Jorge Vargas Araiza

Expediente 89/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
89/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/05/2023

Partes del expediente

  • Silvia Ceballos Guevara
  • Jorge Vargas Araiza

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con residencia en la capital, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 89/2023 y el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 29/2023, en cuyo punto resolutivo determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por lo que respecta al cuaderno de antecedentes, formado con motivo del envío de los autos al citado Órgano Colegiado es destruible en términos del artículo vigésimo fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; previo desglose de las actuaciones posteriores al envío de los autos al tribunal de alzada para que se incorporen al expediente. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido y, 21, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta enviado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito, con el que notifica el auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, del que se advierte que el Magistrado Presidente de ese Tribunal acusa recibo del diverso por el que se remitió el escrito de agravios y el original del presente expediente, con motivo del recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, contra el auto que desechó la demanda de amparo. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió y quedó registrado con el número de recurso de queja 29/2023. Notifíquese.

  3. Principal

    Irapuato, Guanajuato, quince de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y demás relativos a la Ley de Amparo, y en acatamiento al numeral 101, del referido ordenamiento legal, a través del presente acuerdo la suscrita rinde informe con justificación, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniendo su legalidad; acuerdo que deberá acompañarse con las firmas electrónicas de los funcionarios que lo suscriben. En apoyo a dicho informe remítanse las constancias originales que integran el presente juicio de amparo, además del escrito de expresión de agravios y copia de él para la representación social, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para la tramitación de la queja interpuesta; ordenándose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Irapuato, Guanajuato, uno de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***** y ***** contra actos que reclama de la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 89/2023. ESTUDIO DE PROCEDENCIA El artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En el caso, el acto reclamado consiste en la resolución de seis de enero de dos mil veintitrés, emitida por la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en el toca *****, quien confirmó el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en el que el juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, no admitió el recurso de apelación interpuesto por los quejosos -demandados- contra el acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, en que el juez no acordó de conformidad su petición de que se nombrara un perito valuador tercero en discordia, dentro del procedimiento de remate del bien inmueble embargado. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". De la última parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución en el procedimiento de remate, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en tal procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en el procedimiento de remate, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Tiene aplicación a lo anterior, por las consideraciones que la conforman, la tesis jurisprudencial P./J. 32/2001. Emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Tomo XIII, Abril de 2001. Novena Época, visible a página 31, con número de registro 190035, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda los quejosos expresaron, que los hechos que a continuación se narran corresponden a los antecedentes del acto reclamado; derivados del juicio especial hipotecario civil *****, los cuales constituyen una confesión en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su artículo 2o, párrafo segundo, siendo los siguientes: El diecinueve de agosto de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva en el expediente ***** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, en la que se condenó a los aquí quejosos al pago de las prestaciones: "a).- Al pago de la suerte principal por la cantidad de $ *****. b).- Al pago de la cantidad de $ ***** por concepto de intereses ordinarios a razón del 1.25% mensual a partir del incumplimiento del 11 de enero de 2019 hasta el 12 de septiembre de 2019; c).- También se me condenó al pago de $ ***** por concepto de interés moratorio a razón del 2.37% mensual a partir del 12 de enero de 2019 y hasta el día 12 de septiembre de 2019 y los que se sigan generando hasta el pago total del adeudo. d).- Al pago de la cantidad de $ ***** por concepto de IVA de los intereses ordinarios y moratorios y los que sigan generando hasta el pago de lo reclamado." Sentencia contra la cual interpusieron recurso de apelación, y en segunda instancia, la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca *****, modificó la sentencia recurrida en cuanto al interés moratorio en el sentido de reducir la tasa del 2.50 % anual al 2.37% mensual, la cual causó ejecutoria el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. El veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, la parte actora y demandada, exhibieron su respectivo avalúo respecto del bien secuestrado en el juicio de origen para su remete, los cuales fueron admitidos el uno de octubre de dos mil veintiuno; posteriormente, ambas partes procesales presentaron avalúo actualizado, los cuales fueron admitidos en auto de uno de julio de dos mil veintidós. En promoción de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, la parte aquí quejosa -demandada- solicitó al juez de origen nombrara perito tercero en discordia, por referir que son discordantes los avalúos, lo que no se acordó de conformidad en auto de tres de octubre de dos mil veintidós. Auto en contra del cual esa parte procesal presentó recurso de apelación, el cual, en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, el juez no acordó de conformidad, aduciendo que el proveído recurrido no era apelable. En contra de la determinación anterior, los aquí quejosos interpusieron recurso de denegada apelación, que tocó conocer a la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, quien lo radicó bajo el número *****, y en sentencia de seis de enero de dos mil veintitrés, confirmó el auto recurrido. Lo que constituye el acto reclamado. Así, de los antecedentes narrados se advierte que el juicio de origen se encuentra en procedimiento de remate. Sobre esa base, respecto del acto en estudio se actualiza la causal antes invocada, toda vez que no es la última determinación dictada para cumplir con el procedimiento de remate, ya que para ello se requiere "que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados", lo cual no acontece en el caso en estudio. Lo anterior, es así, puesto que, como se precisó en párrafos que anteceden, la resolución que por esta vía se intenta reclamar, no es la resolución definitiva que ordena el otorgamiento de la escritura ni mucho menos la que ordena la entrega de los bienes, pues, de lo narrado por la parte quejosa en sus antecedentes, se desprende que tal determinación confirmó el acuerdo que no admitió la apelación interpuesta con el auto en el que el juez de origen proveyó que no nombraba perito tercero en discordia para evaluar el bien sujeto a remate. Luego, aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública o la entrega de la posesión de los bienes rematados, por lo que será hasta que se dicte una de esas determinaciones, no obstante, que dichos acuerdos se realicen por separado, cuando los promoventes podrán acudir al juicio biinstancial. Ello, si se tiene en consideración, que el procedimiento de remate tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en éste, que en el caso lo constituiría la orden de entrega del bien rematado o su escrituración; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que la parte quejosa deberá esperar a que se pronuncie una de esas determinaciones para estar en presencia de la última resolución dictada en el procedimiento de remate, esto es, aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", tratándose de asuntos en los que existe remate de bienes, para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. Sobre el particular cobra aplicación la tesis jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.). Emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Décima Época, visible a página 1066, con número de registro 2011474, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 215/2009, estableció que el juicio de amparo indirecto procede aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia -como en el caso acontece al encontrarse el juicio de origen en etapa de remate-; sin embargo, ello únicamente acontecerá cuando el acto infrinja directamente derechos sustantivos de la parte promovente, a condición de que esos derechos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. De tal forma, el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Sin embargo, como acontece en la demanda que nos ocupa, el acto reclamado no afecta derecho sustantivo alguno en perjuicio de la parte promovente pues versa sobre cuestiones propias de lo resuelto en la sentencia definitiva dictada en el juicio natural, la cual constituye cosa juzgada, cuya ejecución no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo. Al respecto cobra aplicación la jurisprudencia por contradicción número P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto". En conclusión, el acto reclamado no causa una afectación irreparable y como se vio, tampoco es el último acto en el procedimiento de remate porque gira en torno al cumplimiento de lo sentenciado, por lo que de modo alguno puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, pues de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en los procedimientos de ejecución de sentencia, en la etapa de remate, el amparo procederá en su caso contra la última resolución dictada en el mismo, entendiéndose aquella como la que ordene la entrega o escrituración de los bienes rematados; de ahí lo improcedente del presente juicio de amparo. En este orden de ideas, se concluye que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento de remate, aunado a que no se está en presencia de un acto autónomo a ese procedimiento. Así, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia invocada, por lo que procede desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA La parte promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. En atención a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, o bien, en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a la parte quejosa y al resto de las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En términos de lo ordenado en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilita a los fedatarios de la adscripción para que, de ser necesario, realicen las diligencias que se ordenen en este sumario, aún en días y horas inhábiles, a fin de no dilatar su tramitación, considerando la urgencia del asunto. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a las partes la expedición de copias de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, autorización que se entiende otorgada con las salvedades procedentes que aplicarán como excepción en cada caso concreto, por ejemplo, si se trata de información que deba permanecer en reserva. En la inteligencia de que las copias fotostáticas serán entregadas a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberán, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesitan. Para efecto de agilizar el trámite y atendiendo a las labores de este juzgado, el otorgamiento de copias se sujeta a las siguientes reglas: La reproducción de las copias solicitadas por las partes se efectuará los días miércoles a las diez horas. Para ello, el interesado podrá comunicarse, cuando menos con dos días hábiles de anticipación, al teléfono 462 123 9428. El día agendado, deberá presentarse debidamente identificado con documento oficial (pasaporte, credencial para votar o cédula profesional) en la sede de este juzgado, donde personal adscrito le indicará a qué centro de fotocopiado deberá trasladarse para la obtención de sus copias. Además, se informa a las partes que de contar con acceso al expediente electrónico, podrán descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. Finalmente, en virtud que la expedición de copias se autorizó desde este proveído, se ordena agregar sin mayor acuerdo las promociones que reiteren esa solicitud. ACCESO A LA INFORMACIÓN. En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

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