Jorge Tzuc Ornelas

Expediente 1674/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1674/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Jorge Tzuc Ornelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que, en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. De igual forma, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados a las responsables, y se negó la medida cautelar definitiva; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son susceptibles de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Finalmente, en virtud de lo determinado en esta data, devuélvase a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, las copias certificadas, del juicio de origen de su índice, que remitió en apoyo a su informe justificado; sin necesidad de que dicha responsable acuse el recibo de estilo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/4228/2021, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y siete minutos del siete de diciembre de dos mil veintiuno, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 1674/2021-VI, promovido por Jorge Tzuc Ornelas, estando en audiencia pública, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrarla sin la presencia de las partes. El secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta a la Jueza con los informes justificados rendidos por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial y por el Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad, los cuales obran agregados en autos. Asimismo, hago constar que el Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado no rindió su correspondiente informe justificado no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como correspondan. En atención a la certificación secretarial celébrese la presente audiencia sin la asistencia de las partes y por todas las autoridades señaladas como responsables. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la tercera interesada Reyna Clemencia Zapata Valdez, así como por la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial y el Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán al rendir sus informes justificados. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por desahogadas las probanzas de que se trata, para ser tomadas en consideración como corresponda; con lo que se cierra esta etapa. Abierta la etapa de alegatos, se da cuenta con el alegato ministerial signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las citadas manifestaciones para tomarse en consideración al emitirse la sentencia de amparo, con lo que se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y se procede a dictar la resolución siguiente. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1674/2021-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, remitido el veinte siguiente a este órgano jurisdiccional a quien por turno correspondió conocer, Jorge Tzuc Ornelas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que atribuyó a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y su ejecución por parte del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día en términos del acta que antecede. De igual manera, en auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada Reyna Clemencia Zapata Valdez; diligencia que fue ejecutada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Competencia. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo, 49 de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 03/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de autoridades que tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende a plenitud del estudio íntegro de la demanda y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" De manera que del análisis de la demanda de amparo y demás constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclamó: La orden de desalojo ordenada en autos del juicio ordinario civil 956/20217 seguido en su contra, respecto del inmueble ubicado en el predio marcado con el número noventa y seis de la letra C, de la calle veinte, colonia Chuminópolis, de esta ciudad. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y el Secretario de Seguridad Pública del Estado, por conducto de su Director Jurídico, aceptaron la existencia de la orden de desalojo reclamada así como su ejecución, por lo cual deben tenerse por ciertos para los efectos de este amparo. Lo mismo debe decirse respecto del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, quien no rindió su informe justificado a pesar de encontrarse debidamente notificado para tal efecto. Por lo que, además de la presunción de existencia a que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye atento a la aceptación de éste por parte de la Jueza Civil responsable y derivado de sus funciones como ejecutor de sus determinaciones. CUARTO. ESTUDIO DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, procede el relativo a las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. De oficio esta juzgadora advierte que respecto del acto reclamado de las autoridades responsables se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los que a continuación se transcriben: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme a la normativa transcrita, para los efectos de la procedencia del amparo, la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, lo constituye aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, será hasta ese momento en el que se harán valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En la especie se tiene que el acto que se atribuye a la autoridad responsable, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución, ya que deriva de un procedimiento judicial en donde la parte quejosa fungió como demandada y en el que se ha dictado sentencia firme en su contra donde se condenó a la entrega del inmueble en cuestión. Así las cosas, el acto aquí reclamado no se ubica en el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues dicho acto no constituye la última resolución de dicho procedimiento. Para sustentar lo anterior se destaca que el mencionado párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, transcrito en líneas que anteceden, establece una limitación al plasmarse en el mismo la conjunción "o", para la procedencia del sumario constitucional, lo cual se traduce en la existencia de un enlace entre ambos supuestos. En efecto, de acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo del numeral transcrito anteriormente, el juicio de amparo indirecto es procedente en el procedimiento de ejecución, cuando se dicta la última resolución, misma que constituye la que de forma definitiva: 1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 2. Ordena el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, en el caso no se cumple con los supuestos de procedencia que para el procedimiento de ejecución que dispone la Ley de Amparo aplicable, porque aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni mucho menos el archivo del expediente de origen y, por ende, se insiste, todavía no se dicta la última resolución, para efectos de la procedencia del amparo. Lo anterior encuentra su razón de ser porque el párrafo segundo, de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido. Bajo las circunstancias apuntadas, debe decirse que la orden de desalojo del predio marcado con el número noventa y seis de la letra C, de la calle veinte, colonia Chuminópolis, de esta ciudad, dictada en el juicio ordinario civil 956/20217 del índice del Juzgado Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, no constituye la resolución definitiva en la etapa de ejecución a que se refiere la fracción IV, párrafo segundo, del artículo 107 de la Ley de Amparo; por tanto, para instar el juicio de amparo, se debe esperar a que se emita la determinación en la que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas que lo hubiere dejado sin defensa. Así, al haberse actualizado la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo; lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito a la Central d Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y al Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. Por lo anteriormente expuesto, se: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Jorge Tzuc Ornelas contra el acto que atribuyó a la Jueza Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado y su ejecución por parte del Actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Karla Alexandra Domínguez Aguilar, ante el Secretario Miguel Alejandro Patrón Ballote, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que el catorce de octubre del año en curso, fue puesto a la vista de la tercero interesada Reyna Clemencia Zapata Valdez, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y sus respectivos anexos, el cual le fue notificado el veintiuno de octubre del año en curso, mediante lista de acuerdos, por lo que aún no se cumplen con los ocho días de anticipación a que contrae el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración a las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SIETE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, en el sentido de que el término otorgado a la citada tercera interesada, en proveído de catorce de octubre del año en curso, para señalar domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, ha transcurrido sin que a la fecha haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito, con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, hágase a la referida tercera interesada, la notificación de este acuerdo, así como las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Nicte Ha Navarrete Méndez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: Agréguese a estos autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por XXXXXXXX o XXXXXXXX, quien se ostenta apoderado de la tercera interesada XXXXXXXXXXX; lo anterior es así, en virtud de que el citado ocursante no acredita con documento alguno la personalidad de apoderado con la que se ostenta, lo cual da lugar a no tener como apersonada a la parte tercera interesada como pretende. No se soslaya que junto con el escrito de cuenta anexó copia simple de un poder sin embargo dicha copia no es suficiente para acreditar el carácter con el que se ostenta, tal y como lo establece la Jurisprudencia de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV con número de registro 188382 de rubro y texto siguiente:"PERSONALIDAD. ES SUFICIENTE COPIA CERTIFICADA POR NOTARIO PÚBLICO DE LA ESCRITURA DEL PODER PARA JUSTIFICARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo a una interpretación sistemática y congruente de los preceptos de la Ley del Notariado del Estado de Puebla, en especial de sus artículos 135, 136, 138 y 140, las copias certificadas expedidas por notario, son documentos públicos que prueban la exactitud de la transcripción del documento a que se contrae y, por tanto, hacen prueba plena si no fuere declarada judicialmente su falsedad; luego, si el actor en juicio para acreditar su personalidad anexó a su demanda copia certificada del poder notarial mediante el cual se le faculta para comparecer a juicio a ejercer los derechos de su mandante, esa copia es un documento público que prueba plenamente el hecho en él consignado, al no haber sido objetado en cuanto a su autenticidad y es suficiente para acreditar la personalidad con la que comparece a juicio." Notifíquese.

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