Jorge Uriel Natividad Velazquez
Expediente 923/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 923/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Uriel Natividad Velazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En la Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Responsable de Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos de Clientes Gobierno, por medio del cual, informa su imposibilidad para cumplir con el requerimiento de trece de junio de dos mil veintidós, por los motivos que expone. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, del estado procesal que guardan los presentes autos, se obtiene que en atención a la solicitud que realizó a este Juzgado la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "3", para que se le proporcione un domicilio alterno de la servidora pública sancionada Arcelia Núñez Jiménez, a fin de que la autoridad recaudadora realice el cobro de la multa impuesta en autos, misma que se encuentra firme, se requirió en múltiples ocasiones a la Guardia Nacional, dependencia en la que laboraba al momento de imponerse la sanción pecuniaria, no obstante, se han negado rotundamente a proporcionar el domicilio de la persona física referida, argumentando que de proporcionar la información requerida, vulneraría el secreto fiscal, pese a que este Juzgado le impuso a la Directora General de Recursos Humanos de la Guardia Nacional una multa ante su incumplimiento. Aunado a lo anterior, este Juzgado requirió a Comisión Federal de Electricidad y a Teléfonos de México sociedad anónima bursátil de capital variable, para que proporcionaran el domicilio de la persona física sancionada, no obstante manifestaron que no encontraron registro de dicha persona en sus bases de datos. No obstante lo anterior, conviene traer a colación que el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación en lo que interesa, es del tenor literal siguiente: Artículo 10. Se considera domicilio fiscal: I.Tratándose de personas físicas: a) Cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios. b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. c) Únicamente en los casos en que la persona física, que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de cinco días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los incisos a) o b) de esta fracción. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas. (.) De la transcripción anterior, se advierte que el domicilio fiscal de las personas físicas cuando realicen actividades empresariales, lo es el local en el que se encuentre el asiento principal de sus negocios; cuando no realicen actividades empresariales, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades; asimismo, cuando no cuente con alguno de los dos domicilios antes señalados, su casa habitación, y sólo en el caso que no haya señalado alguno de los domicilios precisados, o no haya sido localizado en los mismos, se tendrá como domicilio el manifestado por las entidades financieras, o las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios. En el caso, este Juzgado estima que se actualiza la hipótesis prevista en el último párrafo de la fracción I del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, puesto que Arcelia Núñez Jiménez no ha sido localizada en el domicilio fiscal que reportó ante el Servicio de Administración Tributaria, y por ende, debe considerarse como domicilio fiscal de la persona física aludida aquél que la persona física en mención reportó ante las entidades que forman parte del sistema financiero mexicano. Precisado lo anterior, se impone destacar que si bien este Juzgado ha realizado diversas gestiones para investigar un domicilio alterno de la persona física sancionada, fue con el fin de coadyuvar a la autoridad recaudadora para que se encuentre en posibilidad de hacer exigible la multa; debe precisarse, que el cobro de la misma le corresponde exclusivamente al Servicio de Administración Tributaria por conducto de la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "3", por constituir un aprovechamiento federal, y por lo tanto, al ser un ingreso para el Estado, la autoridad antes precisada es quien cuenta con interés y se encuentra facultada para hacer exigible la multa impuesta en autos, siendo que dicha Administración Desconcentrada de Recaudación, cuenta con sus propios procedimientos para tal fin, por lo que ante la imposibilidad de este Juzgado para proporcionarle un domicilio alterno, se considera que a la autoridad recaudadora a quien le corresponde requerir a las autoridades reguladoras del sistema financiero mexicano, a efecto de que les requiera el domicilio que Arcelia Núñez Jiménez. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del Código Federal Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Administradora Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) "3" para que dentro del término de diez días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, requiera a las autoridades reguladoras del sistema financiero mexicano, a efecto de que le proporcionen el o los domicilios reportados ante por Arcelia Núñez Jiménez ante las entidades que forman parte del sistema financiero, y hecho lo anterior, proceda al cobro de la multa impuesta cuyo cobro nos ocupa; o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 49/2003, cuyo texto y rubro son: MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE (Jurisprudencia 2a./J. 49/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos veintiséis (226), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de dos mil tres (2003) Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, remite copia certificada de la planilla de liquidación actualizada al presente ejercicio fiscal, a favor del aquí quejoso Alejandro López Magaña, por la cantidad líquida de ****, por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio y anexo de cuenta para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que la cantidad que se precisa en la planilla que se remite, coincide con la cantidad propuesta en la planilla de liquidación con la cual se dio vista a la parte quejosa mediante auto de veinte de abril del año en curso, y respecto de la cual la quejosa manifestó su conformidad, por lo que mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, se tuvo como consentida la cantidad propuesta por la autoridad responsable; en consecuencia, no es necesario dar vista a la parte quejosa con dicha cantidad toda vez que con anterioridad ya había manifestado su conformidad. En ese sentido, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, y toda vez que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones y pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107 Constitucional fracción XVI, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional; con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de autoridad vinculada, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en el entendido de que para ello debe: ? Haber otorgado la suficiencia presupuestal por la cantidad líquida que se le debe devolver al quejoso, que asciende a $39,887.47 (treinta y nueve mil ochocientos ochenta y siete pesos 47/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veinte. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de dicha dependencia, lo conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejercen sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Apercibidas las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a)Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a la persona física que ocupen los cargos señalados, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito de Adres Patricio Orozco Olvera, autorizado del quejoso, por medio del cual, interpone recurso de inconformidad en contra del proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 201, 202 y 203, de la Ley de Amparo, se tiene por presentada la inconformidad, distribúyase entre las partes copia del escrito de cuenta; y, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente, se ordena remitir los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de inconformidad, acompañándole por separado el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo para el Fiscal Ejecutivo Titular de aquella adscripción, a fin de que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Se forma cuaderno de antecedentes, en pro de una protección al medio ambiente y para optimizar los recursos materiales, aprovechando el expediente electrónico, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 54, 89 y 90 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Secretario del Juzgado debe hace constar la integración de las constancias respectivas, que conforman el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional, como si se glosaran a este cuaderno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a dos de junio de dos mil veintidós. Visto el testimonio proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Estado de Coahuila de Zaragoza, por medio del cual, remite el testimonio de la resolución pronunciada en el expediente auxiliar número 248/2022, derivado del R.A. 345/2021 del índice del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante sesión de cuatro de mayo de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2, se agrega a los autos para que surta sus efectos legales procedentes y acúsese el recibo correspondiente. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que mediante sentencia de amparo dictada el veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, por este juzgado de distrito, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa para el efecto siguiente: ... lo procedente es conceder el Amparo y la Protección de la Justicia Federal al quejoso Juan Pablo Visoso Lomelìn, en contra del precepto reclamado consistente en el artículo 42-A del Código Fiscal de la Federación reclamado, para el efecto de que no le sea aplicado al quejoso. ... Se hace extensiva dicha concesión respecto del acto de aplicación del precepto declarado inconstitucional, consistente en el oficio 500-74-03-03-01-2020-14531, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitido por el Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal el Distrito Federal 4, con sede en la Ciudad de México, mediante el que requirió a la parte quejosa la entrega de diversa documentación con apoyo en el artículo declarado inconstitucional. ... En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal el Distrito Federal 4, con sede en la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, deben: 1.- Dar cumplimiento al efecto para el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, esto es, deje sin efectos el oficio 500-74-03-03-01-2020- 14531, de veintiocho de septiembre de dos mil veinte. 2.- Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. 3.- En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, de los artículos 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I, del Código Federal De Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Administración General de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria para que en su calidad de superior jerárquico de la Administrador Desconcentrado de Auditoria Fiscal el Distrito Federal 4, con sede en la Ciudad de México, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejercen sobre ellas poder o mando para obligarlas a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismos. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo referido en los incisos a), b) y c). Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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