Jorge Tuero Elizalde
Expediente 1197/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 8 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 19/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jorge Tuero Elizalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguense los oficios que firma la Auxiliar Jurídico Encargada de la Sección de Amparo de la Dirección Municipal de Seguridad Pública en esta capital, y anexos que acompaña, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado al fallo protector.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que a las partes les ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este juicio de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara ejecutoriada en sus términos.
- Principal
V I S T O, para dictar sentencia, el juicio de amparo 1197/2019, promovido por ontra actos de la Juez Tercero de lo Familiar de esta capital de Durango, y otras autoridades, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Durango, **** demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que enseguida se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO ORDENADORA. A).- H. JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO. COMO EJECUTORAS. A).- C. DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DURANGO. B).- C. SUBDIRECTOR DE PROTECCIÓN CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE DURANGO, ENCARGADO DE CUMPLIMENTAR EL ARRESTO EN MI CONTRA. IV.- ACTOS RECLAMADOS. A).- A la autoridad señalada como responsable, en su calidad de ordenadora, le reclamo el medio de apremio consistente en el ARRESTO QUE HA DICTADO EN MI CONTRA POR DOCE HORAS, EN EL JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO NO. 211/2015, QUE SE ESTÁ VENTILANDO ANTE EL JUZGADO TERCERO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE DURANGO". SEGUNDO. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, que se admitió en auto del siete de octubre de dos ml diecinueve bajo el número 1197/2019, en el que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada; se otorgó intervención a la Fiscal de la Federación; se previno a las partes en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida legislación; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se reclaman actos de autoridades cuya residencia está comprendida dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza del acto reclamado resulta conveniente tomar en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, estableció la obligatoriedad del juez de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del inconforme, y precisar los actos materia de la litis constitucional, en los siguientes términos: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Aunado a lo anterior, ese mismo Máximo Tribunal de la República estableció las reglas para la fijación clara y precisa de los actos reclamados, que se contienen en la tesis P. VI/2004, publicada en la foja 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que versa: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que del estudio integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran este sumario, se desprende que el amparista Jorge Tuero Elizalde reclama de la Juez Tercero de lo Familiar de esta capital de Durango, el acuerdo que emitió el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el que le impuso un arresto por doce horas dentro de los autos del juicio sucesorio testamentario 211/2015. TERCERO. La Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad de Durango reconoció la existencia del acto que le reclama el quejoso Jorge Tuero Elizalde, lo que se corrobora con las constancias que aportó como complemento de su informe con justificación, a las que se concede valor probatorio pleno acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". También resulta aplicable la jurisprudencia 278, visible en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años 1917-1995, que es de la siguiente literalidad: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". De igual forma resultan verídicos los reclamos dirigidos al Director Municipal de Seguridad Pública y Subdirector de Protección Ciudadana y Vialidad de esta ciudad de Durango, pues aunque al rendir su informe con justificación negaron los reclamos dirigidos en su contra, esa negativa se desvirtúa con el reconocimiento que realizó la autoridad ordenadora. CUARTO. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad que hace valer el quejoso Jorge Tuero Elizalde, ya que de cualquier manera se analizarán conforme a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación que plantea el amparista Jorge Tuero Elizalde, si bien se suplen en su deficiencia con apoyo en el arábigo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1417, del Libro 15, Tomo II, Febrero de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO). Del precepto citado deriva que la suplencia de la queja deficiente operará en las materias civil y administrativa cuando el tribunal de amparo advierta que ha habido contra el quejoso o recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciarse sobre el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar al 79 de la vigente, estimó que la frase "lo haya dejado sin defensa" no debe interpretarse literalmente, sino que debe entenderse en el sentido de que la autoridad responsable infringió determinadas normas, de forma que afectó sustancialmente al quejoso en su defensa. Asimismo, sostuvo que una "violación manifiesta de la ley" es la que se advierte obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables. Por otra parte, esta Primera Sala sostuvo que por "violación manifiesta de la ley que deje sin defensa", se entiende aquella actuación que haga notoria e indiscutible la vulneración a los derechos del quejoso, ya sea en forma directa, o bien, indirecta, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas, y que rigen el acto reclamado; de ahí que dicha interpretación es aplicable al artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que no se le opone, sino que es concordante. Conforme a lo anterior, los tribunales de amparo sólo están obligados a suplir la queja deficiente en las materias civil y administrativa cuando adviertan una violación evidente, esto es, clara, innegable, que afecte sustancialmente al quejoso en su defensa". El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia identificada con el número 204, publicada en la página 166, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, sustentó el siguiente criterio: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, el numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, dispone: "Artículo 73. Los jueces, para hacer cumplir sus determinaciones pueden emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio que juzguen eficaz: I. La multa por cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia. II. El Auxilio de la fuerza pública y la fractura de cerraduras si fuere necesario; III. El cateo por orden escrita; IV. El arresto hasta por quince días. .". De este precepto se obtiene que los jueces tienen a su alcance diversos medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, entre los que destaca la imposición de un arresto que puede ser hasta por quince días. Sin embargo, para que una actuación de ese tipo cumpla con los requisitos de legalidad debe estar fundada y motivada. Sobre ese tema jurídico la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo la jurisprudencia publicada en la página 122, del tomo XIII, Novena Época, Junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta". De acuerdo al criterio sostenido por ese Alto Tribunal, la imposición de medidas de apremio debe cumplir determinadas condiciones, como son: La existencia de una determinación debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio; La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta. Ahora bien, el quejoso Jorge Tuero Elizalde reclama de la Juez Tercero de lo Familiar de esta capital de Durango el acuerdo que emitió el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en el que le impuso un arresto por doce horas en virtud de que no ha cumplido ".la cláusula Tercera establecida en la Junta Codiciadora (sic) de fecha treinta de noviembre de del año dos mil dieciséis.", dentro del juicio sucesorio testamentario 211/2015. Las constancias que la jurisdicente responsable allegó a este expediente, a las que ya se asignó valor probatorio pleno evidencian lo que se reseña a continuación. Mediante acuerdo del veintiocho de enero de dos mil diecinueve la resolutora responsable emitió un acuerdo que en lo que interesa señala: "DURANGO, DURANGO; A VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito de CONCEPCIÓN TUERO ELIZALDE con folio 750, mediante el cual efectúa las manifestaciones vertidas en el de cuenta y como lo solicita, prevéngase a JORGE TUERO ELIZALDE para que dentro del plazo de tres días dé cumplimiento a la Cláusula Tercera establecida en la Junta Conciliadora de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, apercibido que de no hacerlo se le impondrá un medio de apremio, esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73, fracción I del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, consistente en una multa de cincuenta veces la unidad de medida de actualización a favor del FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, multa, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia.". Por auto del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve (que se aclaró el treinta del mismo mes y año), la resolutora responsable proveyó lo siguiente: "DURANGO, DURANGO; A VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito de CONCEPCIÓN TUERO ELIZALDE, y toda vez que JORGE TUERO ELIZALDE no dio cumplimiento a lo ordenado en auto de fecha dieciocho de junio del año en curso, se le hace efectivo el apercibimiento efectuado en el citado proveído por lo que gírese oficio a la SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO a fin de que por su conducto se haga efectivo el apercibimiento de la multa consistente en doscientas unidades de medidas de actualización vigente en el Estado al señor JORGE TUERO ELIZALDE, corriendo por su cuenta los gastos de ejecución que se originen. Por otro lado respecto al arresto que se solicita, no se autoriza en los términos que lo precisa sin embargo a fin de que se dé cumplimiento prevéngase a JORGE TUERO ELIZALDE para que dentro del término de tres días dé cumplimiento a la cláusula Tercera establecida en la Junta Codiciadora (sic) de fecha treinta de noviembre del año dos mil dieciséis, bajo el apercibimiento de que se hará efectiva la parte relativa del acuerdo de fecha veintiocho de enero del año en curso, es decir que de no hacerlo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del ordinal 73 del Código Adjetivo, se hará efectiva la imposición de un arresto consistente de doce horas, en caso de reincidencia.". Y en el acuerdo controvertido en esta sede constitucional fechado el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se determinó lo que se transcribe a continuación: "DURANGO, DURANGO; A VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el escrito de CONCEPCIÓN TUERO ELIZALDE, y como lo solicita y toda vez que JORGE TUERO ELIZALDE no dio cumplimiento a la prevención efectuada por auto de fecha dieciocho de junio del año en curso, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, por lo que gírese oficio a la Dirección Municipal de Seguridad Pública a fin de que se realice el arresto al señor JORGE TUERO ELIZALDE por doce horas, por desacato a un mandamiento de autoridad judicial, ello con fundamento en la fracción IV del ordinal 73 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Durango. ." De esta relatoría se advierte que en el acuerdo del veintiocho de enero de dos mil diecinueve la Juez Tercero de lo Familiar de esta ciudad de Durango apercibió al hoy quejoso Jorge Tuero Elizalde en imponerle un medio de apremio consistente en una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización para asegurarse de que diera cumplimiento a una prevención. Además se advierte que en el acuerdo del veintiséis de agosto de dos mil diecinueve la resolutora previno al impetrante Jorge Tuero Elizalde para que cumpliera a lo ordenado en el acuerdo del treinta de noviembre de dos mil dieciséis, y lo apercibió que de no dar cumplimiento se haría efectiva la advertencia que se le hizo en el acuerdo del veintiocho de enero de esta anualidad de que sería arrestado por el término de doce horas. Por lo que resulta evidente que para imponer el arresto del justiciable Jorge Tuero Elizalde la Juez partió de la premisa de que en el acuerdo del veintiocho de enero de dos mil diecinueve lo había apercibido que de no cumplir con lo ordenado se la aplicaría dicha medida de apremio; pero la resolutora únicamente lo previno respecto de una multa de cincuenta veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, que incluso hizo efectiva en el auto del dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Y es que para poder imponer la medida restrictiva de libertad, por lo menos debió constar su apercibimiento, pero si no existió tampoco deben prevalecer sus consecuencias, por lo que es indudable que el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve contraviene lo dispuesto por los ordinales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resulta aplicable la tesis XII.2o.5 C, visible en la página 539, del Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "MEDIDAS DE APREMIO. DEBEN DETERMINARSE DE MANERA RAZONADA Y CON PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL. Es innegable que las autoridades jurisdiccionales están facultadas para imponer las medidas de apremio a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa. No obstante, deviene incuestionable que al efecto debe razonarse cuál es la pertinente, con la prudencia que amerita el caso particular de que se trate y previa observación minuciosa de la actitud procesal contra quien se dirige cierto apremio, para que pueda lograrse el fin perseguido. Consecuentemente, corresponde a la autoridad respectiva motivar y razonar las causas particulares y especiales preexistentes en torno a la conducta de las partes, para vencer la contumacia y que el rebelde acate lo ordenado por el tribunal, al gozar del imperio de la ley para ese fin. Así, tratándose del arresto que ocasiona la privación temporal de la libertad, valor fundamental que como garantía suprema del gobernado estatuye la Constitución Federal, inevitablemente tendrán que razonarse los motivos que se tuvieran en cuenta para imponer tal medida, que es la extrema y más severa, particularizándose las circunstancias procesales que ameriten su imposición". De manera que procede conceder a Jorge Tuero Elizalde el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la Juez Tercero de lo Familiar de esta capital de Durango deje insubsistente el auto del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, únicamente en la parte donde hizo efectivo el apercibimiento de su arresto y ordenó su ejecución, pues sólo así se le restituirá en el pleno goce de la garantía individual vulnerada, como lo dispone el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados en vía de consecuencia respecto del Director Municipal de Seguridad Pública y Subdirector de Protección Ciudadana y Vialidad de esta ciudad de Durango, Corrobora lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/12, consultable en la página 41, del Tomo 55, Julio de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E:ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a c*********ontra el acuerdo del veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, que reclamó de la Juez Tercero de lo Familiar de esta capital de Durango, dentro del juicio sucesorio testamentario 211/2015, así como su ejecución. Los efectos del amparo están precisados en la parte final del último considerativo.
- Principal
Agréguese el escrito de la tercera interesada ***, mediante el cual se apersona en el presente juicio de garantías y, como lo solicita, téngasele como domicilio para oír notificaciones el que indica, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ** y en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la ley de la materia, al licenciado ***, toda vez que no tienen su cédula registrada en los libros que para ese efecto se llevan en este juzgado, ni en el Registro Único de Profesionales del Derecho Acreditados ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, con apoyo en lo que establece el artículo 124 de la ley de la materia, se tienen por reproducidos los alegatos que hace valer, sin perjuicio de hacer relación de ello en la audiencia constitucional. Con vista a las partes, para que surta sus efectos legales y con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado y anexos con que se da cuenta. En atención a lo voluminoso de las constancias que se remiten, a fin de facilitar su manejo, fórmese con ellas un tomo de pruebas. Ahora bien, en virtud de lo voluminoso de las constancias que se acompañaron al oficio informativo, se hace materialmente imposible su digitalización, por lo que no se agregarán al expediente electrónico de conformidad con lo que establece el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Sin embargo, se hace del conocimiento de las partes que dichas constancias están a su disposición en el presente expediente.
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