Jorge Valentin Alonso Barron

Expediente 265/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
265/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • Jorge Valentin Alonso Barron

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por Jorge Valentín Alonso Barrón, contra actos del Juez Primero del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial y otras autoridades, con trece copias que se acompaña; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 265/2022-IV. Pues bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, y a efecto de acordar lo que en derecho proceda en cuanto a la admisión de la demanda de que se trata, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, y con dieciséis copias del propio ocurso aclaratorio, por corresponder trece para las autoridades designadas como responsables, dos para la tramitación del incidente de suspensión que se peticiona y una más para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En el caso, la parte promovente deberá expresar con precisión en dónde se ubica su domicilio particular, en donde dice se han presentado personas que aducen ser elementos policiacos. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría actualizar la conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que debe ser subsanada en sus términos, a fin de establecer la procedencia de la acción de amparo. Apercibida la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Miguel García Llanas, Julián Fernando Castillo Chávez, Gustavo Sánchez Loredo y Edgar Tapia López, toda vez que no se proporcionan los datos relativos a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral; y en los mismos términos, a la persona que refiere por así solicitarlo expresamente. Con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Notifíquese personalmente a la parte promovente en el domicilio señalado para tal efecto.

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