Jorge Torres Orozco

Expediente 1403/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 24 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1403/2021
Año
2021
Actuaciones
24
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Torres Orozco
  • Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintidós; con fundamento en el artículo 2 del ordenamiento legal invocado, en relación con el 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por *********, ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Hágase la anotación correspondiente en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo, así como en la carátula de este expediente y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. ...De igual forma, se asienta que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se precisó en la certificación que antecede.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, precisadas en el considerando cuarto, por las consideraciones plasmadas en el considerando quinto de esta sentencia constitucional.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, catorce de marzo de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexos de cuenta que remite la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual, realiza una serie de manifestaciones, en atención al requerimiento formulado en autos, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Asimismo, remite copia certificada del registro audiovisual de la audiencia inicial de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, y su continuación en dos de marzo de dos mil veintidós; copia de los puntos resolutivos de las citadas audiencias, desahogadas en la causa penal 5451/2021, con número único de caso 02-2021-33135. Medios de pruebas que se tienen por admitidos y desahogados dada su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, y de la cual se hará relación en la audiencia constitucional, de conformidad con el diverso numeral 123 de la propia Ley.

  4. Incidental

    Mexicali, Baja California, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que feneció el término de cinco días a que alude el artículo 136 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa exhibiera la garantía exigida para que continuaran los efectos de la suspensión definitiva otorgada; por ello, comuníquese a las autoridades responsables que deja de surtir efectos la suspensión definitiva concedida en el presente asunto y que están en aptitud de ejecutar el acto reclamado. Al efecto, cabe citar la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1117, del Semanario Judicial de la Federación, tomo LXII, con registro 309599 que a continuación se transcribe: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE DEJAR SIN EFECTOS LA, POR NO HABERSE OTORGADO LA FIANZA. De acuerdo con el artículo 139 de la Ley de Amparo, el auto en que un Juez de Distrito concede la suspensión definitiva de los actos reclamados, surte efectos desde luego, aunque se interponga el recurso de revisión; pero deja de surtirlos, si el agraviado no llena dentro de los cinco días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto reclamado; y no por el hecho de dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, los Jueces de Distrito deben revocar el auto de suspensión, pues únicamente están facultados para comunicar a las autoridades responsables, haber declarado sin efecto la suspensión. Si fuera legal que los Jueces de Distrito tuvieran por revocada la suspensión, no podría la parte quejosa como lo sostiene la jurisprudencia relativa, otorgar su fianza en cualquier momento, siempre que existan actos que suspender, y en tal caso, comenzará a surtir efectos la suspensión, desde la fecha en que se otorga la garantía correspondiente. La tesis sobre que la suspensión debe tenerse por revocada, no puede fundarse en la segunda parte del citado artículo, puesto que prevé un caso distinto, o sea, cuando negada la suspensión por el Juez de Distrito, sea revocada en grado la suspensión por la Suprema Corte; para este caso, expresamente determina que concedida la suspensión por la Corte, los efectos de aquélla se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisional, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. La revocación del auto de suspensión, por virtud de la revisión interpuesta, produce consecuencias distintas según se haya concedido o negado la suspensión. En el primer caso, revocada la suspensión por la Corte, se remueve el obstáculo que la autoridad responsable tenía para ejecutar el acto reclamado; lo cual no significa que queda obligada a esa ejecución, pues la ejecutoria de la Corte no puede producir más efectos que el de dejar expeditas las facultades de aquella autoridad que, por virtud de la suspensión concedida, habían estado restringidas. Si la suspensión ha sido negada y la Corte revoca el auto del Juez de Distrito y la concede, el efecto de la revocación será el de volver las cosas al estado que tenían antes de la fecha del auto revocado; de otro modo la ejecutoria de la Corte retrotraería sus efectos a la fecha en que se pronunció el auto del Juez de Distrito que negó la suspensión. No existe, pues, razón alguna para concluir que dejar de surtir efectos la suspensión, por falta de garantía respectiva, equivalga a revocar la propia suspensión, y, por ende, a que las cosas deban retrotraerse al estado que guardaban al momento en que fue concedida la provisional; pues, como se dijo, la retrotracción sólo tiene lugar en el caso del párrafo II del artículo 139 de la Ley de Amparo". Por otra parte, agréguense a los autos el oficio que envía la Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículo, con sede en esta ciudad, y el escrito presentado por Jorge Alberto Suárez Camacho, autorizado de la tercero interesada Melissa Núñez, en los cuales solicitan a este órgano que se pronuncie respecto a la suspensión condicional otorgada, en lo que respecta al cumplimiento de las condicionantes impuestas por este órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, visto el estado de autos se advierte que no existe en autos libelo con el que la parte quejosa haya dado cumplimiento a las condicionantes establecidas en la resolución interlocutoria que concedió la suspensión definitiva. De igual manera, en atención a lo solicitado por la Agente del Ministerio Publico Titular de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículo, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales, por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid19, realícense las subsecuentes notificaciones al correo electrónico mariag.alverez@fgebc.gob.mx. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese.

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