Jorge Torvay Palacios

Expediente 1221/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1221/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • Jorge Torvay Palacios
  • JORGE TORVAY PALACIOS y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los siguientes términos. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizar en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos las obligaciones previstas en los artículos 13 al 17, así como el 52, fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2018-736014 y 2018-736114, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, por los conceptos de contrato de compraventa de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario. 3. Devuelva al peticionario la cantidad total que erogó por el Impuesto para el Fomento de la Educación, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenido en los recibos de pago con números de transacción 2018-736014 y 2018-736114, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho". Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Recaudador de Rentas con residencia en Gómez Palacio, Durango, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos las obligaciones previstas en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, según consta en autos a fojas 355 a la 364. De igual manera se advierte que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución por concepto de impuesto para el fomento de la educación pública en el Estado de Durango, señaladas en el recibo de pago la cual se realizó la transacción a la cuenta 0102793288, por la cantidad de $27, 713.00 (veintisiete mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.), mediante transferencia electrónica a la cuenta de la Institución Bancaria BBVA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, a nombre del quejoso Jorge Torvay Palacios, como consta en autos a foja 361. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la adscripción.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS. Visto el estado procesal que guardan los autos, deriva que la parte quejosa no desahogó la vista relativa al cumplimiento del fallo protector, por tanto, es procedente examinar y determinar si la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, lo cual se realiza en los siguientes términos. En principio, conviene citar el contenido del artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". El precitado numeral señala que, para determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió o no con la ejecutoria de amparo, debe analizar en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas y complementarias hayan sido correctamente cumplidas, pues incluso es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, visible en el la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". En efecto, para estar en condiciones de analizar el cumplimiento del fallo protector, es necesario establecer los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo, los cuales son los siguientes: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de los quejosos las obligaciones previstas en los artículos 13 al 17, así como el 52, fracciones I y IV, todos de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. 2. Devuelva a la parte quejosa la cantidad que erogó, según se desprende de los recibos de pago con números de transacción 2018-736014 y 2018-736114, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, por los conceptos de contrato de compraventa de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario. 3. Devuelva al peticionario la cantidad total que erogó por el Impuesto para el Fomento de la Educación, al pagar las contribuciones señaladas en el numeral que antecede, contenido en los recibos de pago con números de transacción 2018-736014 y 2018-736114, de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho". Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplieron los anteriores efectos de la ejecutoria de amparo, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable Recaudador de Rentas con residencia en Gómez Palacio, Durango, las cuales gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, aparece que dicha autoridad desincorporó de la esfera jurídica de los quejosos las obligaciones previstas en los artículos 13, 14, 15, 16, 17, 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, según consta en autos a fojas 355 a la 364. De igual manera se advierte que dicha autoridad recaudadora realizó la devolución por concepto de impuesto para el fomento de la educación pública en el Estado de Durango, señaladas en el recibo de pago la cual se realizó la transacción a la cuenta 0102793288, por la cantidad de $27, 713.00 (veintisiete mil setecientos trece pesos 00/100 M.N.), mediante transferencia electrónica a la cuenta de la Institución Bancaria BBVA, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA, Bancomer, a nombre del quejoso Jorge Torvay Palacios, como consta en autos a foja 361. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; mediante oficio a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la adscripción.

  3. SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS. Agréguense a los autos para que surta los efectos legales correspondientes, los oficios signados por el Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, mediante el cual informa sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciada en este juicio; al efecto, con el oficio precisado, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que en caso de no hacerlo con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se proveerá lo correspondiente en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional, atendiendo al contenido de las constancias de autos y a los oficios de cumplimiento a que se refiere este proveído. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se obtiene que la autoridad responsable Recaudador de Rentas de Gómez Palacio, Durango, no ha informado los trámites realizados para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, limitándose a informar gestiones; en esas condiciones, requiérase nuevamente a la citada autoridad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de esté proveído, comunique a esta potestad federal el cumplimiento dado al fallo protector, para lo cual deberá remitir las constancias que acrediten dicha circunstancia; con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del tiempo señalado, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese; mediante oficio a la autoridad responsable.

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