Jorge Urdapilleta Carrasco

Expediente 1415/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1415/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
18/12/2019

Partes del expediente

  • Jorge Urdapilleta Carrasco

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, toda vez que mediante circular JLCyA/SGAyCC/0998/2019, de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, la secretaria general de acuerdos y conflictos colectivos de la secretaría del pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el segundo periodo vacacional, esto, comprendido del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve al tres de enero de dos mil veinte. Instrúyase al notificador o actuario correspondiente para que se constituya en el domicilio que ocupa las referidas autoridades responsables, el primer día hábil en que regresen de vacaciones, a efecto de hacer entrega del oficio que en este auto se expide. Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo." Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con domicilio en esta ciudad, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido en proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, y remite copia certificada de dos citatorios de veintiuno de noviembre del año en curso y cuatro cédulas de notificación de veintidós de noviembre del actual. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de las autoridades responsables en señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ******************** así como su notificación a las partes. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de otorgar la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. Así, como se indicó con antelación, el quejoso se duele de la omisión por parte de las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado y actuario de su adscripción, con domicilio en esta ciudad, de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ******************, así como su notificación a las partes. Luego, del informe justificado rendido por la responsable y de las constancias que anexó al mismo, que se agregaron en proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve, se advierte que en acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, señaló las catorce horas del veintidós de enero del dos mil veinte, para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los autos del juicio laboral ******************, asimismo, ordenó notificar a las partes (fojas 15-17). Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, de las constancias que se anexaron al oficio de cuenta, a las cuales se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden, se advierte que las partes en la contienda laboral de origen quedaron notificadas en veintidós de noviembre de dos mil diecinueve; es decir, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad, en fecha posterior a la presentación de la demanda, subsanaron la dilación procesal que se les reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del juicio laboral ******************, así como su notificación a las partes, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional los citados actos tildados de inconstitucionalidad, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. No obsta lo anterior, el hecho de que con esta fecha se estén agregando las constancias de cuenta y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de dicho informe, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del informe justificado y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas y actuario de su adscripción, residentes en esta ciudad, a fin de que se impongan del contenido de los mismos; y dése nueva cuenta con dichos informes en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley en la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que en copia certificada remite la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora bien, a efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, gírese oficio a las autoridades responsables de cuenta, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su recibo, remitan copia debidamente certificada, foliada, entresellada y rubricada de las notificaciones realizadas a las partes en la contienda laboral del proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral **************, del índice de la junta responsable; en donde se señalaron las catorce horas del veintidós de enero de dos mil veinte para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Con el apercibimiento de no hacerlo o no informar dentro del término concedido, se les impondrá, a cada una, una multa de cincuenta Unidades de Medida y de Actualización, la que asciende a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los ordinales 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia , del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. ..." Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que mediante despacho 124/2019, orden 227/2019, dirigido al Juez Municipal de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, se ordenó emplazar al tercero interesado ******************, esposa del extinto ***************** Ahora, tomando en consideración que en proveído de veinticinco de septiembre del actual, se requirió el mismo sin que a la fecha la autoridad despachada haya dado cumplimiento, además, que ya se cuenta con el acuse de recibo del referido requerimiento; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Juez Municipal de Rincón Chamula San Pedro, Chiapas, para que en el término de tres días, contado a partir de su recibo, remita a este juzgado el despacho anteriormente mencionado o bien manifieste el impedimento legal que tenga para ello. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.

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