Jorge Vargas Cano

Expediente 423/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
423/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
18/05/2017

Partes del expediente

  • Jorge Vargas Cano

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintisiete de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el licenciado ********************, autorizado legal del quejoso ********************; visto su contenido, se le tiene desahogando la vista otorgada a su autorizante en auto de veinticuatro de abril del año en curso; para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, como lo solicita y toda vez que de autos se advierte las autoridades responsables Comisionado y Coordinador de los Centros Federales, ambos del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, no han dado cumplimiento a la ejecutoria de mérito; por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiéraseles, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la misma, o informen los trámites realizados para tal efecto, debiendo remitir copia certificada de las constancias conducentes; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo (publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, equivalente a ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional, que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($80.04) por cien (100); acorde con lo previsto por el artículo 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Vista la demanda de garantías que promueve Jorge Vargas Cano, contra actos del juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca y actuario judicial adscrito al Juzgado Noveno de Distrito, fórmese expediente y regístrese bajo el número 423/2017. En el caso, la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. En efecto, este resolutor estima se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" En el caso, el acto reclamado lo hace consistir el quejoso en la omisión de las responsables de notificar personalmente la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo número 51/2016, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca. Luego, es evidente la actualización de la invocada causa de improcedencia, toda vez que el acto omisivo que reclama el peticionario de garantías no es atacable mediante la tramitación de otro juicio de la misma especie, pues dicha causal alude no sólo a la inatacabilidad del fallo definitivo que se emita en los juicios de amparo, sino a toda resolución u omisión que tenga relación con algún juicio de amparo; lo anterior, habida cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercerla facultad de control constitucional a través del juicio de amparo, y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos, resoluciones u omisiones en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; además, si los jueces federales al tramitar un juicio de garantías incurren en irregularidades u omisiones, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado, aun sin ser parte en el mismo. Se invoca en apoyo a lo anterior por identidad jurídica, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, consultable a página 305, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Enero de 1996, Novena Época, que dice: "JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS EMITIDOS EN OTRO JUICIO DE GARANTIAS, AUNQUE SEA INTERPUESTO POR UNA PERSONA QUE NO ES PARTE EN ESTE ÚLTIMO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, el juicio de garantías es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. De la lectura del precepto legal citado se advierte que establece la improcedencia del juicio de amparo en contra de actos emitidos en otro de la misma naturaleza, independientemente de que quien lo promueva sea o no parte en el juicio de donde provenga el acto o resolución reclamada, lo cual resulta explicable tomando en cuenta que a los jueces de Distrito compete ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías; y de proceder dicho medio de impugnación en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de amparo, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional; pues en todo caso, si los jueces federales al tramitar o resolver un juicio de garantías incurren en irregularidades, éstas constituyen una violación a las disposiciones que regulan el procedimiento del juicio constitucional, impugnables a través de los recursos que la Ley de Amparo establece, los que pueden ser interpuestos por el afectado aunque no sea parte en el juicio respectivo." Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Novena Época, bajo el rubro y texto: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna, esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes, pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un control constitucional sobre otro control constitucional." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la citada causa de improcedencia, en términos del 113 de la invocada ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda; así como por autorizadas a las personas que menciona, sin gozar de las facultades a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario adscrito, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente expediente. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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