de las constancias que se le remitieron mediante oficio número ******/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    ... se advierte que ya transcurrió el término de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), del ordenamiento legal invocado; sin que hasta la fecha se hubiere hecho valer dicho medio de impugnación en contra de la sentencia dictada en el presente juicio, donde se resolvió negar el amparo y protección de la Justicia Federal; en esas condiciones, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme a lo dispuesto en el artículo 2°, de la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA.

  3. Principal

    Agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento la razón con número de registro 20142, signada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al quejoso***la sentencia terminada de engrosar el siete de octubre del año en curso, por los motivos que expone; lo anterior en virtud de que, de autos se advierte que obra la constancia de notificación al citado quejoso, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Sin perjuicio de lo anterior y como se advierte en diverso acuerdo de veintidós de agosto de la presente anualidad, que se ordenó notificar por medio de lista las subsecuentes notificaciones al citado quejoso, aún las de carácter personal; en consecuencia, se ordena notificarle por medio de lista, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Por otra parte, agréguese a los autos la razón con número de registro 20143, signada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la tercero interesada**, la sentencia dictada en el presente asunto, por los motivos que expone y como se advierte de la certificación de cuenta, que no dio cumplimiento a lo solicitado por auto doce de julio pasado, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y se ordena notificar por medio de lista a la referida tercero interesada, la sentencia dictada en el presente juicio constitucional y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista a la parte tercero interesada. SE NOTIFICA POR LISTA A LA TERCCREA INTERESADA , LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE DICE: "Ciudad de México, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 657/2022, promovido por **, por derecho propio, contra los actos reclamados de la Juez Septuagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado físicamente el veintiocho de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado el siguiente día hábil a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, **, por derecho propio, promovió demanda de amparo, contra los actos reclamados de la Juez Septuagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8° de la ** Convención Americana sobre Derechos Humanos (folios 2 a 8, expediente de amparo), que hizo consistir en lo siguiente: "(.) ACTOS RECLAMADOS:- - - 1. El acto que se atribuye a la autoridad señalada como responsable es la emisión del oficio 1116, dentro del expediente 146/2022, a través del cual se ordenó el bloqueo de mi cuenta bancaria identificada con el número **, aperturada en BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México (.)". SEGUNDO. Radicación y admisión. De la demanda de amparo correspondió conocer a este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien en auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós, la radicó con el expediente 657/2022 y la admitió a trámite contra los actos reclamados de la Juez Septuagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien se solicitó informe justificado, teniendo como tercero interesado a Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México -señalado en auto de doce de julio del año en curso-; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (folios 37 a 39, 44 y 45, expediente de amparo). TERCERO. Prevención para señalar a autoridad responsable. En auto de diecisiete de agosto de dos ml veintidós, este juzgado de Distrito requirió al quejoso para que precisara si era su deseo o no señalar como autoridad responsable al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (folio 49, expediente de amparo); sin que realizara precisión al respecto; por lo que, en auto de veintiséis de septiembre del año en curso, se tuvo como autoridad responsable únicamente a la señalada en la demanda de amparo (folios 56; expediente de amparo). Finalmente, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra los actos emitidos en un procedimiento de providencias precautorias en materia mercantil atribuidos a una autoridad jurisdiccional que reside dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados consisten en la emisión y ejecución del oficio 1116, por la juez responsable en las providencias precautorias en materia mercantil de origen con el expediente 146/2022, en el que se ordenó el bloqueo de la cuenta bancaria del quejoso identificada con el número ***, aperturada en la institución bancaria BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados de la Juez Septuagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; porque al rendir informe justificado aceptó la existencia del mismo (folio 43, cuaderno de amparo). La referida existencia de los actos reclamados se corroboran con las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo al informe justificado, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2 de este último ordenamiento, por tratarse de copias certificadas de actuaciones judiciales. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para el mejor conocimiento del presente asunto y previamente al examen de la procedencia del juicio de amparo, es importante hacer referencia de los antecedentes relevantes de los actos reclamados, relatados en la demanda de amparo y que se aprecian de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable anexas al informe justificado, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se destaca lo siguiente: 1. En escrito de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, el actor Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (tercero interesado) presentó demanda de providencias precautorias en la vía mercantil de ** (quejoso), en la que señaló medularmente como prestaciones (i) la retención de bienes de los codemandados hasta el monto de ciento treinta y seis mil doscientos sesenta y tres pesos con treinta y ocho centavos y (ii) la retención de dinero que se encuentre en cuentas bancarias aperturadas por los presuntos coenjuiciados (folios 1 a 13, legajo del expediente natural). 2. En auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, la Juez Septuagésimo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México radicó la demanda con el expediente 146/2022 y previno a la actora (folio 14, legajo de expediente natural) y, cumplido lo anterior, en acuerdo de tres de marzo del año en curso, la admitió a trámite (folios 116 y 117, legajo de expediente natural), con las siguientes consideraciones: "(.) Ciudad de México, a tres de marzo del dos mil veintidós.- - - Agréguese a sus autos el escrito de cuenta de la promovente, se tiene por desahogada la prevención ordenada en proveído de fecha diecisiete de febrero del año en curso. Se tiene por presentado a BANCO SANTANDER MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO por conducto de sus apoderados ***, personalidad que acreditan y se les reconoce en términos de la copia certificada del Instrumento Notarial número ochenta y nueve mil ochocientos noventa y dos, de fecha catorce de febrero del dos mil diecinueve, otorgado ante la fe del Notario Público número Doscientos Veintinueve de esta Ciudad de México, Licenciado **. Por señalado el domicilio y correo electrónico que indica para oír y recibir notificaciones y por autorizados a los Profesionistas que menciona en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio y se previene a dichos profesionistas para que en la primer diligencia en la que intervengan exhiban su cédula profesional o copia certificada de la misma, apercibidos que de no hacerlo perderán las facultades del párrafo mencionado y únicamente se les tendrá por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos y por autorizadas a las personas que menciona para los fines que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1168, 1175, 1176 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio, se decreta la PROVIDENCIA PRECAUTORIA en contra de ** y para tal efecto, como lo solicita, gírese atento oficio a LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES a efecto de que, se sirva hacer del conocimiento de las Instituciones Bancarias que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, se sirvan informar si en las mismas se encuentran cuentas abiertas a nombre de los presuntos demandados y de ser así, proceda a la retención de bienes de **con R.F.C. ***, consistente en los montos depositados en las cuentas bancarias, de inversión, cheques o nóminas que tenga en Instituciones de Crédito que forman parte del Sistema Financiero Mexicano, permitiéndose los depósitos más no el retiro de los fondos existentes, lo anterior sólo hasta por la cantidad de $136,263.38 (CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTO SESENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N.), en términos de lo dispuesto por el artículo 142 párrafos primero y segundo de la Ley de Instituciones de Crédito. Con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y debido a que la solicitante pertenece al Sistema Bancario Mexicano y se considera de "Acreditada Solvencia", no se le exige la exhibición de la garantía prevista en el artículo 1175 fracción V del Código de Comercio, aunque esto no la exime de indemnizar por los daños y perjuicios que pudiera causar a los deudores la medida precautoria aquí decretada. Respecto a las joyas y valores en general, depositados en cajas de seguridad en Instituciones Bancarias del Sistema Financiero Mexicano, sin lugar a proveer de conformidad, tomando en consideración que éstas no reciben materialmente los bienes que el cliente deposita, pues es el propio usuario quien los introduce y extrae de la caja de seguridad, sin dar aviso a la institución, de manera que ésta no conoce los bienes que el usuario deposita en la caja, así que la institución no puede acceder a dichos valores o bienes, dada la secrecía y confidencialidad rectoras de este tipo de servicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Ley de Instituciones de Crédito. En cuanto a la retención de bienes consistentes en los recursos de dinero depositados en Instituciones Financieras, sin lugar a proveer de conformidad, toda vez que el artículo 1168 del Código de Comercio sólo se refiere a las cantidades depositadas en Instituciones de Crédito, no así en otras instituciones financieras. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1181 y 1182 del Código de Comercio, se previene a BANCO SANTANDER MÉXICO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir de que se ejecute la medida cautelar ordenada, presente la demanda, que dice promoverá en contra de ***, y lo acredite en éste procedimiento, apercibida que en caso de no hacerlo se revocará de oficio la cautelar. Cumplimentada que sea la presente providencia precautoria, NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE DEMANDADA para que dentro del término de TRES DÍAS manifieste lo que a su derecho convenga, en términos de lo dispuesto por el artículo 1179 del Código de Comercio. Con fundamento en el artículo (sic) 81 fracción I, 84 fracción V y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se autoriza a los Secretarios de Acuerdos, Secretaría Conciliadora, así como a los Pasantes en Derecho adscritos a este Juzgado para practicar las notificaciones ordenada en el presente Juicio. (.) [ACTO RECLAMADO]. 3. El seis de abril de dos mil veintidós, el juez natural para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de tres de marzo de dos mil veintidós, emitió el oficio 1116, dirigido al Vicepresidente de Supervisión y Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el que le comunicó la orden para la retención de cuentas bancarias de los presuntos codemandados hasta la cantidad de ciento treinta y seis mil doscientos sesenta y tres pesos con treinta y ocho centavos (folios 120 a 122, legado del expediente natural). 4. En oficio de veintidós de abril de dos mil veintidós, el Coordinador de Atención a Autoridades "B", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, envió al juez natural la información rendida por diversas instituciones bancarias (folio 126, expediente amparo), entre ellas, el aseguramiento realizado por la institución de crédito BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en las cuentas bancarias *** (folio 128, legado del expediente natural). 5. En escrito de tres de mayo de dos mil veintidós, la actora exhibió en las providencias precautorias de origen, la demanda en forma del juicio ejecutivo mercantil, en la que reclamó de los coenjuiciados el pago (i) de la suerte principal por ciento veintisiete mil setecientos setenta y siete pesos con setenta y ocho centavos, (ii) los intereses ordinarios por cinco mil seiscientos noventa y tres pesos con veintiséis centavos, (iii) de los intereses ordinarios por dos mil setecientos noventa y dos pesos con treinta y cuatro centavos y (iv) los gastos y costas (folios 138 a 149, legajo del expediente natural); la cual quedó radicada ante el Juzgado Septuagésimo Civil de la Ciudad de México en el expediente 434/2022 (folio 137, legajo del expediente natural). 6. En diligencia de veintisiete de junio de dos mil veintidós, el actuario adscrito al juzgado de origen razón la imposibilidad que tuvo para emplazar a las providencias precautorias de origen al presunto demandado Jorge Varas Haro (folios 168 a 169, legajo del expediente natural). Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de análisis preferente y de oficio, lo aleguen o no las partes, previo al examen de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en las páginas 553 y 554, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que respectivamente señalan: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, las partes no alegan la existencia de alguna causa de improcedencia y este juzgado de Distrito no advierte alguna que daba ser analizada en forma oficiosa, respecto de los actos reclamados. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, cabe indicar que para el estudio de los conceptos de violación resulta innecesaria su transcripción literal. En el concepto de violación, el quejoso aduce que la autoridad responsable en el procedimiento jurisdiccional de origen con el expediente 146/2022, emitió el oficio 1116, en que ordenó bloquear su cuenta bancaria 0149357823, aperturada en la institución bancaria, BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, sin que previamente fuera llamado o emplazado a ese procedimiento jurisdiccional; con lo que añade, vulneró en su perjuicio el derecho fundamental a la debida tutela jurisdiccional efectiva y los sub principio de audiencia, legalidad, debido procedimiento e igualdad judicial establecidos en los artículos 14 de la Constitución Federal y 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Los argumentos anteriores son infundados. En efecto, el precepto constitución que el impetrante afirma haber sido vulnerado con el acto de autoridad reclamado, es el artículo 14 de la Constitución Federal, el que en su parte conducente dispone: "Artículo 14. (.).- - - Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)". El precepto transcrito prevé, entre otros derechos fundamentales, el de previa audiencia al acto privativo, mediante un juicio seguido contra el afectado, en el que se cumplan (i) las formalidades esenciales del procedimiento y (ii) se apliquen las leyes anteriores al hecho controvertido. Ahora bien, el artículo 16 de la propia Norma Fundamental, en la porción normativa que interesa, estatuye otro tipo de actos jurídicos de los que la autoridad judicial también tiene facultad para emitir, que son los denominados actos de molestia, en cuanto establece: "Art. 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo (.)" El artículo transcrito estatuye que tratándose de "actos de molestia", para su aplicación únicamente se requiere un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Luego, jurídicamente el acto privativo es aquél que ocasiona la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva al gobernado de un derecho o posesión; porque su finalidad es la de privar de un bien material o inmaterial al gobernado. En tanto, el acto de molestia, es aquél los que únicamente restringe de manera provisional o preventiva un derecho o posesión, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y en los que, la permanencia de los efectos jurídicos en la esfera legal del gobernado queda sujeta o condicionada a posteriores actos de autoridad; por tanto, la afectación es por regla general transitoria. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial, Novena Época, Tomo IV, Julio de 1996, página 5, registro digital 200080; que es como sigue: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". Así, respecto de los actos privativos es requisitos indispensable que previamente a la afectación de los bienes, derechos o posesión, se respete al afectado el derecho fundamental de audiencia en el que se cumplas las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a la ley anterior al hecho, en términos del referido artículo 14 de la Constitución Federal, especialmente en dos aspecto fundamentales, el primero, que se otorgue al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo y, el segundo, que constriñe a las autoridades a otorgar al particular oportunidad real y efectiva de ser oído y vencido legalmente. Los requisitos anteriores han sido detallados por la jurisprudencia emitida por el Máximo Órgano Jurisdiccional de la Nación, en estos términos: 1. El derecho del afectado a recibir notificación del inicio del procedimiento; 2. La prerrogativa de las partes para ofrecer y rendir las pruebas en que funden su derecho; 3. La oportunidad de ellas para alegar; 4. La potestad para interponer recursos contra las determinaciones de trámite y de fondo; y 5. El derecho al dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 47/95 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II, Diciembre de 1995, página 133, registro digital 200234, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Por consiguiente, el derecho fundamental de previa audiencia tiene como finalidad otorgar al particular la posibilidad real, material y efectiva de defensa antes de la privación definitiva de los derechos que integran su esfera jurídica; por lo que, el acto privativo que cumple con tales requisitos evita dejar al afectado en estado de indefensión jurídica. Establecido lo anterior, se reitera que el impetrante afirma que en el acto reclamado la juez responsable ordenó sin previa audiencia la retención de los fondos de su cuenta bancaria 0149357823, aperturada en la institución bancaria, BBVA México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Al respecto, de las constancias remitidas conjuntamente con el informe justificado de valor probatorio pleno en términos de los artículos 128, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que dicho acto reclamado fue emitió en el procedimiento de providencia precautoria de retención de bienes radicado ante el Juzgado Septuagésimo Civil de la Ciudad de México en el expediente 146/2022. En cuanto a la naturaleza jurídica de las providencias precautorias o cautelares, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 21/98, estableció que no se trata de actos privativos -sino de simpe molestia-; por lo que, en su aplicación no rige el derecho fundamental de previa audiencia; consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo VII, Marzo de 1998, página 18, registro digital 196727; que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". Por tanto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nació en jurisprudencia firme y obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, estableció que tratándose de las providencias precautorias no priva el derecho fundamental de previa audiencia, al no tratarse de un acto privativo, sino de simple molestia. Luego, como se indicó anteriormente, el acto reclamado fue emitido en un procedimiento de providencias precautorias en materia mercantil cuyo sustento legal se encentra en los artículos 1168, 1175, 1776 y 1177 del Código de Comercio, que disponen: "Art. 1,168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes:- - - I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona contra quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha medida únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de éste Código;- - - II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos:- - - a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene.- - - En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo.- - Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo". "Art. 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos:- - - I. 26/01/24 11:48:33 Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor;- - - II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión;- - - III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas;- - - IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte.- - - El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante". "Art. 1,176. La retención de bienes decretada como providencia precautoria se regirá, en lo que le resulte aplicable, por lo dispuesto para los juicios ejecutivos mercantiles. La consignación y el otorgamiento de las garantías a que se refiere el artículo 1179 de este Código, se hará de acuerdo a lo que disponga la ley procesal de la entidad federativa a que 26/01/24 11:48:33 J.A.I. 657/2022 pertenezca el juez que haya decretado la providencia, y en su oscuridad o insuficiencia conforme a los principios generales del derecho". "Art. 1,177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio". Los preceptos que antecede prevén, que las providencias precautorias en materia mercantil, son de dos clases, las primeras, que son prejudiciales, en las que no se requiere previa audiencias de la parte afectada y se decretan de plano, y las segundas, que se solicitan en el juicio, las cuales se siguen incidentalmente escuchando a la parte afectada. Luego, las providencias precautorias solicitadas antes del juicio previstas en el Código de Comercio, son actos provisionales, y no definitivos, porque su finalidad es la de asegurar el estado en que se encuentran las cosas al momento 26/01/24 11:48:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fd.8e LAZARO RAUL ROJAS CARDENAS 28 de solicitar la medida cautelar, ante la intención de la parte presuntamente actora de entablar una demanda futura contra los presuntos coenjuiciados y así asegurar la situación de hecho mientras se resuelve el juicio en forma respectivo, a fin de garantizar el cumplimiento de la posible condena. Lo anterior es así, porque los referidos artículos 1168 y 1177 del Código de Comercio, que regulan en lo esencial, las providencias precautorias en materia mercantil antes del juicio, no incorporan un acto de privación; debido a que, se reitera, se trata de un mero acto de molestia; porque su objetivo únicamente es asegurar de manera provisional los bienes que pertenecen a la persona contra quien se pida la providencia precautoria con motivo de una acción futura, ante el temor fundado de que el futuro demandado no tuviere otros bienes que aquellos contra los cuáles se ha deba practicar la diligencia, o bien que puedan ser ocultados o dilapidados o enajenados para evadir el cumplimiento de su obligación. Por tanto, si el legislador autorizó en materia mercantil la implementación de las providencias precautorias sin el requisito de previa audiencia, 26/01/24 11:48:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.fd.8e LAZARO RAUL ROJAS CARDENAS 29 J.A.I. 657/2022 como medida antes del juicio, el Juez de origen se encontraba legalmente facultado para decretarlas, siempre que se cumplan los requisitos que la norma establece específicamente para su otorgamiento. En la especie, al tratarse la acción principal que se pretende ejercitar de tipo personal, como es la ejecutiva mercantil, deben colmarse los siguientes requisitos: A) Que tratándose de acciones personales, la providencia cautelar procede siempre que la persona contra quien se pida no tenga otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. B) Que si los bienes a ser asegurados consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito se presumirá el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. C) Que el presunto actor debe probar la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor. D) Que éste exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama. E) Que tratándose de acciones personales manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. F) Que garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en el Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte En consecuencia, como se ha establecido, si la norma constitucional que el quejoso estima violada en su perjuicio, es la prevista en el artículo 14 constitucional, dispone que tratándose de actos privativos rige el derecho fundamental de previa audiencia. Sin embargo, como se ha indicado, en la especie, la referida providencia precautoria no lleva inmersa una privación de un derecho, sino se trata de un mero acto de molestia; por tanto, para la aplicación de dicha determinación cautelar, no se requiere oír previamente al afectado. Por tanto, las providencias precautorias en materia mercantil, por sí solas, no violan el derecho fundamental de previa audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, porque, se insiste, la medida implementada no es un acto privativo, sino que únicamente afecta provisionalmente los bienes del futuro demandado; debido a que dicha medida sólo tendrá vigencia mientras se tramite el juicio en forma o éste perdure; en tanto, su emisión válida está condicionada a (i) que se emita por escrito, (ii) por autoridad competente, (iii) en los casos previstos en la norma y (iv) que se encuentre fundada y motivada tal determinación. De ahí lo infundado de los argumentos de que se trata. Ahora bien, no pasa inadvertido para este juzgado Federal que en la especie, la juez natural al emitir el auto tres de marzo de dos mil veintidós, en que fincó las providencias precautorias controvertidas en el expediente de origen 146/2022, no razonó si se colman o no, los requisitos legales que para su procedencia establecen los antes indicados artículos 1168, 1175, 1776 y 1177 del Código de Comercio. Sin embargo, tal omisión en materia civil no conlleva necesariamente a la ilegalidad del acto, si éste resuelve con acierto la controversia, porque en ese caso, aun con tal omisión, éste debe considerarse debidamente fundado y motivado, Es aplicable la jurisprudencia I.1o.C. J/1, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, Enero de 1996, página 134, registro digital 203518; que es como sigue: "FUNDAMENTACION. GARANTIA DE. SE CUMPLE AUN CUANDO LA AUTORIDAD OMITA CITAR LOS PRECEPTOS QUE APOYAN SU DECISION. Si bien el artículo 16 de la Constitución General de la República consagra las garantías de fundamentación y motivación y, por ende, toda resolución debe respetarlas; en materia civil, si los razonamientos hechos en la parte considerativa son jurídicos y resuelven con acierto la controversia, aunque la autoridad omita citar expresamente los preceptos de la ley en que apoya su decisión, si del estudio que se haga se advierte que es jurídicamente correcta, porque sus razonamientos son legales y conducentes para la resolución del caso, debe considerarse debidamente fundada, aunque sea en forma implícita, pues se resuelve conforme a la petición en los agravios, por lo que no puede existir duda respecto de los preceptos supuestamente transgredidos, cuando es el propio promovente quien plantea los supuestos a resolver, por lo que aun cuando no hayan sido explícitamente citados, debe estimarse que sí fueron cabalmente respetados y, en consecuencia, la resolución intrínsecamente fundada". En el caso a estudio, la presunta actora sustentó su derecho de crédito exigible y líquido con lo siguiente: A) Con "la solicitud del contrato de crédito en moneda nacional con número de cliente "13150865", celebrado el ocho de mayo de dos mil dieciocho (folios 170 a 180, legajo del expediente de origen) [suscrito por el quejoso en carácter de aval o solidario de la presunta codemandada]. B) Con el convenio de beneficios PyME CRÉDITO SIMPLE TASA VARIABLE, del ocho de junio de dos mil dieciocho (folios 181 y 182, legajo del expediente de origen); y C) Con el certificado contable suscrito por el contador público Francisco Albarrán Contreras, respecto de dicho contrato de crédito en términos del artículo 1687 de la Ley de Instituciones de Crédito, en el que precisa que el adeudo de los presuntos deudores ascendía al veintiocho de enero de dos mil veintidós a ciento treinta y seis mil doscientos sesenta y tres pesos con treinta y ocho centavos (folio 188 a 190, legajo del expediente de origen). Luego, en conjunto el contrato bancario, el convenio de beneficio y el certificado contable acreditan la existencia de un crédito líquido y exigible en términos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito que establece: "ARTÍCULO 68.- Los contratos o las pólizas en los que, en su caso, se hagan constar los créditos que otorguen las instituciones de crédito, junto con los estados de cuenta certificados por el contador facultado por la institución de crédito acreedora, serán títulos ejecutivos, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito". Luego, los documentos indicados acreditan la existencia del crédito controvertido y que este es líquido y exigible. No obsta a lo anterior, el hecho de que "la solicitud del contrato de crédito en moneda nacional con número de cliente "13150865" y "el convenio de beneficios PyME CRÉDITO SIMPLE TASA VARIABLE," refieran a la cuenta de disposición ***y que el "certificado contable" menciona al crédito identificado administrativamente como 05008746517; porque la realidad es que tales documentos refieren al contrato de crédito celebrado entre las partes el ocho de mayo de dos mil dieciocho; lo cual incluso refiere la presunta actora en la demanda precautoria. Sin embargo, dicha certificado contable no fue objetado por el quejoso, no obstante que en auto de doce de julio de dos mil veintidós (folio 44, expediente de amparo), se le dio vista con el informes rendido por el juez natural y con las constancias remitidas con éste en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva establecer la presunción que el crédito controvertido y el referido estado contable se refiere a una misma obligación. En otro aspecto, la providencia precautoria al intentarse contra depósitos bancarios, no existe obligación del presunto actor para precisar y demostrar por qué en su concepto existe temor fundado de que se puedan dilapidar sustraer tales bienes al ser de inminente disposición por parte del cuentahabiente en términos de los dispuesto en los artículos 1168 y 1175 del Código de Comercio; aunado al hecho de que el presunto actor alega en la referida demanda de providencias precautorias que ante el incumplimiento en que incurrieron los presunto codemandados tiene el temor fundado de que no puedan cumplir su obligación crediticia y que queden sin garantía. Asimismo, la presunta enjuiciante indicó que las cuentas bancarias son los únicos bienes de los que tiene conocimiento con los que pueden responder la obligación controvertida los presuntos demandados. En tanto, también sostuvo la demandante que al tratarse ella de una institución de crédito, no tenía obligación de presentar garantía por los posibles daños y perjuicio que pudiera ocasionar a los presuntos enjuiciados al gozar de presunción de solvencia; lo cual sustentó en la jurisprudencia "1a./J. 18/2021 (10a.) (sic)", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3497, registro digital 2023234; que es como sigue: "PROVIDENCIA PRECAUTORIA DE RETENCIÓN DE BIENES EN EL JUICIO MERCANTIL. LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO NO ESTÁN OBLIGADAS A GARANTIZAR LOS POSIBLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SU OTORGAMIENTO PUDIERA OCASIONAR.- - - Hechos: El Tribunal Colegiado de Circuito y el Pleno de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos respecto a si las instituciones de crédito están obligadas o no a garantizar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al deudor con la imposición de la medida precautoria de retención de bienes en los juicios mercantiles.- - - Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que las instituciones de crédito que no se encuentren en liquidación o procedimiento de quiebra, no están obligadas a exhibir garantía por los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a su contraparte en un juicio mercantil, por el otorgamiento de dicha medida precautoria.- - - Justificación: La aparente antinomia entre los artículos 86 de la Ley de Instituciones de Crédito y 1175, fracción V, del Código de Comercio, se dirime con el criterio de especialidad normativa, debiendo prevalecer la excluyente de exhibir garantía contenida en el primero de tales numerales sobre la exigencia de presentarla impuesta por el segundo. Lo anterior es así, porque en el artículo 640 del código mercantil, en su texto anterior a su derogación publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, el legislador reconoce que las instituciones de crédito se rigen por la Ley de Instituciones de Crédito, y el precepto 86, está en función de los sujetos para quienes fue creada (banca múltiple y banca de desarrollo) y del objeto que regula (la liberación de constituir depósitos, fianzas y garantías dentro o fuera de juicios o procedimientos). Por su parte, el artículo 1175, fracción V, del Código de Comercio constituye un marco general, ya que resulta aplicable para todo el universo de sujetos que, en un juicio mercantil, vía prejudicial o en instancia, pretendan la obtención de una medida precautoria de retención de bienes. Ante dicha generalidad, rige el principio de especialidad de la norma en el caso concreto". Luego, como se aprecia en la especie, la procedencia de las providencias precautorias controvertidas se ajustan a derecho al estar colmados los requisitos que establecen los referidos artículos 1168, 1175, 1776 y 1177 del Código de Comercio, en los términos antes relatados. En consecuencia, los actos reclamados al no ser violatorios de los derechos humanos y de las garantías consistentes en la debida tutela jurisdiccional efectiva, ni los sub principios de audiencia, legalidad y debido proceso judicial otorgadas en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, procede negar el amparo respecto de los actos atribuidos de la Juez Septuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a**, por derecho propio, contra los actos reclamados de la Juez Septuagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la orden y ejecución del oficio 1116, emitido en las providencias precautorias con el expediente 146/2022. Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **, por derecho propio, contra los actos reclamados de la ** del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistentes en la orden y ejecución del oficio ***, emitido en las providencias precautorias con el expediente *********Notifíquese y personalmente a las partes.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 8,739 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano