Jorge Texis Montaño

Expediente 318/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
318/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Jorge Texis Montaño

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación precedente y el estado procesal del juicio, se advierte que el quejoso omitió impugnar el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por no presentada la demanda origen de este juicio. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido acuerdo ha quedado firme (causó estado). Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo y carece de relevancia documental. Por último, se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días concedido al quejoso para desahogar la prevención formulada en acuerdo de nueve de abril de dos mil diecinueve, transcurrió del veintidós al veintiséis de abril del presente año, pues fue notificado el quince de abril de esta anualidad (foja 10). Bajo este contexto, se hace efectivo el apercibimiento formulado en proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve y con fundamento en el artículo 114 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene no presentada la demanda que originó este juicio de protección.

  3. Principal

    Se recibe la demanda de protección, signada por **, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten irregularidades respecto a los actos reclamados. Para demostrarlo, se hace notar que el promovente, manifiesta en relación con el acto reclamado sobre el cual se fijará la litis constitucional, lo siguiente: ".Se reclama la resolución de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve dictado en los autos de la causa penal ** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla .". Empero, en líneas posteriores el quejoso hace alusión a diversas manifestaciones las cuales expresa que en los autos de la causa penal antes señalada la autoridad responsable el catorce de febrero del año en curso, recibió vía electrónica el oficio suscrito por la Licenciada **, perito en la materia de antropología forense, por el que emite informe pericial, dando vista a las partes. Al desahogar la vista la defensa solicitó se fijara día y hora para la ratificación del contenido y firma del citado oficio, por así convenir a sus intereses respeto a esa petición la autoridad responsable el dieciocho de febrero del año en curso, reservó proveer hasta que el representante social de la Federación desahogara la vista. Asimismo el veinte de febrero del año en curso, la responsable reiteró la imposibilidad de ratificar el dictamen a cargo de **, perito en materia de antropología social, requiriendo al fiscal adscrito para que de insistir en el desahogo de la prueba, propusiera un perito en materia a fin de que rinda una nueva opinión técnica. En otro orden el veintisiete de febrero actual el Agente del Ministerio Público de la Federación manifestó a imposibilidad jurídica de ratificar la pericial en materia de antropología social ordenándose declarar cerrada la instrucción, poniendo los autos a la vista del Representante Social de la Federación por treinta días hábiles para que formule las conclusiones por escrito que a su representación convenga. Y el cuatro de marzo del año en curso su defensa interpuso recurso de revocación contra el auto de cierre de la instrucción dado que no acordó de conformidad o no la petición realizada determinándose el veintiséis de marzo del año en curso. Esto es así, pues como se vio en transcripciones anteriores, el quejoso no precisa con claridad si el motivo de su reclamo consiste en: 1) La resolución de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en razón de haberse cerrado la instrucción sin perfeccionamiento de los peritajes de referencia, 2) La aludida determinación por haberse omitido acordar la ratificación solicitada. Para el caso de hacer consistir su acto en el primero de los mencionados, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si tal falta de perfeccionamiento probatorio ha traído como consecuencia la reclasificación del delito y en su caso el dictado de una orden de reaprehensión en su contra. En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 112, 108, fracciones I, IV y V; y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación, desahogue el requerimiento de referencia. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir con lo anterior en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el lugar que indica en su demanda de amparo y como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la defensora pública adscrita al juzgado responsable, porque así lo solicitó el impetrante de forma expresa. También, se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías del expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada existente en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información clasificada como reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, deberán sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa del solicitante, y las obtenidas serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

  4. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA.- Se recibe la demanda de protección, signada por **, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura armónica e integral de la demanda, se advierten irregularidades respecto a los actos reclamados. Para demostrarlo, se hace notar que el promovente, manifiesta en relación con el acto reclamado sobre el cual se fijará la litis constitucional, lo siguiente: ".Se reclama la resolución de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve dictado en los autos de la causa penal ** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla .". Empero, en líneas posteriores el quejoso hace alusión a diversas manifestaciones las cuales expresa que en los autos de la causa penal antes señalada la autoridad responsable el catorce de febrero del año en curso, recibió vía electrónica el oficio suscrito por la Licenciada **, perito en la materia de antropología forense, por el que emite informe pericial, dando vista a las partes. Al desahogar la vista la defensa solicitó se fijara día y hora para la ratificación del contenido y firma del citado oficio, por así convenir a sus intereses respeto a esa petición la autoridad responsable el dieciocho de febrero del año en curso, reservó proveer hasta que el representante social de la Federación desahogara la vista. Asimismo el veinte de febrero del año en curso, la responsable reiteró la imposibilidad de ratificar el dictamen a cargo de **, perito en materia de antropología social, requiriendo al fiscal adscrito para que de insistir en el desahogo de la prueba, propusiera un perito en materia a fin de que rinda una nueva opinión técnica. En otro orden el veintisiete de febrero actual el Agente del Ministerio Público de la Federación manifestó a imposibilidad jurídica de ratificar la pericial en materia de antropología social ordenándose declarar cerrada la instrucción, poniendo los autos a la vista del Representante Social de la Federación por treinta días hábiles para que formule las conclusiones por escrito que a su representación convenga. Y el cuatro de marzo del año en curso su defensa interpuso recurso de revocación contra el auto de cierre de la instrucción dado que no acordó de conformidad o no la petición realizada determinándose el veintiséis de marzo del año en curso. Esto es así, pues como se vio en transcripciones anteriores, el quejoso no precisa con claridad si el motivo de su reclamo consiste en: 1) La resolución de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en razón de haberse cerrado la instrucción sin perfeccionamiento de los peritajes de referencia, 2) La aludida determinación por haberse omitido acordar la ratificación solicitada. Para el caso de hacer consistir su acto en el primero de los mencionados, deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, si tal falta de perfeccionamiento probatorio ha traído como consecuencia la reclasificación del delito y en su caso el dictado de una orden de reaprehensión en su contra. En tales circunstancias, con fundamento en los artículos 112, 108, fracciones I, IV y V; y 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, se requiere a la parte promovente para que en el plazo de cinco días siguientes a cuando surta efectos la notificación, desahogue el requerimiento de referencia. Además, se establece el apercibimiento siguiente: de incumplir con lo anterior en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el lugar que indica en su demanda de amparo y como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a la defensora pública adscrita al juzgado responsable, porque así lo solicitó el impetrante de forma expresa. También, se hace saber al promovente que desde este momento se autoriza la toma de fotografías del expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber: las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada existente en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información clasificada como reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, deberán sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa del solicitante, y las obtenidas serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información susceptible de protección. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se le hace saber el derecho que le asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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