Jorge Uribe Vargas
Expediente 450/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 450/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2023
Partes del expediente
- Jorge Uribe Vargas
- Juzgado Septimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de once de abril del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino archivístico. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de abril de dos mil veintitrés. I. Se agrega testimonio. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 288/2022. Acúsese recibo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior, haciendo del conocimiento de las partes, los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia impugnada. SEGUNDO. La justicia la Unión no ampara ni protege a la moral quejosa ***********, contra los actos atribuidos a la Legislatura del Estado de Querétaro y otra autoridad, que hizo consistir en la inconstitucionalidad material de los artículos 28 de la Ley de Ingresos del Municipio de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, y 116 de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro, por las razones señaladas en el considerando séptimo del presente fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la moral quejosa ****, respecto de los actos de aplicación de las normas reclamadas por vicios propios, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando octavo de esta ejecutoria y para los efetos precisados en ulterior segmento." II. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades precisadas en la sentencia, para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS HÁBILES; contado a partir de que reciban la presente notificación, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla debidamente y en su totalidad, con lo establecido en la sentencia de amparo, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que deben instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades vinculadas en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostentan y emolumentos que por esa causa reciben; asimismo, se les hace saber que al margen de la multa que se les imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el nueve de enero de dos mil veintitrés. IV. Responsabilidad de las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta prudente hacer del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. V. Otras consideraciones. Cabe precisar que el título valor que expida la autoridad exactora, podrá ser entregado a la parte quejosa, o a los autorizados cuyos nombre se precisaron en el auto admisorio; en la inteligencia que dicha devolución deberá hacerla la propia autoridad requerida; en el entendido que deberá abstenerse de remitir a este Juzgado el cheque que ampare la cantidad por concepto de devolución que deba realizar a la peticionaria del amparo; asimismo se hace la precisión que el título de crédito que ponga a disposición de la parte quejosa deberá contener la leyenda "no negociable" o "para abono a cuenta" en términos de los artículos 25 y 198 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. VI. Cambio de denominación. Finalmente, con fundamento en el Acuerdo General 15/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a la modificación de la especialización de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las Oficinas de Correspondencia Común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, que establece que a partir del uno de septiembre de dos mil veintidós, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión. Notifíquese; y mediante oficio al Gobernador, Legislatura, ambos del Estado de Querétaro, al Secretario de Finanzas del Municipio de Querétaro, al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
- Principal
CITATORIO: DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE LA PARTE QUEJOSA, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN AUTOS POR DICHA PARTE. SE PROCEDE A NOTIFICAR LA DETERMINACIÓN DE FECHA once de abril DE DOS MIL VEINTITRES, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, once de abril de dos mil veintitrés. I. Recepción. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Juez Séptimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial del Estado de Querétaro. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 450/2023, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Precisión de los actos reclamados. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: De la autoridad ordenadora: La sentencia dictada el 7 de marzo de 2023 dentro del Toca Civil ****, notificada personalmente el 13 de marzo de 2023. De la autoridad ejecutora: El auto de fecha 10 de marzo de 2023 dentro del expediente **** IV.- Desechamiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en virtud de que en la especie, se actualiza causa manifiesta e indudable de improcedencia, como se explica enseguida. Al respecto, el artículo 133 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto legal transcrito se obtiene que, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Así pues, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En el caso, respecto del acto reclamado respecto se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de amparo, que, a la letra, establece; "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.-El amparo indirecto procede: [.] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Como se advierte del precepto normativo invocado en último término, tratándose de actos producidos dentro de juicio, el juicio de amparo indirecto procede respecto de aquéllos denominados como de imposible reparación, por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, para que un acto de autoridad acaecido dentro de juicio pueda ser considerado como de imposible reparación, es necesario que se satisfagan las condiciones siguientes: Que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que los derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En esa tesitura, dispuso que el texto actual del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, quedando excluidos los de naturaleza formal o adjetiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a derechos sustantivos, aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Como se ve, a partir de la Ley de Amparo vigente desde el tres de abril de dos mil trece, el legislador, precisó qué debe entenderse por acto de imposible reparación, lo cual no se regulaba en la ley anterior, lo que permitió que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los Tribunales Colegiados, fueran desarrollando tal concepto a fin de determinar la procedencia del juicio de amparo, lo que en la actualidad no puede ser así, por lo que el acto que se reclame debe afectar de manera material algún derecho sustantivo; esto es, ya no basta que se considere que el acto produce una afectación exorbitante o superior a los derechos de los gobernados para estimar la procedencia del juicio de amparo. Por tanto, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan de manera material alguno de los derechos del gobernado que tutela la Constitución General de la República o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, por lo que en ese caso no pueden repararse las violaciones cometidas a través del amparo directo, lo que no ocurre tratándose de las determinaciones reclamadas. Luego, como se advierte de la demanda de amparo, la sentencia reclamada es la de siete de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el Toca Civil 2037/2023, que confirmó la interlocutoria de seis de julio de dos mil veintidós, dictada en el juicio sumario civil 1712/2021 del índice de Juez Sétimo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, que declaró infundada la excepción de improcedencia de la vía. Efectivamente, la resolución reclamada en esta vía constitucional no tiene el alcance de transgredir de manera irreparable alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta. En ese sentido, ya que el acto reclamado incide sólo respecto de derechos de carácter procesal, es claro que no se subsume dentro de la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, por lo que no es dable catalogarlo como acto de imposible reparación, lo que hace improcedente el juicio de amparo incoado, pues el acto reclamado sólo tiene efectos intraprocesales, ya que no tiene fuerza definitiva ni deja sin defensa a la parte quejosa, ni le causa un agravio no reparable en la sentencia definitiva, ya que es factible que la parte quejosa obtenga con posterioridad sentencia favorable, lo que conlleva a determinar que no afecta los derechos sustantivos de la parte promovente; sentencia definitiva que, en el caso de serle favorable, no afectará en su esfera jurídica, y, en caso contrario, estará en aptitud de impugnar dicha resolución a través del amparo directo que en su oportunidad promueva, en el que podrá hacerse valer como violación procesal la referida resolución. Por tanto, al ser patente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, procede desechar la demanda de amparo promovida por ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 23/2008, visible en la página 593, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de 2008, sustentada por la Segunda Sala, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA.CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCION NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse a través del amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, respecto del concepto de 'actos de imposible reparación', la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que son aquellos que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de las partes, los cuales están protegidos por las garantías individuales, y que no podrían repararse aun cuando el afectado obtuviera una sentencia favorable. De esta forma, es improcedente el juicio de amparo indirecto contra la resolución queconfirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de improcedencia de la vía, en tanto que tal resolución únicamente puede tener como efecto la violación de derechos adjetivos, porque de cualquier forma, si se dictara sentencia a favor del demandado, dicha violación procesal no causaría un perjuicio o lesión en su esfera jurídica sustantiva, pues su único efecto sería que el juicio se desarrollara en todas sus etapas, y la parte demandada tendría la oportunidad de ser oída y obtener un fallo favorable, pudiendo quedar la violación procesal insubsistente al resolverse en juicio, y si la resolución le fuera desfavorable podría reclamarla vía amparo directo." Por lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113 de dicho ordenamiento. Sin que con la anterior determinación se transgreda a la parte quejosa en su esfera de derechos, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 325, del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005917, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014 (10a.), de la anotada Sala, localizable en la página 487, del Libro 3, Febrero de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2005717, de rubro y contenido que dicen: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." V. Acuerdo General que rige. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. VI. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio procesal, el ubicado en "********************; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con su cédula profesional en el Sistema Nacional de Registro de Cédulas Profesionales; mientras que en términos restringidos a las diversas personas que menciona, por así solicitarlo expresamente. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. VII. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. VIII. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. IX. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. X. Captura de proveído. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación el presente auto, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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