Jorge Trade Klein

Expediente 476/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 1 actuación registrada, la última del 26 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
476/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
26/03/2018

Partes del expediente

  • Jorge Trade Klein

Actuaciones

  1. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE CITA: Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo de que se trata, en virtud de que de su análisis, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expone: En el caso, el promovente de amparo reclama el cobro excesivo derivado de la prestación de servicio de energía eléctrica correspondiente a los avisos recibos relativos a junio de dos mil diecisiete a marzo del año en curso. Ahora bien, de acuerdo con lo antes expuesto, este Juzgado Federal estima que en la especie, se actualiza el supuesto normativo contemplado en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de la Materia, en relación con el numeral 1º, fracción I, de la propia Ley, pues de acuerdo con los argumentos que enseguida quedarán asentados, lo reclamado por el promovente no constituye un "acto de autoridad" y por ello, no es susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo que ahora se intenta. En efecto, los artículos 103, fracción I de la Constitución General de la República, 1º, fracción I y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dicen: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: --- "I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." --- "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." --- "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues, constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1º, de la Ley de Amparo, antes transcritos, preceptos en los que constantemente aparece el término de "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En esta tesitura, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que, dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares, precisándose así determinar para tal efecto si la relación jurídica se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación entablada entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado, y el gobernado, por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos humanos consagrados en la Constitución. En consecuencia, si es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que se manifiestan los derechos humanos, al colocarse el gobernado como titular de las mismas frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, es claro concluir que, el acto reclamado por la parte quejosa, que se traduce en el cobro excesivo derivado de la prestación de servicio de energía eléctrica correspondiente a los avisos recibos relativos a junio de dos mil diecisiete a marzo del año en curso, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Ello es así, puesto que, nuestro más alto Tribunal del País, ha determinado mediante criterios jurisprudenciales que los actos derivados de la Comisión Federal de Electricidad, entre los que se encuentran los reclamados por la parte quejosa, no constituyen actos susceptibles de analizarse en el juicio de amparo, toda vez que el origen de dicha actuación es un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio y el usuario adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre proveedor y particular. Además, la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación de coordinación entre el organismo descentralizado y el particular usuario del servicio; y, el cobro del suministro de energía eléctrica, corte y retiro de medidores, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica la posibilidad de que la parte afectada deje de otorgar el servicio contratado en ejercicio del legítimo derecho de retención de la obligación que genera cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes (como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros), sin que ello conlleve un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el adeudo mediante mecanismos coercitivos (por ejemplo, el embargo de bienes), para lo cual se tendría que acudir a los tribunales ordinarios de justicia. Consecuentemente, se reitera que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública ni la aplicación de cláusulas contractuales de retención de la obligación ante el incumplimiento de la contraparte constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que conlleven el ejercicio de una potestad administrativa, que otorgue a la autoridad atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente al particular, y en ese sentido, se ha establecido que el cobro por concepto de suministro de energía eléctrica, que emite la Comisión Federal de Electricidad, no es acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Ello, toda vez que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, y toda vez que lo reclamado en la demanda de amparo no se trata de actos que puedan ser materia de análisis en el juicio de amparo, por provenir de un organismo que no tiene el carácter de autoridad para efectos de esta instancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del numeral 1°, de la propia ley, por lo que, en términos de lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo de que se trata.

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